La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó en primera lectura el Proyecto de Ley Orgánica de Minas, una reforma que reemplaza toda la arquitectura legal del sector minero y abre la puerta a la inversión extranjera en oro, diamantes y tierras raras. La sesión, convocada con ese único punto del día, se celebró apenas cinco días después de la visita a Caracas del secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, y dos días después de que ambos países anunciaran la reanudación de relaciones diplomáticas, rotas desde 2019.
El proyecto, cuyo borrador fue revisado por Reuters, deroga la Ley de Minas de 1999 y la normativa aurífera de 2015. Extiende las concesiones de 20 a 30 años, permite a empresas nacionales y extranjeras explotar directamente los yacimientos y establece que las disputas se resolverán mediante arbitraje internacional, una garantía que los inversores privados reclamaban desde hace años. Los depósitos seguirán siendo propiedad del Estado, pero los nuevos cálculos impositivos previstos en el texto buscan hacer más atractiva la ecuación comercial para el capital foráneo.
La iniciativa sigue el patrón de la Ley de Hidrocarburos, aprobada semanas después de que Maduro fuera capturado el 3 de enero en una operación militar estadounidense. La propia Rodríguez lo formuló sin ambigüedad: “Queremos que los esquemas de éxito de la Ley de Hidrocarburos estén también presentes en la minería”, declaró durante la visita de Burgum al palacio de Miraflores el 4 de marzo. La ley petrolera redujo el control estatal sobre el sector y amplió la participación de capitales privados, revirtiendo parcialmente la nacionalización profundizada por Hugo Chávez a partir de 1999.
La aprobación de la norma minera parece garantizada. El Partido Socialista Unido de Venezuela controla la Asamblea Nacional y el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez, hermano de Delcy, ya había anticipado semanas antes la necesidad de la reforma. El reglamento parlamentario exige dos debates en sesiones distintas antes de la aprobación definitiva; la segunda fecha aún no fue anunciada.
Washington respaldó el proceso con medidas paralelas. El viernes, el Departamento del Tesoro emitió una licencia para permitir ciertas transacciones de Minerven —la empresa minera estatal— relacionadas con la exportación, venta, compra y transporte de oro venezolano con Estados Unidos, siempre que los contratos se rijan por legislación estadounidense. Burgum, quien también encabeza el Consejo de Dominio Energético de la administración Trump, viajó a Caracas precisamente para negociar la cooperación en cadenas de suministro de minerales críticos.
El potencial del subsuelo venezolano es el trasfondo de toda esta negociación. El Arco Minero del Orinoco, declarado zona de desarrollo estratégico en 2016 por el propio Maduro, abarca más de 111.000 kilómetros cuadrados en el estado Bolívar —el 12% del territorio nacional— y concentra reservas de oro, coltán, bauxita, hierro y diamantes. Según cifras oficiales del Ministerio de Minería, Venezuela extrajo 9,5 toneladas de oro en 2025. Las instalaciones operan muy por debajo de su capacidad: las plantas requieren reparaciones de gran envergadura e inversión para ampliarse.
La apertura del sector, sin embargo, no está exenta de tensiones. La ONG Provea documentó que el área del Arco Minero superpone los parques nacionales Canaima —donde se encuentra el Salto Ángel— y Jaua-Sarisariñama, la Reserva Forestal del Caura y los territorios ancestrales de al menos diez pueblos indígenas, entre ellos los pemón, ye’kwana y warao. Desde su puesta en marcha, la zona fue escenario de explotación ilegal, violencia de grupos armados irregulares y denuncias de daños ambientales que nunca fueron resueltos bajo el gobierno de Maduro.
La reforma minera consolida así la estrategia de Rodríguez: ofrecer acceso a los recursos naturales del país a cambio del respaldo político y económico de Washington. Lo que resta por definir es si el nuevo marco legal será suficiente para atraer capital real, o si los problemas estructurales del sector —infraestructura degradada, inseguridad jurídica histórica y conflictos socioambientales pendientes— disuadirán a los inversores que la norma pretende seducir.
