Este viernes 27 de junio se conmemora el Día Nacional del Periodista en Venezuela, que para este año 2025 se ha visto marcado por la represión, la censura, y, a su vez, por la búsqueda de sobrevivir a una coyuntura política, social y económica muy hostil.
Las diferentes organizaciones que se encargan de defender a los representantes de esta profesión han denunciado cómo ha mermado el ejercicio del periodismo por las constantes violaciones a la libertad de expresión.
Ser periodista en Venezuela es enfrentar una serie de desafíos que limitan la capacidad para trabajar de manera libre y segura. Según estadísticas emitidas por el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), en lo que va de año se han registrado al menos 16 detenciones a periodistas o comunicadores sociales y 72 agresiones, que incluyen técnicas de amedrentamiento e intimidación. Esta cifra ha venido en aumento desde mediados del 2024, año donde se registraron al menos 300 casos de ataques a representantes de la prensa, según el CNP.
Estas organizaciones, en las que también se incluyen al Sindicato de Trabajadores de la Prensa (Sntp) y el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys), coinciden que los ataques se recrudecieron después del 28 de julio de 2024, luego de la cuestionada elección presidencial que dio ganador a Nicolás Maduro, que no contó con la transparencia ni las garantías mínimas para ser considerada democrática.
Asimismo, estas OMG aseguran que toda cobertura o pensamiento crítico es considerado un delito, sin contar con garantías judiciales. Muchas de las acusaciones contra los periodistas suelen ser no tener mucho fundamento legal, y siempre están ligadas con la «instigación al odio» o «terrorismo». Además de las detenciones o desapariciones forzadas, se han documentado otras formas de agresión como violencia durante protestas, allanamientos, cancelaciones de pasaportes, extorsión, obstrucción de la cobertura noticiosa y estigmatización por parte de autoridades públicas.
Hacer periodismo en Venezuela también se ha visto sometido a leyes represivas como la contra el Ley contra el Fascismo, Ley contra el Odio, la Ley Simón Bolívar, todas aprobadas en años recientes por la Asamblea controlada por el oficialismo. Aquí se aplican sanciones como multas desproporcionadas o penas de entre 12 y 30 años de prisión, los mismos cargos judiciales que se aplican a las personas implicadas en casos de homicidio.
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