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Vía NTN24

En medio las denuncias sobre la agudización de la política de represión y persecución sistemática del régimen de Nicolás Maduro, este domingo 27 de julio, Venezuela vivirá una nueva jornada electoral.

Los ciudadanos, que se han mostrado apáticos a las elecciones en las que se eligen 335 alcaldes y 2.471 concejales, aseguran que los comicios están manipulados por el régimen. Además, tienen lugar justamente a un año de las elecciones presidenciales, en las que el cuestionado Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró como ganador Nicolás Maduro sin difundir las actas electorales oficiales que, según mostró la oposición, prueban el verdadero triunfo de Edmundo González.

Entre tanto, se ha intensificado el patrón de detenciones contra dirigentes políticos y líderes gremiales, esto en días previos a la elección municipal, desde la ONG Justicia Encuentro y Perdón han verificado al menos 20 nuevas detenciones durante lo que va del mes de julio.

Además, aseguran que se ha activado la denominada «puerta giratoria», este patrón en el que durante procesos de excarcelación o liberación de presos políticos otras personas son llevadas tras las rejas por los mismos motivos.

Expertos prevén que se replique el patrón de baja participación que favorece al madurismo, en un país en el que la desconfianza institucional y la división opositora sitúan al chavismo en ventaja para ganar la mayoría de alcaldías sin un contrapeso significativo.

Desde la oposición, un sector ha decidido participar, mientras que desde sectores cercanos a María Corina Machado han llamado nuevamente a la abstención.

El proceso electoral se da en medio de al menos 70 detenciones arbitrarias recientes, incluidos defensores de derechos humanos, periodistas y líderes opositores.

Luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, sobrevino una represión sin precedentes. El mismo gobierno se encargó de destacar que más de 2.000 personas habían sido detenidas, particularmente en el contexto de manifestaciones contra los resultados electorales oficiales que le otorgaron la victoria a Nicolás Maduro, a pesar de las pruebas exhibidas por la oposición sobre el triunfo de Edmundo González Urrutia.

Esta especie de razzia contra toda persona percibida como adversaria del oficialismo, incluyó a 11 periodistas encarcelados o encarceladas entre julio y diciembre de 2024. Sin embargo, la prisión contra representantes de la prensa independiente prosiguió en 2025 y, desde enero hasta el 25 de julio otros nueve periodistas fueron enviados a la cárcel.

Antes, del 28 de julio de 2024, habían sido encarcelados tres periodistas, también como resultado de la persecución política que, de manera sistemática, ha desarrollado el oficialismo contra quienes se dedican profesionalmente a informar. Para el 25 de julio de 2025 se contabilizan 15 periodistas tras las rejas. Este número, sin precedentes en la historia contemporánea de Venezuela, constituye una situación alarmante que resume el riesgo actual de hacer periodismo y los déficits democráticos en el país.

La toma de posesión de Maduro como presidente de la República reelecto estaba prevista para el 10 de enero. El acto caldeó los ánimos nuevamente, pues se planteó la posibilidad de que González Urrutia regresara a Venezuela el 9 de enero e intentara juramentarse como presidente. Finalmente, González Urrutia permaneció en el exilio y la juramentación de Maduro se realizó sin mayores contratiempos el 10 de enero.

Sin embargo, desde el oficialismo se repitieron las versiones sobre planes de desestabilización política promovidos por la oposición, y sobre esa base, se reactivó el plan gubernamental denominado “Furia Bolivariana”, emprendido después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y el cual incluía la actuación coordinada entre agentes de los cuerpos de seguridad del Estado y civiles adeptos al oficialismo para neutralizar nuevas protestas antigubernamentales.

En el contexto de la toma de posesión del 10 de enero, IPYS Venezuela registró 25 ataques a la prensa en el país, entre ellas cuatro detenciones arbitrarias y seis agresiones y hechos de amedrentamiento que afectaron a 10 trabajadores de la prensa. Además, entre el 7 y el 10 de enero, hubo bloqueos a 58 sitios web de redes sociales y herramientas para evadir la censura en internet. La novedad en ese momento fue el bloqueo a la red social TikTok durante cinco días.

A pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo alertas oportunamente y en enero de 2025 publicó un detallado informe sobre graves violaciones de derechos humanos en Venezuela en el contexto electoral, así como la aplicación de “prácticas de terrorismo de Estado”, la represión contra la prensa independiente no ha cesado.

Una de las situaciones más preocupantes es el desplazamiento forzado de periodistas como medida de protección. Hay quienes se han tenido que mudar de ciudad y de estado, temporal o permanentemente, e, incluso, quienes se sienten más perseguidos y perseguidas por el Estado venezolano han huido al exterior. El exilio de periodistas venezolanos y venezolanas comienza a consolidarse como otra evidencia de las dificultades para ejercer la profesión en el país.

La arremetida gubernamental también se ha profundizado en el plano legislativo, mediante normas restrictivas de la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho de acceso a la información pública. Durante los primeros meses de 2025, las organizaciones no gubernamentales venezolanas han afrontado la ejecución de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro. Dicha ley, aprobada en 15 de noviembre de 2024, es un instrumento adicional para la persecución por motivos políticos. Muchos medios de comunicación independientes se han visto afectados por el creciente y progresivo cierre del espacio cívico en Venezuela y las dificultades para contar con fuentes de financiamiento para desarrollar proyectos periodísticos.

En este informe semestral, IPYS Venezuela pone el acento en el encarcelamiento de periodistas como una modalidad perversa de censura. Cada vez más, el Estado venezolano descuida las formalidades jurídicas y abusa del poder para avanzar en la criminalización del ejercicio periodístico: cuerpos de seguridad, fiscales y jueces siguen lineamientos del oficialismo y actúan coordinadamente para poner al periodismo tras las rejas.

Panorama general

Durante el primer semestre de 2025, el monitoreo de IPYS Venezuela registró un total de 84 casos de violaciones a la libertad de expresión en todo el país, que derivaron en 110 vulneraciones específicas a derechos informativos. Los principales afectados fueron periodistas y trabajadores de la prensa, aunque también se documentaron agresiones dirigidas a medios de comunicación y fuentes informativas.

Los tipos de vulneración más frecuentes destacan las restricciones en internet (33 casos), las agresiones físicas o verbales (23), el discurso estigmatizante (18), las detenciones arbitrarias (11) y las restricciones administrativas (9). También se reportaron restricciones de acceso a la información (7), hostigamiento judicial (6), y un caso de desaparición forzada.

Una de las principales tendencias observadas en este período ha sido el aumento sostenido de las detenciones arbitrarias de periodistas, con 11 trabajadores de la prensa privados de libertad. Esta práctica, que suele ir acompañada de acusaciones desproporcionadas como “terrorismo”, “asociación para delinquir” o “instigación al odio”, ha reforzado el patrón de judicialización selectiva del ejercicio periodístico.

Otra tendencia alarmante ha sido la criminalización de las fuentes informativas, lo que representa una amenaza doble. Por un lado, inhibe la labor periodística; y por otro, socava el derecho de la ciudadanía a acceder a información de interés público. Estas formas de intimidación, especialmente en regiones donde persiste la opacidad institucional, se ha convertido en una estrategia de censura indirecta.

Las víctimas de estas vulneraciones fueron 54 personas identificadas, 40 hombres y 14 mujeres. Aunque estas cifras reflejan una mayor exposición de los hombres a situaciones de riesgo directo, es importante subrayar que en el caso de las mujeres periodistas las agresiones pueden tener impactos diferenciados y más profundos, debido a factores como la estigmatización de género y la afectación de sus entornos familiares.

En cuanto a las profesiones, los reporteros fueron los más afectados (31 casos), seguidos por directivos de medios (7), activistas de derechos humanos (4), editores (4) y otros roles como camarógrafos, conductores de TV, escritores y choferes. También se documentó la afectación de al menos 24 medios o plataformas informativas, de los cuales la mayoría fueron medios digitales (12) y radioemisoras (6), además de cuentas informativas en redes sociales, una agencia de noticias y una televisora.

El actual escenario es el resultado de una política sistemática de erosión de las garantías informativas, que se ha venido consolidando a través de marcos normativos ambiguos, la inacción de las instituciones de justicia, y el uso instrumental del sistema penal como herramienta de castigo.

Desde 2023, en el marco del ciclo electoral, esta dinámica se ha intensificado con medidas más agresivas contra la prensa independiente. La ausencia de mecanismos eficaces de protección, sumada a la concentración del poder y la falta de independencia judicial, ha profundizado un estado de inseguridad jurídica e indefensión estructural para quienes ejercen el derecho a informar. Este deterioro no es casual ni aislado, responde a una estrategia deliberada de control informativo.

Vía El País

La vida de Edmundo González Urrutia (La Victoria, Venezuela, 75 años) ha dado un enorme vuelco en el último año. Las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela el 28 de julio de 2024 otorgaron la mayoría a la candidatura opositora que él encabezaba, según las actas de votación que se hicieron públicas y a las que el régimen de Nicolás Maduro nunca otorgó legitimidad. Pese al reconocimiento como ganador por algo más de una decena de países en el mundo, González, de extensa trayectoria diplomática, acabó refugiado en una embajada (primero en la de Países Bajos, después en la de España) y finalmente se exilió en Madrid. Desde la capital española, el dirigente, de rostro sereno pero marcado por los vaivenes de este periplo, lidera los esfuerzos para que se respete la voluntad de los venezolanos en las urnas.

González es bien conocido en la calle madrileña. “¡Presidente, presidente!“, le grita un repartidor cuando lo identifica en la acera. Minutos más tarde, otro de sus connacionales se acerca para saludarlo y agradecerle ”todo lo que ha hecho». El líder opositor esboza una sonrisa tímida, junta las manos para agradecer el gesto y se dispone a seguir su camino en silencio. González confiesa que estas muestras de apoyo, tras unos últimos meses plagados de dificultades, son oxígeno puro para su movimiento.

Pregunta. ¿Para qué sirvieron las elecciones del 28 de julio del año pasado?

Respuesta. Esas elecciones eran una meta que, evidentemente, no se alcanzó porque no estábamos compitiendo con las mismas reglas. Con reglas democráticas no hubiera pasado lo que pasó. Este es un régimen que se aparta de toda convivencia democrática y que no tiene freno a nada. Nosotros seguimos en nuestra lucha para co recuperar la voluntad popular que se expresó en julio pasado y lo vamos a lograr en cualquier momento. Cada paso es un avance.

P. ¿Considera que ha habido avances para que se reconozca esa voluntad popular?

R. Por supuesto. Cuando uno observa el número de países que nos han reconocido, así como las declaraciones y los acuerdos que se han producido a lo largo de este año, uno ve que la comunidad internacional guarda un claro respaldo a nuestra candidatura. Estamos compitiendo con un gobierno que no tiene límites y que está cada vez más aislado.

P. Pero en el interior sí que mantiene el control del país, más allá del reconocimiento internacional.

R. Se dice mucho del respaldo de las Fuerzas Armadas. En todos los centros de votación que funcionaron en instalaciones militares gané yo. En todos. Esa es la prueba más fehaciente de que ellos están conscientes de que ya perdieron la legitimidad popular que en algún momento tuvieron.

P. ¿Cuál es su papel como líder del movimiento frente al régimen chavista? ¿Se considera una figura moral? ¿Un puente que sirve de enlace con otros países?

R. Claro. María Corina [Machado] es una líder nacional a la que hicieron todo lo posible por acallar. No le permitieron presentarse en las elecciones y le pusieron todas las trabas a su candidatura y ganó ampliamente. Se ha tenido que refugiar y apartarse. No es fácil, claro. Vivir en esta situación implica tener una capacidad de resiliencia muy fuerte. Y en eso estamos. Cada vez que voy al exterior y me encuentro con un dirigente o un presidente extranjero, lo que te dan son ánimos, muchos ánimos.

P. Pero hubo un momento en que parecía haber una mediación internacional, un grupo de países que trataron de impulsar que se reconocieran los resultados. Eso parece haber decaído, ¿qué ha ocurrido?

R. Las negociaciones siguen. Creo que hay muchos gobiernos que están conscientes de que eso fue un megafraude y que, por esa razón, han dejado de reconocer al régimen de Nicolás Maduro. Nosotros estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer. Desde fuera, yo y desde dentro, María Corina, con todas las limitaciones que tiene.

P. ¿Encuentra apoyo en el Gobierno español para extender la causa del reconocimiento internacional?

R. Yo tengo interlocución con todos los sectores políticos de España, empezando por el Gobierno. A los pocos días de haber llegado tuve una muy franca y grata reunión con el presidente del Gobierno. Después he tenido dos conversaciones informales, muy gratas, con el canciller [ministro de Exteriores] Albares. Y he visitado a todos los líderes de los partidos políticos del Congreso de los Diputados.

P. ¿Y eso permanece, no se ha diluido un poco?

R. El respaldo permanece, claro. He estado invitado a actos políticos de los partidos en distintas ocasiones. Y al presidente Sánchez lo vi en Barcelona en octubre.

P. ¿Esa fue la última vez que habló con el presidente Sánchez?

R. Hablamos también en República Dominicana y por teléfono.

P. ¿Y qué le ha dicho?

R. Siempre ha sido muy amable, me ha dado respaldo. Él me dijo: “Usted tiene libertad aquí para hacer todos los contactos que quiera”.

P. La Unión Europea le ha dado un respaldo muy amplio, pero no lo ha reconocido como presidente legítimo. ¿Esperaba más?

R. Siempre hay que esperar lo mejor. Y en eso seguimos trabajando.

P. ¿Cómo evalúa el reciente canje de presos que se ha producido entre Venezuela y Estados Unidos? ¿Es un éxito del régimen o para quienes han salido libres?

R. Yo pienso que es un éxito para quienes lograron la libertad. El Gobierno se empeña en negar que tuvo conversaciones, por ejemplo, con Marco Rubio, que fue un actor clave en las negociaciones. Ahora, hay cosas que son realmente extrañas, como el caso de ese personaje, un asesino de tres personas en España. ¿Cómo llega ese hombre a estar allí? Es algo muy oscuro y sospechoso.

P. ¿Qué puede haber detrás?

R. No sé, pero no creo que haya sido algo ingenuo. Eso tiene que tener una explicación, porque alguien que tiene esos antecedentes…

P. ¿No considera que puede sentar un precedente negativo del uso de los prisioneros como moneda de cambio?

R. Eso es lo que ha hecho el Gobierno, tener rehenes como moneda de cambio. Tienen también lo que se ha llamado la puerta giratoria: liberan a 10 y enseguida meten presos a 15.

P. El asunto de los presos políticos le toca a usted personalmente. ¿Qué sabe de su yerno, Rafael Tudares?

R. No hemos tenido una sola palabra por parte de las autoridades. Lo que sabemos es por comentarios de personas que lo han visto en El Rodeo, donde está en prisión. Mi hija ha ido allá. “Aquí no está”. Esa es la respuesta. Va regularmente, todas las semanas y le dicen: “No, aquí no está”. Eso es una forma de tortura también. Ya casi tiene nueve meses sin verlo.

P. Es una manera de amedrentarlo a usted políticamente.

R. Por supuesto. Es una acción dirigida particularmente hacia mí, para quebrarme.

P. ¿Qué le parece el trato que da Donald Trump a los migrantes, muchos de ellos venezolanos y con los papeles en regla?

R. Es un dilema muy difícil de aceptar. Puede haber personas que hayan tenido temas con la justicia. Pero la mayor parte de ellos son trabajadores que han contribuido al progreso de la región, que tienen muchísimos años viviendo ahí, que se han incorporado a la sociedad norteamericana. Pero mucha gente honesta tendrá que regresar y tratar de rehacer sus vidas.

P. ¿Y Marco Rubio puede ser un interlocutor ahí?

R. Lo ha sido en el pasado. Hemos tenido conversaciones con él sobre ese y otros temas. Siempre ha sido alguien muy dispuesto y muy comprensivo con el tema de los venezolanos.

P. ¿Usted se reuniría con Trump?

R. Si se propone, no veo por qué no.

P. Venezuela celebra unos nuevos comicios municipales este domingo. ¿Tiene sentido volver a participar en las elecciones?

R. Nosotros acordamos no participar porque no son elecciones libres ni justas ni transparentes. Es prácticamente un arreglo que ha hecho el Gobierno para limpiarse la cara y venderse como un gobierno democrático.

P. Cerrada la vía de las urnas, ¿qué opciones quedan?

R. Seguir luchando. Esta es una pelea del bien contra el mal. Es muy desequilibrada porque quien tiene todas las herramientas a la mano, quien está en el poder, las utiliza sin ningún reparo. Y las utiliza en todo sentido, desde las cuestiones morales para quebrarnos, hasta las materiales, como mandarnos a encarcelar.

P. ¿Es una batalla que se debe dar en las calles?

R. Se ha dado. En el pasado hemos luchado en las calles, pero nosotros estamos dispuestos a dar esa batalla cívica por los canales que imponen las reglas de la democracia.

P. Después de toda la presión a la que lo han sometido a usted y a su familia, ¿se volvería a postular como candidato?

R. Bueno, eso lo decidirá el mandato popular, pero yo estoy comprometido y voy hasta el final, hasta que logremos recuperar la libertad y la democracia en Venezuela.

P. ¿No se arrepiente?

R. En absoluto. Lo volvería a hacer con la misma fuerza. Incluso más.

Hay momentos en la vida en que guardar silencio ya no es posible. Momentos en los que necesitamos decir esas palabras que hemos callado durante tanto tiempo, las que traen paz al alma, que liberan lágrimas, pero también siembran esperanza. Hoy es uno de esos momentos, y este mensaje es especialmente para ti, familiar de un militar venezolano: madre, padre, esposa, esposo, abuela, abuelo, hermano o hermana, hijo o hija. Para ti, que cada noche lidias con un torbellino de emociones —preocupación, amor, miedo, y tal vez también ese anhelo profundo de poder volver a sentir orgullo algún día.

Ustedes saben perfectamente lo que sucedió aquel 28 de julio. Nadie tuvo que contárselos, porque ustedes lo vivieron. Salieron temprano, hicieron largas colas, vieron a personas que quizás hacía mucho tiempo no veían. Sintieron en el pecho esa emoción única que se despierta cuando un pueblo entero se pone de pie para buscar justicia, reclamar dignidad, paz y libertad. Fue una jornada histórica, inolvidable. Nadie puede negar lo que sus ojos vieron ni borrar lo que su corazón sintió.

Aquella noche, muchos hogares como el tuyo lloraron. Lágrimas de emoción, de alivio, de esperanza. Porque por un instante, sentimos que Venezuela por fin cambiaría. Lloraron imaginando una nación donde sus hijos, esposos, hermanos o nietos, vestidos con orgullo con su uniforme, podrían servir realmente a su patria. También ellas: hijas, hermanas, madres uniformadas. Mujeres valientes que han jurado proteger, no someter. No para servir a quienes deshonran ese juramento, y traicionan la justicia.

Pero luego llegaron los días grises. Incertidumbre, confusión, mentiras, olvido forzado. Intentaron hacer desaparecer aquel día tan nítido, tan real, en que millones dejaron su mandato soberano. Pero tú lo recuerdas. Lo llevas en la conciencia. Y también sabes quiénes son los que hoy siguen aferrados a un poder vacío, sin respaldo, sostenido únicamente por el miedo y por el uso de militares como escudos de su propia culpa.

Este mensaje no busca señalar ni condenar. Nace del corazón y va directo al tuyo con un pedido profundamente humano: háblale a tu familiar militar. Llámalo, escríbele, abrázalo. Hazle memoria. Recuérdale quién es. Dile con amor que su uniforme no fue hecho para traicionar su conciencia, ni para proteger privilegios ajenos, sino para honrar al pueblo que juró defender.

Dile que sus hijos merecen crecer sin miedo, que sus padres y abuelos merecen despedirse sabiendo que dejan un país digno. Que el juramento que hizo —él o ella— fue con la Constitución, y que esa Constitución —la de verdad— protege a quien lo hizo, a su familia y a toda Venezuela.

Recuérdale que el artículo 328 es claro: la Fuerza Armada Nacional está al servicio de la Nación, no de parcialidades políticas. Y que el artículo 333 lo llama —moral y legalmente— a restituir el orden constitucional cuando ha sido quebrado. Y ha sido quebrado. Ustedes lo saben.

El mandato del 28 de julio no puede ser ignorado ni burlado. No puede ser pisoteado por quienes ya no representan a nadie más que a ellos mismos.

Lo dice con claridad el artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Y ese pueblo la ejerció el 28 de julio. Millones lo hicieron de forma directa y pacífica, a través del sufragio, como dicta la ley. Ese mandato popular no puede ser negado por ningún poder que pretenda colocarse por encima de la voluntad nacional. Los órganos del Estado emanan de la soberanía del pueblo y están sometidos a ella, no al revés.

María Corina Machado, vicepresidenta electa y líder valiente, junto a Edmundo González Urrutia, presidente electo, representan hoy el salvoconducto para ti y tus compañeros. Son la garantía de una transición pacífica, sin persecuciones ni revanchas. María Corina viene a tender la mano, a ofrecer protección y amnistía para quienes elijan el camino correcto, a construir puentes hacia la reconciliación. Pero que no queden dudas: la justicia también llegará para quienes abusaron del poder y traicionaron al país.

Lo has vivido. Se llevan a compañeros de armas. No en silencio: los silencian. Los sacan de los cuarteles con acusaciones huecas, mientras otros —los que firman, los que callan— bajan la mirada, incapaces de sostener el peso de lo que permiten. Como si decir la verdad fuera traición. Como si obedecer a la conciencia fuera motivo de castigo. Has pasado frente a sus literas vacías, donde aún flota el eco de una broma… o un “nos vemos mañana” que nunca se cumplió. Las botas que solían alinearse junto a las tuyas ya no están. Tampoco sus uniformes, que ahora cuelgan como sombras en depósitos cerrados, esperando a quienes quizás no regresen.

Y en las casas… en esas casas donde una madre hierve el café esperando escuchar la llave girar, hay una silla menos en la mesa, un plato que no se sirve, una risa que se apaga. Esa ausencia no es ajena: te duele a ti también, aunque calles. Aunque saludes y obedezcas. Porque esa angustia no respeta rangos ni galones: la respiran tus hijos, la presienten tus padres, la cargan quienes te aman sin entender en qué momento esto dejó de ser patria y empezó a ser prisión.

Por eso este mensaje importa: porque ya no basta con mirar desde lejos ni obedecer en silencio. Lo que está en juego no es solo tu uniforme, es la conciencia de una nación, es el alma herida de un país que aún late. Y lo que tú decidas hoy, puede comenzar a sanar lo que el miedo, la injusticia y el abandono nos han intentado quitar.

Y cuando el país se recupere —porque lo hará— no solo serán recordados los que resistieron, sino también los que se atrevieron a rectificar.

Un hecho reciente confirma que el mundo ya no está dispuesto a mirar hacia otro lado. Al declarar oficialmente al Cartel de los Soles como una Organización Terrorista Global Especialmente Designada (SDGT) bajo la Orden Ejecutiva 13224, el gobierno de los Estados Unidos activó mecanismos legales más amplios y agresivos para perseguir a quienes estén vinculados con esa organización. Ya no es una advertencia: es una decisión. Y sus consecuencias son reales.

Familia venezolana: este mensaje está en tus manos. Léelo con el corazón abierto, con la valentía que se cultiva en los hogares donde se ama al país de verdad. Compártelo con tu familiar militar. Háblale desde el amor, desde esa verdad que no hiere, sino que alivia y despierta. Dile que estas palabras nacen del alma herida pero invencible de un pueblo que no se rinde.

Recuérdale la dignidad con la que saliste aquel 28 de julio. Él —o ella— también estaba allí. Fue testigo. Vio a su pueblo llenar las calles. Leyó los resultados que nadie pudo ocultar, escuchó el murmullo que recorrió los pasillos del cuartel… y sintió —como tú— que, desde ese día, algo había cambiado para siempre.

Dile que no está solo. Que una nación entera lo acompaña. Que el mundo lo observa. Y que su decisión, hoy más que nunca, importa.

Y cuando esta tormenta pase —porque está por pasar— sabrá que estuvo del lado correcto de la historia: del lado del amor que resiste, de la justicia que despierta, de la paz que por fin se acerca. Porque esta lucha nunca fue por poder. Fue —y sigue siendo— por dignidad. Por ese país que nuestros hijos merecen habitar.

Una patria no se levanta con armas ni con órdenes que contradicen la conciencia. Se levanta con coraje, con memoria… y con un amor inquebrantable por la verdad.

Que estas palabras lleguen a quienes amas, y que, al compartirlas, sientas que estás encendiendo una luz. Porque muy pronto —más pronto de lo que muchos creen— recordaremos este momento como el día en que comenzamos, juntos, a recuperar Venezuela.

Con todo nuestro corazón, nuestra esperanza y nuestro respeto,

El pueblo venezolano

Vía ABC

Sus servicios de inteligencia han advertido varias veces de que necesitan un «camino limpio» de equipos chinos

Antes de adjudicar a Huawei el contrato de almacenamiento de las escuchas judiciales, el Gobierno español sabía que la información que Estados Unidos comparte con nuestro país está condicionada a que «no esté comprometida en ningún momento», según ha podido saber ABC de fuentes implicadas en la seguridad nacional.

«Estados Unidos ha advertido varias veces de que necesita un ‘clean path’ (camino limpio) para pasar información», explican. Esta reclamación implica que España no contrate con empresas chinas ningún servicio o equipamiento que pueda acabar afectando a la información confidencial que Estados Unidos comparte con nuestro país si quiere seguir recibiéndola. El aviso empezó a producirse a partir del primer mandato de Donald Trump en Estados Unidos y no es una posición solo de Washington sino que encaja con las directrices de la Unión Europea y de la OTAN.

Por eso, a las citadas fuentes no les extraña en absoluto que las dos máximas autoridades en inteligencia del Congreso, el senador Tom Cotton y el diputado Rick Crawford, pidieran la semana pasada a la directora nacional de inteligencia, Tulsi Gabard, que no se comparta con España ningún tipo de información que Estados Unidos no quiera que acabe en manos del Partido Comunista Chino.

«Entra dentro de lo previsible que un contrato como el de Huawei escandalice a Estados Unidos y a Bruselas», subrayan, sin querer entrar en si la licitación respondió a que el Ministerio del Interior pecó de ingenuo al pensar que no era problemática o existió una directriz para no impedir que Huawei terminara haciéndose con ella.

Si bien la seguridad es la primera motivación de Estados Unidos y la Unión Europea para expulsar a Huawei y a ZTE (el otro gran operador chino de equipamiento) de las telecomunicaciones y las redes, fuentes de Inteligencia consultadas por ABC ponen sobre la mesa el segundo motivo que existe en el caso de Washington: el comercial, en el sentido de potenciar que sus aliados compren los equipos a empresas norteamericanas. «Es normal que Estados Unidos prefiera que se utilice su tecnología para los intercambios de información con terceros, pero detrás de ello también hay un tema comercial que es bastante evidente. Lo cierto es que esto se ha ido de madre, no da mucho más de sí», precisan fuentes de Inteligencia consultadas por ABC.

En este sentido consideran que la contratación de tecnología de Huawei por parte del Ministerio del Interior «ha sido un claro ejemplo de lo que se conoce como una ‘acción de influencia’ contra China, en la que Estados Unidos ha aprovechado la polémica para poner bajo sospecha a una empresa de comunicación de ese país con el objetivo de presionar para que se contrate tecnología norteamericana, o israelí». «Prefieren, claro, que las adjudicaciones recaigan en firmas norteamericanas», subrayan.

La factura de la OTAN

Aunque tal como adelantó ABC los servicios de inteligencia españoles consideran una «metedura de pata» la contratación hecha por el Ministerio del Interior, sobre todo porque ofrecía a Estados Unidos una oportunidad perfecta para pasar factura a España en un momento en el que las relaciones entre ambos países atraviesan por uno de sus peores momentos, las mismas fuentes advierten de que se trata de una polémica en parte artificial. «Lo que se ha comprado son sistemas de almacenamiento de información que no están conectados con la red, de modo que un tercero no puede conocer los datos almacenados sin tener acceso físico a esos sistemas», precisan.

Hay que entender además el momento en que ha surgido este asunto, poco después de una cumbre de la OTAN en la que España ha sido el único socio que no se ha comprometido a destinar el 5 por ciento de su presupuesto a gasto de Defensa, lo que provocó la indignación de Donald Trump: «Primero amenazó sólo a España con subirle los aranceles, lo que no pudo porque la negociación es con el conjunto de la Unión Europea; y este tema le vino de maravilla para ‘tocar las narices’, dicho de forma gráfica».

Este tipo de adjudicaciones de tecnología sensible para la seguridad se hacen siguiendo las directrices que se fijan en el Esquema Nacional de Seguridad, y «así ha ocurrido también en esta ocasión», precisan las citadas fuentes. «Si hay licitación y no existe la prohibición expresa por parte del Gobierno de contratar con empresas de un país determinado, entra a operar el aspecto económico y la administración está obligada a elegir la oferta más barata».

Ley de seguridad china

En este punto hay otro ejemplo muy claro: «No se puede contratar con empresas rusas, porque estamos enfrentados a ese país por la invasión de Ucrania; pero en ningún lado figura la prohibición de hacerlo con compañías chinas, como ha sucedido en esta ocasión».

Y ésta es la gran cuestión, porque es una asignatura que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene pendiente desde que aprobó el decreto-ley 7/2022 para garantizar la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas 5G. El Gobierno de Pedro Sánchez lo aprobó para integrar las directrices de la Unión Europea incluyendo una disposición para señalar a los operadores que deben considerarse de alto riesgo (Huawei y ZTE con toda seguridad), pero nunca se ha atrevido a hacerlo

Sin embargo, añaden, «tampoco se puede pasar por alto el hecho de que la ley de seguridad nacional china obliga a todas las empresas del país a facilitar al Gobierno toda aquella información que le sea requerida en cualquier momento y a la que haya tenido acceso». El Partido Comunista Chino no necesita ni siquiera acudir a los tribunales del país para tener acceso a esa información; le sirve simplemente con requerírsela a la empresa y la facilitación de la misma, lógicamente, no tiene que ser comunicada por la empresa china a sus clientes, de tal manera que la información que circule por un equipamiento chino no está asegurada.

Como es lógico, esta normativa legal levanta susceptibilidades y, por ejemplo, provoca que Bruselas haya emitido la directriz de dejar fuera del 5G a toda la tecnología china, ya que es más vulnerable a las intrusiones. España, por el momento, ha acatado esa línea aunque estuvo cerca de saltársela en el contrato para el desarrollo del 5G en todas las poblaciones de más de 10.000 habitantes.

La adjudicación se llevó a cabo con un importante volumen de ayudas europeas y una de las condiciones impuestas desde Bruselas fue que no pudiera entrar ningún tipo de equipamiento chino en el desarrollo. Esta condición fue determinante para bloquear a Huawei, que con el potente lobby con el que trabaja ya se había movilizado para intentar entrar en la adjudicación.

Por Andrés Lugo Vivas — Analista Energético y Geopolítico

Cuando Nicolás Maduro se sienta frente a las cámaras de TeleSUR y lanza uno de sus monólogos triunfalistas, lo hace convencido de que la retórica puede seguir sustituyendo a la realidad. Pero basta mirar con lupa la madeja petrolera de Venezuela para comprobar que su discurso hace agua por todos lados. El caso Chevron–Exxon–Guyana expone, quizá como ningún otro, la inviabilidad de la narrativa chavista de “soberanía energética”.

En menos de cuatro meses, el propio Maduro pasó de felicitar a Chevron —su viejo socio norteamericano— por el regreso “triunfal” al país, a denunciar a ExxonMobil —su vieja enemiga imperialista— por saquear el Esequibo con complicidad de Guyana. Hoy, la ironía es brutal: Chevron, el invitado de honor en Miraflores, se ha convertido en socio directo de Exxon en el bloque petrolero más lucrativo de América del Sur, situado precisamente en aguas que Caracas reclama como suyas

De enemigos y amigos

La contradicción es tan obvia que hasta en la calle la entienden: mientras el régimen organiza referendos y amenaza con cárcel a quien cuestione la causa del Esequibo, su mayor esperanza para levantar la golpeada producción interna de PDVSA es la misma Chevron que ahora bombea crudo junto a Exxon y la estatal china CNOOC frente a las costas de Guyana.

ExxonMobil, demonizada como símbolo de la rapiña imperialista desde la estatización de sus activos en 2007, se transformó en el villano favorito de la narrativa bolivariana. Fue Exxon la que se negó a someterse a las reglas del chavismo cuando Hugo Chávez decidió sepultar la Apertura Petrolera y reemplazarla por un esquema de control estatal. Fue Exxon la que ganó un millonario arbitraje internacional. Y es Exxon la que ahora convierte a Guyana —el vecino “usurpador” del Esequibo— en una potencia energética emergente que ya produce más barriles diarios que buena parte de la OPEP.

El Esequibo como bandera sin pólvora

Con el referéndum de finales de 2023, Maduro creyó haber encontrado oro político: agitar la bandera del Esequibo como cortina de humo ante la crisis interna. Retórica de soberanía, héroes imaginarios, acusaciones de traición a todo aquel que dude del reclamo. Pero la bandera choca con la pared de la realidad: no hay Fuerza Armada, ni diplomacia, ni músculo económico capaz de frenar la maquinaria Exxon–Chevron–CNOOC en el bloque Stabroek, uno de los mayores hallazgos offshore del siglo XXI. CNOOC, además, no es cualquiera: es la estatal china cuyo dueño es el “socio estratégico” que Maduro presenta como su hermano mayor para resistir a Estados Unidos.

Un cuadrilátero sin escapatoria

Así se dibuja el cuadrilátero geopolítico que Maduro no puede sostener sin tragarse su propio discurso:

Maduro necesita a Chevron para mantener con vida a PDVSA, quebrada, sin tecnología ni flujo de caja.
Chevron es ahora socio directo de Exxon, el archienemigo que “instiga el despojo” en el Esequibo.
Exxon y Chevron fortalecen a Guyana, el país que Caracas amenaza con “recuperar” mediante fantasías plebiscitarias.
Guyana y China (vía CNOOC) completan la ecuación, dejando claro que incluso el supuesto “aliado asiático” prefiere sus dividendos offshore antes que la causa bolivariana.

Para colmo, si Estados Unidos vuelve a cerrar el grifo de las licencias, Chevron se va, y con ella se esfuma la última válvula de oxígeno de la industria venezolana. Lo mismo pasa si Venezuela decide “castigar” a Chevron por bombear petróleo en Guyana: sería un disparo en el pie de su propia producción nacional.

Soberanía de palabras, dependencia de hechos

En definitiva, el cuadrilátero Maduro–Chevron–Exxon–Guyana demuestra una verdad incómoda: la llamada soberanía petrolera es hoy un espejismo que vive de la chequera y la tecnología de las mismas transnacionales que el chavismo demoniza.

El discurso de la independencia energética suena bien en cadenas de televisión, pero el Orinoco sigue sin producir sin perforadoras ni diluyentes. La Faja no bombea sin know-how foráneo. Y el Esequibo, a golpe de barriles, ya no depende de Caracas, sino de Georgetown, Houston y Beijing.

En algún momento, Maduro tendrá que elegir: seguir en campaña eterna usando el Esequibo como fetiche electoral o reconocer que su modelo colapsó y que cada día que pasa, Guyana le pasa por encima —con ayuda de Chevron y Exxon— mientras en Caracas se limitan a aplaudir licencias y a inventar enemigos que también son socios.

Hasta entonces, la narrativa petrolera seguirá flotando en la burbuja de siempre: pura retórica, cero soberanía.

Vía Semana

En un mundo donde proliferan los gobernantes mediocres, autoritarios, corruptos, pendencieros, incoherentes y falsos, donde votamos con frecuencia sin ilusión y más en contra que a favor de un candidato, María Corina Machado representa el liderazgo soñado. Una persona fiel a sus principios, coincidentes con los de cualquier amante de las libertades; una dirigente que persigue y sacrifica su vida para recobrar los derechos y los anhelos de sus compatriotas. Una mujer capaz de ceder su lugar con tal de avanzar en un largo proceso desbordado de atropellos, desgracias, decepciones y traiciones

Hace un año, por estas fechas, en vísperas del mítico 28 de julio, todo eran alegrías, esperanza, ilusiones, sonrisas, entusiasmo. Después de tanto padecimiento, María Corina había prendido la luz al final del túnel. La caída se antojaba cercana. Bastaba un empujoncito para derribar la dictadura.

Con tesón y una fe inquebrantable, ella sola había obrado el milagro. Devolvió la esperanza a millones de venezolanos resignados a soportar otras décadas de una existencia miserable.

La proeza de aquella jornada pasará a la historia como la más extraordinaria lucha pacífica de todo un país para sacudirse el yugo de los tiranos. No solo María Corina y su equipo orquestaron un plan perfecto, impecable, destinado a certificar ante el mundo que su victoria era incontestable. También la gente del común hizo acopio de una valentía que creían exterminada y, además de acompañar en las calles a la más admirable líder que hayan tenido nunca, salieron a votar sorteando todos los obstáculos.

Echando la vista atrás, sigo pensando que faltó que el millón de ciudadanos que celebraba en Caracas el aplastante triunfo hubiese caminado hasta Miraflores para sacar al sátrapa del palacio. En ese glorioso momento, era una multitud imparable, decidida, envalentonada. Nadie habría podido detenerla. Sumado al secreto apoyo de militares hastiados de la dictadura cleptómana.

También era comprensible que confiaran en que el mundo occidental y los Gobiernos latinoamericanos democráticos acudirían al rescate del mandato de las urnas. Que, por una vez, actuarían de forma implacable para obligar a la mafia chavista a salir por las buenas. Aceptaban pagar el precio de dejarlos escapar hacia un exilio dorado financiado con plata robada al erario.

Un año después, y pese a la frustración de reconocer que ganaron la batalla los criminales con las trampas de siempre y aun con mayor descaro, he multiplicado al infinito la profunda admiración hacia María Corina Machado.

Hay que tener una fe ciega en el futuro, espíritu combativo inquebrantable, amor al país, a la libertad y a sus compatriotas para resistir no solo las torturas locales, sino las bofetadas de los países amigos y de las supuestas naciones hermanas.

No sé cómo hará para levantarse cada mañana, entre las cuatro paredes donde permanezca escondida, con la moral en alto y mostrando idéntica fortaleza en las entrevistas que acepta para que el mundo no olvide la causa venezolana.

Ha sobrellevado la inocultable debilidad de Edmundo González –única opción que había–, aunque ahora pueda ser entendible teniendo a su yerno secuestrado por los matones y amenazada su hija. También, la puñalada trapera de Rosales y demás alacranes. La misma que le asestaron Gustavo Petro y Lula da Silva. De pronto ella no esperaba la del cordobés, aunque en Colombia no sorprendió a nadie. Ni siquiera se debe definir como “trapera”. La clavó de frente y con la altanería del exguerrillero que amaba a Hugo Chávez.

Pero, quizá, lo más duro para Machado haya sido el errático comportamiento del impresentable Trump, máxime tras la designación de Marco Rubio como secretario de Estado. La decisión de que Washington aceptará los resultados electorales de cualquier nación, que dejará de ser el estandarte de las cruzadas por la democracia, supone un duro revés.

Entretanto, y mientras devuelve a Chevron el aval para explotar petróleo en Venezuela, oxígeno para el tirano, amenaza con aranceles del 50 por ciento a Brasil si no cierran el proceso contra Jair Bolsonaro. Concesiones a la dictadura que mata y encarcela opositores y castigo a un Estado de derecho, por imperfecto y torcido que sea su sistema judicial.

Ni qué decir del pacto con Maduro para intercambiar reclusos. Permitió al capo venderlo como un triunfo personal, ni siquiera entregó los 80 presos políticos comprometidos; al día siguiente detuvieron a unos cuantos más para reponer el inventario, y entre los 10 gringos que volaron a su país incluyeron a un asesino de tres inocentes, condenado a 30 años.

Podría seguir con el listado de golpes, pero solo con los descritos muchos líderes se habrían rendido. Pero “rendirse” es un verbo que no existe para María Corina.

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) comenzó este viernes el despliegue de 32 observadores de largo plazo en los nueve departamentos de Bolivia, como parte del acompañamiento al proceso electoral en curso. Entre ellos, cuatro ya fueron destacados al Chapare y al trópico de Cochabamba, zonas consideradas de alta conflictividad.

Durante tres días en La Paz, el equipo recibió capacitación intensiva en logística, seguridad, normativa electoral, tecnología y primeros auxilios, además de información detallada sobre la organización del proceso por parte del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y el funcionamiento del Sistema de Recolección y Publicación de Resultados Preliminares (Sirepre), que este domingo será sometido a un simulacro.

Alexander Grey, jefe adjunto de la misión, destacó que los observadores permanecerán en el país hasta después del día de la votación y, de ser necesaria una segunda vuelta, la misión extenderá su permanencia. Además, anunció que en la semana previa a la elección se sumarán 50 observadores de corto plazo, así como una delegación de parlamentarios europeos y representantes de embajadas de Estados miembros de la UE, lo que elevará a más de 100 el número de observadores desplegados.

“Hoy estamos desplegando a los nueve departamentos del país, es decir, vamos a cubrir todo el territorio nacional. Nuestros 32 observadores de largo plazo permanecerán en los departamentos hasta después del día electoral”, afirmó Grey.

Consultado sobre los riesgos en zonas de conflicto, Grey aseguró que se cuenta con garantías del Estado boliviano para realizar el trabajo sin restricciones: “El derecho al voto es fundamental y entendemos que tanto el Gobierno como el TSE están haciendo todos los esfuerzos posibles para garantizar elecciones en esas zonas”.

El representante europeo recalcó que la misión se mantendrá neutral y que su labor se basa en contrastar la normativa electoral boliviana con los tratados internacionales suscritos por el país. “Observamos el desarrollo del sistema de transmisión de resultados preliminares, pero no auditamos el software ni su código fuente”, precisó.

La MOE UE presentará un informe preliminar el 19 de agosto, dos días después de la jornada electoral. El documento final, que incluirá recomendaciones para fortalecer futuros procesos, se difundirá semanas más tarde.

La Unión Europea ha acompañado procesos electorales en Bolivia desde 2006 y, desde el año 2000, ha desplegado más de 200 misiones en 75 países

Anoche, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó formalmente al Cartel de los Soles, una red criminal “liderada por Nicolás Maduro Moros y otros altos funcionarios del régimen de Maduro”, como Organización Terrorista Global bajo la Orden Ejecutiva 13224.

Según la OFAC, este cartel ha “corrompido las instituciones del Estado venezolano, incluyendo sectores del ejército, los servicios de inteligencia, el poder legislativo y el judicial”, para facilitar el narcotráfico hacia Estados Unidos. Apoya tanto al Tren de Aragua como al Cartel de Sinaloa, convirtiendo a Venezuela en una plataforma de criminalidad hemisférica y global.

La designación no deja lugar a dudas. Maduro, oficialmente declarado dictador en 2017, acusado de narcotráfico y con recompensa sobre su cabeza desde 2020, y contundentemente derrotado en las elecciones presidenciales de 2024, es ahora descrito como jefe de una estructura criminal que usa las drogas como arma, las instituciones como escudo y el poder del Estado como herramienta del crimen organizado.

Las implicaciones de las sanciones de OFAC son igualmente claras: “Todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) por EE.UU. que involucren bienes o intereses en bienes de personas bloqueadas” están generalmente prohibidas. Cualquier entidad con 50% o más de propiedad de personas designadas también queda bloqueada. Las violaciones conllevan responsabilidad objetiva y pueden acarrear severas sanciones civiles o penales.

Y, sin embargo, en simultaneo, en una muestra de alarmante incoherencia, la Administración de Donald Trump decidió sorpresivamente, y con un macabro sentido del momento, revertir su postura sobre las sanciones petroleras y renovar la licencia de Chevron para operar en Venezuela.

¿Cómo pueden convivir ambas decisiones? Si Chevron realiza transacciones que beneficien a PDVSA, al Estado venezolano o a cualquier entidad controlada por Maduro y su círculo cercano, corre el riesgo de canalizar apoyo material a individuos que ahora han sido oficialmente definidos como terroristas. Ya sea mediante pagos en especie, cooperación logística o uso compartido de infraestructura, las consecuencias no son teóricas. Son penales.

Esto no es una mera confusión de políticas. Es un colapso institucional. El mismo gobierno que define al régimen de Maduro como una empresa terrorista no puede, al mismo tiempo, facilitar acuerdos energéticos opacos, politizados y resultado de cabildeo descarado. Chevron, una empresa estadounidense con largos vínculos con el chavismo, enemigo despiadado de la lucha venezolana por la libertad, navega hoy un terreno lleno de minas legales y éticas.

Durante décadas, Washington —plenamente consciente de la naturaleza y actividades criminales de la cúpula bolivariana— ha interpretado erróneamente a Venezuela, oscilando entre la indiferencia, la improvisación y un involucramiento criminalmente ingenuo. El régimen de Chávez y Maduro convirtió esa ambigüedad en mecanismo de supervivencia. Cada vacilación, cada rendija, les compró tiempo y ‘legitimidad’.
Años de diplomacia irresponsable en Washington agravaron la desesperación de millones que no tuvieron otra opción que huir de lo que sigue siendo, a la luz de los hechos, el secuestro masivo de una nación entera.

Pero este momento es distinto. Las designaciones ya no son gestos simbólicos. Diagnostican el cáncer. Señalan sus causas. Mapean su estructura. Deben definir líneas rojas, objetivos y plazos para la política. Y establecen consecuencias bajo la ley estadounidense.

Cuando se escriba la historia completa del colapso venezolano, no se detendrá en los hombres y mujeres – generales, ministros y represores – que desmontaron una república. También dejará al descubierto a los actores internacionales, públicos y privados, que conociendo los hechos, prefirieron la comodidad, la complicidad o el lucro por encima de las consecuencias.

Algunos regímenes trafican con drogas. Otros, con ideología. El de Venezuela hace ambas cosas. Y ahora, Estados Unidos lo ha dicho con claridad.

Pero las palabras no bastan. La política debe alinearse con el diagnóstico correcto. Y la justicia debe ser la base de una transición larga y compleja para salir de esta pesadilla que ya lleva dos décadas y media.

@pburelli

Hoy 26 de julio se cumplen 14 años de la creación del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (MPPSP), el cual en 2011 fue presentado como una solución innovadora para transformar el sistema carcelario venezolano. Sin embargo, a más de una década de su existencia, los resultados concretos son escasos, las violaciones a derechos humanos se han profundizado y el sistema penitenciario sigue inmerso en una crisis estructural que se agudiza con cada nuevo anuncio oficial.

El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario fue creado durante el gobierno de Hugo Chávez, con Iris Varela como su primera ministra. Desde sus primeros días, la gestión de Varela se caracterizó por una retórica triunfalista, pues ella misma llegó a afirmar que Venezuela contaba con “el único ministerio penitenciario del mundo” y que el país ya casi alcanzaba la cobertura total del denominado “Nuevo Régimen Penitenciario”, que no son más que prácticas militares de régimen cerrado que violan el derecho a la dignidad humana.

No obstante, los motines sangrientos, las fugas masivas, el hacinamiento extremo y el retardo procesal estructural desmintieron esa narrativa oficial. A lo largo de los años, otros ministros pasaron por la cartera, como Mirelys Contreras, cuyo paso fue considerado una continuación sin resultados tangibles, y más recientemente Celsa Bautista Ontiveros, una militar sin experiencia técnica que fue designada en medio de denuncias por corrupción y violencia dentro de los recintos penitenciarios.

Su salida en 2024 fue consecuencia directa de las huelgas carcelarias que se extendieron por más de 19 centros de reclusión a nivel nacional, con la participación de más de 50.000 personas privadas de libertad. En su lugar fue designado Julio García Zerpa, quien asumió el cargo con promesas de revisión del sistema que hasta la fecha no han sido cumplidas.

Uno de los aspectos más reveladores del fracaso institucional ha sido la proliferación de planes oficiales. Entre 2011 y 2024 se han anunciado 18 planes, desde el “Plan Cayapa” hasta el más reciente “Plan Nacional de Redenciones 2024-2025”.

Entre ellos figuran iniciativas como “Llegó Máita”, “Visión Libertaria”, “Bienestar Familiar”, “Plan de Impulso Procesal” y el “Plan de Fortalecimiento Textil”. Pese a la abultada lista, no existe evidencia pública que permita conocer cuántas personas han sido beneficiadas ni cuál ha sido el verdadero alcance de estas políticas.

Es por ello que desde el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) hemos denunciado reiteradamente que se desconoce el impacto real de estos planes, lo que impide evaluarlos con rigor. En la práctica, estas iniciativas terminan convertidas en anuncios sin continuidad, sin presupuesto claro y sin transparencia.

En el plano normativo, las reformas tampoco han cumplido con los principios constitucionales ni con estándares internacionales. En 2012 se reformó el Código Orgánico Procesal Penal para aumentar el tiempo de cumplimiento de pena antes de optar a fórmulas alternativas.

Se establecieron excepciones para determinados delitos, lo que restringió aún más el acceso a medidas de redención judicial. En 2015 se promulgó un nuevo Código Orgánico Penitenciario, reformado en 2021, que derogó la Ley de Régimen Penitenciario y la Ley de Redención Judicial de la Pena por el Trabajo y el Estudio.

Lejos de significar un avance, este código consolidó prácticas regresivas y violatorias de derechos humanos. Por ejemplo, eliminó el marco de protección para las personas privadas de libertad, avaló el uso de armas contra las “extremidades inferiores” de los reclusos, lo que, en la práctica, otorgó una licencia para matar y contradijo principios constitucionales como la descentralización y el respeto al debido proceso. A pesar de su vigencia, el código sigue sin contar con un reglamento operativo.

En términos de reinserción social, el discurso oficial ha insistido en la existencia de programas productivos, educativos y culturales, principalmente a través del Instituto Autónomo Caja de Trabajo Penitenciario (IACTP). Sin embargo, no existen cifras públicas sobre cuántas personas han participado en estos programas ni cuál es su efectividad real en la reducción de la reincidencia.

La opacidad institucional impide verificar si estas actividades han tenido algún impacto positivo en la vida de las personas privadas de libertad, más allá del uso propagandístico que les ha dado el régimen. El deterioro de las condiciones de reclusión ha quedado expuesto en tragedias como la masacre de Yare I en 2012, la tragedia de la Comandancia General de la Policía de Carabobo en 2018 con 68 fallecidos, y el motín de Guanare en 2020, donde murieron 47 personas.

Estos eventos reflejan el colapso total de la gestión penitenciaria: cárceles sobrepobladas, personal sin formación, bandas armadas con poder interno, falta de atención médica, alimentos en descomposición y la constante violación del derecho a ser juzgado por un tribunal competente y en un plazo razonable.

En este sentido, no hay ninguna duda de que el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario ha fracasado en sus objetivos fundamentales: garantizar condiciones dignas de detención, respetar los derechos humanos de las personas privadas de libertad y establecer un sistema basado en la reinserción, no en el castigo y la venganza.

Lejos de avanzar, el modelo penitenciario se ha convertido en un instrumento de control, represión y muerte. Las denuncias de tortura, corrupción, extorsión y tráfico dentro de las cárceles son moneda corriente, mientras que el régimen ha abandonado su deber de servir a las personas privadas de libertad y no servirse de ellos.

A 14 años de su creación, el balance es devastador. Se ha creado un aparato burocrático sin capacidad de transformación real, con ministros que rotan sin dejar huella y con políticas que se quedan en el papel. El sistema penitenciario venezolano no necesita más planes ni promesas: necesita transparencia, rendición de cuentas, voluntad política y respeto por la dignidad humana. Sin eso, cualquier reforma será otra promesa fallida en la larga lista de fracasos del Ministerio para el Servicio Penitenciario.

En estos 14 años el régimen no solo ha sido incapaz de transformar el sistema carcelario, sino que ha dejado un saldo trágico que revela la magnitud del fracaso institucional: 3.528 personas murieron y 5.094 resultaron heridas en centros de reclusión, lo que eleva a 8.532 el número total de víctimas por violencia y falta de atención médica.

En conclusión, el problema penitenciario es la falta de gerencia, experticia y disposición para solucionar este problema y la pobre justicia humana que lamentablemente tenemos en nuestro país.

Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones

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