CITGO Petroleum Corporation, la mayor filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), se encuentra en la fase más crítica del proceso judicial en los Estados Unidos, que coloca al país suramericano, por primera vez, en serio riesgo de perderla, desde que comenzaron los litigios en 2017, según afirman expertos en materia judicial.
Por: Olgalinda Pimentel – Diario Las Américas
Una licencia general, la 5W, emitida por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), el 4 de mayo pasado, frenó hasta el 19 de junio la venta aprobada por la Corte Federal de Delaware por un monto de 5,900 millones de dólares, en protección a los activos.
Con ello también se detuvo el largo proceso de subasta de CITGO, aprobado por un tribunal de Delaware, para pagar a unos 15 acreedores que demandaron tanto a la empresa, a través de su casa matriz PDV Holding, como al Estado venezolano “por incumplimientos de deuda y expropiaciones” en el país sudamericano”, según se informó.
Sin embargo, CITGO, ubicada en la ciudad de Houston, en Texas, se encuentra atrapada en una compleja situación político-legal que pone en juego las posibles maniobras de la representación venezolana para evitar la ejecución judicial. El camino está lleno de dificultades, según los expertos.
“El proceso jurídicamente está muy avanzado, pero políticamente todavía no está cerrado”, advierte de entrada el abogado Miguel Ángel Martín, especialista en el tema jurídico internacional y exmagistrado del Tribunal Supremo ad hoc venezolano.
CITGO, entre omisiones y disputas
El caso puntual de la corporación petrolera es el de los llamados Bonos 2020, el cual condensa la decisión del régimen de Nicolás Maduro de dar en garantía el 50.1% de las acciones de PDV Holding en CITGO a tenedores de bonos en el año 2016.
Estos, al no recibir el pago como se había pactado en ese año, demandaron a la empresa en un tribunal federal de Nueva York, a cargo la juez Katherine Polk Failla, que favoreció el reclamo por los bonos emitidos por PDVSA en perjuicio de la nación.
En 2024, un tribunal de Apelaciones anuló la decisión de la juez en contra de CITGO, en una historia llena de disputas y omisiones que comenzó en 2017 cuando un tribunal de Delaware responsabilizó a la PDV Holding de las deudas y expropiaciones en Venezuela.
Pero en noviembre de 2025, este tribunal autorizó la venta de las acciones al admitir la demanda de la compañía Amber Energy, uno de los acreedores y filial de la Elliott Investment Management, que ofertó la adquisición de los activos por 5,900 millones de dólares, en la subasta organizada para pagar los compromisos externos de Venezuela.
“La operación aún no se ha consumado definitivamente porque depende de autorizaciones regulatorias del gobierno de EEUU, particularmente de la OFAC”, acota Martín al referirse a la licencia general, la número 21 en siete años, según reportes especializados, que podría ser extendida o no en junio por la OFAC.
No obstante, se dio inicio a la etapa procesal más crítica de CITGO para la representación venezolana, según los consultados.
Fase más crítica del proceso judicial
Salvar a la empresa de la venta sería el objetivo principal de los abogados venezolanos y supone negociar la inmensa deuda cifrada en unos 150,000 millones de dólares, en total, que provocó el régimen chavista en más de una década, y que se habría reducido en 1.825 millones de dólares en 2025.
Además, tendrían que anteponer la inconveniencia de vender los activos de la empresa calculados entre 15 billones y 18 billones de dólares, por un monto mucho menor como el ofertado.
CITGO es propietaria de las refinerías de EEUU Lake Charles, Corpus Christi y Lemont, las cuales fueron diseñadas para procesar crudo pesado venezolano, lo que le otorga un enorme valor geopolítico y energético, y es de vital importancia para el mercado petrolero global.
Pero para Martín el factor más crítico es el precedente judicial del “alter ego”, una figura legal que permitió al tribunal estadounidense ignorar la separación legal entre la República y PDVSA establecida en las leyes venezolanas.
Esta decisión se derivó del “uso político y financiero de PDVSA y CITGO por parte de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y luego del gobierno interino de Juan Guaidó”, acota el experto
Aunque lo más favorable para CITGO en la actualidad es que sigue parcialmente protegida por medidas que “mantienen abierta una ventana para una eventual negociación o reestructuración integral de la deuda venezolana”, Martín advierte que una liquidación apresurada perjudicaría incluso a los propios acreedores de la filial poseedora de un creciente valor estratégico y financiero.
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