La organización no gubernamental UN Watch, con estatus consultivo ante la ONU y dedicada a monitorear el cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, presentó un informe de 104 páginas titulado From Watchdogs to Ideologues: How Politicized UN Rapporteurs Are Subverting Human Rights.
El documento expone cómo 13 expertos independientes (Special Rapporteurs o mandate-holders) del sistema de Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU han recibido millones de dólares de gobiernos autoritarios como China, Rusia y Qatar, mientras utilizan sus plataformas para atacar a democracias occidentales, Israel y Estados Unidos, e ignorar o minimizar violaciones graves en regímenes represivos como el de Venezuela.
Según el informe, estos 13 expertos representan más de un quinto de los 59 mandatos temáticos o específicos de países del Consejo de Derechos Humanos.
UN Watch denuncia un patrón sistemático de sesgo ideológico, conflictos de interés financieros y erosión de estándares probatorios, que incluye el uso de fuentes anónimas y no verificadas. Sus reportes y declaraciones, pese a no ser vinculantes, influyen en cortes internacionales, gobiernos, medios y ONG, siendo citados como fuentes autorizadas.
El director ejecutivo de UN Watch, Hillel Neuer, afirmó: “El sistema de derechos humanos de la ONU fue fundado para proteger a las víctimas de abusos. En cambio, está siendo manipulado para atacar a las democracias y blindar a algunos de los peores violadores de derechos humanos del mundo”.
Principales hallazgos del informe
- Financiamiento externo: Expertos recibieron fondos etiquetados de China, Rusia y Qatar, lo que genera conflictos de interés evidentes. Ejemplos incluyen 1,3 millones de dólares a una experta de China, Rusia y Qatar, 150.000 dólares de China a otro, y 100.000 dólares de China a un tercero.
- Sesgo selectivo: Fuerte énfasis en condenar a Occidente, EE.UU. e Israel (incluyendo 148 declaraciones contra Israel desde octubre de 2023), mientras se ignora o elogia a regímenes como Irán, Venezuela, China, Rusia o Siria.
- Erosión de estándares: Dependencia de fuentes no verificadas y narrativas ideológicas que debilitan la credibilidad del sistema.
- Falta de accountability: No existen mecanismos efectivos de auditoría, disciplina o remoción, a diferencia de otros organismos.
UN Watch propone 12 reformas concretas, entre ellas:
- Prohibición total de que los expertos reciban financiamiento etiquetado de gobiernos o entidades externas.
- Mecanismo externo independiente de revisión, auditoría y disciplina.
- Vetting externo de candidatos por parte de democracias.
- Mejoras en transparencia, estándares probatorios y límites a la proliferación de mandatos.
Lista de los 13 “expertos” señalados en el informe
A continuación, la lista completa de los expertos perfilados, con sus mandatos y los principales señalamientos extraídos del hilo de UN Watch y el informe:
Alena Douhan (Impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales): Recibió 1,3 millones de dólares de China, Rusia y Qatar. Sus visitas oficiales (Teherán, Pekín, Damasco, Doha, Caracas, Harare) apoyaron a regímenes autoritarios en lugar de a sus víctimas. Critica sanciones occidentales.
Ben Saul (Derechos humanos en la lucha contra el terrorismo): Recibió 150.000 dólares de China. Se niega a condenar la persecución de uigures en China (justificada por Pekín como “contraterrorismo”). Condena a EE.UU. y elogia a Somalia.
George Katrougalos (Orden internacional democrático y equitativo, ex ministro de Exteriores griego): Recibió 100.000 dólares de China en 2025. Elogió el libro de Xi Jinping y su “visión”. Viajó a Teherán en 2025 y criticó a Israel y EE.UU. junto a funcionarios iraníes.
Irene Khan (Libertad de expresión): Ignoró violaciones graves en Irán, Arabia Saudita, Venezuela, Turquía y Myanmar, pero dedicó un informe completo a condenar a Estados occidentales por supuesta represión de protestas propalestinas.
Tlaleng Mofokeng (Derecho a la salud): Afirmó que “Hamas no son terroristas” y respaldó “la legitimidad de la lucha armada”. Fue multada en Sudáfrica por mala conducta profesional tras atacar verbalmente a Hillel Neuer.
Michael Fakhri (Derecho a la alimentación): Acusó a Canadá de genocidio. Visitó Venezuela (invitado por Maduro, que restringe a otros monitores ONU) y elogió al régimen. Ignora abusos en otros países.
Balakrishnan Rajagopal (Vivienda adecuada): Critica duramente a EE.UU. mientras excusa abusos de China, Rusia e Irán. Ha calificado al derecho internacional de “imperial” que legitima el poder de EE.UU.
Reem Alsalem (Violencia contra las mujeres): Se negó a reconocer la masacre del 7 de octubre y negó crímenes sexuales de Hamas contra mujeres israelíes. Amplificó propaganda alineada con Hamas.
Gina Romero (Derecho de reunión pacífica): Señalada por sesgo antioccidental y defensa de abusos antisemitas bajo pretexto de derechos humanos.
Mary Lawlor (Defensores de derechos humanos): Fuerte sesgo antiestadounidense, apoyo a BDS y delegitimación de Israel.
Margaret Satterthwaite (Independencia de jueces y abogados): Oposición a políticas de EE.UU. y selectividad que exonera a dictaduras.
Paula Gaviria Betancur (Personas desplazadas internamente): Incluido en el perfil general de sesgos del informe.
Ashwini K.P. (Racismo): Incluida en el perfil de los 13 con patrones de sesgo ideológico.
Esta investigación plantea interrogantes profundos sobre la imparcialidad y credibilidad del sistema de Procedimientos Especiales de la ONU, considerado en su momento la “joya de la corona” de los derechos humanos de la organización. La falta de mecanismos de rendición de cuentas efectivos, según UN Watch, permite que estos patrones persistan sin consecuencias.
