Morfema Press

Es lo que es

DBuford

Seis organizaciones internacionales, entre las cuales está Amnistía Internacional (AI), denunciaron este viernes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) «la política sistemática y sostenida de represión» en contra de personas defensoras de los derechos humanos en Venezuela pocas horas antes de que el país celebre sus elecciones municipales.

Las organizaciones, que se presentaron ante la Corte en representación de organizaciones nacionales venezolanas, alertaron en un comunicado que el Estado venezolano ejerce «una serie de patrones que evidencian una estrategia deliberada de castigo y disuasión» contra defensores de derechos humanos a través de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y malos tratos, anulación de pasaportes, criminalización, vigilancia digital, amenazas y campañas de estigmatización».

De acuerdo con el comunicado, en la primera mitad del 2024 se registraron más de 592 ataques en contra de personas defensoras y la tendencia se recrudeció tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que Nicolás Maduro fue proclamado vencedor por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en un proceso que es tachado de fraude por la oposición y que despertó amplias protestas en el país.

En lo que va de 2025, las organizaciones contabilizan 236 ataques más, entre las cuales denuncian desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y acusaciones de terrorismo «sin pruebas».

Otro mecanismo represivo destacado por AI es la anulación arbitraria de pasaportes de las personas defensoras y de sus familiares, sin justificación ni notificación oficial. Según un informe del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que también firma el comunicado, al menos 40 personas perdieron sus pasaportes como medida para «silenciar voces».

Las organizaciones también denunciaron la Ley de Fiscalización de ONG, aprobada en agosto de 2024, por cerrar el espacio público y establecer «sanciones desproporcionadas, requisitos onerosos e imposibles de cumplir, a la vez que generado un ambiente de hostilidad y vigilancia contra organizaciones que defienden derechos humanos».

Ante la crisis de Venezuela, Amnistía reafirma y dignifica el compromiso de las personas defensoras de los derechos humanos en el documentar, acompañamiento a las víctimas y en la denuncia de las violaciones a sus derechos.

«Su labor es esencial para preservar la memoria, la verdad y sentar las bases de la rendición de cuentas futura. Su protección y acompañamiento requiere un compromiso firme, sostenido y diferenciado por parte de los mecanismos internacionales de derechos humanos y la comunidad internacional», concluye el comunicado.

Además de AI y el CEJIL, también firman la declaración la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y el Robert F. Kennedy Human Rights Center (RFKHR).

Esta denuncia llega dos días antes de las elecciones municipales en Venezuela, que se celebrarán el próximo domingo para elegir 2.806 cargos, de los cuales 335 son alcaldes y 2.471 son concejales.

En estas votaciones no participa el sector mayoritario de la oposición, liderado por María Corina Machado y Edmundo González, por mantener la acusación de fraude contra el CNE en las presidenciales de 2024.

EFE

Vía El Debate

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, afirmó este sábado que reconocer formalmente a Palestina como Estado, sin que exista de facto, «puede ser incluso contraproducente». Así lo declaró tras el anuncio del presidente francés, Emmanuel Macron, quien confirmó que Francia dará ese paso en septiembre, durante la Asamblea General de la ONU.

«Así se lo he dicho a la propia autoridad palestina y también a Macron», señaló Meloni en una entrevista publicada por La Repubblica. «Si se reconoce sobre el papel algo que no existe, se corre el riesgo de que el problema parezca resuelto cuando no lo está», agregó. Aunque reiteró su apoyo a la idea de un Estado palestino, recalcó que no respalda su reconocimiento unilateral antes de que se inicie «un proceso real para su constitución».

En la misma línea, el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, puntualizó que Italia defiende la solución de «dos pueblos y dos Estados», pero advirtió que el eventual reconocimiento del Estado palestino debería ir de la mano con garantías de seguridad para Israel.

La posición italiana contrasta con la del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien celebró la decisión francesa y la interpretó como un paso clave para sumar apoyos dentro de la Unión Europea. El movimiento también fue bien recibido por el grupo islamista Hamás, que lo calificó como «una medida positiva en la dirección correcta».

El anuncio de Macron ha provocado reacciones divididas. Israel lo condenó al considerar que «recompensa el terror», mientras que Estados Unidos, a través de su presidente Donald Trump, lo calificó de «sin peso» y advirtió que Hamás «quiere morir». Por su parte, el portavoz del Gobierno alemán, Stefan Kornelius, descartó un reconocimiento inmediato, pero no lo descartó «al final de un proceso de paz real».

Tanto María Corina Machado como Edmundo González, en sus recorridos por los pueblos de Venezuela, le hablaron con la mayor franqueza a los ciudadanos que venciendo todo tipo de dificultades, acudían a los actos de calle a escuchar sus discursos. Esos mensajes de María Corina y Edmundo estaban siempre presididos por la verdad, al confesar e ilustrar a las audiencias populares a las que se dirigían, diciéndoles que no encaraban «una simple y convencional campaña electoral, sino un desafiante y formidable combate entre el bien y el mal.” ¡Así de simple!

En efecto, la confrontación política en Venezuela se describe como una «guerra entre el bien y el mal» debido a varios factores que caracterizan la lucha contra el régimen de Maduro: Lo primero es su inocultable naturaleza percibida como una «tiranía» y una «peligrosa corporación criminal» que se vale de prácticas como el narcotráfico, el terrorismo, la corrupción y la represión para mantenerse en el poder. Estas acciones son consideradas intrínsecamente malvadas y destructivas para la sociedad. En segundo lugar, se trata de un régimen que frecuentemente viola los derechos humanos y se burla de la voluntad popular.

Al día de hoy, después de transcurrido un año de la espectacular epopeya protagonizada por millones de venezolanos, se mantiene vigente esa premisa, porque seguimos en medio de una guerra con una tiranía, luchando contra una mafia, contra una peligrosa corporación criminal que se vale de todo, de lo peor, como el narcotráfico, el terrorismo, las bandas delincuenciales, la corrupción y la represión más feroz, para desconocer su derrota, sin admitir que tanto Edmundo González como María Corina Machado tienen la legitimidad de la que carece el dictador Maduro y sus compinches que integran ese elenco de mafiosos que lo secundan.

A un año de esas elecciones del 28 de julio, la ciudadanía sigue en pie de lucha. No se rinde, no se entrega, no se deja paralizar por el miedo que infunde el régimen, sino que transforma ese sentimiento en una pieza de acción para convertir ese miedo en una razón de peso para insistir en hacer valer esa contundente victoria. El mayor miedo es perder definitivamente la libertad, la esperanza y la patria entrañablemente amada.

A Maduro lo derrotamos muy a pesar de su arsenal fraudulento, superando con creces, digna y valientemente, su ventajoso cuadro de poder. Le ganamos a pesar del control de sus «rectores» en ese Consejo Electoral manipulado. Le ganamos con todo y su registro electoral plagado de inconsistencias. Lo derrotamos a pesar de que nos castró del derecho a votar a 5 millones de ciudadanos de la diáspora venezolana. Le ganamos aunque perseguía a los activistas y metía presos a dirigentes que se convirtieron en nuestros primeros estímulos para no abandonar el combate. Los derrotamos después de haber inhabilitado de forma truculenta a María Corina Machado, quien inmediatamente respaldó, con entusiasmo y nobleza, la candidatura providencial y victoriosa de Edmundo González Urrutia.

Maduro se valió del torrente de recursos financieros del Estado, indebidamente usados, y de los fardos de dólares robados a la nación. Activaron sus pelotones de esbirros, sus élites militares, policías, colectivos armados y de su red de medios comprados y asaltados; se acuerparon con sus aliados internacionales rusos, iraníes, nicaragüenses, castristas, etc., y no pudieron detener a ese bravo pueblo. Como tampoco podrán invalidar la certificación que está plasmada en cada acta que revela el verdadero y auténtico resultado del pasado 28 de julio.

Por eso seguimos luchando, con nuestros líderes legítimos, con la imborrable huella de la victoria labrada ese día, con la comprensión de una comunidad internacional que sabe que ganamos y que tiene que meditar seriamente si nos deja a merced de esas mafias que son a la vez una amenaza cargada de riesgos para el mundo libre. La auténtica narrativa sugiere que estas mafias en el poder son una «amenaza muy peligrosa para el mundo libre», elevando la confrontación más allá de las fronteras venezolanas y posicionándose como una defensa de valores universales.

Esta perseverancia y valentía del pueblo venezolano en defender sus derechos y la victoria obtenida se alinea con la lucha por el «bien». De allí que hablar de nuevas elecciones sin primero resolver el acatamiento de lo que dictó el pueblo ese día 28 de julio, es traicionar a ese pueblo que insiste en la victoria que vale la pena. No se trata de renegar del derecho a ejercer el sufragio, sino de un firme gesto de desobediencia civil para condenar el fraude crónico que motoriza este régimen espurio. 

antonioledezma.net

Vía Semana

SEMANA revela en exclusiva un informe de inteligencia internacional que deja al descubierto un entramado criminal en la frontera entre Colombia y Venezuela.

SEMANA accedió en exclusiva a un informe de inteligencia internacional que alerta sobre la existencia de una compleja red criminal que conecta a la organización terrorista Hezbolá, altos mandos de Irán, el régimen de Nicolás Maduro y la guerrilla del ELN, con operaciones que se concentran en Arauca y el Catatumbo, zonas críticas de la frontera entre Colombia y Venezuela.

El documento, entregado a las Fuerzas Militares de Colombia por agencias de inteligencia de Medio Oriente, detalla cómo el frente de Guerra Oriental del ELN se consolida como un poder criminal respaldado de forma abierta por el régimen venezolano. Según el informe, desde Venezuela se proporciona entrenamiento militar a nuevos integrantes del ELN y se facilita la creación de zonas campamentarias en Apure, desde donde se planifican ataques con explosivos y francotiradores contra la fuerza pública colombiana.

Además, se evidencia que redes vinculadas a Hezbolá coordinan el tráfico de cocaína enviada desde Apure a mercados internacionales, usando rutas marítimas oficiales de Venezuela. También se describe cómo la Guardia Nacional Bolivariana y altos mandos militares del país vecino facilitan el movimiento de armas y explosivos, así como la guerra entre el ELN y disidencias de las Farc, que tiene en vilo a la población civil del Catatumbo.

El informe identifica a oficiales como el mayor general Javier Marcano Tábata, director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, señalado como artífice de la estrategia para usar al ELN como “actor proxy” en la frontera. También menciona a otros altos mandos responsables de facilitar operaciones del grupo armado en Apure, Táchira y Zulia.

En paralelo, la alianza con Hezbolá se fundamenta en el narcotráfico, la minería ilegal y el intercambio de inteligencia. Parte de las ganancias obtenidas se canaliza hacia estructuras de Hezbolá en Líbano, Siria e Irán, para financiar operaciones militares en Medio Oriente. El documento advierte que esta red transnacional se consolida gracias al debilitamiento de la institucionalidad en Venezuela y la permisividad del régimen de Maduro.

De acuerdo con fuentes de inteligencia, existen corredores seguros para el tráfico de cocaína desde el Catatumbo hasta Maracaibo, usados por redes vinculadas a Hezbolá para despachar cargamentos hacia África y Medio Oriente. Además, se investiga la posible participación de oficiales de las Fuerzas Militares colombianas en esta trama criminal.

El informe concluye con un llamado urgente a la comunidad internacional para fortalecer la cooperación en inteligencia y seguridad con Brasil, Estados Unidos, Europa e Israel; sancionar a los oficiales identificados; y elevar el tema a foros multilaterales para denunciar el uso de Venezuela como plataforma de proyección de violencia y narcotráfico.

“Mientras el conflicto colombiano se siga exportando desde Caracas y apadrinando desde Teherán, la situación en la frontera seguirá siendo incontrolable para las autoridades colombianas”, advirtió una fuente militar consultada por SEMANA.

Vía El Impulso

El artista venezolano Oscar Olivares, conocido por su innovador trabajo con materiales reciclados, develó dos nuevos e impresionantes murales elaborados con más de 20 mil tapas de plástico cada uno, en una ceremonia especial con motivo del 20.º aniversario de la empresa suiza Corvaglia, líder en la fabricación de tapas, en Toluca, México.

Estos murales, que no solo celebran la sostenibilidad sino también la capacidad del arte para transformar, fueron completados en un período intensivo de nueve días.

«Cada mural está hecho sobre una base de madera y utilizamos silicón caliente para adherir cada tapa. Luego vino el arduo proceso de traslado hasta que finalmente llegaron a su destino», explicó el artist«Cada mural está hecho sobre una base de madera y utilizamos silicón caliente para adherir cada tapa. Luego vino el arduo proceso de traslado hasta que finalmente llegaron a su destino», explicó el artista en si cuenta en Instagram.a en si cuenta en Instagram.

«Cada mural está hecho sobre una base de madera y utilizamos silicón caliente para adherir cada tapa. Luego vino el arduo proceso de traslado hasta que finalmente llegaron a su destino», explicó el artista en si cuenta en Instagram.

Con la incorporación de estas dos monumentales piezas, Oscar Olivares eleva a 40 el número total de obras realizadas en menos de tres años, reafirmando su compromiso con la creación artística a partir del reciclaje y su impacto global. La colaboración con Corvaglia subraya el mensaje de responsabilidad ambiental a través de la creatividad.

Vía 14ymedio

Rutaca Airlines inauguró el viernes su conexión La Habana-Valencia y Turpial Airlines iniciará el próximo 28 Caracas-Varadero

Mientras aerolíneas internacionales de peso abandonan la Isla por falta de pasajeros, pequeñas compañías venezolanas se mueven en sentido contrario y refuerzan sus rutas hacia Cuba para aprovechar un negocio que resiste: el de las ‘mulas’ cubanas. Rutaca Airlines y Turpial Airlines, ambas venezolanas, han inaugurado o ampliado conexiones directas con el país caribeño en las últimas semanas.

El pasado viernes, Rutaca Airlines celebró su vuelo inaugural entre La Habana y la ciudad venezolana de Valencia, con dos frecuencias semanales. La compañía, a través de sus redes sociales, promocionó en julio una oferta que permite a cada pasajero viajar con dos maletas de hasta 23 kilogramos y un equipaje de mano de hasta 8 kilos sin costo adicional, un atractivo irresistible para quienes viven del comercio informal de mercancías entre ambos países.

El bajo precio de los boletos –450 dólares ida y vuelta– y la ampliación del equipaje, aunque sea “por tiempo limitado”, confirman la estrategia para captar viajeros interesados en abastecer de productos al mercado negro cubano, justo cuando la crisis del turismo internacional se profundiza y la Isla pierde la conectividad con aerolíneas de mayor renombre.

Lejos de reconocer esta realidad, la prensa oficial cubana celebró las nuevas rutas como un logro de la cooperación turística. Según medios estatales, funcionarios del Ministerio de Turismo de Cuba recorrieron varias ciudades venezolanas para “presentar los atractivos del país”, y destacaron los acuerdos firmados en mayo con Caracas, durante una reunión de ministros de Turismo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (Alba), para “potenciar el desarrollo del sector”.

Por su parte, Turpial Airlines, que se presenta como la principal línea aérea del estado venezolano de Carabobo, iniciará este 28 de julio su ruta Caracas-Varadero, con frecuencia semanal. Los pasajeros podrán regresar a Caracas desde La Habana o Santiago de Cuba, destinos ya operados por la aerolínea.

Fundada en 2016 y propietaria de tres aeronaves, Turpial tiene entre sus dueños al ex coronel chavista Pedro del Valle Cestari Navarro, según reveló en 2022 la revista colombiana El Tiempo. La aerolínea ya fue noticia en su momento por recibir permiso para volar a Colombia en sustitución de Conviasa, sancionada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de EE UU (Ofac).

Venezuela, y especialmente la Isla de Margarita, se ha convertido en uno de los principales destinos para los cubanos que viajan a comprar mercancías que luego revenden dentro de la Isla. Desde que en 2022 se activó un programa para incentivar este turismo comercial, la cifra de visitantes cubanos a Margarita no ha dejado de crecer. Solo en el primer año, los viajeros cubanos gastaron allí 17 millones de dólares en diversas compras, según la Cámara de Comercio de Nueva Esparta, que estimó en 5.000 los visitantes procedentes de la Isla hasta agosto de 2023.

Para aumentar la capacidad de carga, los organizadores incluso empezaron a fletar aviones de mercancías. De acuerdo con cifras oficiales divulgadas en febrero, casi 30.000 cubanos habían viajado a Margarita hasta ese mes, pese a la necesidad de tramitar un visado turístico que cuesta 50 dólares.

Mientras las ‘mulas’ mantienen vivo un flujo aéreo alternativo, el turismo internacional en Cuba agoniza. Hasta junio de este año, la Isla no alcanzó ni siquiera el millón de visitantes, muy por debajo de las cifras previas a la pandemia. Grandes aerolíneas como United Airlines, la única estadounidense que conectaba Houston con La Habana, han anunciado que suspenderán sus vuelos a partir del 2 de septiembre hasta, al menos, el verano de 2026. American Airlines tomó una decisión similar en junio. Avianca, por su parte, cesará su ruta entre Bogotá y La Habana el 31 de agosto, justo antes de la temporada alta. La razón es la misma en todos los casos: la baja ocupación.

Por Yunior García Aguilera en 14ymedio

Si alguien quiere enterarse de lo que realmente pasa en Venezuela o en Cuba, lo más saludable sigue siendo cambiar de canal.

Desde hace dos décadas, Telesur insiste en autodenominarse “La señal informativa de América Latina”. Pero basta con verla cinco minutos para notar que ni siquiera disimulan el sesgo. Su línea editorial es un espejo retrovisor atascado en la distopía del socialismo del siglo XXI. Lo que presenta como periodismo es, en realidad, un guion escrito por los ideólogos del castrismo y maquillado con el histrionismo bolivariano. Si alguien quiere enterarse de lo que realmente pasa en Venezuela o en Cuba, lo más saludable sigue siendo cambiar de canal. O mejor, apagar el televisor.  

La empresa multiestatal socialista nació en 2005 como una jugada de Hugo Chávez para contrarrestar “la hegemonía mediática del imperialismo”. Soñaban con una especie de CNN caribeña, con acento guerrillero y espíritu insurgente. Lo que parieron, sin embargo, fue un retablo audiovisual donde cada boletín parece un acto de fe, y cada presentador un evangelista del fracaso.

No obstante, hasta los revolucionarios más fervorosos tienen que pagar la renta. Y Telesur, como todo proyecto socialista, carga con impagos, precariedad laboral, favoritismos, y un personal que cada vez cree menos en lo que transmite. Periodistas de la señal en inglés han denunciado años de salarios caídos, condiciones laborales de subsistencia, y un ambiente tóxico donde los únicos que prosperan son los leales, no los talentosos. Para resolver, como decimos los cubanos, recurrieron a estudiantes de la Isla para hacer traducciones y subtítulos por precios tan bajos que harían sonrojar al capitalista más voraz.

Incluso quien alguna vez creyó en el proyecto y aún conserva dignidad, terminó bajándose del barco

Incluso quien alguna vez creyó en el proyecto y aún conserva dignidad, terminó bajándose del barco. Leandro Lutzky, periodista argentino y rostro visible del noticiero, renunció cuando el canal aplaudió las elecciones venezolanas como si fuesen una demostración de civismo escandinavo. Ver a Telesur diciendo que Maduro fue electo de forma “transparente” en 2024 fue, para Lutzky, el límite. Se fue. Y lo dijo en voz alta. 

Y luego está Walter Martínez, el hombre del parche en el ojo, que durante años saludaba desde Dossier a “los tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial”. Un periodista con décadas de experiencia y una memoria que terminó incomodando a los amnésicos del poder. 

Martínez acusó al ex ministro Andrés Izarra, primer director del canal, de haberse apropiado de ideas ajenas y fondos públicos que estaban destinados a la infraestructura de Telesur y al lanzamiento del satélite Simón Bolívar. “Izarra desfalcó al Estado”, dijo Martínez. En su estilo pausado, lo dejó claro: sobrevivir hoy en ese ecosistema requiere “manos muy ágiles”. Y todos lo entendieron.

Pero lo más personal vendría después. En 2020, Martínez denunció a la presidenta actual, Patricia Villegas, por retenerle pagos, contratar a connacionales con sueldos en dólares y excluirlo de la señal en Venezolana de Televisión (VTV) con el pretexto de protegerlo por su edad durante la pandemia. “No le da la gana de retribuir mi trabajo, pero trae connacionales pagados en dólares”, dijo. Y como siempre, no hubo réplica. 

Martínez reveló también que Villegas solicitó ocho millones de dólares para montar una señal de Telesur en Ecuador, porque –según ella– ese país “merecía más presencia mediática que Venezuela”. Una afirmación que, viniendo de la presidenta de un canal supuestamente venezolano, decía más que cualquier editorial.

Desde la salida forzada de Aram Aharonian hasta la actual purga silenciosa de periodistas, el canal ha demostrado que lo único que no se permite es disentir

La censura también llegó a su puerta. Su programa fue sacado del aire en VTV por órdenes del ministro Jorge Rodríguez, después de que intentara entrevistar a un opositor. Al invitado lo expulsaron del canal entre gritos. Y a Martínez, le apagaron el micrófono.

Según él, Patricia Villegas maneja el canal como si fuera más poderosa que el propio Maduro. Convoca asambleas, nombra vicepresidentes, reparte recursos –en dólares, claro– y actúa con el respaldo tácito de la cúpula. No dirige una televisora: administra una doctrina.

Desde la salida forzada de Aram Aharonian, uno de sus fundadores, hasta la actual purga silenciosa de periodistas incómodos, el canal ha demostrado que lo único que no se permite es disentir.

Si alguna vez fue una promesa, hoy es apenas una caricatura, un boletín monocorde donde el pluralismo es un delito. Y como toda secta dogmática, solo tiene dos opciones para los apóstatas: el exilio… o la invisibilidad.

Vía Provea

Por tercera ocasión consecutiva, el gobierno de Nicolás Maduro ha desatendido las preguntas formuladas por relatores de las Naciones Unidas (ONU) sobre las graves interferencias, represalias y obstáculos contra la labor de abogados y abogadas en Venezuela.

Así lo confirmó la reciente publicación de una comunicación oficial, fechada el 6 de mayo de 2025, de la Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite. El documento se hizo público tras vencerse el plazo reglamentario de 60 días sin respuesta del Estado venezolano, como establece el protocolo de los procedimientos especiales de la ONU para alertar públicamente sobre posibles violaciones de derechos humanos.

En esta oportunidad, la Relatora formuló cinco preguntas centradas en el caso de la abogada María Alejandra Díaz Marín, quien habría sido objeto de sanciones económicas, hostigamiento persistente y procesos disciplinarios como represalia por su ejercicio profesional.

Díaz Marín acompañó, el 30 de octubre de 2024, a un grupo de ciudadanos que introdujo un amparo contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) por no publicar los resultados desagregados de las elecciones del 28 de julio, lo que, según argumentaron, violaría la Ley Orgánica de Procesos Electorales y la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Sin embargo, el 5 de noviembre, la Sala Constitucional del TSJ declaró inadmisible la solicitud y calificó la acción como “temeraria”, imponiendo una multa equivalente a cien veces el tipo de cambio oficial y ordenando abrir un procedimiento disciplinario que suspendió de inmediato el ejercicio profesional de la abogada, pese a que dicha suspensión no está contemplada en la ley.

Posteriormente, el 9 de enero de 2025, Díaz Marín denunció amenazas y acoso, y aseguró que varios familiares fueron detenidos temporalmente para forzar su entrega a las autoridades, bajo acusaciones de terrorismo e incitación al odio.

La Relatora Especial considera que este caso forma parte de un patrón sistemático de intimidación para silenciar a abogados que defienden víctimas de violaciones de derechos humanos, interponen acciones de nulidad o demandas contra funcionarios implicados.

El documento también recuerda que en 2024 otras dos comunicaciones de la ONU quedaron sin respuesta: una sobre la detención del abogado de Foro Penal, Kennedy Tejeda, preso desde agosto de 2024, y otra sobre la desaparición forzada y detención arbitraria del abogado Perkins Rocha Contreras.

La Relatora reiteró preguntas clave para esclarecer la base legal de las sanciones y la suspensión de Díaz Marín, las garantías para la defensa de abogados en riesgo, y la forma en que los procesos disciplinarios en Venezuela cumplen con estándares internacionales de independencia judicial. Además, cuestionó la legitimidad del Colegio de Abogados de Caracas, controlado por una junta ad hoc designada por el TSJ desde hace 15 años sin celebrar elecciones, lo que agrava la falta de garantías para los profesionales del derecho.

Hasta la fecha, el gobierno venezolano no ha emitido respuesta alguna a estas solicitudes, manteniendo su silencio ante la comunidad internacional sobre posibles violaciones graves a los derechos civiles y políticos.

Los presos políticos no son mercancía de negociación. Tienen derechos fundamentales que el Estado viola de forma sistemática y deliberada.

El exparlamentario y abogado penalista Rafael Narváez, defensor de derechos civiles, condenó enérgicamente la política del Estado venezolano de negociar y canjear a ciudadanos detenidos por razones políticas. “Intercambiar seres humanos, que cuentan con derechos y garantías constitucionales, judiciales y de debido proceso, constituye un crimen atroz cuya gravedad es imposible reparar”, advirtió.

Narváez denunció además la complicidad del sistema de justicia, que permite que los cuerpos de seguridad ejecuten detenciones arbitrarias contra ciudadanos, dirigentes políticos y periodistas, en flagrante violación del artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV): “La libertad personal es inviolable. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti.”

“Estamos presenciando la profanación de nuestra Constitución y de los derechos humanos por parte de un Estado que actúa sin escrúpulos, derogando de facto las libertades que aún le quedan a la ciudadanía. Lo más alarmante es la subordinación de los poderes públicos y su falta de independencia, traicionando el juramento de velar por la Constitución y ejercer sus atribuciones con imparcialidad. En el caso del Poder Judicial, su deber es ser autónomo, no instrumento de parcialidad política”, concluyó Narváez.

Por Luis Alberto Perozo Padua

En 1765, cuando Don Juan Vicente Bolívar y Ponte fungía como administrador de la Real Hacienda se vio envuelto en un escandaloso episodio por su “mala amistad con varias mujeres”, lo cual determinó la intervención inmediata del Obispo Diego Antonio Díez Madroñero, la más alta autoridad eclesiástica de la Provincia de Venezuela, quien asentó en sus apuntes: “que de público y notorio ha oído decir que vive desarregladamente con mujeres…”, refiriéndose a este blanco criollo.

La instrucción del expediente terminó aproximadamente siete meses después, en octubre de aquel año; al final, el obispo al no disponer de poder para imponer un castigo penal al referido mantuano se vio obligado a archivar el expediente “Autos y Sumarias contra don Juan Vicente Volibar (sic) sobre su mala amistad con varias mugeres (sic)”, fechado en San Mateo, el cual poseía 72 folios y 143 páginas.

Según refiere Salvador de Madariaga: “aprovechándose don Juan Vicente de su poder social había sometido por la violencia al servicio de sus placeres a tantas mujeres que de él dependían para su subsistencia, a tal punto de escándalo que el santo Obispo de Caracas se había visto obligado por las quejas de sus víctimas a amonestarle severamente”.

Desde allí, fueron ampliamente conocidas las correrías y aventuras de Don Juan Vicente, quien será el padre del Libertador Simón Bolívar, en matrimonio con María de la Concepción Palacios y Blanco, el 1 de diciembre de 1773 a los 15 años de edad y, él recién cumplidos 47 años. De esta unión matrimonial nacieron: María Antonia, Juana Nepomucena, Juan Vicente, Simón y María del Carmen (hija póstuma que murió a las pocas horas de nacer).

Cuando Juan Vicente de Bolívar y Ponte falleció, evento ocurrido el 19 de enero de 1786, en su declaración testamentaria Hace especial mención a su fe y distribuye sus bienes entre sus cuatro hijos y su esposa. 

En el testamento hay una cláusula que señala: “Mando que Doña María Concepción Palacios y Blanco, mi mujer, tome de mis bienes cuatrocientos pesos, para que con ellos cumpla lo que le tengo comunicado, en descargo de mi conciencia”. Juan Vicente hace alusión a Agustín Bolívar “que vive en la ciudad de Maracaibo”, a quien dispone el coronel Juan Vicente “se le den doscientos pesos por una vez, de que le hago donación”. 

El hijo “bastardo”

De Juan Agustín, no se ha determinado la identidad de la madre, ni la fecha de nacimiento del que luego identificarán como el “hijo bastardo”. Posiblemente vino al mundo en las posesiones de don Juan Vicente en los Valles de Aragua y llevado con los años a Maracaibo, pues en 1968, se localizó en los archivos parroquiales de la Catedral marabina la partida de matrimonio de Juan Agustín, “nacido en la provincia de Caracas y residenciado en Maracaibo, casado con doña Ana María Chacín, enlace realizado el 22 de noviembre de 1772 en esa santa iglesia”. De esta unión nacerán cuatro hijos: Liberata, Carlina, Josefa y Ramona Bolívar Chacín.

Agustín de Bolívar al conocer del deceso de don Juan Vicente, hace un viaje a Caracas con la resolución de entablar un juicio para probar su filiación, y escribe una carta al Gobernador y Capitán General de Venezuela, en la cual entre otras cosas plantea: “Don Agustín Bolívar… digo: que para efectos que me convengan, necesito hacer cierta información sobre mi filiación y demás que conduzca a hacer constar ser hijo natural del Señor Coronel Don Juan Vicente Bolívar, ya difunto, a cuyo efecto vengo en suplicar a la justificación de Vuestra Señoría se sirva admitirme los testigos que presentaré, los que bajo de juramento declaren… si me conocen de vista, trato y comunicación y si les consta que el dicho Señor me trataba como si fuese su hijo, con aquel cariño que es propio de un padre… si en varias ocasiones manifestó esto mismo, así de palabras como de hecho, teniéndome en la casa de doña Luisa Bolívar, su hermana, alimentándome y contribuyéndome todo lo necesario… diga separadamente Don Juan José Barandica si es cierto que el Dr. Dn. Juan Félix Aristiguieta le comunicó que el dicho Sr. Dn. Juan Vicente era mi padre, y (de)una señora de las principales de esta ciudad, mi madre, con quien no había contraído matrimonio, sin embargo de ser soltera y no tener impedimento alguno, por ciertos motivos que ocurrieron en aquel entonces”. 

En tal sentido, los testigos entrevistados declararon la veracidad de los hechos, afirmando que don Juan Vicente de Bolívar y Ponte, trataba como hijo a Agustín “sentándolo a la mesa (cuando era niño) y distinguiéndolo”. 

Igualmente, afirman que “Josefa de Bolívar, hermana del coronel… lo cuidó y alimentó… lo tenía siempre decentemente vestido con casaca y peinado profesándole (doña Josefa) cariño”. 

Juan José de Barandica, comandante propietario del resguardo de la provincia de Maracaibo y residente en la ciudad testificó que: “muchas veces oyó decir al difunto doctor don Juan Félix de Aristiguieta, sobrino del señor don Juan Vicente de Bolívar, que don Agustín era hijo bastardo de este último tenido en una señora principal, de alcurnia mejor que la de su padre”.

Los alegatos de Agustín de Bolívar fueron extensos, y al final, sin dejar de reconocer sus derechos sobre la inmensa fortuna de su padre, solicitó la asignación de 1.000 pesos “para satisfacer algunos créditos contraídos en esta ciudad… y por el retorno a aquella ciudad de Maracaibo, donde tengo mi familia”., adujo.

Prima de su padre

Del expediente de filiación de don José Agustín de Bolívar, vecino de Maracaibo, se desprende que, ciertamente era hijo natural del coronel don Juan Vicente de Bolívar y Ponte. Cuando nació, ambos padres eran solteros.

Pero un dato curioso también se puede observar el documento que reposa en el Archivo General de la Nación, donde destaca que su madre era prima de don Juan Vicente de Bolívar, y dice también que era incluso más noble y de mejor condición que su mismo padre. El misterioso nombre de la madre no se refleja en el documento en cuestión.

Don José Agustín de Bolívar declara en el juicio que al momento de salir en estado su madre, don Juan Vicente de Bolívar emprende viaje a España por un tiempo y al retornar se desposa “con doña Concepción Sojo (Concepción Palacios y Sojo).

De niño vive a expensas de su padre, como se cita anteriormente; y viaja a España con su madre. Finalmente, cuando regresa, se establece en Maracaibo.

Fuente: 

Salvador de Madariaga. Bolívar II Tomos, Madrid. Espasa – Calpe, S.A. 1979.

Juan Carlos Morales Manzur. La familia maracaibera del Libertador Simón Bolívar. Revista Científica “Mañongo”. Universidad de Carabobo (Volumen VII, N° 14. Enero – Junio, 2000)

Nosotros

Unidad más pequeña de la lengua, léxico o gramatical, y no puede dividirse en unidades significativas menores.

Secciones

Síguenos

Contáctanos

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Scroll to Top