Por Juan Szabo y Luis A. Pacheco en La Gran Aldea
En lo que algunos analistas calificaron de tardía decisión, el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, confirmó que, basado en evidencias incontrovertibles, reconocían a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Italia y Ecuador se unieron a los países que así lo reconocen. Aunque todavía no es la avalancha de apoyos que se hubiese esperado, sí son señales del creciente aislamiento del régimen venezolano, después del fraude electoral del 28J.
Otro foco de presión internacional al régimen lo representa el hecho de que la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas (OPCV, por sus siglas en inglés) de la Corte Penal Internacional (CPI), cuestionó fuertemente la falta de progreso de la fiscal Karim Khan en la investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. La OPCV advirtió que “las víctimas llevan mucho tiempo esperando justicia y tienen derecho a procedimientos rápidos y justos”.
Por otro lado, el régimen parece creer que puede lograr un entendimiento con la administración de Trump. De hecho, el Washington Post reporta que el régimen ya ha logrado contactar al equipo de Trump y que sus esperanzas se fundamentan en poder convencerlos de que la solución al problema de la inmigración ilegal, que Trump ha convertido en uno de los puntos cruciales de su agenda, pasa por restablecer un sistema amplio de repatriación de venezolanos. Argumentan que la estabilidad económica de Venezuela se lograría con la permanencia de las licencias y/o levantamiento de las sanciones, lo que redundaría en una reducción en el flujo de migrantes.
El régimen busca quedarse en el poder un tiempo “prudencial” y un reconocimiento de una administración de Maduro. Aunque suena como una novela de ciencia ficción, es lo que los personeros del régimen están tratando de empujar, basado en su éxito pasado obteniendo concesiones reales de la administración norteamericana a cambio de promesas. Esto es más fácil postularlo que lograrlo, sobre todo con las personas que hasta ahora Trump ha nominado a los más altos cargos en seguridad y política exterior.
Por si fuera poco, la Cámara de Representantes del congreso norteamericano aprobó una ley presentada por ambos partidos, denominada BOLIVAR (por sus iniciales en inglés, “Banning Operations and Leases with the Illegitimate Venezuelan Authoritarian Regimen Act), la cual prohíbe transacciones entre el gobierno de EE. UU., ciudadanos norteamericanos y el régimen de Maduro. Ahora pasará al senado para su discusión y aprobación.
Esta “Ley BOLIVAR” ha levantado mucha roncha en la Asamblea Nacional, generando una propuesta de ley “Simón Bolívar” para permanentemente inhabilitar políticamente a los venezolanos que el régimen estime que hayan atentado contra la constitución, incluyendo la petición de sanciones.
La situación económica continúa en terapia por la escasez de divisas. La tasa oficial de cambio se subió a niveles por encima de los 42 bolívares por dólar y empujó la tasa del mercado paralelo hacia los 56 bolívares. Con los ingresos por venta de hidrocarburos relativamente constantes, antes del accidente Muscar, el gasto público tuvo que ser nuevamente recortado y la liquidez limitada a través de la banca, dando como resultado reducción del consumo, reducción del crecimiento económico e incremento de la inflación.
De manera que la Navidad del 2024 no promete tener los tradicionales incrementos en gasto público, consumo y aguinaldos, por lo menos para la mayoría del país que no tiene acceso a divisas. Una forma de resumirlo en una oración es que la economía venezolana se mueve de actividad económica formal hacia informal y en general de una economía parcialmente de mercado de vuelta a una economía de controles y camisas de fuerza.
