Las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) en Venezuela, entre las que se cuentan las organizaciones no gubernamentales (ONG), son blanco constante de ataques por parte del Gobierno nacional, que no escatima esfuerzos por instrumentalizar todo tipo de normas para accionar en su contra.
Esto es lo que deja en evidencia el último informe realizado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), desde su capítulo del Caribe (GAFIC), al que pertenece Venezuela, quien calificó de «deficientes» las acciones que realiza el país en materia de lucha contra el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo y resalta su mal uso respecto de las OSFL.
Acceso a la Justicia analizó en su informe Resultados de la evaluación del GAFI. ¿Se protege a la sociedad civil en Venezuela? el reporte de la cuarta ronda de evaluaciones mutuas, publicado en marzo de 2023, en el que el GAFIC asegura que Venezuela impone medidas de supervisión desproporcionadas a las OSFL, que lejos de protegerlas van en detrimento de actividades tan elementales como el uso del sistema bancario.
El informe del GAFIC fue realizado por un equipo evaluador formado por representantes de España, El Salvador, la Federación Rusa, las Islas Turcas y Caicos y Nicaragua. y contó con la revisión de representantes de San Martín, Curazao, el Consejo de Europa (Moneyval) y Estados Unidos. Ellos consideran que Venezuela no solo presenta deficiencias en cuanto a la evaluación y mitigación de riesgos de estos delitos a nivel institucional, sino que no ha conseguido demostrar que cuenta con políticas antilavado o contra financiamiento al terrorismo, riesgos que fueron identificados en las evaluaciones realizadas por el grupo entre los años 2015 y 2020.
El poco compromiso de Venezuela en el cumplimiento de las 40 recomendaciones del GAFI se traduce en el pobre desempeño que tuvo el país en esta ronda de evaluación que analizó la complejidad del sistema financiero, su alcance y actores, tanto públicos como privados y sus interacciones.
Examen reprobado
Los resultados de la evaluación mostraron que, en cuanto a la efectividad en el cumplimiento de las recomendaciones, de los 11 indicadores Venezuela obtuvo la peor calificación posible en 10 de ellos, mientras que, en el restante, el n.° 1, fue calificada de negativa a moderada. No existe un solo indicador en el que el país haya sido calificado positivamente.
Lo anterior se traduce en que las 40 recomendaciones tienen el peor grado de efectividad posible, y que dentro de las 10 que se califican como de bajo nivel están los resultados inmediatos 6 y 10, entre los que está incluida la recomendación que trata expresamente de las OSFL, la n.° 8 (R.8).
Esta evaluación incluye un segundo componente que trata sobre cada una de las recomendaciones individualmente consideradas. En este caso, el GAFIC determinó que Venezuela no tuvo pleno cumplimiento de ninguna de las 40, dado que 9 fueron mayormente cumplidas, 26 parcialmente cumplidas y 5 se consideraron no cumplidas; dentro de estas últimas está la R.8.
De acuerdo con los parámetros del GAFIC y dado el grado de incumplimiento del país, exige ser objeto de un seguimiento reforzado, pues supera los 7 o más resultados con baja o moderada efectividad.
Entre los señalamientos de la evaluación figuran las graves deficiencias por parte del Estado venezolano en el cumplimiento de elementos básicos contra el lavado de capitales (LC) y financiamiento del terrorismo (FT), pues muy a pesar de que en el Plan de la Patria 2019-2025 y en la Gran Misión Cuadrantes de Paz estén algunas estrategias, no se tienen los resultados esperados.
En este sentido, asegura el informe que «el alcance de estas políticas contra el LC/FT es general y no se basan en los riesgos identificados. El país no ha podido demostrar que estos grandes objetivos se reflejen en acciones concretas».
El incumplimiento de la recomendación n.° 8
Entre las 40 recomendaciones hay una que cobra especial relevancia en el análisis, la R.8, ya que se refiere a las obligaciones de los Estados con las OSFL y cómo debe regularse su relación con ellas. Entendiendo que el enfoque del GAFIC está basado en el riesgo que tienen este tipo de organizaciones de ser vulnerables a tener FT o a incurrir en LC, la sugerencia del grupo internacional busca evitar que organizaciones legítimas sean utilizadas como medios para el financiamiento del terrorismo, para evadir medidas como el congelamiento de activos o para esconder el desvío de fondos.
Aunque el mismo GAFIC señala los medios de cumplimiento de esta recomendación, el Estado venezolano la instrumentaliza para perseguir y criminalizar a las OSFL. Su uso discrecional y desproporcionado es justamente una de las razones de la baja calificación del país en este apartado.
El seguimiento excesivo hacia las organizaciones de la sociedad civil impide el pleno desarrollo de sus actividades. El GAFIC señaló que no está de acuerdo con el nivel de riesgo que el Estado venezolano les otorga y niega que todas deban ser supervisadas, pues esto debe ocurrir en el caso de aquellas que, luego de una evaluación de riesgo, coincidan con los requerimientos objetivamente necesarios para ser consideradas como sujetos de control por parte del Estado.
La incongruencia de las medidas adoptadas por Venezuela es tal que el informe revela que, según información de Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), un organismo oficial, existen 9.960 OSFL de las cuales solo 44 fueron calificadas de alto riesgo (0.44 %) y 84 de riesgo moderado (0.84 %) por lo que el 98,72 % son consideradas de bajo riesgo. Con esta cifra, luce desproporcionada la política estatal de vigilancia y control al que están sometidas la mayoría de las organizaciones en el país al ser consideradas de alto riesgo.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
La excesiva atención que el Estado venezolano otorga a las OSFL no se corresponde con el riesgo ni la realidad, tampoco es producto de un análisis objetivo, por lo que la aplicación de medidas represivas en este ámbito ha tenido consecuencias reales que afectan directamente la operatividad de las organizaciones.
Hoy, organizaciones humanitarias, defensoras de derechos humanos, gremiales, estudiantiles, políticas, sindicatos y un largo etcétera, enfrentan un sistema que desde el inicio duda de su integridad, en el que acciones tan simples como abrir una cuenta bancaria puede convertirse en un dolor de cabeza por la cantidad de requisitos que la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban) les impone, producto de la implementación errada de las normas del GAFI, sin hacer mención a la casi imposibilidad de actualizar sus actas de asamblea ante las oficinas de registro público o incluso de registrarse en ellas si se trata de una organización nueva.
El Estado venezolano está en la obligación de seguir las 40 recomendaciones que establece el GAFI y a proteger a las OSFL, dentro de las cuales se encuentran las ONG.
El informe de la evaluación mutua sobre Venezuela publicado por el GAFIC en marzo de este año, sin duda es una victoria para la sociedad civil organizada, que lleva años denunciando la falta de libertades y la continua persecución de la que es víctima, mientras que hace todo lo posible por sobreponerse a las dificultades que implica vivir y trabajar bajo una emergencia humanitaria compleja, además de asistir a otros y denunciar las masivas violaciones a los derechos humanos que día tras día ocurren en el país.
Consulte el informe Resultados de la evaluación del GAFI. ¿Se protege a la sociedad civil en Venezuela? haciendo clic aquí.
