En una jornada que debía ser de celebración y amor, el Día de las Madres en Nicaragua se tiñó de sangre y luto. El 30 de mayo de 2018, miles de ciudadanos salieron a las calles de Managua, Estelí, Masaya y otras ciudades del país en una marcha pacífica, exigiendo justicia, democracia y el fin de la represión del gobierno de Daniel Ortega.
Lo que comenzó como un clamor popular terminó en una tragedia que marcó un antes y un después en la crisis sociopolítica que sacude al país desde abril de ese año.
El contexto: un país en ebullición
Las protestas en Nicaragua iniciaron en abril de 2018, desencadenadas por una controvertida reforma al sistema de seguridad social que incrementaba las cotizaciones y reducía las pensiones. La respuesta gubernamental fue una represión feroz, con el uso de fuerzas policiales y grupos paramilitares para sofocar las manifestaciones. Para mayo, las demandas ciudadanas habían evolucionado: no solo se pedía la derogación de la reforma, sino la renuncia de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, acusados de autoritarismo y corrupción.
La marcha del Día de las Madres fue convocada por las Madres de Abril, un colectivo de mujeres que habían perdido a sus hijos en las protestas previas. Con flores, pancartas y retratos de las víctimas, los manifestantes buscaban honrar a los caídos y exigir justicia. La marcha en Managua, una de las más grandes hasta entonces, reunió a estudiantes, campesinos, amas de casa y organizaciones civiles, todos unidos bajo un mismo grito: «¡Ni un paso atrás!».
El horror desatado
Alrededor de las 4:00 p.m., la marcha en Managua transcurría pacíficamente cerca de la Universidad Centroamericana (UCA). De pronto, disparos resonaron en el aire. Según testigos presenciales, francotiradores apostados en edificios y grupos armados progubernamentales abrieron fuego contra la multitud desarmada. En otras ciudades, como Estelí y Masaya, se reportaron ataques similares.
«El sonido de las balas era ensordecedor. La gente corría, gritaba, algunos caían al suelo. Vi a un joven herido, sangrando, mientras otros lo arrastraban para salvarlo», relató María, una estudiante de 22 años que participó en la marcha.
El saldo fue devastador: al menos 19 personas perdieron la vida y más de 100 resultaron heridas, según datos de organismos de derechos humanos como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH). Entre las víctimas había estudiantes, trabajadores y hasta un menor de edad. Las imágenes de cuerpos en las calles y madres llorando junto a los retratos de sus hijos se convirtieron en un símbolo de la brutalidad del régimen.
Voces desde el terreno
Doña Carmen, una madre que perdió a su hijo de 19 años en la masacre, compartió su dolor: «Mi hijo solo quería un país libre. Marchó con orgullo, con esperanza. Ahora solo me queda su foto y un vacío que nadie llenará». Como ella, cientos de familias se unieron al luto colectivo, mientras la indignación crecía.
Organizaciones internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), condenaron los hechos y señalaron que la respuesta del gobierno violó los derechos fundamentales a la vida, la libertad de expresión y la protesta pacífica. La CIDH, que visitó Nicaragua días antes, había advertido sobre el uso desproporcionado de la fuerza y la presencia de grupos armados al margen de la ley.
La respuesta del gobierno
El gobierno de Ortega calificó a los manifestantes como «delincuentes» y «golpistas» financiados por intereses extranjeros, una narrativa que ha mantenido desde el inicio de las protestas. Rosario Murillo, en un discurso televisado, expresó condolencias genéricas, pero no asumió responsabilidad por las muertes. En cambio, acusó a los opositores de generar caos y violencia.
Por su parte, la Policía Nacional afirmó que los enfrentamientos fueron provocados por «grupos vandálicos». Sin embargo, informes independientes, como los de Amnistía Internacional, confirmaron que las fuerzas estatales y paramilitares fueron responsables de la mayoría de las víctimas, utilizando armas de fuego de alto calibre contra civiles desarmados.
Un punto de inflexión
La Masacre del Día de las Madres intensificó la crisis en Nicaragua. Las protestas continuaron, pero también la represión. La comunidad internacional incrementó la presión, con sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea contra funcionarios del gobierno. Sin embargo, Ortega se mantuvo en el poder, consolidando su control mediante la persecución de opositores, el cierre de medios independientes y la criminalización de las protestas.
Para muchos nicaragüenses, el 30 de mayo de 2018 no solo fue un día de luto, sino un recordatorio de la lucha por la libertad. «No podemos olvidar. Cada madre que llora, cada joven que cayó, nos obliga a seguir exigiendo justicia», afirmó Juan, un activista exiliado en Costa Rica tras las protestas.
Un clamor que no se apaga
Siete años después, la Masacre del Día de las Madres sigue siendo una herida abierta en Nicaragua. Las familias de las víctimas, junto a organizaciones de derechos humanos, continúan exigiendo investigaciones independientes y el fin de la impunidad. Mientras tanto, el gobierno de Ortega mantiene su postura de negación, y miles de nicaragüenses han huido del país en busca de seguridad.
Este 30 de mayo, en el exilio o en la clandestinidad, muchos nicaragüenses recuerdan a los caídos con velas, flores y un mensaje claro: «¡Vivan los estudiantes! ¡Justicia para los mártires!». La lucha por un país libre sigue viva, aunque el costo ha sido inmenso.
