En la madrugada del 3 de enero de 2026, el complejo militar de Fuerte Tiuna fue neutralizado mediante una operación de precisión que incluyó ataques selectivos y la inserción de fuerzas aerotransportadas en el centro político de Venezuela. Los sistemas de detección permanecieron inoperantes, las defensas antiaéreas no respondieron y la aviación de combate no despegó. Veintisiete minutos después del primer impacto, Nicolás Maduro y Cilia Flores habían sido extraídos del territorio nacional.
Por: José Gustavo Arocha – La Gran Aldea
La operación ha sido vista por analistas militares internacionales como una muestra contundente de superioridad tecnológica, táctica y de coordinación estratégica sin precedentes. Para las industrias de defensa de Rusia y China, en cambio, representó un golpe serio a su prestigio comercial e influencia geopolítica. Sin embargo, más allá del impacto visual del episodio, el colapso defensivo ocurrido aquella madrugada de luna llena no puede explicarse únicamente por factores externos ni entenderse como un hecho aislado. Es la consecuencia de un proceso prolongado de deterioro institucional, que fue despojando a la Fuerza Armada de su profesionalismo.
En ese sentido, el sorpresivo asalto aerotransportado codificado como “Determinación Absoluta” (Absolut Resolve) no solo evidenció una vulnerabilidad mucho mayor de la prevista, sino también las consecuencias acumuladas de un modelo de conducción que priorizó el control político y las redes clientelares uniformadas por encima del mérito, la preparación y el cumplimiento del mandato constitucional. El análisis de este colapso remite inevitablemente al proceso de reconfiguración institucional que alteró la doctrina, la cadena de mando y el principio de responsabilidad de los cuadros castrenses y que los colocó a espaldas de una ciudadanía que había depositado en ellos la tarea de garantizar su seguridad y defensa.
El referéndum constitucional del 2 de diciembre de 2007 marcó un punto de inflexión. La ciudadanía rechazó una reforma que alteraba de manera sustancial la naturaleza de la Fuerza Armada, que eliminaba su carácter “esencialmente profesional” para redefinirla como “patriótica, popular y antiimperialista”. No se trataba de un mero juego de palabras sino una mutación estructural: el desplazamiento del profesionalismo militar por el adoctrinamiento ideológico y la subordinación explícita de la institución a un proyecto político particular.
Aunque la reforma fue derrotada electoralmente, sus objetivos fueron implementados de facto. A partir de entonces, se intensificaron las purgas selectivas, el criterio de ascenso se redefinió en términos de lealtad política y la doctrina profesional fue sustituida progresivamente por una narrativa impuesta desde La Habana. Para el 2026, la Fuerza Armada que la ciudadanía había decidido preservar en 2007 ya había sido desmantelada en las sombras, en su propio seno, reemplazada por una estructura funcionalmente idéntica a la reforma rechazada, pero carente de toda legitimidad constitucional.
Acorde con el discurso impuesto desde los pasillos del Ministerio de Defensa de Cuba, el discurso oficial ha sostenido durante años que la Fuerza Armada enfrenta una amenaza existencial proveniente de actores externos y de la oposición política interna. Esta narrativa ha servido para justificar la militarización del poder y la cruenta represión de cualquier atisbo de disidencia. Sin embargo, el análisis empírico nos revela una paradoja central: la destrucción del profesionalismo, del prestigio internacional y de la cohesión institucional fue permitido y potenciado por el propio Alto Mando Militar.
Bajo la conducción de Vladimir Padrino López y los hermanos Hernández Lárez, la institución fue progresivamente involucrada en dinámicas ajenas a su misión constitucional: cesión de control territorial a grupos irregulares, vinculación con redes ilícitas y uso sistemático de la fuerza militar para la represión de la protesta civil. Estas prácticas no sólo erosionaron la moral interna, sino que mostraron a la Fuerza Armada ante la opinión pública nacional e internacional como un actor políticamente instrumentalizado.
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