La liberación de decenas de presos políticos en Venezuela, como lo hizo hace pocas semanas el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, dependería de una de las decisiones “políticas” del gobierno de Nicolás Maduro más esperadas, coinciden sus opositores y defensores de derechos humanos en ese país.
Por: Gustavo Ocando Alex – La Voz de América
Ortega liberó el pasado 9 de febrero a 222 presos políticos con la facilitación de la Casa Blanca y el Departamento de Estado de Estados Unidos. Viajaron todos en un vuelo chárter hasta el estado de Virginia, donde los recibieron familiares y amigos.
La decisión fue “unilateral” por parte del gobierno sandinista y fue calificada por Estados Unidos como “un paso constructivo” hacia el fin de los abusos a los derechos humanos en Nicaragua. Entre los expatriados, se encuentran los seis aspirantes a la presidencia detenidos en 2021, líderes campesinos, religiosos y exdiplomáticos.
El gobierno de Ortega confirmó poco después que había despojado de su nacionalidad a los liberados y se confirmó la expropiación de sus bienes y propiedades en Nicaragua.
En Venezuela, existen 269 presos políticos, entre los cuales se incluyen 150 militares y 13 mujeres, según el recuento de la organización no gubernamental Foro Penal, una asociación civil de abogados que defienden gratuitamente a personas detenidas arbitrariamente.
Precedentes
Gonzalo Himiob, su director y vicepresidente, destaca que se han visto medidas “muy parecidas, aunque a menor escala”, que las liberaciones sin precedentes en Nicaragua.
Cita las liberaciones y destierros de al menos seis ex presos políticos: Yon Goicoechea, ex líder juvenil que militó en varios partidos opositores; Francisco Márquez y Gabriel San Miguel, activista del partido Voluntad Popular; Lorent Saleh, joven defensor de derechos humanos; Vilca Fernández, dirigente estudiantil, y el exministro Miguel Rodríguez Torres.
“En todas estas situaciones, como ha ocurrido en otros pocos casos, estas personas fueron excarceladas bajo la condición de abandonar inmediatamente el país”, confirma Himiob en conversación con la Voz de América. La diferencia con Nicaragua radica en que a ninguno se les privó de su nacionalidad, sino que solo se les desterró de Venezuela, explica.
El especialista en derecho penal subraya que la pena de extrañamiento del territorio nacional de venezolanos está prohibida según mandato constitucional.
El artículo 50 de la Carta Magna reza: “ningún acto del Poder Público podrá establecer la pena de extrañamiento del territorio nacional contra venezolanos o venezolanas”.
Himiob apunta que una decisión “política” de excarcelación de 269 venezolanos detenidos por razones políticas solo podría fundamentarse en herramientas contempladas en ley, como una amnistía general o indultos. Jamás, insiste, podría “supeditarse” esas excarcelaciones a la salida del país del beneficiario de esas medidas.
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