El verano de 2024 marcó un punto de inflexión en la historia política de Estados Unidos. Mientras el sistema judicial era instrumentalizado para atacar a Donald Trump, en la sombra operaba una maquinaria coordinada desde la Casa Blanca de Joe Biden para neutralizar al líder republicano. Esa es la principal tesis del libro Breaking the Law: Exponiendo la instrumentalización del sistema legal estadounidense contra Donald Trump, que documenta con nombres, fechas y casos concretos cómo el Partido Demócrata utilizó el poder judicial como arma política.
El objetivo era claro: si no podían frenar a Trump en las urnas, lo harían en los tribunales. Joe Biden llegó a decirlo abiertamente en octubre de 2024: “Tenemos que encerrarlo”. Mientras tanto, en su entorno, se daba por hecho que Trump estaría en prisión antes del día de las elecciones.
La Casa Blanca, altos funcionarios demócratas, fiscales financiados por George Soros, megadonantes como Reid Hoffman y operadores judiciales vinculados a la campaña de Biden trabajaron en paralelo para impedir que el expresidente volviera a la Casa Blanca. Se trató de una ofensiva sin precedentes: seis casos legales, cuatro penales y dos civiles, diseñados para destruir política y económicamente al líder republicano.
Una red perfectamente engranada
En el caso del juicio por los pagos a Stormy Daniels, el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, impulsado por fondos de George Soros, logró una condena por falsificación de registros comerciales. El proceso estuvo plagado de irregularidades: el juez Juan Merchan era donante de Biden, y su hija, Loren Merchan, dirige una consultora que recaudó millones para los demócratas en el ciclo electoral. El fiscal principal del caso, Matthew Colangelo, había sido número tres del Departamento de Justicia de Biden, antes de descender súbitamente para sumarse al equipo de Bragg.
El caso RICO en Georgia, dirigido por la fiscal demócrata Fani Willis, también estuvo manchado por la intervención política. Su pareja, el fiscal Nathan Wade, mantuvo reuniones de ocho horas en la Casa Blanca antes de presentar cargos contra Trump. La propia Willis se reunió durante cinco horas con la vicepresidenta Kamala Harris. Y Jeff DeSantis, exasesor de Biden, actuaba como enlace directo entre la oficina de Willis y la Casa Blanca.
La designación del fiscal especial Jack Smith también estuvo cargada de irregularidades. Nombrado por el fiscal general Merrick Garland, Smith fue elegido en plena ola de maniobras judiciales contra Trump. Conocido por sus condenas revocadas y un historial de alineamiento con los demócratas, su nombramiento fue finalmente declarado inconstitucional, pero no antes de pasar 18 meses filtrando documentos e interfiriendo en plena campaña electoral.
El caso Carroll y la bancarrota política
El caso civil impulsado por E. Jean Carroll fue financiado por Reid Hoffman, megadonante de Biden, y promovido por George Conway, férreo opositor a Trump. Según detalla el libro, Hoffman visitó cinco veces la Casa Blanca de Biden en 2022, mientras apoyaba económicamente la demanda de Carroll, una acción legal que, lejos de tener base sólida, sirvió para manchar la imagen de Trump antes de las elecciones.
En paralelo, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, también demócrata, logró que Trump fuera condenado a pagar casi 500 millones de dólares por un caso sin víctimas, basado en la supuesta sobrevaloración de sus activos. El juez del caso, Arthur Engoron, tenía como secretaria principal a Allison Greenfield, donante demócrata cuya foto con Chuck Schumer desató un nuevo escándalo. Greenfield fue señalada por el propio Trump como la “autora intelectual” del proceso. James, por su parte, visitó en varias ocasiones la Casa Blanca durante la investigación.
Una conspiración a cielo abierto
Cada caso expuesto en Breaking the Law revela una misma constante: la Casa Blanca de Joe Biden estuvo directa o indirectamente implicada en todos ellos. Si Biden hubiera querido, podría haber frenado esta maquinaria. Pero no lo hizo. Sabía que su mejor opción para mantenerse en el poder era asegurar que Trump estuviera en el banquillo, no en la campaña.
La guerra legal contra Trump no fue solo una serie de procesos judiciales: fue un intento coordinado de destruir políticamente al principal rival de la izquierda norteamericana. Hasta la fecha, nadie ha rendido cuentas. Pero si no se investiga y se actúa, esta estrategia puede repetirse en futuras elecciones.
