El tema de la participación de privados en el negocio petrolero siempre ha sido controversial en muchos países pero aún más en Venezuela donde el “Oro Negro” ha sido vital para nuestra existencia por al menos un siglo. Ahora bien, el tema tiene varias aristas.
Lo primero que vale la pena revisar es, ¿A quién pertenecen aquellos recursos que se encuentran naturalmente en el subsuelo de una nación? Los minerales, el gas, el petróleo y otros.
Muchos argumentan que como el trabajo del hombre no estuvo involucrado en la creación de éstas riquezas no se tiene derecho a ellas en forma privada aun cuando se tenga propiedad de la superficie.
Lo cierto es que en la casi totalidad de los países del mundo se ha decidido que esos recursos del subsuelo pertenecen a la sociedad, a la nación, al pueblo o denominaciones similares. Una rara excepción son los EEUU, que siendo un país tan rico en recursos minerales, reconoce al dueño de la superficie del terreno como el poseedor de aquello que se encuentre en el subsuelo. Para extraer éstas riquezas el propietario solo debe cumplir con la normativa aplicable (ambiental entre otras). No tiene otras limitaciones.
Por otro lado, el gobierno federal de EEUU posee tierras y además es el administrador de las áreas marinas del país. Cuando un privado quiere extraer hidrocarburos de estas áreas debe solicitar una licencia al gobierno y luego pagar las regalías por lo extraído. Este pago de regalías garantiza el derecho de posesión de los recursos extraídos por el concesionario.
Asimismo, en los países donde los recursos del subsuelo son públicos, ese pago de regalías al Estado permite que los terceros extraigan los hidrocarburos mediante licencias de explotación y al producir ese crudo o gas y pagar los tributos, pasa a ser dueño legítimo de esos recursos extraídos.
Otro elemento a revisar es quien puede extraer los recursos minerales de la tierra. Veamos de nuevo a uno de los países con mayor libertad económica del mundo, EEUU. No hay empresa estatal de petróleo en los EEUU. Como ya se mencionó, solo hay que cumplir con algunos requisitos técnicos para que cualquier tercero pueda tener permiso de extracción de petróleo y gas.
En muchos otros países la explotación petrolera no está restringida a empresas estatales. Lo importante es que el recurso sea extraído para que genere riqueza. No importa quien lo extraiga. La actividad económica que genera la explotación del petróleo, los empleos, los impuestos a las ganancias y otras actividades son elementos que contribuyen a la prosperidad.
En Venezuela la ley de hidrocarburos exige que la explotación del petróleo sea hecha por empresas que tengan al menos un 51 % de capital accionario de la empresa estatal Pdvsa. Con una reforma de esa ley podría disminuirse ese porcentaje significativamente y así incentivar el desarrollo del sector con la participación de grandes capitales que puedan tener mayoría accionaria en las asociaciones.
¿Debe haber una empresa estatal de petróleo? ¿Tiene que ser 100 % propiedad del Estado? En América Latina hay una fuerte tradición estatista y tal vez sería difícil no tener una estatal petrolera en Venezuela. Además la constitución exige que haya una empresa nacional de petróleo. Por otro lado Petróleos de Venezuela tuvo un desempeño óptimo reconocido a nivel mundial y sería un gran logro y orgullo nacional que se recupere ese nivel de excelencia aunque sería en una empresa dimensionada en una escala menor porque su condición actual limitaría su tamaño futuro.
Otro avance hacia la modernidad y el manejo transparente de la estatal petrolera sería que PDVSA abriera su capital a inversionistas privados. Ecopetrol de Colombia lo ha hecho y también Petrobras de Brasil. En ambos países el Estado mantiene mayoría accionaria. Inscribir a PDVSA en las bolsas de valores de Venezuela y de alguna ciudad de primer orden financiero mundial como Nueva York otorgaría confianza a inversionistas nacionales y extranjeros.
Entonces se requerirían cambios legales que podrían ser mínimos. Menor porcentaje de Pdvsa en asociaciones para explotar el recurso (Ley de Hidrocarburos) y un ajuste constitucional para abrir hasta cierto límite (20 – 30 %) el capital de Pdvsa. El nuevo esquema legal propiciaría importantes inversiones en la industria del petróleo y se generaría mucho mayor riqueza para el país.
