Ha transcurrido un año desde el inicio de procedimientos por una de las mayores tramas de corrupción en empresas estatales venezolanas, pero aun no se han aclarado, al menos públicamente, varias interrogantes, entre ellas el monto desfalcado.
Hace un año las autoridades venezolanas iniciaron operativos en los que al menos 61 personas, entre ellas altos funcionarios públicos, fueron detenidas y procesadas por acusaciones de estar involucradas en hechos de corrupción y malversación de fondos en empresas del Estado.
Hasta la fecha se desconocen públicamente nuevos detalles sobre el avance de las investigaciones.
La fiscalía giró órdenes de arresto contra altos funcionarios de las estatales Petróleos de Venezuela (PDVSA), la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Cartones de Venezuela (Cartoven), el Poder Judicial, un diputado y empresarios.
Muchas de las detenciones fueron informadas de manera extraoficial por los medios de comunicación y, horas, e incluso días después, fueron confirmadas por las autoridades. Las audiencias de presentación de muchos detenidos ocurrieron de madrugada, y las imágenes fueron divulgadas por el canal del Estado, Venezolana de Televisión.
Dos personas implicadas en las tramas de corrupción, una de ellas con enfermedad terminal, murieron bajo custodia del Estado el año pasado. La fiscalía ordenó investigar uno de los casos.
El fiscal general, Tarek William Saab, informó que las operaciones ilegales paralelas a PDVSA implicaban la asignación de cargas de crudo a la Sunacrip y a “particulares sin ningún tipo de control administrativo”, inclumpliendo con las normativas de contratación y con los pagos correspondientes.
Sin información sobre Tareck El Aissami
Tareck El Aissami renunció a su cargo como ministro de Petróleo en marzo del año pasado, horas después de que varios altos funcionarios de su entorno fueron detenidos y posteriormente acusados por delitos de apropiación de patrimonio público, valimiento de relaciones de influencias, legitimación de capitales y asociación, así como traición a la patria.
“En virtud de las investigaciones que se han iniciado sobre graves hechos de corrupción en PDVSA, he tomado la decisión de presentar mi renuncia como ministro de Petróleo, con el propósito de apoyar, acompañar y respaldar totalmente este proceso”, escribió en Twitter el 20 de marzo.
El diputado chavista Jesús Faría aseguró, también en 2023, que el ex ministro de Petróleo, estaba siendo investigado en el marco de la trama de corrupción en PDVSA.
“Está siendo investigado por las diferentes instancias del Poder Judicial y toda esa investigación que, no solamente él, sino múltiples funcionarios y hombres de mucho peso del sector económico. Eso es lo que ha arrojado y nosotros actuaremos”, respondió Farías en la emisora de radio local Unión Radio, al ser consultado sobre si la Asamblea Nacional interpelaría al ex funcionario.
Consultado sobre El Aissami, el fiscal general aseguró que no adelantaría información “sobre ningún nombre en particular”.
“En relación a futuras, próximas investigaciones en marcha, yo me he caracterizado por no adelantar opinión”, dijo Saab en ese entonces.
El ex ministro de Petróleo de 49 años, a quien la Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU señaló en 2017 como un “narcotraficante especialmente designado”, no ha vuelto a aparecer públicamente desde que el 6 de marzo de 2023 anunció haber mantenido una reunión de trabajo con Igor Sechin, director ejecutivo de la estatal rusa, Rosneft.
Transparencia Venezuela ha cuestionado la escasa información pública sobre la trama, así como la opacidad agudizada en las últimas dos décadas en el país.
Además, ha alertado que “los graves casos de malversación de fondos podrían detectarse oportunamente y se resguardaría mejor el patrimonio público si los venezolanos tuvieran acceso completo a las leyes de Presupuesto y Endeudamiento” y los ministerios publicaran informes de gestión.
Venezuela entró, por décimo año consecutivo, en la lista de los países más corruptos del mundo en el Índice de Percepción de Corrupción en el sector público 2023 de Transparencia Internacional.
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