La respuesta del gobierno interino de Delcy Rodríguez a los terremotos gemelos del 24 de junio de 2026, que dejaron al menos 6.100 muertos oficiales y decenas de miles de afectados, expuso las profundas carencias de un Estado debilitado por años de recortes presupuestarios, corrupción, represión política y priorización de la lealtad por encima de la competencia técnica, según un reportaje del The New York Times.
Las dos sacudidas, de magnitudes 7,2 y 7,5, golpearon con apenas 39 segundos de diferencia y causaron el mayor desastre sísmico en Venezuela en más de un siglo. La zona más afectada fue el estado La Guaira, donde colapsaron numerosos edificios, incluidos conjuntos de vivienda pública. Miles de personas quedaron atrapadas bajo los escombros.
Horas después de los sismos, Rodríguez telefoneó al principal representante de Naciones Unidas en el país y ordenó: “Que entren todos, no importa de qué países, aliados o no aliados”. Venezuela abrió sus puertas a equipos de rescate internacionales, incluidos de Estados Unidos, Israel, Guyana y El Salvador, que llegaron con perros, cámaras de fibra óptica y equipos de detección de sonido. Esa ayuda extranjera salvó vidas.
Sin embargo, la necesidad de recurrir masivamente al exterior se debió, en buena medida, a las decisiones del partido gobernante. Tras años de crisis económica, sanciones y pérdidas electorales, el Estado llegó al desastre con equipos de emergencia mermados, poca maquinaria pesada operativa, escasa capacidad de reconocimiento aéreo y fuerzas armadas atomizadas por medidas de contrainteligencia. Los rescatistas locales, en muchos casos, trabajaron con las manos desnudas durante las primeras y más críticas horas.
La ubicación precisa de la zona más golpeada tardó en confirmarse. Los esfuerzos de rescate coordinados apenas arrancaron con el amanecer del 25 de junio, unas diez horas después. Mientras tanto, miles de civiles y familiares inundaron la única autopista hacia La Guaira para buscar supervivientes y llevar ayuda, generando un caos vial que retrasó ambulancias y equipos profesionales. El gobierno dudó en restringir el acceso por temor a enfrentamientos; la limitación se decretó recién cerca de 50 horas después de los sismos.
El relato del Times, basado en entrevistas con más de dos docenas de funcionarios venezolanos y estadounidenses, diplomáticos, rescatistas y voluntarios, muestra un contraste: mientras en el ámbito interno muchos venezolanos criticaron la lentitud y la improvisación —“No mandaron a nadie a ayudar”, dijo una damnificada—, en el plano internacional Rodríguez salió fortalecida. Estrechó lazos con Washington, que destinó cerca de 400 millones de dólares, envió cientos de rescatistas y facilitó la reparación del aeropuerto de La Guaira. El presidente Trump llegó a calificar su gestión de “fantástica”.
Los sismos pusieron a prueba no solo la capacidad de respuesta inmediata, sino el legado de 27 años de gobierno del partido socialista: un aparato estatal empobrecido, desconfiado por su propia población y obligado a pedir auxilio al mundo que durante años había mirado con recelo.
