Victoria del sentido común en el Reino Unido. El Tribunal Supremo ha sentenciado que los hombres biológicos condenados por violación no podrán seguir figurando como mujeres en los registros policiales y estadísticas oficiales. La decisión marca un punto de inflexión en la lucha contra la imposición ideológica de la identidad de género en la administración pública y devuelve al sistema judicial británico un mínimo de coherencia.
La resolución, que aclara que las «mujeres trans» no son equiparables a las mujeres biológicas según la legislación vigente en materia de igualdad, obligará a las fuerzas policiales de Inglaterra y Gales a registrar el sexo real de los delincuentes, y no el género con el que decidan identificarse.
Esto pone fin a un disparate que permitía que hombres acusados de violación se registraran como mujeres en las bases de datos policiales, con sólo declarar una «identidad de género» femenina.
El precedente más escandaloso fue el del violador Adam Graham, que comenzó a identificarse como «Isla Bryson» mientras esperaba juicio por dos agresiones sexuales. Fue condenado y enviado inicialmente a una prisión de mujeres, hasta que la presión social obligó al sistema a rectificar y a trasladarlo a un centro penitenciario masculino.
La sentencia ha sido celebrada por agentes de policía críticos con la ideología de género y por colectivos que defienden los derechos de las mujeres frente al borrado legal de su sexo. Desde el grupo SEEN UK, una red de policías que abogan por el cumplimiento riguroso de la ley, han advertido: «Los derechos de mujeres y niñas, especialmente aquellos protegidos por el sexo biológico, son una cuestión legal, no una preferencia».
Hasta ahora, muchas fuerzas policiales seguían guías internas promovidas por el Consejo Nacional de Jefes de Policía (NPCC), que recomendaban preguntar a los sospechosos si se identificaban como «hombre», «mujer» o «intersex», ignorando el sexo biológico como variable esencial en las estadísticas. Así, al menos 12 cuerpos policiales permitían a los violadores identificarse como mujeres en los registros.
Tras conocerse la sentencia, la jefa de la comisión de diversidad e inclusión del Consejo Nacional de Jefes de Policía, Rachel Swann, ha reconocido que la decisión del Supremo «aporta claridad» y ha anunciado que revisarán sus políticas a la luz de esta resolución.
