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Es lo que es

DBuford

Vía Provea

Por tercera ocasión consecutiva, el gobierno de Nicolás Maduro ha desatendido las preguntas formuladas por relatores de las Naciones Unidas (ONU) sobre las graves interferencias, represalias y obstáculos contra la labor de abogados y abogadas en Venezuela.

Así lo confirmó la reciente publicación de una comunicación oficial, fechada el 6 de mayo de 2025, de la Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite. El documento se hizo público tras vencerse el plazo reglamentario de 60 días sin respuesta del Estado venezolano, como establece el protocolo de los procedimientos especiales de la ONU para alertar públicamente sobre posibles violaciones de derechos humanos.

En esta oportunidad, la Relatora formuló cinco preguntas centradas en el caso de la abogada María Alejandra Díaz Marín, quien habría sido objeto de sanciones económicas, hostigamiento persistente y procesos disciplinarios como represalia por su ejercicio profesional.

Díaz Marín acompañó, el 30 de octubre de 2024, a un grupo de ciudadanos que introdujo un amparo contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) por no publicar los resultados desagregados de las elecciones del 28 de julio, lo que, según argumentaron, violaría la Ley Orgánica de Procesos Electorales y la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Sin embargo, el 5 de noviembre, la Sala Constitucional del TSJ declaró inadmisible la solicitud y calificó la acción como “temeraria”, imponiendo una multa equivalente a cien veces el tipo de cambio oficial y ordenando abrir un procedimiento disciplinario que suspendió de inmediato el ejercicio profesional de la abogada, pese a que dicha suspensión no está contemplada en la ley.

Posteriormente, el 9 de enero de 2025, Díaz Marín denunció amenazas y acoso, y aseguró que varios familiares fueron detenidos temporalmente para forzar su entrega a las autoridades, bajo acusaciones de terrorismo e incitación al odio.

La Relatora Especial considera que este caso forma parte de un patrón sistemático de intimidación para silenciar a abogados que defienden víctimas de violaciones de derechos humanos, interponen acciones de nulidad o demandas contra funcionarios implicados.

El documento también recuerda que en 2024 otras dos comunicaciones de la ONU quedaron sin respuesta: una sobre la detención del abogado de Foro Penal, Kennedy Tejeda, preso desde agosto de 2024, y otra sobre la desaparición forzada y detención arbitraria del abogado Perkins Rocha Contreras.

La Relatora reiteró preguntas clave para esclarecer la base legal de las sanciones y la suspensión de Díaz Marín, las garantías para la defensa de abogados en riesgo, y la forma en que los procesos disciplinarios en Venezuela cumplen con estándares internacionales de independencia judicial. Además, cuestionó la legitimidad del Colegio de Abogados de Caracas, controlado por una junta ad hoc designada por el TSJ desde hace 15 años sin celebrar elecciones, lo que agrava la falta de garantías para los profesionales del derecho.

Hasta la fecha, el gobierno venezolano no ha emitido respuesta alguna a estas solicitudes, manteniendo su silencio ante la comunidad internacional sobre posibles violaciones graves a los derechos civiles y políticos.

Los presos políticos no son mercancía de negociación. Tienen derechos fundamentales que el Estado viola de forma sistemática y deliberada.

El exparlamentario y abogado penalista Rafael Narváez, defensor de derechos civiles, condenó enérgicamente la política del Estado venezolano de negociar y canjear a ciudadanos detenidos por razones políticas. “Intercambiar seres humanos, que cuentan con derechos y garantías constitucionales, judiciales y de debido proceso, constituye un crimen atroz cuya gravedad es imposible reparar”, advirtió.

Narváez denunció además la complicidad del sistema de justicia, que permite que los cuerpos de seguridad ejecuten detenciones arbitrarias contra ciudadanos, dirigentes políticos y periodistas, en flagrante violación del artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV): “La libertad personal es inviolable. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti.”

“Estamos presenciando la profanación de nuestra Constitución y de los derechos humanos por parte de un Estado que actúa sin escrúpulos, derogando de facto las libertades que aún le quedan a la ciudadanía. Lo más alarmante es la subordinación de los poderes públicos y su falta de independencia, traicionando el juramento de velar por la Constitución y ejercer sus atribuciones con imparcialidad. En el caso del Poder Judicial, su deber es ser autónomo, no instrumento de parcialidad política”, concluyó Narváez.

Por Luis Alberto Perozo Padua

En 1765, cuando Don Juan Vicente Bolívar y Ponte fungía como administrador de la Real Hacienda se vio envuelto en un escandaloso episodio por su “mala amistad con varias mujeres”, lo cual determinó la intervención inmediata del Obispo Diego Antonio Díez Madroñero, la más alta autoridad eclesiástica de la Provincia de Venezuela, quien asentó en sus apuntes: “que de público y notorio ha oído decir que vive desarregladamente con mujeres…”, refiriéndose a este blanco criollo.

La instrucción del expediente terminó aproximadamente siete meses después, en octubre de aquel año; al final, el obispo al no disponer de poder para imponer un castigo penal al referido mantuano se vio obligado a archivar el expediente “Autos y Sumarias contra don Juan Vicente Volibar (sic) sobre su mala amistad con varias mugeres (sic)”, fechado en San Mateo, el cual poseía 72 folios y 143 páginas.

Según refiere Salvador de Madariaga: “aprovechándose don Juan Vicente de su poder social había sometido por la violencia al servicio de sus placeres a tantas mujeres que de él dependían para su subsistencia, a tal punto de escándalo que el santo Obispo de Caracas se había visto obligado por las quejas de sus víctimas a amonestarle severamente”.

Desde allí, fueron ampliamente conocidas las correrías y aventuras de Don Juan Vicente, quien será el padre del Libertador Simón Bolívar, en matrimonio con María de la Concepción Palacios y Blanco, el 1 de diciembre de 1773 a los 15 años de edad y, él recién cumplidos 47 años. De esta unión matrimonial nacieron: María Antonia, Juana Nepomucena, Juan Vicente, Simón y María del Carmen (hija póstuma que murió a las pocas horas de nacer).

Cuando Juan Vicente de Bolívar y Ponte falleció, evento ocurrido el 19 de enero de 1786, en su declaración testamentaria Hace especial mención a su fe y distribuye sus bienes entre sus cuatro hijos y su esposa. 

En el testamento hay una cláusula que señala: “Mando que Doña María Concepción Palacios y Blanco, mi mujer, tome de mis bienes cuatrocientos pesos, para que con ellos cumpla lo que le tengo comunicado, en descargo de mi conciencia”. Juan Vicente hace alusión a Agustín Bolívar “que vive en la ciudad de Maracaibo”, a quien dispone el coronel Juan Vicente “se le den doscientos pesos por una vez, de que le hago donación”. 

El hijo “bastardo”

De Juan Agustín, no se ha determinado la identidad de la madre, ni la fecha de nacimiento del que luego identificarán como el “hijo bastardo”. Posiblemente vino al mundo en las posesiones de don Juan Vicente en los Valles de Aragua y llevado con los años a Maracaibo, pues en 1968, se localizó en los archivos parroquiales de la Catedral marabina la partida de matrimonio de Juan Agustín, “nacido en la provincia de Caracas y residenciado en Maracaibo, casado con doña Ana María Chacín, enlace realizado el 22 de noviembre de 1772 en esa santa iglesia”. De esta unión nacerán cuatro hijos: Liberata, Carlina, Josefa y Ramona Bolívar Chacín.

Agustín de Bolívar al conocer del deceso de don Juan Vicente, hace un viaje a Caracas con la resolución de entablar un juicio para probar su filiación, y escribe una carta al Gobernador y Capitán General de Venezuela, en la cual entre otras cosas plantea: “Don Agustín Bolívar… digo: que para efectos que me convengan, necesito hacer cierta información sobre mi filiación y demás que conduzca a hacer constar ser hijo natural del Señor Coronel Don Juan Vicente Bolívar, ya difunto, a cuyo efecto vengo en suplicar a la justificación de Vuestra Señoría se sirva admitirme los testigos que presentaré, los que bajo de juramento declaren… si me conocen de vista, trato y comunicación y si les consta que el dicho Señor me trataba como si fuese su hijo, con aquel cariño que es propio de un padre… si en varias ocasiones manifestó esto mismo, así de palabras como de hecho, teniéndome en la casa de doña Luisa Bolívar, su hermana, alimentándome y contribuyéndome todo lo necesario… diga separadamente Don Juan José Barandica si es cierto que el Dr. Dn. Juan Félix Aristiguieta le comunicó que el dicho Sr. Dn. Juan Vicente era mi padre, y (de)una señora de las principales de esta ciudad, mi madre, con quien no había contraído matrimonio, sin embargo de ser soltera y no tener impedimento alguno, por ciertos motivos que ocurrieron en aquel entonces”. 

En tal sentido, los testigos entrevistados declararon la veracidad de los hechos, afirmando que don Juan Vicente de Bolívar y Ponte, trataba como hijo a Agustín “sentándolo a la mesa (cuando era niño) y distinguiéndolo”. 

Igualmente, afirman que “Josefa de Bolívar, hermana del coronel… lo cuidó y alimentó… lo tenía siempre decentemente vestido con casaca y peinado profesándole (doña Josefa) cariño”. 

Juan José de Barandica, comandante propietario del resguardo de la provincia de Maracaibo y residente en la ciudad testificó que: “muchas veces oyó decir al difunto doctor don Juan Félix de Aristiguieta, sobrino del señor don Juan Vicente de Bolívar, que don Agustín era hijo bastardo de este último tenido en una señora principal, de alcurnia mejor que la de su padre”.

Los alegatos de Agustín de Bolívar fueron extensos, y al final, sin dejar de reconocer sus derechos sobre la inmensa fortuna de su padre, solicitó la asignación de 1.000 pesos “para satisfacer algunos créditos contraídos en esta ciudad… y por el retorno a aquella ciudad de Maracaibo, donde tengo mi familia”., adujo.

Prima de su padre

Del expediente de filiación de don José Agustín de Bolívar, vecino de Maracaibo, se desprende que, ciertamente era hijo natural del coronel don Juan Vicente de Bolívar y Ponte. Cuando nació, ambos padres eran solteros.

Pero un dato curioso también se puede observar el documento que reposa en el Archivo General de la Nación, donde destaca que su madre era prima de don Juan Vicente de Bolívar, y dice también que era incluso más noble y de mejor condición que su mismo padre. El misterioso nombre de la madre no se refleja en el documento en cuestión.

Don José Agustín de Bolívar declara en el juicio que al momento de salir en estado su madre, don Juan Vicente de Bolívar emprende viaje a España por un tiempo y al retornar se desposa “con doña Concepción Sojo (Concepción Palacios y Sojo).

De niño vive a expensas de su padre, como se cita anteriormente; y viaja a España con su madre. Finalmente, cuando regresa, se establece en Maracaibo.


Fuente: 

Salvador de Madariaga. Bolívar II Tomos, Madrid. Espasa – Calpe, S.A. 1979.

Juan Carlos Morales Manzur. La familia maracaibera del Libertador Simón Bolívar. Revista Científica “Mañongo”. Universidad de Carabobo (Volumen VII, N° 14. Enero – Junio, 2000)

Vía Semana

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió este jueves a las duras críticas del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien cuestionó el acuerdo que establece una zona binacional entre Colombia y Venezuela, firmado recientemente con el régimen de Nicolás Maduro.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Petro defendió la iniciativa, que ha generado preocupación en varios sectores políticos, los cuales advierten sobre una supuesta cesión de soberanía a favor de Venezuela.

“Una zona binacional no es entregar la soberanía de la patria, es crear las condiciones sociales y económicas que permitan que dos pueblos de sangre común e historia común puedan ser dueños de sus territorios, prosperen y vivan bien”, escribió el mandatario colombiano.

Petro fue más allá y arremetió contra los gobiernos anteriores: “Los gobiernos uribistas decidieron romper las relaciones entre los pueblos, eso provocó que las mafias dominaran los territorios y las poblaciones, matándolas”.

El jefe de Estado insistió en que la verdadera pérdida de soberanía radica en permitir que organizaciones criminales ejerzan control sobre la frontera: “Señor Uribe, perder soberanía hoy es que mafias extranjeras y nacionales dominen nuestra población fronteriza a partir de las armas y el terror”.

Por su parte, Uribe, en un video difundido esta semana, calificó la zona binacional como “una entrega de la soberanía de la patria” y aseguró que dicho territorio quedará “bajo dominio del terrorismo y el narcotráfico, protegidos por la dictadura de Maduro”. El exmandatario advirtió que, de llegar nuevamente al poder, su sector político revertirá la medida: “Una de las primeras decisiones de un nuevo Gobierno que empiece el 7 de agosto del año entrante será cancelar esa zona binacional”.

El pasado 17 de julio, Alfredo Saade, jefe de despacho de la Casa de Nariño, viajó a Caracas para sellar el acuerdo con representantes del régimen venezolano. Saade destacó que la iniciativa responde a un “sueño que nació con Bolívar, continuó con Chávez y hoy comparten los presidentes Maduro y Petro”, y la calificó como el inicio de una “transformación social, política y económica” para la región.

Mientras tanto, otras voces políticas han advertido que este tipo de acuerdos deberían ser debatidos y aprobados por el Congreso antes de su implementación, para garantizar que no vulneren la soberanía nacional.

Nicolás Maduro, convocó oficialmente a la población a participar en las elecciones municipales y de concejos legislativos que se celebrarán el próximo domingo 27 de julio. Sin embargo, la oposición mayoritaria ratificó su llamado a la abstención en protesta por el presunto fraude ocurrido en los comicios presidenciales del 28 de julio del año pasado.

Durante un acto transmitido por el canal estatal VTV, Maduro invitó a los ciudadanos a votar libremente en estos comicios, enfatizando la importancia del proceso. “Quiero recordar a toda Venezuela, a todos los vecinos y vecinas, que Venezuela tiene el próximo domingo, 27 de julio, (…) la elección para alcaldías, concejos municipales, que es el poder local. Usted vote libremente, pero vote”, expresó el mandatario.

El líder chavista destacó que estas elecciones incluyen la votación sobre proyectos comunitarios para la juventud, que serán financiados por el Estado, e hizo un llamado a “salir a votar, a apoyar a los jóvenes en la comunidad”.

Por su parte, el partido opositor Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado, reiteró su convocatoria a no participar en los comicios, replicando la postura que mantuvo en las elecciones regionales y parlamentarias recientes. “Los dejamos solos el 25 de mayo, este 27 de julio volvemos a dejarlos solos”, afirmaron en un mensaje público.

Mientras tanto, candidatos chavistas realizaron el cierre de sus campañas en varios estados, entre ellos Monagas, Barinas, La Guaira, Bolívar y Zulia, esta última con su capital Maracaibo, uno de los pocos municipios bajo control opositor.

La principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), sostiene que el ganador legítimo de las elecciones presidenciales fue Edmundo González Urrutia, quien actualmente reside en España, y denuncian que el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por rectores afines al chavismo, proclamó como ganador a Nicolás Maduro.

Este lunes, la PUD volvió a insistir en la “necesidad urgente” de alcanzar un acuerdo para “restablecer el orden constitucional, el respeto a los derechos humanos y la institucionalidad electoral”, postura que mantiene frente a las elecciones municipales en las que no participarán como bloque.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) ordenó de que se coloque una tobillera electrónica a todos los inmigrantes que forman parte de un programa de seguimiento en el que están inscritas más de 180.000 personas, según consta en un documento interno al que ha tenido acceso el diario The Washington Post.

El escrito está fechado el pasado 9 de junio, y en el mismo se ordena colocar estos dispositivos con sistema GPS a todo el que sea parte del proyecto Alternativas a la Detención de la agencia, al que están apuntados voluntariamente unos 183.000 inmigrantes.

El programa está diseñado específicamente para monitorear y supervisar a aquellos que no tienen que estar internados en centros de detención y están inmersos en procedimientos administrativos sobre su estatus y busca garantizar que asistan a las vistas en las cortes de inmigración o que cumplan con las posibles órdenes de expulsión.

El memorando al que accedió The Washington Post insta a que la tobillera se coloque a los inmigrantes partícipes del programa «siempre que sea posible», ya que se contemplan excepciones como las mujeres embarazadas, en cuyo caso se les colocaría una muñequera electrónica.

La tobillera para inmigrantes causa debate en EE.UU.

Actualmente solo 24.000 de los participantes -el 13 % del total- en este programa de seguimiento de ICE tienen colocada una tobillera electrónica.

Esta nueva orden otorga así un impulso inusitado al uso de dispositivos de seguimiento electrónicos, una controvertida medida que tiene más de 20 años de antigüedad en EE.UU.

Aunque el uso de estos aparatos se considera más compasivo que la detención física, su empleo también ha sido criticado por lo incómodo que resulta portarlos, además de la invasión de privacidad y el estigma visible que impone a aquellas personas que son obligadas a llevarlos.

Desde su retorno a la Casa Blanca en enero el presidente estadounidense, Donald Trump, ha reforzado decididamente su lucha contra la inmigración y su Gobierno ha ordenado llevar a cabo 3.000 deportaciones al día.

EFE

Vía CNN

Terry Bollea, más conocido como Hulk Hogan, una de las figuras más icónicas y reconocidas en la historia de la lucha libre profesional, falleció a los 71 años, confirmó la World Wrestling Entertainment (WWE).

Hogan fue una estrella emblemática que marcó una era dorada en la lucha libre estadounidense durante las décadas de 1980 y 1990. Su carisma dentro y fuera del ring, sumado a su imagen como un héroe popular, ayudó a que la WWE se convirtiera en el gigante del entretenimiento deportivo que es hoy. Además, incursionó en el cine y la televisión, convirtiéndose en una celebridad de renombre mundial.

La WWE expresó en un comunicado:

«Lamentamos profundamente informar el fallecimiento de Hulk Hogan, miembro del Salón de la Fama de la WWE. Su legado como una de las figuras más reconocibles de la cultura pop perdurará para siempre. Extendemos nuestras condolencias a su familia, amigos y fanáticos.»

El deceso ocurrió en Clearwater, Florida, donde los servicios de emergencia acudieron a su residencia tras recibir un reporte de paro cardíaco. Bollea fue trasladado al Hospital Morton Plant, donde fue declarado fallecido.

Hogan fue conocido por su icónica frase “rezar y tomar vitaminas” y sus “brazos de 60 centímetros”, símbolos de su carácter motivador y fuerte dentro del ring. Durante su carrera enfrentó a rivales memorables como “Rowdy” Roddy Piper, André el Gigante y “Macho Man” Randy Savage, elevando la lucha libre a un fenómeno de entretenimiento masivo.

Su paso a la World Championship Wrestling (WCW) en los años 90, adoptando el personaje “Hollywood Hogan”, generó uno de los momentos más impactantes en la historia del deporte, ayudando a que WCW dominara en audiencia por semanas consecutivas. Más tarde regresó a la WWE, protagonizando combates legendarios, entre ellos uno contra Dwayne “La Roca” Johnson en WrestleMania X8 en 2002.

Aunque su carrera tuvo momentos controversiales, incluyendo un video con insultos racistas que afectó su relación con la WWE, Hogan se mantuvo como una figura influyente y polémica dentro del mundo de la lucha libre.

Su fallecimiento ocurre poco antes del debut de su nueva empresa, Real American Freestyle, que buscaba ofrecer una plataforma para la lucha libre tradicional, distinta al espectáculo de la WWE.

El legado de Hulk Hogan trasciende el deporte y la cultura popular, quedando en la memoria de millones de fanáticos alrededor del mundo.

Vía 14ymedio

La industria turística cubana profundiza su caída: entre enero y junio de este año apenas llegaron a la isla 981.856 visitantes internacionales, una cifra que supone un desplome del 25% respecto al mismo período de 2024 (1.309.655 turistas). Los datos, divulgados por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (Onei), confirman que la principal fuente de divisas del país sigue sin mostrar señales de recuperación.

En los años de bonanza, Varadero —considerado la “playa más bella del mundo” por la propaganda oficial— solía recibir un millón de turistas en solo tres meses de temporada alta. Hoy, esa postal contrasta con hoteles semivacíos, calles de La Habana con cada vez menos extranjeros y una realidad incómoda: muchos visitantes son seguidos por grupos de mendigos.

El mes de junio cerró con 119.513 visitantes internacionales, un registro inferior al de mayo y casi idéntico al de junio de 2022, cuando el turismo mundial apenas se recuperaba de la pandemia.

Canadienses a la cabeza, Europa se desploma

Canadá se mantiene como principal emisor de turistas hacia Cuba, con 428.125 viajeros en el semestre —un 26% menos que en 2024—, seguido de cubanos residentes en el exterior (120.423) y turistas estadounidenses (67.044), estos últimos con una caída cercana al 20%. Los únicos que aumentaron fueron los colombianos, aunque su aporte es marginal: pasaron de 16.234 a 16.622 visitantes.

El turismo europeo sigue en caída libre: Alemania (-35,9%), Francia (-26,4%) y España (-26,2%) registraron los mayores descensos. México y Argentina se mantuvieron relativamente estables, aunque también con leves retrocesos.

Falta de alimentos, combustible y aeropuertos deteriorados

El desplome quedó expuesto esta semana en la Asamblea Nacional, cuando el ministro de Turismo, Juan Carlos García Granda, reconoció que la crisis del sector ya no puede atribuirse a la pandemia, sino a problemas estructurales como el desabastecimiento. “Este ha sido el peor momento desde el derrumbe de las Torres Gemelas, en 2001, sin contar el período pandémico”, dijo.

El ministro de la Industria Alimentaria, Alberto López, fue aún más directo: admitió que la producción nacional es incapaz de abastecer la demanda del turismo. Hoteleras como Meliá han debido crear importadoras propias, como Mesol, para garantizar la alimentación de sus huéspedes. Aun así, la cadena española apenas alcanza un 40% de ocupación, frente a un promedio nacional del 24,1%.

A esto se suman problemas en aeropuertos: un informe oficial reveló que pistas deterioradas obligan al cierre parcial de terminales en provincias como Granma, Guantánamo y Las Tunas. Además, persisten fallos en agua, higiene, limpieza y trámites de migración y aduanas.

Sin turistas, sin divisas

Para el economista Pavel Vidal, “la industria turística en Cuba experimenta en 2025 los peores números de su historia desde que se tienen registros”. En su informe mensual advierte que la falta de divisas agrava la crisis estructural mientras el Gobierno sigue sin emprender reformas profundas. En las calles, las cifras se sienten: menos turistas, más pobreza y una cohorte de mendigos que acompaña a los pocos extranjeros que aún llegan.

HOUSTON/WASHINGTON, 24 jul (Reuters) – El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump está discutiendo autorizaciones a socios clave de la petrolera estatal venezolana PDVSA, comenzando con Chevron (CVX.N) lo que les permitiría operar con limitaciones en el país sancionado de la OPEP, dijeron el jueves cuatro fuentes cercanas al asunto.

De concederse, las autorizaciones a Chevron, y posiblemente también a los socios europeos de PDVSA, marcarían un cambio radical respecto de la estrategia de presión que Washington adoptó a principios de este año.

Un alto funcionario del Departamento de Estado dijo en un comunicado que no podían hablar sobre ninguna licencia específica para los socios de PDVSA, pero agregó que Estados Unidos no permitiría que el gobierno del presidente Nicolás Maduro se beneficie de la venta de petróleo.

Estados Unidos podría ahora permitir a las compañías energéticas pagar a los contratistas de yacimientos petrolíferos y realizar las importaciones necesarias para asegurar la continuidad operativa, dijeron dos de las fuentes.

«Chevron opera globalmente cumpliendo con las leyes y regulaciones aplicables, así como con el marco de sanciones establecido por el gobierno estadounidense, incluso en Venezuela», afirmó un portavoz de la compañía.

Las conversaciones se producen tras un intercambio de prisioneros este mes. Washington ha acusado al gobierno del presidente socialista Nicolás Maduro de violar las normas democráticas.
En febrero, Trump anunció la cancelación de un puñado de licencias energéticas en Venezuela, incluida la de Chevron, y dio plazo hasta fines de mayo para liquidar todas las transacciones.

El Departamento de Estado norteamericano, que en mayo bloqueó una iniciativa del enviado especial del presidente Richard Grenell para extender las licencias, esta vez impone condiciones a cualquier modificación de la autorización, para que no llegue dinero a las arcas de Maduro, agregaron las dos fuentes.

Pero el secretario de Estado, Marco Rubio, aún podría decidir prohibir la medida en el último momento o modificar el alcance de las nuevas autorizaciones.

Reuters

Vía Axios

Un elemento clave del pacto comercial entre EE. UU. y Japón plantea más preguntas que respuestas sobre el futuro de la relación económica entre ambas naciones.

La idea principal: Un compromiso de inversión reportado de 550.000 millones de dólares por parte de Japón supondría un enorme aumento de la exposición financiera de la nación a Estados Unidos. Pero ningún funcionario, ni japonés ni estadounidense, ha explicado detalles clave sobre cómo funcionaría realmente.

Según la descripción de los funcionarios estadounidenses, el presidente Trump tendría la facultad de dirigir los fondos de inversión y EE. UU. recibiría el 90% de las ganancias.
No está claro qué entidades legales —ya sea del lado japonés o estadounidense— participarían, ni qué ganan las empresas japonesas si no tienen ni control sobre las inversiones ni retorno financiero.

Para ponerse al día: Una hoja informativa de la Casa Blanca indicó que Trump dirigirá los fondos hacia la revitalización de la base industrial de EE. UU., incluyendo infraestructura energética, fabricación de semiconductores, minerales críticos, farmacéuticos y construcción naval.

En cifras: Vale la pena subrayar lo grande que es la cifra de 550.000 millones de dólares: equivale a casi el 14% del PIB de Japón en 2024.

Japón ya es la mayor fuente individual de inversión extranjera directa en EE. UU., con un capital acumulado de 754.000 millones de dólares invertidos hasta el año pasado. Y ha venido aumentando rápidamente: casi se ha duplicado en la última década.

Revisión de la realidad: Esto ha sido impulsado por empresas japonesas que invierten de forma voluntaria, esperando obtener una buena rentabilidad —pensemos en la planta de fabricación de Toyota en Georgetown, Kentucky, que representaba unos 10.000 millones de dólares de inversión a comienzos del año pasado.

Pero proyectos de ese tipo no surgen de la noche a la mañana. La construcción inicial de la planta de Toyota se inició en 1986.
La inversión extranjera directa japonesa en EE. UU. aumentó en unos 54.000 millones de dólares en 2024, un fuerte aumento del 7,7%, pero el fondo de inversión contemplado es más de diez veces mayor.
De forma similar, Japón es el mayor tenedor de bonos del Tesoro de EE. UU., con 1,1 billones de dólares a mayo. Pero esas compras son dirigidas por el gobierno japonés para gestionar la moneda y las reservas del país, no a petición del presidente estadounidense.

El Banco de Japón compra bonos estadounidenses esperando recibir intereses y la devolución del principal.

Lo que dicen: “Ellos vinieron a nosotros con la idea de una asociación Japón-EE. UU., en la que aportarían capital, garantías crediticias y financiación para grandes proyectos en EE. UU.”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el miércoles en Bloomberg TV.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo a Axios que “la forma y el plazo aún están por definirse, pero en esencia se trata de un vehículo de inversión cuyo dinero pondrán los japoneses y cuyas inversiones serán dirigidas por el Presidente hacia los sectores que hemos priorizado.”

La otra cara: “Las vagas promesas sobre Japón invirtiendo 550.000 millones de dólares en EE. UU. y los estadounidenses recibiendo ‘el 90% de las ganancias’ son el tipo de afirmaciones fantasiosas más propias de un mitin de campaña que de un anuncio comercial serio,” escribió Veronique de Rugy, investigadora principal del Mercatus Center, en una nota.

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