El gobierno español está a punto de convertir en ley una forma de «terrorismo ligero», un delito que normalmente sería difícil de justificar si se otorga impunidad.
Por: Bridget Ryder – The European Conservative
Bajo el liderazgo del primer ministro socialista Pedro Sánchez, el parlamento del país está preparando una amplia amnistía para los separatistas catalanes. El proyecto de ley , que se espera sea votado y aprobado la próxima semana, legisla la impunidad total para todos los actos cometidos “en el contexto del llamado proceso de independencia catalán” entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023, un lapso de tiempo que deliberadamente incluye los dos referendos separatistas ilegales llevados a cabo en 2014 y 2017.
Es alarmante que el terrorismo se haya añadido a una lista de actos amnistiados en enmiendas al proyecto de ley realizadas a petición del partido separatista catalán Junts Per Catalunya, con la salvedad “si no ha habido una violación grave de los derechos humanos”.
La propia ley especificaría que NO serán perseguidos ni sancionados los “actos cometidos con la intención de reivindicar, promover o buscar la secesión o la independencia de Cataluña, así como aquellos que hubieran contribuido a la consecución de dichos fines”. Luego detalla una lista de delitos excusables: malversación de fondos, desorden público, ataques a la policía.
El último intento de referéndum en Cataluña estuvo acompañado de semanas de disturbios que sacudieron particularmente a la capital regional y a la segunda ciudad de España, Barcelona. En 2019, la mayoría de los líderes del referéndum fueron condenados por sedición, rebelión y malversación de fondos públicos.
Entre los condenados se encuentran líderes del grupo secesionista Tsunami Democrático, que encabezó gran parte de la agitación callejera que rodeó el referéndum en sí, incluidas protestas en el aeropuerto de Barcelona que interrumpieron las operaciones y causaron indirectamente la muerte de una persona. Un informe de la Guardia Civil incluido en el caso calificó las protestas de “terrorismo”, dado que la “estrategia u hoja de ruta del grupo consistió en ejecutar acciones de gran envergadura que movilizaron a miles de personas y que compromet[ían] [la] estabilidad económica, estabilidad social, empresarial e institucional de España”.
La situación se complicó en noviembre pasado, cuando un juez español implicó al fugitivo catalán y eurodiputado Carles Puigdemont en supuesta actividad terrorista. Puigdemont era presidente regional de Cataluña en el momento del referéndum de 2017. Uno de los principales organizadores, huyó a Bruselas y desde entonces está prófugo de la justicia española. Pero esta circunstancia no le impidió seguir al frente del partido político Junts y ser elegido al Parlamento Europeo. En España, su partido tiene siete escaños decisivos en la cámara que está utilizando para impulsar una amnistía que no sólo retirará los cargos penales y castigos contra otros secesionistas, sino que también permitirá a Puigdemont regresar a España sin tener que enfrentarse a la ley. Dado que el juez lo implicó en el caso Tsunami Democrátic, podría enfrentar cargos de terrorismo.
“Los actos terroristas constituyen una de las violaciones más graves” del “goce de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en las que se basa la Unión”, afirma la directiva de la Unión Europea 2017/541. Esto significa que los beneficiarios de la ley de amnistía aún pueden tener dificultades para evadir la definición de terrorismo de la Unión Europea, que no hace distinción entre actos terroristas que son violaciones graves de los derechos humanos y aquellos que no lo son.
Las normas judiciales izquierdistas de la UE, típicamente dadas a anular las competencias nacionales de los estados miembros, podrían en esta ocasión mantener un enfoque más estricto hacia el terrorismo que el propio gobierno español.
En una publicación reciente en X, Belén Becerril Atienza, profesora de derecho en la Universidad CEU San Pablo de España, destacó que esta misma regulación define “fines terroristas” como intentos de “desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas constitucionales, económicas o sociales fundamentales”. de un país”. Al llamarlos actos terroristas, la Guardia Civil española identificó que la protesta en el aeropuerto tenía exactamente ese propósito.
En la legislación europea no existe terrorismo ligero. Introducir una distinción jurídica que suene metafísica entre actos de terrorismo que violan y no violan los derechos humanos es una receta para el caos.
