El pasado mes de junio se pudo conocer el documento con las conclusiones de la ex Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, sobre el caso Venezuela I, en el que ratificaba la existencia de elementos suficientes para creer que autoridades civiles, miembros de las FFAA e individuos del régimen de Nicolás Maduro “han cometido delitos contra la humanidad”, señalando además la inacción para determinar la responsabilidad penal de los sospechosos, debido a la intención de proteger a los responsables de estos crímenes mediante procedimientos internos.
Desde entonces, el régimen ha emprendido una agenda orientada a simular justicia, atendiendo supuestamente a las recomendaciones de los múltiples informes de los organismos internacionales. De ahí que veamos traslados de presos políticos de centros especializados de tortura a cárceles comunes, celeridad en el desarrollo de audiencias luego de años de retardo procesal injustificado, así como el reinicio de juicios contra autores materiales de ejecuciones extrajudiciales que resultan en condenas en tiempo récord, luego de procesos judiciales previos llenos de vicios e irregularidades.
Como parte de esta agenda, perfectamente planificada para los fines políticos de quienes hoy temen el fin de sus muchos años de impunidad, es que surge la invitación que se le hiciese al nuevo Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, a visitar nuestro territorio.
Al margen de ello, desde Vente Venezuela saludamos la inminente llegada del señor Karim Khan a nuestro país, puesto que reconocemos la importancia que tiene su presencia luego de que se haya impedido la entrada a representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como negado el acceso a la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM) y que durante años se haya dejado de cooperar con los mecanismos de las Naciones Unidas que no estén relacionados con las sanciones.
Lo anterior solo añade aún más elementos para demostrar que la determinación de responsabilidades penales de los autores materiales de la violación de DDHH y la simulación de una justicia que omite el procesamiento de la cadena de mando, está innegablemente sometida a la voluntad e intereses de los actores intelectuales que continúan ejecutando desde altas esferas del régimen su política de persecución, encarcelamiento, tortura y agresión para sostenerse en el poder.
Por esta razón, respetuosamente sugerimos al Sr. Fiscal Khan que, en aras de formarse un juicio imparcial y equilibrado sobre la situación venezolana en relación a los hechos denunciados, incluya en su próximo recorrido encuentros con las organizaciones, víctimas y familiares, cuyos informes, casos y denuncias forman parte del expediente que reposa en su oficina. Le hacemos un llamado a no dejar de escuchar a los familiares de Juan Pablo Pernalete, Fernando Albán, o a las familias del Ptte Luis Alejandro Mogollón, del Capitán de Navío Luis De La Sotta, del General Hernández Da Costa, de Emirlendris Benítez, Antonio Garbi, los esposos Marrufo, a los hijos del General Raúl Baduel, muerto recientemente bajo custodia del régimen, luego de su largo e inhumano sometimiento a años de tortura en “La Tumba”, y a los compañeros de los tres (3) defensores de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar de Dios García, arbitrariamente encarcelados por documentar, denunciar y difundir la verdad, entre tantos otros.
Le solicitamos que no pierda la oportunidad de entrevistarse con los abogados de las víctimas, que podrán de primera mano testificar sobre todos los elementos que demuestran la imposibilidad de que en Venezuela haya acceso a la justicia; y sobre todo, lo invitamos a no dejar de buscar la verdad detrás de la recientemente “arreglada” exhibición a la que será expuesto, por parte de aquellos que sólo pretenden mostrarse como respetuosos garantes de las obligaciones en materia de derechos humanos, cuando lo cierto es que la violentan cada día.
La verdadera justicia y la consecuente reparación para las víctimas y protección de nuestra población requiere la actuación internacional, pues la única vía para detener la comisión continuada de crímenes de lesa humanidad es la sanción penal de los responsables, especialmente cuando éstos someten a toda una nación convirtiendo la violación de DDHH en una política de Estado y disponen de los medios para llevar a cabo acciones que comprometen la paz y la seguridad internacional.
Como víctimas, defensores, activistas y ciudadanos, insistimos en la imperiosa necesidad de avanzar y dar inicio formal a la fase de investigación sin más dilación.
