En política, los símbolos se forjan tanto por la acción como por la reacción que generan. Desde enero de 2025, el régimen de Nicolás Maduro ha desplegado contra María Corina Machado un operativo sostenido de persecución y propaganda, diseñado para acallarla y desgastar su liderazgo. Sin embargo, el resultado parece ser el opuesto: la dirigente se ha convertido, incluso para sectores no militantes, en un mito de resistencia.
El aparato oficialista ha cometido un error clásico en la guerra política: demonizar a su adversario hasta transformarlo en héroe. Las palabras de Diosdado Cabello —asegurando tener “información muy clara” sobre su paradero y describiéndola como “protegida”— no solo intentan sembrar miedo, sino que certifican su relevancia. En el imaginario popular, el régimen no despliega semejante aparato de vigilancia contra dirigentes inofensivos.
Cada alocución en su contra, cada rumor sobre su clandestinidad, cada acusación de “terrorista” proyecta a Machado como el enemigo político más temido por el chavismo. Y, en un país donde la narrativa de David contra Goliat resuena profundamente, esa imagen se traduce en capital simbólico: una mujer desarmada enfrentando a un Estado que la quiere silenciar.
Esta dinámica no es nueva. La historia venezolana y latinoamericana muestra múltiples casos donde la represión termina alimentando el mito. Lo que parece un golpe de fuerza contra el adversario se convierte en un certificado de su peligrosidad para el poder y, por tanto, en una validación de su liderazgo.
Y es ahí donde el chavismo comete su error más grave: al intentar borrar a Machado del tablero, la está grabando a fuego en la memoria colectiva. En su afán por destruirla, podrían estar escribiendo, sin saberlo, el primer capítulo de la crónica de su propia derrota.
*Sociólogo
El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó este viernes que «la soberanía nacional existe», en respuesta a la orden secreta que, según el New York Times, firmó el mandatario estadounidense, Donald Trump, instruyendo al Pentágono a utilizar la fuerza militar contra los carteles de la droga en América Latina, destacando el medio neoyorquino el caso del Cártel de los Soles en Venezuela.
«Trump ya está diciendo que manda sus aviones a bombardear y nos toca pensar qué vamos a hacer porque entonces él va a venir a bombardear Colombia. No lo hacemos nosotros porque ya mataban los niños debajo las bombas, ¿y ahora va a venir él?», señaló Petro durante la entrega de 6.500 hectáreas de tierras a campesinos del departamento caribeño de Córdoba.
Acto seguido, el mandatario colombiano agregó: «Un problema de discusión nacional. No me voy a pronunciar aún, pero la soberanía nacional existe y yo prefiero hablar y coordinar que imponer. Eso no se puede imponer».
La orden de Trump
Las declaraciones de Petro se producen luego de que el New York Times revelara la existencia de una orden secreta firmada por Trump contra los carteles de la droga en Latinoamérica, la cual sería la medida más «agresiva» adoptada hasta este momento por su Administración.
Según el diario estadounidense, la orden presidencial proporcionaría una base legal para que las Fuerzas Armadas lleven a cabo operaciones militares directas y unilaterales en territorio extranjero contra los cárteles
Incluso, según las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato, el alto mando militar estadounidense ya habría comenzado a elaborar planes sobre cómo llevar a cabo estas acciones.
La decisión de atacar a estos grupos se enmarcaría dentro del combate de Trump contra el tráfico de fentanilo, un opioide sintético que, según Washington, es producido principalmente por los carteles mexicanos mediante productos químicos provenientes de China y traficado a Estados Unidos, que sufre una grave crisis de muertes por sobredosis de esa sustancia.
En febrero, el Gobierno de Trump declaró como terroristas a varios carteles latinoamericanos, pero ninguno colombiano, aunque poco antes el New York Times había revelado una lista que incluía al Clan del Golfo, el grupo armado más poderoso de Colombia y hoy en diálogos con el Gobierno de Petro. Pero sí incluyó hace apenas dos semanas al Cártel de los Soles, que según la justicia estadounidense sería dirigido por Nicolás Maduro, quien ha sido un aliado de Petro en la región y por quien EEUU paga 50 millones de dólares por información que conduzca a su arresto, tras duplicar la recompensa este jueves.
La paz «no se puede imponer»
En su discurso desde Córdoba, Petro destacó la necesidad de hablar sobre «si es posible en Colombia desmantelar pacíficamente el narcotráfico para que haya paz».
Pero el mandatario izquierdista insistió en que este desmantelamiento «no se puede imponer»: «Ya lo sabemos, llevamos 50 años en las mismas, 50 años y va un millón de muertos asesinados en América Latina (por el narcotráfico), una guerra».
Colombia es el principal productor mundial de cocaína y, según el último informe anual de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), concentra 253.000 de las 376.000 hectáreas de cultivos de hojas de coca en el mundo, es decir, dos terceras partes.
El narcotráfico y otras economías ilícitas como la minería y la tala ilegales constituyen la principal fuente de financiación de grupos armados al margen de la ley en el país andino, entre ellos el Clan del Golfo y narcoguerrillas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se habría extinguido con el proceso de paz de Juan Manuel Santos en 2016 pero siguen operando y delinquiendo bajo la figura de «disidencias».
La Fundación Arcadia, dirigida por su CEO y cofundador Robert Carmona-Borjas —víctima reconocida en la Situación Venezuela I ante la Corte Penal Internacional (Referencia de Víctima r/21840/23) y representante legal registrado de víctimas (Referencia ONG VPRS-A-2023-092)— hizo pública una carta de severo contenido oficialmente remitida al vicefiscal de la CPI, Mame Mandiaye Niang. La misiva responde de forma directa a la declaración oficial emitida el día de ayer por la Fiscalía tras la reunión que el vicefiscal sostuvo en La Haya con quien se presenta como vicepresidenta de Venezuela, un régimen que enfrenta acusaciones formales de crímenes de lesa humanidad ante la propia Corte.
El documento, fechado el 8 de agosto, desmonta con precisión la idea de que sea posible “evaluar progresos” en materia de complementariedad positiva en Venezuela. Carmona-Borjas sostiene que esta noción, concebida para contextos en los que los sistemas judiciales actúan con independencia y voluntad genuina de hacer justicia, es en el caso venezolano una ficción jurídica que no resiste contraste con la realidad: más de dos décadas de sometimiento total del poder judicial al Ejecutivo, un Ministerio Público convertido en instrumento político y una estructura institucional orientada a la persecución de disidentes, no a la sanción de responsables de crímenes internacionales.
La carta sostiene que invocar la complementariedad en estas circunstancias equivale a revestir la impunidad con un ropaje jurídico ficticio, otorgando legitimidad a instituciones cómplices y enviando a las víctimas un mensaje de desaliento. Asimismo, el profesor Robert Carmona-Borjas considera grave que la Fiscalía de la CPI conceda honores y tratamientos protocolarios de “Su Excelencia” a representantes de un régimen acusado de crímenes de lesa humanidad y señalado de haber usurpado, con absoluto descaro, las elecciones presidenciales de julio de 2024, pues ello socava la confianza de las víctimas, erosiona la credibilidad del órgano investigador y proyecta una imagen de indulgencia hacia los perpetradores.
El mensaje a Niang es inequívoco: su deber es con las víctimas y con el mandato esencial que el Estatuto de Roma le da a la Corte, que no es otro que garantizar que la impunidad no prevalezca. Mantener la postura expresada, advierte Carmona-Borjas, podría derivar en solicitudes formales para su remoción por incompetencia o connivencia. La publicación de esta carta busca dejar constancia pública de que, en el caso Venezuela I, no hay atajos diplomáticos ni fórmulas retóricas capaces de sustituir la responsabilidad directa que tiene la Corte Penal Internacional de investigar y acusar a los responsables cuando el Estado no lo hace.
La crisis está llegando a Rusia por todos los frentes. La economía del país se está viendo asediada por la amenaza de una recesión, una inflación de casi el 10%, un incremento preocupante en los préstamos con alta probabilidad de impago que acumulan los bancos, y ahora, por el mayor déficit fiscal que ha experimentado el país desde que hay registros. En los primeros seis meses del año, el Gobierno ha tenido un saldo negativo de 61.800 millones de dólares, muy por encima de los niveles que se llegaron a alcanzar incluso durante la pandemia, y confirma que el país no puede permitirse el gasto que está asumiendo por la guerra. Las sanciones al país están haciendo mella en las cuentas públicas, después de que los ingresos por la venta de petróleo se hayan hundido en el último año. La guerra en Ucrania está pasando factura por distintos frentes y las presiones son cada vez más altas para terminar ese conflicto, en un momento en el que las sanciones al país por parte de Europa y Estados Unidos están surtiendo efecto.
El déficit fiscal de Rusia ha alcanzado cotas que no se veían desde 2009. El incremento de los gastos del Gobierno, combinado con un descenso de los ingresos por el petróleo y el gas debido a las sanciones y a las caídas de precios, han generado un agujero en los primeros siete meses del ejercicio, que ha alcanzado los 61.800 millones de dólares (casi 5 billones de rublos) acumulados en el déficit del país hasta julio.
Este es el peor dato que ha habido en la historia de Rusia en los primeros siete meses de un año y sólo ha habido un ejercicio peor en la historia, 2009, cuando Rusia sufrió las consecuencias de la llegada de la Gran Crisis Financiera y cerró el ejercicio con un déficit acumulado de más de 77.000 millones de dólares, una cifra que entonces era todavía más grave en relación con el tamaño de la economía.
El déficit fiscal de Rusia se dispara hasta máximos de la Gran Crisis Financiera
Déficit fiscal acumulado de Rusia, en miles de millones de dólares
El problema ahora para Vladimir Putin es que la situación de las cuentas públicas del país es mucho peor de lo que esperaba el Gobierno, ya que, en sólo siete meses, ha superado con creces el objetivo que se había planteado para todo el año (3,8 billones de rublos) y es un peso más que se acumula a la carga que está soportando la economía del país, que ahora enfrenta una grave crisis en varios frentes.
Los ingresos por la venta de energía se hunden
Rusia ahora es una economía centrada en el esfuerzo bélico, y los más de tres años de guerra que está teniendo que soportar se están haciendo muy largos, algo que puede tener que ver con la disposición que ha mostrado el Gobierno a sentarse en la mesa de negociación para terminar el conflicto próximamente.
Durante años, el Gobierno insistió en que las sanciones estadounidenses y europeas no tendrían un efecto grave en la economía rusa, pero la realidad está imponiéndose al relato de Putin y su séquito. Si bien durante los primeros meses de la guerra Europa disparó las compras de gas a Rusia a pesar de la retórica contra la invasión, con el paso del tiempo, Putin se ha quedado cada vez más aislado en ese frente, y ha centrado sus exportaciones de recursos energéticos a grandes socios, como China y, sobre todo, India.
Ahora, sin embargo, las sanciones por parte de Estados Unidos han dado un paso más en este sentido, al utilizar los aranceles como un arma para presionar a India, el principal comprador de petróleo ruso en este momento, incluso por delante de China, para que deje de comprar el crudo del país.
Todas estas presiones están dando resultado, ya que han terminado generando un hundimiento de los ingresos de Rusia por la venta de petróleo y gas, y esta es una de las principales fuentes de financiación con las que cuenta el país para sostener su economía y el esfuerzo bélico, ya que supone un tercio de todo el gasto público del Gobierno. Según los cálculos de Bloomberg, Rusia habría ingresado unos 8.900 millones de dólares por ventas de petróleo en julio de este año, una cifra que supone un descenso de casi el 33% frente al mismo mes del año anterior. Si se incluye el gas en esta ecuación, el descenso es similar, de más del 27% en el último año.
Además del descenso de las ventas, la caída que está sufriendo el precio del petróleo, que en los últimos 12 meses pierde más del 15%, en el caso del barril Brent europeo (en el caso de la referencia rusa, el descenso es similar en el mismo periodo, según los datos que maneja la agencia Bloomberg) ha contribuido a reducir los ingresos del país, incrementando así el déficit que ahora ahoga al Gobierno de Putin.
Otro elemento que ha contribuido a empeorar el déficit de Rusia tiene que ver con el rublo. El banco central de Rusia se ha visto obligado a disparar los tipos de interés en los últimos años (en julio de 2023 se situaban en el 7,5% y los incrementó hasta el 20% a finales de 2024) para contener una inflación cada vez más alta, y esto ha llevado al rublo a dispararse en el mercado, hasta tocar máximos no vistos en más de dos años frente al dólar estadounidense, algo que reduce los ingresos del país por cada barril que vende en el mercado.
Inflación, recesión y falta de trabajadores
La guerra está detrás de los grandes problemas que enfrenta la economía rusa en este momento. Para financiar el esfuerzo bélico del país, el Gobierno instó a los bancos rusos a ofrecer préstamos con muy buenas condiciones a sus clientes. Además, el reclutamiento también redujo la oferta de mano de obra en la economía, y apoyó un incremento salarial que ha sido la base de varios problemas en el país, que ahora están estallando todos a la vez.
Los salarios en Rusia se han disparado desde que empezó el conflicto en 2022 y, junto a unas condiciones de financiación muy atractivas, han terminado alimentando el aumento inflacionista. Para frenar esta escalada, el banco central del país que dirige Elvira Nabiúllina aumentó los tipos de interés, como ya se ha explicado, hasta el punto de que ahora se teme el frenazo que está generando el haber endurecido tanto y tan rápido las condiciones de financiación.
Este es un buen ejemplo de cómo le están creciendo los enanos a Putin: cuando trata de arreglar un problema económico derivado de la guerra, surge uno nuevo. En este contexto, el propio ministro de Economía, Maxim Reshetnikov, ha reconocido recientemente que la economía está «al borde de una recesión», y no se puede descartar que la apertura del Gobierno a sentarse en la mesa de negociación para plantear el final del conflicto tenga que ver con todos los problemas que se están acumulando. Rusia, de hecho, tendrá primero que acabar la guerra para poder empezar a resolver los desequilibrios que se han generado en su economía, un proceso que, probablemente, no será rápido.
Para empezar, la propia crisis demográfica que ha generado la guerra se tendrá que resolver con paciencia y tiempo. El ministro de Trabajo del país, Anton Kotyakov, ha reconocido que Rusia tendrá que incorporar casi 11 millones de trabajadores para el año 2030.
Crisis bancaria y posible rescate
Si todo lo anterior no era suficiente, el sector bancario del país también está enfrentándose a un problema importante en los últimos meses, que puede terminar incluso en un rescate a las entidades del país. A finales de junio la agencia Bloomberg publicó cómo el nivel de préstamos de alto riesgo (préstamos de dudoso cobro) que se acumula en los balances de los bancos rusos es mucho mayor de lo que admiten las cifras oficiales, que, ya de por sí, estaban reflejando cierto deterioro en los últimos meses.
El alto nivel de los tipos de interés que tuvo que establecer el banco central estaba ya dejando su huella en la capacidad de repagar la deuda de muchos clientes de la banca, y la situación ha llegado a ser tan preocupante que, a mediados de julio, varios banqueros del país estaban celebrando reuniones para coordinar la posibilidad de pedir un rescate al Gobierno si la situación no mejora de aquí a principios del año que viene.
Lo que está claro es que, más de tres años después de que se produjese la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, la economía del invasor hace aguas por varios frentes, y se requerirán muchos esfuerzos para poder equilibrar de nuevo la situación. Al margen del sufrimiento que genera un conflicto de este tipo para todo aquel que la sufre, es evidente que la guerra no está siendo un buen negocio para Rusia.
El presidente de Francia conversó con su par ucraniano y abogó por un rol más activo de Europa en las negociaciones de paz que podrían surgir del encuentro Trump-Putin del próximo viernes.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, mantuvo este sábado (09.08.2025) una conversación con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, tras la cual aseguró que «el futuro de Ucrania no puede decidirse sin los ucranianos», en respuesta a la reunión que mantendrán el presidente de Estados Unidos y el líder de Rusia el próximo 15 de agosto en Alaska, sin la participación de Kiev.
«El futuro de Ucrania no puede decidirse sin los ucranianos que luchan por su libertad y su seguridad desde hace casi tres años. Los europeos también obligatoriamente son parte de la solución porque de ello depende su seguridad», aseguró en la red social X (Twitter) Macron, que también mantuvo contactos con los jefes de Gobierno de Alemania, Friedrich Merz, y Reino Unido, Keir Starmer.
Estas conversaciones se producen después de que Washington y Moscú anunciaran un encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin el próximo viernes en Alaska para avanzar sobre un acuerdo de paz sobre Ucrania que Zelenski se ha apresurado a decir que no aceptará si conlleva cesiones territoriales, como deslizó el viernes Trump al señalar que para alcanzar la paz tendría que haber intercambios territoriales.
Soberanía e independencia
Emmanuel Macron reiteró que Europa debe «trabajar con un espíritu de unidad apoyándose en las labores lanzadas en el marco de la ‘coalición de voluntarios'» que él mismo impulsó hace unos meses para preparar la vigilancia de un eventual acuerdo de paz. «Seguiré coordinándome estrechamente con el presidente Zelenski y con nuestros socios europeos», señaló el presidente francés.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, también mantuvo una conversación con Zelenski en la que le expresó su «pleno apoyo» y abogó por «una paz justa y duradera que respete la independencia y la soberanía de Ucrania».
Según el diario The Wall Street Journal, Putin busca obtener el control total de las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk, además de la Crimea ucraniana ocupada ilegalmente desde 2014, como condiciones para poner término a su agresión. Esto es firmemente rechazado por Volodimir Zelenski, que aboga por el respeto de las fronteras ucranianas y, por ende, por la retirada de los invasores.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reaccionó este sábado a la noticia de que los líderes de EE. UU. y Rusia, Donald Trump y Vladímir Putin, se reunirán el próximo viernes en Alaska y afirmó que las decisiones que se toman sin Ucrania son contrarias a la paz y «nacen muertas».
«Son decisiones que no pueden funcionar. Y todos necesitamos una paz real y genuina. Una paz que la gente respete», dijo en un mensaje en inglés publicado en X Zelenski, que había reclamado estar presente en una cumbre de líderes sobre el fin de la guerra, así como una participación europea.
La cuestión territorial
El presidente ucraniano aludió indirectamente a las informaciones que se han filtrado sobre la supuesta propuesta de Trump a Putin, que de acuerdo con algunos medios pasaría por congelar el conflicto a cambio de levantar las sanciones a Moscú.
«No vamos a recompensar a Rusia por lo que ha perpetrado», enfatizó y señaló que todos los socios internacionales deben comprender «qué es una paz digna».
Zelenski apuntó, por una parte, a que debe ser Rusia quien ponga fin a la guerra, ya que es quien la inició y quien la está alargando.
También rechazó, una vez más, la posibilidad de que un acuerdo con Rusia implique una cesión, al menos formal, de los territorios ucranianos ocupados de Crimea, Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón.
«La respuesta a la cuestión territorial ucraniana ya está contenida en la Constitución de Ucrania. Nadie se desviará de esto y nadie podrá hacerlo. Los ucranianos no regalarán su territorio al ocupante», subrayó.
Disposición total a trabajar por la paz
El presidente ucraniano concluyó resaltando su disposición a trabajar con Trump y con el resto de sus socios en pos de una paz «real y, sobre todo, duradera», que no esté en peligro de «colapsar a causa de los deseos de Moscú».
Tanto el Kremlin como la Casa Blanca confirmaron en las últimas horas que la primera reunión entre Putin y un presidente estadounidense desde que comenzó la guerra de Ucrania se producirá el próximo 15 de agosto en Alaska.
El encuentro se concretó a raíz de la visita del enviado estadounidense Steve Witkoff a Moscú el pasado jueves, el día antes de que expirase el ultimátum dado por Trump para que Rusia tomase medidas para poner fin a la guerra, so pena de nuevas sanciones.
Faltaba una ficha clave. Y la sospechosa muerte del Zarco Aldinever arrojó nuevas luces. Si de verdad murió, lo inverosímil es el relato de lo sucedido. La supuesta reunión y traición del ELN suena a cuento chimbo.
Encuentro más auténtico que, si sucedió el asesinato, fueron Nicolás Maduro e Iván Márquez quienes lo ordenaron. Como todo capo mafioso que se respete, a ambos les convenía cerrar la boca al último terrorista experimentado y fiel que le quedaba al exjefe negociador de las viejas Farc, a su mano derecha. Un hombre que fue de las entrañas del Mono Jojoy, que se unió a la Nueva Marquetalia desde su fundación.
Tenía que saber que Márquez –el amigo de Iván Cepeda y protegido del Gobierno Petro que sobrevive sin un brazo y otros quebrantos de salud (producto del ataque que casi lo manda al infierno cuando Duque era presidente)– siempre ha sido un desalmado, un matón sin escrúpulos. Y habría considerado, junto con el tirano, que convenía desviar la atención hacia un cadáver, ya fuese real o ficticio.
Un dato que despierta suspicacias es la urgencia de la Nueva Marquetalia para confirmar el deceso. ¿Qué interés tendría dicha banda criminal en que Colombia creyera que mataron al guerrillero acusado del atentado contra Miguel Uribe? Si ya es raro que reconozcan una baja, más extraño es que lo hagan de inmediato, sin presión ni necesidad.
Tan diligentes con el Zarco y tan mentirosos con alias el Paisa, Óscar Montero, muerto en su campamento de Venezuela al estallarle un explosivo, y con el propio Iván Márquez. Incluso el Gobierno Petro, que conocía su estado de salud y su paradero, guardó silencio durante meses por intereses espurios. Quería ocultar que el matón que retomó las armas, autor de crímenes de lesa humanidad, se recuperaba en un hospital caraqueño, reservado a la élite de la mafia chavista.
En mi columna del 28 de junio aposté por la hipótesis de que Márquez, con la complicidad de Maduro, era el cerebro del ataque a Miguel Uribe. Entretanto, Gustavo Petro señalaba a la inexistente junta de Dubái, y otros, a Mordisco. Entonces indiqué que faltaba una pieza esencial para armar el puzle: la razón de escoger una fecha tan temprana para dispararle. Si pretendían afectar las elecciones de 2026, se antojaba prematuro eliminar a un precandidato 11 meses antes en una nación de escuálida memoria.
Ahora, sin embargo, todo va encajando.
El cálculo de los sanguinarios Márquez y Maduro estaba ligado al proceso de Álvaro Uribe, que tenía un calendario marcado por la prescripción de mediados de octubre. Pensarían, como anticipamos muchos, que lo condenarían en primera instancia con los consiguientes perjuicios para el CD.
Al tratarse de un juicio político con unos demandantes más poderosos e influyentes en el mundo judicial que el demandado, y dado el descarado sesgo del proceso desde el inicio, era evidente la sentencia que aguardaba al expresidente.
También los analistas indicaban que Miguel Uribe, que lideraba las encuestas de los precandidatos del Centro Democrático, era la ficha favorita del expresidente para encabezar la candidatura de su partido y el que creía con mayores posibilidades de sellar una alianza con otros aspirantes y formaciones políticas contrarias al petrismo.
Por tanto, al quitarlo de en medio, propinaban un fuerte golpe al único partido de firme oposición a Gustavo Petro, con un indiscutible liderazgo –Álvaro Uribe– y un caudal electoral del 30 por ciento.
Si, además, le decretaban prisión domiciliaria, el uribismo sufriría un doble mazazo y perdería fuerza en Antioquia, en donde triplican al Pacto Histórico.
Una condena de 12 años, así sea injusta, salpica el prestigio del presidente más popular de la historia y, al inhabilitarlo, merma su capacidad influenciadora y frena sus giras por el país.
Al igual que sucedió con el Juzgado 44, apuesto a que el Tribunal Superior de Bogotá reafirmará el fallo y, si acaso, rebajará la pena. No olviden el caso de Plazas Vega, juzgado por su intervención en el criminal asalto del M-19 al Palacio de Justicia. El magistrado ponente, que dedicó meses a estudiar el voluminoso expediente, pidió la absolución, y sus dos compañeros de sala, sin apenas tiempo para analizar las pruebas, lo declararon culpable. El coronel quedó absuelto en la instancia superior.
No parece que la Fiscalía y el Gobierno tengan interés en descubrir a los cerebros del intento de asesinato de Miguel Uribe. Porque, si lo tuvieran, el locuaz Petro habría pedido las extradiciones de Márquez y el Zarco Aldinever a su amigo el tirano. Tan insistente con el Gobierno portugués para que enviaran a Colombia a Papá Pitufo, ¿no sorprende su nulo interés por la captura de la pareja de curtidos asesinos?
Es indudable que Nicolás Maduro e Iván Márquez necesitan que siga la extrema izquierda en la Casa de Nariño. Y harán lo que sea para lograrlo.
En un intento socarrón por desvirtuar la lucha de resistencia de millones de venezolanos, y en particular la de María Corina Machado, algunos “colaboradores” se han dedicado a banalizar su situación de clandestinidad, balbuceando frases preelaboradas con un lenguaje sibilino, pretendiendo descalificar tan arriesgado esquema de combate. Critican su llamado a la desobediencia civil y se esmeran en contrastar, con argumentos rebuscados y comparaciones absurdas, la realidad actual con los diez años de dictadura que comenzaron en Venezuela a finales de 1948, tras el derrocamiento del presidente Rómulo Gallegos. Sin embargo, la clandestinidad de entonces y la de hoy son mundos distintos, y minimizar el coraje del pueblo venezolano actual es un error que no podemos permitir.
En los años cincuenta, los presos políticos y quienes resistían clandestinamente no contaban con las herramientas que hoy damos por sentadas. En 1951 o 1957 no existía internet, ni Instagram, ni Facebook, ni YouTube, ni X, ni TikTok. La organización dependía exclusivamente de redes humanas: células que integraban ciudadanos corajudos que habilitaban los escondites de líderes como Leonardo Ruiz Pineda, Alberto Carnevali, Antonio Pinto Salinas o de Rómulo Betancourt antes de su destierro. Los sabuesos de la Seguridad Nacional, bajo el mando de Pedro Estrada, recurrían a delatores —los infames “sapos”— y a torturas inhumanas para arrancar información sobre el paradero de estos u otros luchadores. La represión era feroz, y la clandestinidad significaba vivir bajo la constante amenaza de ser capturado o asesinado. También en cada circunstancia se organizaron fugas espectaculares, como la de Alberto Carnevali, escapando del Puesto de Socorro en Caracas el 26 de julio de 1951 y la Operación Guacamaya, implementada a comienzos de mayo del año en curso, que dejó al desnudo las debilidades de la dictadura de Maduro.
Hoy, la tecnología ha transformado radicalmente la forma de resistir. ¿O es que no recordamos que la campaña electoral que cerramos con la épica victoria del 28 de julio se apoyó, fundamentalmente, en el uso de las redes sociales para proyectar los mensajes de María Corina y las imágenes de las masivas concentraciones de respaldo a la candidatura de Edmundo González Urrutia? Actualmente María Corina Machado y Edmundo González, por ejemplo, utilizan plataformas tecnológicas para realizar reuniones de trabajo, día tras día, en mañanas, tardes, noches y madrugadas. Esta comunicación instantánea permite coordinar esfuerzos de manera eficiente, algo inimaginable en la época de Pérez Jiménez.
Las redes sociales se han convertido en herramientas clave para difundir información, organizar movimientos y conectar con la comunidad internacional. Esta visibilidad global marca una diferencia abismal con el aislamiento que sufrían los luchadores de antaño. En tiempos de la dictadura de Pérez Jiménez los líderes se veían forzados, inevitablemente, a movilizarse, a salir de sus “conchas” o lugares de refugios para encabezar reuniones clandestinas; por eso agarraron y asesinaron a Leonardo Ruiz Pineda y a Pinto Salinas. Ellos organizaron redes secretas para desafiar al régimen militar. Estas «células valientes» coordinaban escondites, distribuían propaganda y planificaban acciones de ataques sin contar con la tecnología moderna de la que disponemos ahora, enfrentándose a una represión brutal liderada por la Seguridad Nacional y su temido jefe, Pedro Estrada. Esta lucha clandestina, combinada con protestas públicas relancinas, culminó en la caída de Pérez Jiménez en 1958, abriendo el camino hacia la democracia en Venezuela.
Pero que nadie se equivoque: la tecnología no reduce el peligro ni el valor de quienes enfrentan al régimen de Maduro. La clandestinidad sigue siendo una realidad arriesgada. Mujeres muy humildes, madres y abuelas desobedecen con una dignidad admirable las órdenes del régimen, negándose a participar en fraudes electorales a pesar de las amenazas de ser eliminadas de las listas que controlan la entrega de las míseras cajas de alimentos. Su valentía no necesita de torturas físicas para ser reconocida; el simple acto de desafiar al poder en un contexto de hambre y vigilancia ya es heroico.
Quienes pretenden desacreditar esta lucha argumentando que la clandestinidad actual es ficticia o menos dura por la existencia de la tecnología, ignoran la realidad. Tampoco resaltan que hoy existe la Corte Penal Internacional y contamos con una red mundial de medios globalizados que denuncian la supresión de la libertad de expresión, pero eso no elimina el peligro. Pero lo persigue, tal como está ocurriendo con el incremento de la oferta de 50 millones de dólares por la captura del dictador Maduro. No es una quimera. La información la ha dado a conocer oficialmente el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Una recompensa histórica de 50 millones de dólares por información que lleve al arresto de Nicolás Maduro.
El régimen de Maduro ha adaptado sus métodos de represión a la era digital, utilizando la vigilancia electrónica y la persecución selectiva mediante la revisión arbitraria de teléfonos y monitoreo de redes sociales. Comparar maliciosamente ambos contextos es un ejercicio vacío que solo busca desmontar el ánimo de un pueblo que no se rinde y no toma en cuenta que, desde el 28J, enfrentamos una nueva etapa, porque el régimen le declaró la guerra abierta al pueblo. No quieren acuerdos; quieren sumisión. Frente a eso nos corresponde seguir luchando, la victoria llegará. Este régimen caerá. Viene una Venezuela nueva, más sana, más fuerte, fortalecida en la lucha y el dolor. Una Venezuela mejor preparada que nunca para el trabajo duro y para cosechar los frutos de la libertad.
En definitiva, subestimar la resistencia venezolana es un acto de ceguera. La lucha actual es tan legítima y valiosa como la de hace décadas, aunque se libre con otras herramientas y en otro escenario. No permitamos que estas comparaciones absurdas apaguen la determinación de quienes, como María Corina Machado, arriesgan todo por la libertad. Su ejemplo, y el de esas mujeres y hombres que desafían al régimen, merece nuestra admiración y apoyo incondicional. ¡Qué dignidad la de quienes se niegan a doblegarse, aun a costa de perderlo todo! La lucha por la libertad no conoce épocas ni tecnologías; solo requiere corazones valientes, y de eso, en Venezuela, sobran. Y en otras partes del mundo también.
El movimiento de derechos civiles en Estados Unidos (décadas de 1950 y 1960), como las marchas lideradas por Martin Luther King Jr., igualmente incluyó esfuerzos clandestinos. Activistas organizaban reuniones secretas y redes de apoyo para evadir la vigilancia de autoridades racistas y grupos violentos como el Ku Klux Klan. Estas acciones, que combinaron resistencia pacífica y coordinación oculta, fueron fundamentales para desmantelar las leyes de segregación racial y lograr avances como la Ley de Derechos Civiles de 1964.
La resistencia polaca durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) . El “Armia Krajowa” (Ejército Nacional Polaco) fue una de las mayores redes clandestinas de la historia. Operando bajo la ocupación nazi y, posteriormente, soviética, esta organización llevó a cabo sabotajes, recopilación de inteligencia y apoyo a la población civil. A pesar de las duras represalias, su perseverancia contribuyó a mantener viva la esperanza de liberación y sentó las bases para la recuperación de la soberanía polaca tras la guerra. Estos ejemplos muestran que las luchas clandestinas triunfan gracias a la combinación de organización, valentía y adaptabilidad.
Cierro esta crónica con palabras recientes de María Corina Machado:
“Maduro y su régimen van a salir, de una manera o de otra. Con o sin negociación. Un día antes o un día después. Eso está escrito. Eso va a pasar. El gran desafío es esa Venezuela que tendremos que reconstruir desde las ruinas. Una responsabilidad histórica que ocurre poquísimas veces en la historia de la humanidad”.
En definitiva, no todo se puede hacer ni decir; pero las instrucciones para nuestras estrategias son muy claras y están siendo ejecutadas. El pueblo se organiza cada vez más, con sigilo, para hacer lo que le toque cuando le toque. Estamos destinados a vencer, porque ellos tienen las armas pero nosotros tenemos la gente. Somos millones y, al final del día, nada nos podrá detener.
Antonioledezma.net
ExxonMobil Guyana anunció hoy el inicio de producción en Yellowtail, el cuarto desarrollo petrolero en el bloque costa afuera Stabroek. La unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO, por sus siglas en inglés) ONE GUYANA se suma a las FPSO Destiny, Unity y Prosperity, elevando la capacidad instalada total de Guyana a más de 900.000 barriles de crudo por día.
«La puesta en marcha anticipada de Yellowtail es un hito significativo para ExxonMobil y para el pueblo de Guyana», afirmó Dan Ammann, presidente de ExxonMobil Upstream Company. «Con más del 67% de la fuerza laboral petrolera conformada por guyaneses y más de 2.000 empresas locales participando, este proyecto refleja nuestras raíces cada vez más profundas en el país y nuestro compromiso compartido con un crecimiento inclusivo y de largo plazo».
El ONE GUYANA es el mayor FPSO desarrollado hasta ahora en el bloque Stabroek, con una producción inicial promedio anual de 250.000 barriles diarios y capacidad de almacenamiento para dos millones de barriles. El crudo producido se comercializará bajo la marca Golden Arrowhead.
ExxonMobil Guyana prevé alcanzar para 2030 una capacidad total de producción de 1,7 millones de barriles equivalentes de petróleo diarios, provenientes de ocho desarrollos.
En tan solo cinco años, la compañía ha puesto en operación cuatro megaproyectos costa afuera de alta complejidad, todos por debajo del presupuesto y antes de lo programado, mientras avanza de forma simultánea en otros cuatro proyectos que espera concretar antes de que finalice la década.
La empresa ExxonMobil Guyana Limited opera el bloque Stabroek con una participación del 45%, mientras que Hess Guyana Exploration Ltd. posee el 30% y CNOOC Petroleum Guyana Limited el 25%.
La producción es la más baja de la historia reciente y Cuba no podrá cumplir contratos ni abastecer el consumo interno.
La cosecha azucarera de Cuba en 2025 ha sido, nuevamente, la peor registrada, sin llegar siquiera a las 150.000 toneladas, según cálculos de la agencia EFE a partir de datos de la prensa provincial. La cifra queda por debajo de las 160.000 toneladas obtenidas en la campaña anterior y podría ser aún menor, dado que las autoridades no han publicado el resultado oficial.
De los 15 centrales azucareros que participaron, solo 10 hicieron públicos sus resultados, sumando 95.584 toneladas. Los cinco restantes tenían una meta conjunta de 52.068 toneladas, pero solo uno, el central Melanio Hernández, cumplió su plan, por lo que el total real no alcanzó los 147.652 toneladas teóricos.
La magnitud del desastre se refleja en casos como el del central Dos Ríos, en Santiago de Cuba, que produjo apenas 2.700 toneladas de las 20.811 previstas (13%), o el Antonio Guiteras, en Las Tunas, que logró 7.200 de las 45.000 toneladas planificadas (16%). El objetivo nacional era de unas 280.000 toneladas.
Un exfuncionario del desaparecido Ministerio de la Industria Azucarera calificó la situación como un “desastre”, subrayando que el volumen obtenido impide exportar y obliga a importar para cubrir el consumo interno, afectando incluso la producción de ron.
En su época dorada, la industria azucarera cubana llegó a superar los 8 millones de toneladas anuales, con 161 ingenios operativos en 1959. Sin embargo, tras la caída de la URSS y el “redimensionamiento” ordenado por Fidel Castro en el Período Especial, gran parte de la infraestructura quedó obsoleta. Hoy solo funcionan 15 centrales, con graves problemas de mantenimiento, escasez de insumos y falta de mano de obra.
Este colapso significa que Cuba no podrá cumplir sus contratos de exportación con China y continuará sin poder garantizar azúcar suficiente para su población, sumándose a una crisis que impacta a varios sectores productivos y de consumo.
