En Venezuela, los y las periodistas enfrentan una hostilidad creciente que refleja el deterioro de las libertades fundamentales en el país. Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, el ejercicio del periodismo ha estado signado por el recrudecimiento de los patrones de agresión contra la prensa independiente, sobre todo contra profesionales de la comunicación que cubren la conflictividad asociada a los resultados oficiales de los comicios. Las violaciones de derechos humanos, entre ellos la libertad de expresión y el derecho a la información, han sido tan graves que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión han calificado la situación como “terrorismo de Estado”.
Mediante un asedio sistemático que busca debilitar el periodismo venezolano independiente, el Estado ha redoblado sus esfuerzos para restringir la libertad de expresión y controlar el acceso a información clave para la ciudadanía. Asimismo, en medio de este panorama de violencia y censura, los y las periodistas no solo lidian con riesgos legales y personales, sino con la falta de acceso a fuentes confiables de información debido a la opacidad gubernamental.
Al 10 de diciembre de 2024, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela) documentó 566 violaciones a la libertad de prensa, distribuidas en 380 casos denunciados que perjudicaron a un total de 260 trabajadores de la prensa: 155 hombres y 118 mujeres. Los reporteros fueron las principales víctimas, con 168 personas, seguidos por 16 directivos de medios; 15 camarógrafos; 15 reporteros gráficos, y 14 locutores.
IPYS Venezuela registró la deportación de 11 corresponsales extranjeros, seis devueltos al arribar al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar y cinco que fueron detenidos después de haber ingresado al país, como evidencia de un intento por limitar la cobertura periodística independiente de las elecciones presidenciales.
Particularmente después del 28 de julio, el hostigamiento se extendió a otros trabajadores de la prensa que dan soporte a la producción de contenidos periodísticos y que, por lo general, están menos expuestos ante la opinión pública.
Las agresiones contra la libertad de expresión alcanzaron a 109 medios de comunicación, 14 organizaciones de la sociedad civil, una organización gremial y nueve plataformas de redes sociales y software de interés colectivo.
Entre los patrones de agresión más graves registrados durante 2024 destacan dos: 1) las detenciones arbitrarias, que se ejecutaron contra 14 reporteros, 2) y los desplazamientos forzados, que afectaron a 27 periodistas.
Como parte de estas estrategias que buscan silenciar espacios de información, hubo un incremento en los bloqueos digitales contra medios independientes, que alcanzó 39 espacios informativos. Además, 20 estaciones radiales fueron cerradas por orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) en en los estados Lara (4), Portuguesa (3), Zulia (3), Bolívar (2), Carabobo (2), Guárico (2), Aragua (1), Falcón (1), Trujillo (1) y Yaracuy (1).
Los hechos de amedrentamiento encabezan los registros de ataques a la prensa independiente, con 150 casos reportados, seguidos por discursos estigmatizantes (96) que buscan desacreditar y aislar a los comunicadores.
Las restricciones en internet , incluyendo bloqueos y ciberataques, sumaron 85 incidentes y las limitaciones de acceso a la información otros 58. De este modo, fue debilitada la capacidad de los medios para operar y difundir contenido. En este período IPYS Venezuela registró 45 hechos de restricciones administrativas, 41 de censura directa y 32 de hostigamiento judicial que evidencian el uso del aparato legal como herramienta de represión.
Los victimarios estatales responsables de estas violaciones a las libertades informativas fueron principalmente los cuerpos de seguridad del Estado, en 131 oportunidades. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), con 23, la Policía Nacional Bolivariana (PNB), con 19, y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Plan República, cada uno con 18 incidentes, se posicionan como agentes frecuentes de intimidación y censura, que actúan de manera coordinada para coartar el acceso a la información.
La Conatel ejecutó 22 ataques contra medios y periodistas y los ministerios otros 20, lo que indica el fortalecimiento de un aparato estatal de represión que opera contra la prensa independiente en Venezuela.
En el ámbito no estatal, los proveedores de internet protagonizaron 140 agresiones, a las cuales hay que sumar 59 ataques de personas no identificadas, y otras 38 visiblemente alineadas con el oficialismo.
Del total de incidencias documentadas entre enero y el 10 de diciembre, 169 casos ocurrieron a nivel nacional. Seguidamente en el Área Metropolitana de Caracas hubo 35 incidentes, mientras que entidades como Bolívar (19 casos), Trujillo (16), y Lara (13) también muestran un número elevado de vulneraciones denunciadas, especialmente tras las elecciones presidenciales de 2024, cuando el contexto estuvo marcado por una intensificación de las tensiones sociales y un aumento en las medidas represivas, particularmente en respuesta a las protestas ciudadanas que se desarrollaron debido a la desconfianza en la transparencia del proceso.
Detenciones
La detención arbitraria contra personas periodistas es uno de los mecanismos de silenciamiento más preocupantes registrados durante 2024, pues agrava los riesgos de ejercer el libre periodismo y los trabajadores de la prensa se inhiben de informar sobre asuntos de interés colectivo para resguardar su libertad.
El efecto inhibitorio se extiende a otras personas periodistas que, con fundamento, también se autocensuran para no correr la misma suerte de quienes han sido detenidas.
Entre enero y el 10 de diciembre de este año, IPYS Venezuela registró el arresto de 14 personas periodistas, 11 de las cuales siguen en prisión. La mayoría de estas detenciones arbitrarias (11) ocurrieron después de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Entre el 29 de julio y el 28 de agosto funcionarios de seguridad del Estado arrestaron a: Yousnel Alvarado, reportero gráfico de Barinas; Joaquín de Ponte, periodista de Guárico, liberado el mismo día; Paúl León, camarógrafo de Trujillo; Deysi Peña, reportera gráfica de Miranda; Fernando Chuecos, reportero gráfico de Trujillo; Roland Carreño, periodista y dirigente político de Caracas; José Camero, periodista y dirigente político de Guárico; Gilberto Reina, editor de Bolívar, excarcelado; Ana Carolina Guaita, periodista de Vargas; Carmela Longo, periodista de Caracas, excarcelada, y Biagio Pilieri, periodista y dirigente político de Caracas.
En 10 de estos casos las autoridades responsables no han ofrecido información oportuna y suficiente sobre los procedimientos ejecutados contra trabajadores de la prensa.
Seis de las detenciones de periodistas estuvieron relacionadas con la difusión o cobertura informativa de protestas ciudadanas tras los resultados anunciados la madrugada del 29 de julio por el Consejo Nacional Electoral.
Hasta la fecha, IPYS Venezuela documentó que Peña, León y Guaita fueron pasados a juicio tras las respectivas audiencias preliminares. Es decir, los jueces convalidaron las acusaciones fiscales en su contra y permanecerán presos.
Gilberto Reina, editor del medio digital La Sapa del Orinoco, fue una de las personas excarceladas el sábado 16 de noviembre, después de que el lunes 12 Nicolás Maduro ordenó revisar los casos de detenciones ocurridas tras el 28 de julio. Reina, quien se encontraba recluido en el Penal de Tocuyito, fue arrestado el 16 de agosto en Ciudad Bolívar, estado Bolívar, luego de publicar en su cuenta informativa un video en el que invitaba a participar en la concentración opositora convocada para el 17 de agosto.
Antes de los comicios, los periodistas Luis López, de La Verdad de Vargas, e Ismael Gabriel González, del equipo de Comunicaciones de Vente Venezuela, fueron detenidos por su trabajo periodístico el 14 y el 17 de junio, respectivamente.
La primera detención arbitraria a un periodista ocurrida en 2024 fue la de Carlos Julio Rojas, también activista social, quien fue arrestado por hombres encapuchados el 15 de junio en La Candelaria, Caracas. El 18 de abril se supo que está detenido en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y sus familiares pudieron visitarlo por primera vez el 26 de mayo.
A las personas periodistas detenidas durante 2024 se les ha negado el acceso a defensa privada. Nueve periodistas fueron presentados ante tribunales con competencia en materia de terrorismo, y les imputaron delitos como incitación al odio y terrorismo, que acarrean penas superiores a los 10 años de cárcel. En cuanto al patrón de audiencias telemáticas, esto limita la posibilidad de que se escuche a los trabajadores de la prensa detenidos sobre cualquier irregularidad registrada en sus procesos.
Estas acciones generan miedo en las víctimas y sus familias, quienes con frecuencia se abstienen de denunciar por temor a que sus parientes bajo arresto sean objeto de otros agravios, lo que limita la documentación de estas vulneraciones a sus derechos.
Desplazamientos forzados
IPYS Venezuela registró el desplazamiento forzado de 27 trabajadores de la prensa, quienes se vieron obligados a huir de sus lugares de residencia, a otra localidad, estado o país, para resguardar su libertad e integridad personal.
Estos desplazamientos, que los registros de IPYS Venezuela muestran como un patrón por primera vez en 2024, ocurren en medio de un entorno hostil de recrudecimiento de la criminalización del trabajo periodístico, las amenazas, la recurrencia del discurso estigmatizante por parte de altos funcionarios del gobierno, y el temor de ser objeto de detención arbitraria sin las garantías del debido proceso.
Del total de personas periodistas desplazadas forzosamente, 22 se movilizaron después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, por ser víctimas de amenazas o ataques físicos o verbales (11), tras recibir información sobre una orden de detención en su contra (6) y por avisos de posible detención (5). Las víctimas de estos agravios fueron 14 mujeres y ocho hombres. Once salieron del país, seis se trasladaron a otro estado y cinco se fueron a otra residencia dentro de su misma localidad para resguardarse.
Entre los mecanismos de criminalización y persecución contra la prensa destacaron las listas de personas que presuntamente serían detenidas, entre quienes se incluían periodistas, y que fueron difundidas por simpatizantes del oficialismo. Circularon también imágenes y videos con fotos de reporteros, en los que los llamaban fascistas, con la frase “se busca”, por realizar su labor informativa. Estos agravios forman parte de acciones que generaron un clima de intimidación en la población, como lo determinó la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Los cuerpos de seguridad del Estado fueron responsables de otros actos intimidatorios y amenazas hacia trabajadores de la prensa. IPYS Venezuela registró 11 casos en los que personas periodistas fueron alertadas por fuentes internas de que podrían ser capturadas por fuerzas de seguridad y tres casos en los que funcionarios del Sebin fueron hasta los lugares de residencia de reporteros como forma de amedrentamiento.
El periodista Luis Gonzalo Pérez, quien formó parte del equipo de prensa que cubrió la gira de la opositora María Corina Machado antes de las elecciones, y quien trabaja como corresponsal para medios internacionales, anunció el 19 de septiembre que decidió salir del país por ser víctima de persecución y amenazas de detención después de informar sobre manifestaciones el 29 de julio. Aseguró que sus padres y su pareja también fueron objeto de intimidaciones y ataques como represalia por su trabajo periodístico.
Por temor a mayores represalias, en 24 de los casos registrados, las y los periodistas víctimas de desplazamiento forzado han preferido no denunciar (ni públicamente ni ante las autoridades estatales) las vulneraciones que les llevaron a huir. Esto dificulta poder conocer con mayor precisión el número de trabajadores de la prensa desplazados por ejercer su labor informativa y las circunstancias de su huida.
Por otra parte, se documentaron hechos de periodistas que, si bien no fueron objeto de ataques directos, decidieron salir del país debido a la persecución generalizada contra la prensa después del 28 de julio. Según el estudio Periodistas en el exilio: Aproximación a la diáspora de la prensa venezolana, publicado por IPYS Venezuela en agosto de 2024, las restricciones para el ejercicio del periodismo en Venezuela fueron señaladas por 85,63% de las personas consultadas como razones para migrar.
Las personas que se ven obligadas a desplazarse de sus residencias también sufren consecuencias psicoemocionales. Periodistas víctimas de esta situación dijeron a IPYS Venezuela que experimentaron ansiedad e insomnio antes, durante y después de verse forzados a desplazarse. En nueve casos de los 27 registrados, los desplazamientos forzados implican que la persona periodista se ve obligada a separarse del grupo familiar. En los casos de periodistas con hijos en edad escolar y adolescentes, el impacto se puede extender a estos niños, niñas y adolescentes, pues sus actividades cotidianas se ven interrumpidas como consecuencia del resguardo y el traslado hacia otros lugares.
Como medida de protección, las y los periodistas desplazados evitan difundir información sobre ciertos temas o cesan su trabajo por completo, lo que les deja sin su principal fuente de ingresos y profundiza la censura en un país en el que 15 millones de personas (45% de la población) viven en desiertos de noticias.
Hostigamiento judicial
En Venezuela se han sancionado y promulgado leyes contrarias a los estándares internacionales de protección de la libertad de expresión que han sido aplicadas a periodistas y medios de comunicación social. Entre enero y el 10 de diciembre de 2024 IPYS Venezuela registró 32 agresiones correspondientes a la categoría de hostigamiento judicial, que fueron 17 procesos civiles o penales contra periodistas y medios de comunicación, y 15 amenazas de procesos legales o administrativos.
Destacan los inicios de investigaciones u órdenes de captura anunciadas por el fiscal general de la República, Tarek William Saab, contra periodistas señalados de estar implicados en conspiraciones o actos de extorsión. Los periodistas afectados por estas acciones fueron Sebastiana Barráez, Roberto Deniz, Ewald Scharfenberg, Claudia Macero y Orlando Avendaño.
En el ámbito legislativo también es grave el avance de instrumentos legales con limitaciones para las libertades informativas. Uno de estos es la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, promulgada el 29 de noviembre, que incluye disposiciones imprecisas que acarrean sanciones desproporcionadas a medios de comunicación, periodistas y cualquier persona que divulgue mensajes que puedan calificarse como promoción de las sanciones internacionales.
Otro instrumento legal que se cierne sobre las libertades informativas es la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sin Fines de Lucro, aprobada por la Asamblea Nacional (AN) el 15 de agosto y publicada en Gaceta Nacional con fecha del 15 de noviembre. Sin embargo, no se supo sobre esta publicación en Gaceta Nacional hasta el 3 de diciembre.
Esta ley impone requisitos para regular el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil, lo que afectaría la libertad de asociación y a las personas beneficiarias de la actividad de las ONG en diferentes ámbitos de los derechos humanos.
Dado que muchos medios independientes en Venezuela tienen formas de asociación en los términos establecidos por esta normativa, su vigencia limitaría también la documentación, denuncia y difusión de asuntos de interés social.
El Proyecto de Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares, presentado el 2 de abril por la vicepresidenta Delcy Rodríguez ante la AN, inició el proceso de consulta pública, e incluye penas de prisión de hasta 12 años, inhabilitaciones políticas, sanciones administrativas y disolución de organizaciones sociales.
Es preocupante que esta normativa aplique regulaciones a los medios de comunicación fundamentadas en definiciones vagas de los términos “fascismo”, “neofascismo” y “expresiones similares”. Esto aumentaría el clima de censura para evitar represalias por ejercer la libertad de expresión. Asimismo, la imprecisión de las definiciones permitiría que dicha ley se aplique de manera arbitraria.
IPYS Venezuela rechaza la implementación de las denominadas ley Libertador, ley contra el fascismo y ley contra las ONG, pues tendrían un impacto profundamente negativo en el ejercicio de derechos en Venezuela y, en ese sentido, debilitarían la democracia en el país.
Bloqueos
En el espacio digital, el derecho al acceso a la información ha estado restringido por el aumento de bloqueos de sitios web de medios de comunicación. Durante 2024, IPYS Venezuela verificó que los principales proveedores de internet en el país bloquearon el acceso a 39 portales informativos y otras plataformas de interés colectivo.
De acuerdo con el reporte de derechos digitales 2023 de IPYS Venezuela, Algoritmos del Silencio, ese año hubo tres bloqueos a medios de comunicación registrados, que para entonces se sumaban a 43 sitios web que permanecen con restricciones de acceso en Venezuela.
Del total, 35 de los bloqueos reportados entre enero y el 10 de diciembre de 2024 (86,15%) ocurrieron a partir del 4 de julio, día de inicio de la campaña electoral para los comicios presidenciales. Durante la campaña, que se extendió hasta el 25 de julio, se registraron 12 restricciones que afectaron a los medios de comunicación TalCual, El Estímulo, Analítica y Runrun.es; las organizaciones EsPaja, IPYS Venezuela, Cazadores de Fake News, el Observatorio Venezolano de Fake News, Espacio Público, Medianálisis y Ve sin Filtro; y el sitio web del servicio de VPN de Proton VPN.
Desde el 8 de agosto permanece bloqueado el acceso a la red social X (antes Twitter) por la operadora estatal Cantv y seis proveedores privados. Esta restricción empezó a aplicarse minutos después de que Nicolás Maduro anunciara que firmó una propuesta hecha por la Conatel para sacar a X de Venezuela durante 10 días “para que ellos [la empresa] presenten sus recaudos”.
Con un ecosistema de medios tradicionales desmantelado, el aumento de las restricciones contra los medios digitales disminuye la posibilidad de acceder a información procesada periodísticamente. En un contexto electoral, los bloqueos de plataformas de difusión de noticias y organizaciones de la sociedad civil dificulta que la población tome decisiones fundamentadas.
Recomendaciones y estrategias de acción
La hostilidad contra la prensa en Venezuela constituye una política de Estado sistemática, que se ha profundizado y consolidado a lo largo de los últimos 25 años. Sin embargo, durante 2024 los ataques alcanzaron extremos nunca antes vistos.
Con suficiente fundamento, Naciones Unidas ha advertido que Venezuela atraviesa la peor crisis de derechos humanos de América Latina y el Caribe, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que en el país se aplican prácticas de terrorismo de Estado.
Un mayor debilitamiento de las libertades informativas en Venezuela implica mayores desafíos para el ejercicio del periodismo.
IPYS Venezuela destaca que, a pesar de la inclemente persecución a medios y periodistas, en Venezuela se sigue haciendo periodismo de valor, lo cual demuestra el compromiso con la democracia, el Estado de Derecho y la plena vigencia de los derechos humanos de profesionales resilientes.
En este contexto tan retador, IPYS Venezuela plantea las siguientes líneas de acción:
1.- Los derechos humanos son irrenunciables. Las exigencias de respeto y protección de la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho de acceso a la información pública se deben mantener conforme a los estándares más favorables de protección. Sin embargo, frente a la actuación articulada de las instituciones estatales contra la prensa independiente y la profundización del autoritarismo en Venezuela, es conveniente reforzar las denuncias ante interlocutores internacionales que puedan elevar el costo de la represión.
La promoción y defensa de los derechos humanos no admite limitaciones derivadas de fronteras geográficas ni interpretaciones acomodaticias de la noción de soberanía nacional. El derecho a defender derechos se ejerce legítimamente en cualquier ámbito y, en ese sentido, puede ser útil fortalecer el debate sobre lo que ocurre en Venezuela ante las instancias de los sistemas de protección de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil de otros países y las que están aliadas regionalmente, así como ante las autoridades de los gobiernos democráticos.
2.- El periodismo venezolano necesita una sociedad que lo acompañe. Los medios, periodistas y organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la promoción y defensa de la libertad de expresión deben hacer sinergia en defensa de las libertades democráticas.
Mediante narrativas creativas y amigables, es necesario incluir en la conversación pública la importancia del periodismo en una sociedad democrática, sobre todo en el entorno de las redes sociales, que constituyen la fuente de información más habitual de la población venezolana, en vista del debilitamiento del ecosistema de medios de comunicación tradicionales en el país.
Es conveniente destacar la utilidad de la información periodística confiable y verificada para que la ciudadanía, individual y colectivamente, pueda participar en asuntos públicos e incidir en las decisiones de los actores estatales y no estatales que afectan el ejercicio de sus derechos y, en definitiva, su calidad de vida.
3.- Lugares de encuentro y diálogo. Los medios de comunicación y los periodistas deben procurar espacios de reflexión sobre las mejores prácticas para ejercer la profesión de manera ética y responsable, particularmente en contextos adversos como el que existe en Venezuela. La rigurosidad en la verificación de cada dato, la escucha activa de las necesidades de las personas, así como el respeto a los y las protagonistas de cada relato blindan y legitiman el trabajo periodístico.
4.- Formación en derechos humanos. Las organizaciones de la sociedad civil, la academia y los gremios están llamados a contribuir a fortalecer la formación permanente en derechos humanos de los y las trabajadores de la prensa venezolanos. Es necesario reforzar la identidad persona periodista-defensora de derechos humanos, para reafirmar la vocación de servicio de los y las trabajadores de la prensa y su compromiso con la democracia.
5.- A necesidades diferentes, protección diferenciada. Es necesario mapear riesgos con un enfoque interseccional, que permita atender las particularidades del ejercicio del periodismo en Venezuela según variables como género, condición laboral y ubicación geográfica.
6.- Sin seguridad no hay sostenibilidad. Los periodistas deben adquirir herramientas para cuidarse mutuamente. Además de la seguridad física y digital, el incremento de la persecución contra la prensa independiente en Venezuela amerita dedicar mayores esfuerzos a la seguridad psicosocial y a la seguridad legal.
La seguridad psicosocial de los y las periodistas comienza con el autocuidado y el fortalecimiento de la resiliencia. Los trabajadores de la prensa deben adquirir herramientas, para admitir vulnerabilidades, identificar eventuales alteraciones de la salud mental y solicitar ayuda profesional en caso de que sea necesario.
La seguridad legal implica una edición minuciosa de cada contenido periodístico en atención a las leyes y reglamentos que restringen la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho de acceso a la información pública en Venezuela. Se trata de un análisis prospectivo de los riesgos asociados al hostigamiento judicial.
Los requerimientos de seguridad en contextos adversos, como el que existe en Venezuela, se extienden a las fuentes de información, que también pueden ser víctimas de persecución y sufrir represalias por contribuir con medios de comunicación o periodistas. Los y las periodistas deben hacer un exhaustivo análisis de riesgos con cada informante e, incluso, advertir riesgos que el informante no considere. Una buena práctica es el consentimiento informado; solicitarlo y no darlo por sobreentendido.
7.- Estrategias para vencer la censura. El periodismo colaborativo con apoyo internacional le plantó cara al cerco informativo que el oficialismo quiso imponer en torno a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Quedó demostrado que en unión los y las periodistas son más eficaces ante el desafío de revelar lo que el poder quiere ocultar. Es necesario fortalecer las alianzas entre medios y entre periodistas e incluir a profesionales de diversas disciplinas que permitan, por ejemplo, contrarrestar la desinformación.
