En tiempos en que el actual gobernante se desempeñaba como ministro de Relaciones Exteriores de Hugo Chávez, una comunicación de la representación diplomática venezolana en Líbano informaba con candidez a Caracas sobre un caso que expuso el mecanismo por el cual alijos de cocaína, transportados por compatriotas hasta Medio Oriente, se destinaban a financiar al grupo fundamentalista chií. Ese comercio ilícito se suma a otros nexos de coordinación y apoyo entre las dos partes, denunciados esta semana en una audiencia del Senado estadounidense.
Por: Valentina Lares – Armando Info
Corría el año 2010. Hugo Chávez estaba vivo y Nicolás Maduro era el canciller de su gobierno. Todavía no se avizoraban ni el cáncer terminal de uno ni la futura dictadura del otro, pero en un país muy distante ya se divisaban rastros inquietantes de una alianza que ambos le procuraron a la autodenominada Revolución Bolivariana: su relación con Hezbolá, la milicia de la minoría chií concentrada en el Sur de Líbano, a la que patrocina el régimen de los ayatolas desde Irán.
La historia de esa sociedad non-sancta es vieja, pero nunca se ha contado del todo. De que este relato, además de pendiente, sigue teniendo relevancia, fue prueba la audiencia especial celebrada esta semana en el Senado de Estados Unidos en Washington sobre el papel de Hezbolá en América Latina. En la sesión comparecieron varios expertos, quienes coincidieron en señalar que, desde la llegada de Hugo Chávez al poder, en 1999, Venezuela forjó una muy sonada cooperación con Irán y otra, más subrepticia, con Hezbolá; ambas serían profundizadas por Nicolás Maduro desde 2013. Describieron operaciones como la facilitación de más de 10.000 pasaportes venezolanos para supuestos miembros de ese y otros grupos radicales islámicos, o la habilitación de zonas del estado Nueva Esparta -provincia insular del Caribe nororiental venezolano- para entrenamientos y la creación de estructuras para el lavado de activos y el financiamiento de la falange chií.
En la cita, sin embargo, faltó mostrar un documento revelador que, procedente del seno del propio Estado venezolano, detallaba con sencillez y genuino asombro un ejemplo concreto y hasta ahora desconocido de esas relaciones carnales entre Caracas y la milicia.
Se trata de una carta que debió quedar sepultada en el archivo muerto -y, acaso, en el olvido intencional- de la Casa Amarilla, la histórica sede de la Cancillería venezolana, en el casco colonial de Caracas. El documento, elaborado desde las filas del propio servicio diplomático venezolano, fue obtenido, revisado y contrastado con fuentes por Armando.info, que contó para ello con el apoyo del Proyecto de Reportería del Crimen Organizado y la Corrupción (Occrp, por sus siglas en inglés). Se refiere a la captura, en Líbano, de un grupo de venezolanos junto con “otros ciudadanos libaneses” que portaban 50 kilogramos de cocaína, de cuya venta se generarían fondos para entregar Hezbolá.
La prensa libanesa reseñó aquel operativo en el que, con fecha de septiembre de 2010, se incautaron en total 255 kilogramos de cocaína (incluyendo los 50 kilos que transportaban los venezolanos). El hallazgo del cargamento a su vez condujo al desmantelamiento de una banda de tráfico de drogas que operaba regularmente entre Venezuela y Líbano.
Los reporteros recogieron los detalles, escasos, que la Oficina de Control de Drogas de la policía libanesa difundió sobre la redada: los nombres de los implicados, pero apenas identificados con sus iniciales, así como la ruta del cargamento, que habría salido desde Venezuela a Damasco, la capital siria -entonces todavía bajo control del régimen baazista de la familia Al Assad, aliado de Moscú y Teherán y, por lo tanto, de Caracas- y que de allí llegó por tierra al sur de Beirut.
Pero lo que en los informes de las autoridades policiales libanesas eran datos codificados, en la carta, remitida entonces por la embajadora venezolana en Líbano hasta 2019, Zoed Karam Duaijin, al viceministro de exteriores para Asia, Medio Oriente y Oceanía de la época, Temir Porras, cobraba nitidez.
Por ejemplo, la misiva de la diplomática daba los nombres de los involucrados y hasta incluyó una cita textual de la Oficina para el Control de Drogas libanesa, según la cual uno de los detenidos, al ser interrogado, confesó que “formaban una banda perteneciente a Hizbollah [sic], liderada por Mohamad Hassan Saleh”, quien “logró huir”.
Otro dato que el público no conoció entonces pero que Karam informaba a cabalidad en su carta a Porras, fue que, según se lee, “de acuerdo con la información suministrada por la policía libanesa, se presume que la droga forma parte de un cargamento de 250 kg que ‘se estaría enviando desde Venezuela a través de la Línea Aérea Conviasa, utilizando el vuelo Caracas – Damasco, operación que supuestamente estaría amparada con la complicidad de algunas autoridades en los aeropuertos de ambos países, para luego transportarla hacia el territorio libanés’”.
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