El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, celebró la expansión de vuelos directos entre Miami y Caracas luego del anuncio de American Airlines sobre un segundo vuelo diario en esta ruta.
Hoy, American Airlines lanzó un segundo vuelo diario entre Miami y Caracas. Bajo el plan de tres fases de POTUS y SecRubio, el sector privado está ampliando su capacidad para satisfacer la demanda y apoyar la recuperación económica de Venezuela”, expresó Barrett.
Barrett indicó en sus redes sociales que la medida forma parte de un “plan de tres fases” impulsado por la administración estadounidense, con el objetivo de fomentar la recuperación económica venezolana.
La nueva frecuencia se suma a la reciente reanudación de vuelos directos entre ambos países, suspendidos desde 2019. American Airlines retomó oficialmente sus operaciones hacia Caracas el pasado 30 de abril y anunció posteriormente una segunda frecuencia diaria ante la alta demanda de pasajeros.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó este jueves al expresidente cubano Raúl Castro como un «fugitivo» de la Justicia estadounidense, pero se negó a comentar planes para arrestarlo.
Las declaraciones del jefe de la diplomacia estadounidense se producen el día después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara cargos de asesinato contra el hermano menor de Fidel Castro por el derribo de dos avionetas de una organización del exilio cubano hace 30 años.
«No voy a hablar de cómo lo traeríamos aquí. ¿Por qué le diría a los medios cuáles son nuestros planes al respecto? En definitiva, en ese punto se ha convertido en un fugitivo de la Justicia estadounidense, y ya saben, si hay algún anuncio al respecto, se los comunicaremos después, no antes», declaró Rubio a la prensa en Miami previo a emprender un viaje oficial a Suecia e India.
El jefe de la diplomacia estadounidense subrayó que las pruebas contra Castro «son claras» dado que el expresidente «admite abiertamente y presume de que derribó a civiles y de que dio la orden de derribar aviones civiles».
En el centro de la investigación hay una grabación de junio de ese año con periodistas cubanos en la que Castro habría confesado que ordenó derribar las dos avionetas.
Su caso ha levantado especulaciones sobre si la Administración de Donald Trump prepara la captura de Castro como hizo en enero pasado en Venezuela con Nicolás Maduro, quien afronta un juicio por narcotráfico en Estados Unidos.
La acusación contra Castro supone un paso más en la presión que Estados Unidos ejerce sobre la isla, tras haberle impuesto un bloqueo energético y luego de las amenazas de Trump de «tomar el control» del país caribeño.
La administración de Donald Trump ha alcanzado un punto de inflexión en su política hacia el hemisferio occidental. Tras la intervención de enero de 2026, el mandatario ha proclamado un éxito financiero sin precedentes. El 16 de mayo de 2026, en una entrevista con Fox News, Trump afirmó eufórico:
«Hemos hecho una fortuna con su petróleo… y ellos han ganado más dinero en los últimos ocho meses que en los últimos diez años».
Sin embargo, tras esta narrativa de éxito económico se esconde un dilema ético que el propio Trump convirtió en el eje de su carrera política: la transparencia en el manejo de recursos extranjeros y el conflicto de interés.
El antecedente: El «Estándar Ucraniano»
Para comprender la gravedad del escenario actual, es imperativo revisar las denuncias de Trump contra la familia Biden. En 2019, Trump sostuvo que la participación de Hunter Biden en la junta directiva de la energética ucraniana Burisma Holdings representaba un caso inaceptable de opacidad. En la transcripción oficial de su llamada con el presidente Zelensky, Trump enfatizó: «Biden anduvo alardeando de que detuvo la fiscalía… mucha gente quiere enterarse de eso».
«Hizo una fortuna en Ucrania, en China, en Moscú y en varios otros lugares», declaró posteriormente durante el primer debate presidencial de 2020 en referencia a Hunter Biden, acusándolo de lucrarse aprovechando la posición de su padre.
Aquel estándar —que exigía claridad absoluta sobre quién se beneficia de los recursos de una nación aliada— es el mismo que hoy debe aplicarse a la gestión del crudo venezolano bajo su propio mandato. La pregunta es inevitable: ¿Está Trump replicando en Caracas el modelo de opacidad que dejó al descubierto en Kiev?
La centralización de fondos y la «Caja Negra» del Tesoro
Bajo la estructura financiera consolidada en 2026, los ingresos derivados de la venta de petróleo venezolano no fluyen hacia las arcas de una administración local independiente, sino que se depositan directamente en cuentas custodiadas por el Tesoro de los Estados Unidos.
Aunque el manejo de estos fondos dentro de jurisdicción estadounidense permite un monitoreo técnico a la administración Trump, la crítica de opacidad persiste debido a un control discrecional alarmante:
Discrecionalidad Ejecutiva: El Departamento de Estado posee la facultad de autorizar desembolsos para «fines diplomáticos o de seguridad» sin requerir una auditoría pública detallada del Congreso.
Blindaje Legal: Esta estructura convierte a la «fortuna» mencionada por Trump en una herramienta hermética de poder político, protegida legalmente contra embargos de acreedores, pero también aislada del escrutinio ciudadano.
El círculo de los beneficiarios: ¿Drenar el pantano o cambiarlo de sitio?
La preocupación más profunda reside en la arquitectura de los nuevos beneficiarios. Bajo el esquema legal consolidado por la Licencia General 52 de la OFAC, la reconstrucción y reactivación de la infraestructura energética venezolana ha quedado supeditada a decisiones administrativas de circuito cerrado en Washington. Al eludir los mecanismos tradicionales de licitación pública internacional, la gestión de los activos y la comercialización del crudo proyectan tres alarmantes patrones de riesgo neomercantilista:
La privatización selectiva y la asignación «A Dedo»: La sustitución de procesos competitivos y abiertos por un régimen discrecional de licencias específicas emitidas por la OFAC ha institucionalizado la adjudicación directa. El ejemplo más pragmático ha sido la asignación preferencial de cargamentos a los gigantes globales de commoditiesVitol y Trafigura. El hecho de que el acceso a terminales estratégicos como el Complejo José dependa del peso del cabildeo político y de conexiones de campaña —ilustrado por las millonarias donaciones de operadores vinculados a Vitol a los comités de acción política del mandatario— desplaza a los operadores tradicionales. Esta práctica adquiere un tinte de profunda contradicción ética si se considera que ambas firmas poseen un historial oscuro a lo interno de EE. UU., habiendo pagado multas multimillonarias al Departamento de Justicia (DOJ) tras declararse culpables de esquemas de sobornos en América Latina.
El blindaje confidencial de la seguridad: La delegación de la custodia física y la evaluación de riesgos en la infraestructura crítica ha sido otorgada a consorcios de seguridad privada integrados por asesores informales de la administración. Al operar bajo contratos amparados en la categoría de «Información de Seguridad Nacional Sensible», estos desembolsos —ejecutados directamente desde las cuentas bloqueadas de PDVSA en EE. UU.— quedan sepultados en un vacío legal. Este mecanismo anula la rendición de cuentas pública, transformando la protección de activos en un feudo financiero inaccesible para la contraloría del Congreso.
El neomercantilismo de intermediación: El diseño normativo actual ha incentivado la proliferación de firmas de servicios logísticos e intermediación registradas apresuradamente en el paraíso corporativo de Delaware. Al carecer de activos reales o de un historial técnico previo en la compleja industria del crudo pesado, estas entidades actúan como vehículos de extracción de rentas. Capturan márgenes de ganancia sustanciales en el transporte y comercialización, funcionando como peajes políticos donde la cercanía al poder en Washington sustituye por completo a la eficiencia operativa que demandaría una verdadera reconstrucción sectorial.
La ilusión del auge: El espejismo de la «fortuna» venezolana
El núcleo de la narrativa de la administración Trump descansa sobre una audaz premisa económica: el retorno inmediato del dividendo petrolero. Al asegurar en Fox News que Venezuela ha generado «más dinero en los últimos ocho meses que en los últimos diez años», el mandatario estadounidense apela a un optimismo contable que, si bien se sustenta en un repunte real de los flujos de exportación tras los eventos de enero de 2026, simplifica una realidad estructural mucho más opaca.
Las proyecciones del sector energético estiman que los ingresos petroleros del país podrían escalar significativamente, impulsados por el fin del descuento forzoso del crudo en mercados negros, el aumento de la producción, la inestabilidad geopolítica derivada del conflicto en Ormuz y el regreso de los diluyentes estadounidenses. Sin embargo, este flujo de petrodólares no representa una bonanza de libre disponibilidad para la reconstrucción nacional, sino un flujo rígidamente administrado bajo un doble muro de opacidad que anula cualquier principio de contraloría social:
El apagón de la rendición de cuentas bilateral: El aspecto más crítico de esta «fortuna» es la absoluta ausencia de transparencia pública sobre el destino de los recursos. Por un lado, la administración estadounidense y sus agencias gestionan los fondos bajo criterios de discrecionalidad ejecutiva, eludiendo la auditoría detallada del Congreso. Por el otro, la estructura de la administración del régimen en Caracas mantiene su histórica política de secretismo y cajas negras, omitiendo la publicación de presupuestos reales, balances auditados de PDVSA o informes de ejecución fiscal.
En un intento propagandístico, el régimen creó el portal Transparencia Soberana, una plataforma digital supuestamente diseñada para que la ciudadanía consulte el registro de entrada y la posterior ejecución de los recursos derivados de Petróleos de Venezuela; sin embargo, en la práctica, opera únicamente como propaganda inservible. El resultado es un consenso fáctico de opacidad: ni Washington ni el régimen rinden cuentas públicas de los recursos recibidos, dejando a la ciudadanía venezolana y estadounidense en un total ayuno informativo.
El mecanismo de la «asignación presupuestaria»: Lejos de ingresar a un banco central autónomo, los recursos se acumulan en cuentas bajo el control directo de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y el Tesoro de EE. UU. Para que se puedan autorizar desembolsos operativos o humanitarios, estos deben someterse a un proceso de revisión por parte de burócratas y auditores en Washington. Esta tutela financiera convierte el ingreso en una herramienta de coacción institucional y negociación a puerta cerrada, lejos del escrutinio público.
El compromiso de la renta futura: Gran parte de los fondos que hoy se computan como «ganancia» ya se encuentran precomprometidos para saldar reclamos de arbitraje internacional pendientes y deudas corporativas. Al priorizar el pago a acreedores y multinacionales que regresan al amparo de las nuevas flexibilizaciones fiscales, la «fortuna» proclamada por Trump funciona en la práctica como un fondo de liquidación de pasivos geopolíticos. El crudo fluye, los ingresos se registran en los balances, pero el beneficio social estructural sigue ausente en las calles de Venezuela, que no «baila de alegría en la calles» sino que padece un inflacion anualizada de 600%, cortes eléctricos que superan las 8 horas diarias y carencias sociales de todo tipo.
La oportunidad de oro de Donald Trump
El debate sobre el futuro energético venezolano ha alcanzado una dimensión institucional interesante ante los recientes reportes que señalan que un fondo de inversión vinculado a la familia Trump estaría interesado en participar en la reconstrucción del sector en el país.
Lejos de ser una crisis inevitable de conflicto de interés, este escenario representa una oportunidad de oro para que el mandatario estadounidense demuestre la coherencia de su visión y establezca un precedente histórico en la gobernanza global.
Si la administración Trump decide dar un paso al frente y transparentar radicalmente el proceso, la entrada de capitales vinculados a su entorno familiar podría canalizarse positivamente bajo tres dimensiones estratégicas:
Un nuevo estándar global de transparencia: Al someter cualquier inversión de su grupo familiar a auditorías internacionales abiertas, licitaciones públicas competitivas y supervisión independiente, Trump tiene la oportunidad de transformar la gestión del crudo venezolano en un modelo de referencia (benchmark) de transparencia corporativa. Un estándar de esta magnitud sería replicable en otras transacciones de mercados emergentes, sepultando de manera definitiva el «estándar de opacidad» que en su momento criticó en Ucrania.
Una señal de confianza para los mercados: La institucionalización de reglas claras, públicas y auditables enviaría un mensaje de ertidumbre a los agentes financieros internacionales. Las grandes corporaciones petroleras internacionales (IOC) y las firmas transnacionales de servicios de ingeniería encontrarían en Venezuela un marco de seguridad jurídica suficiente, estimulando una ola de inversiones legítimas de capital intensivo que aceleraría la estabilización de la producción del país.
El despeje de la duda ética: Someter los intereses comerciales de su entorno al escrutinio público más rigido disiparía cualquier sospecha de deshonestidad, tráfico de influencias o aprovechamiento neomercantilista al amparo del poder del Estado. En lugar de permitir que Venezuela sea señalada como el «Burisma» de su mandato, el presidente podría exhibir el rescate energético como un triunfo donde el beneficio económico privado se alinea perfectamente con la transparencia institucional y el interés estratégico de ambas naciones.
En última instancia, el destino de la reconstrucción energética venezolana no se decidirá en los balances de los gigantes del corretaje, ni en la discrecionalidad de las licencias de la OFAC, y mucho menos en el apetito de rendir cuentas del régimen venezolano, sino en la coherencia ética de la propia Casa Blanca. Si el mandatario estadounidense aspira a que su política en estas latitudes sea recordada como un hito de liberación económica y no como un ejercicio de captura corporativa, el camino es uno solo.
Ante la mirada atenta de los mercados internacionales, las IOC y una ciudadanía venezolana, estadounidense y latina en general que exigen cuentas claras, ha llegado el momento de que Donald Trump demuestre que sus principios de gobernanza no eran simple retórica de campaña; es la hora de, verdaderamente, put his money where his mouth is y sepultar el fantasma de la opacidad con un estándar de transparencia inquebrantable y replicable como ejemplo.
David Morán Bohórquez es ingeniero industrial. Miembro de la Comisión de Energía de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat de Venezuela y del Consejo Directivo de Cedice Libertad
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo (17.05.2026) que a Irán se le acaba el tiempo para pactar en medio del alto al fuego vigente desde principios de abril y volvió a amenazar a la República Islámica con más ataques.
«Para Irán, el reloj avanza, y más les vale ponerse en marcha —¡rápido!—, o no quedará nada de ellos. ¡El tiempo es esencial!», escribió el mandatario en su red Truth Social. En medio de la fragilidad de la tregua, Trump responsabilizó a Irán del estancamiento de las negociaciones para poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, en una entrevista en Fox News a la vuelta del viaje a Pekín la semana pasada.
Aseguró que Teherán se retracta de los acuerdos alcanzados «al día siguiente», una situación que, según dijo, se ha repetido en cinco ocasiones. «Cada vez que se dialoga ellos (Irán) aceptan todo y luego se retiran (…) nos iban a dar su polvo nuclear y todo lo que queríamos, pero cada vez que cierran un trato, al día siguiente actúan como si no hubiéramos tenido esa conversación», dijo Trump.
Además del mensaje, explícito, del domingo, el mandatario publicó el sábado una imagen suya recreada por inteligencia artificial en la que se sugería que podrían retomarse los ataques en Irán.
EFE, AFP
En Venezuela existen más de 200 dominios y al menos 64 medios de comunicación bloqueados por proveedores de Internet
VE sin Filtro exigió a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) el levantamiento inmediato del bloqueo a más de 200 dominios y al menos 60 medios digitales en Venezuela, una medida que organizaciones civiles califican como una violación sostenida a la libertad de expresión y al derecho a la información.
«Desbloquear los medios en Venezuela es fácil. Solo se necesita la voluntad política para hacerlo y que Conatel ordene a los prestadores de servicio de Internet el levantamiento de las restricciones. Queremos poder elegir dónde y cómo informarnos», reza una publicación en X de Ve sin Filtro.
Andrés Azpúrua, director de VE sin Filtro, afirmó en marzo que el bloqueo masivo de páginas web constituye una política sistemática que vulnera derechos fundamentales.
Señaló que Conatel tiene ahora la oportunidad de demostrar un compromiso con la reconciliación nacional y la libertad de expresión.
Según explicó, revertir las restricciones sería técnicamente sencillo: bastaría una comunicación oficial a los proveedores de Internet para que el acceso se restablezca en un lapso de seis a siete horas.
Sin derecho a la información
Organizaciones como Provea y el Colegio Nacional de Periodistas también han advertido que los bloqueos afectan directamente la vida de los ciudadanos y el ejercicio del periodismo.
“Estamos exigiendo que se levanten todos los bloqueos en Internet en Venezuela; esta censura generalizada que afecta las páginas web, incluyendo plataformas de comunicación, redes sociales y prácticamente todo el ecosistema de medios independientes. Son violaciones de los derechos humanos”, declaró Azpúrua en aquella oportunidad.
El economista y asesor financiero José Miguel Farías advirtió que una reestructuración de deuda mal gestionada y sin el FMI conduciría a nuevas crisis financieras en el futuro.
El economista y asesor financiero José Miguel Farías advirtió que una reestructuración de la deuda externa venezolana sin el respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI) puede conducir a un menor descuento sobre el pasivo total, plazos más cortos de pago y acceso más costoso a los mercados financieros después del acuerdo.
«Venezuela llega a la mesa de reestructuración de deuda como el único país del mundo que dilapidó la mayor bonanza petrolera de su historia sin construir un fondo de ahorro, sin diversificar su economía y sin mantener estadísticas fiscales confiables», apunta Faría en su cuenta en lared social X.
Farías apuntó que Venezuela no se somete a una evaluación financiera según el Artículo IV de los estatutos del FMI desde hace más de 20 años.
«En ausencia de un Análisis de Sostenibilidad de Deuda validado por el FMI y de una estrategia integral que coordine bonos, bilaterales, comerciales y laudos arbitrales, el riesgo es terminar con un acuerdo parcial, vulnerable a acreedores holdout y a nuevos episodios de estrés de liquidez pocos años después del canje», añadió Farías.
Los comentarios de José Miguel Farías se suman a los de otros expertos que han hecho cuestionamientos al proceso de reestructuración de la deuda externa de Venezuela, un proceso que no puede producirse a la velocidad que el gobierno interino nacional establezca, porque está condicionado por licencias del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
El economista y asesor financiero recordó que el Fondo Monetario Internacional señaló que «está al tanto» de la intención del Ejecutivo venezolano de iniciar la renegociación de deuda, pero señlaló que el ente multinacional no ha recibido solicitudes de apoyo financiero o asesoría técnica.
«El orden correcto»
«El orden correcto es primero estabilizar, luego certificar, luego negociar. Invertir esa secuencia por urgencia política es exactamente el tipo de error que un país no puede permitirse cuando ya no le quedan márgenes», apunta José Miguel Farías.
Y añade: «Si el proceso no está enmarcado en una reforma profunda del Estado, que deje de vivir de la inflación y del endeudamiento fácil, los incentivos que nos trajeron hasta aquí seguirán intactos y cualquier acuerdo solo comprará tiempo a costa de un futuro todavía más caro».
Farías, desde su experiencia como analista y consultor, establece que «más que un problema financiero, esto es un problema de reglas de juego. Un país que llegó a esta deuda después de quemar una bonanza histórica, manipular estadísticas y financiarse sistemáticamente con inflación no puede tratar la reestructuración como un simple trámite de banca de inversión».
«Si el acuerdo no viene acompañado de un compromiso verificable de disciplina fiscal, respeto a la propiedad y límites claros al poder discrecional del Estado, la pregunta no es si habrá otra crisis, sino cuándo y con qué costo social», concluyó.
Solamente China llegó a prestar 62.000 millones de dólares por todos esos años a cambio de ventas futuras de petróleo
Justo por estos días, dos problemas extremos de Venezuela se cruzan: recrudecen los apagones en todo el país y el Gobierno anuncia que emprende «un proceso integral» para reestructurar una enorme deuda externa que podría estar entre 160.000 y 180.000 millones de dólares, sumando los compromisos de la República y los de la menguada petrolera estatal PDVSA. Estos problemas son como dos serpientes que se muerden la cola, y ambas tienen la piel del chavismo, el régimen autoritario e ineficiente que ha gobernado este país con mano dura desde hace 27 años, cuando llegó al poder el militar nacionalista Hugo Chávez, fallecido en la paz del socialismo el 5 de marzo de 2013.
A finales de 2017, su heredero político designado a dedo, Nicolás Maduro, declaró que dejaba de pagar la deuda externa, en lo que supuso uno de los mayores defaults (impagos) de este tipo en este lado del mundo. Como destacan varios renombrados economistas, la deuda externa venezolana había pasado de 28.000 millones de dólares a la llegada de Chávez al poder en 1999, hasta casi 180.000 millones en este turbulento 2026. Ni el mismo Gobierno conoce la cifra exacta, mucho menos los venezolanos comunes.
El chavismo, borracho de populismo, disfrutó y dilapidó la mayor bonanza de la centenaria historia petrolera de Venezuela, que llegó a un billón de dólares (millón de millones) durante esos años. Pero, en un ejercicio de Rey Midas al revés, convirtió esa riqueza en pobreza y miseria, al paso que elevaba el endeudamiento nacional con emisiones de bonos de deuda puestos a circular en los mercados financieros internacionales, con préstamos de organismos multilaterales, empresas y con créditos bilaterales.
Años de censura, opacidad y oscuros acuerdos bilaterales con gobiernos amigos del chavismo, como el de China o la Rusia de Putin, determinaron que la sociedad venezolana y sus instituciones quedaran al margen de este proceso y nadie sepa hoy cuánto se debe, a quién y en qué se gastó exactamente ese dinero, o cuánto se robaron. Solamente China llegó a prestar 62.000 millones de dólares por todos esos años a cambio de ventas futuras de petróleo, en un fondo supuestamente destinado a financiar obras de infraestructura y grandes proyectos productivos. Hoy simplemente no se sabe cuánto se ha pagado de esos préstamos chinos y cuánto se debe todavía. Los proyectos nunca fueron construidos o, si fueron iniciados, fueron abandonados a mitad de camino.
Ya en el lejano año 2012, el Gobierno chino mostraba su preocupación porque sus técnicos percibían que no estaba garantizada en Venezuela la inversión sostenible de los fondos prestados. Chávez, y más tarde Maduro, rodeados de sus acólitos ortodoxos, endeudaban al país sin siquiera cumplir los trámites legales, como autorizaciones de la Asamblea Nacional o supervisión de la Contraloría, mucho menos el conocimiento de la opinión pública.
Según datos de plataformas de información financiera, en la primera semana de enero había en el mercado secundario 73.000 millones de dólares en bonos venezolanos, todos en mora. Solamente en lo que resta de 2026 habrán de vencer 12.000 millones, según el cronograma de esas emisiones de papeles que, antes de la captura de Maduro, eran poco menos que basura en los mercados, pues algunos cotizaban hasta por debajo del 10% de su valor facial.
Tras la espectacular operación militar para capturar a Maduro y dejar a Delcy en su lugar, los papeles vivieron un rally de alzas en su demanda y precios. Más tarde, tras los anuncios de una reestructuración, algunos bonos estuvieron esta semana cercanos a 40 y 55 centavos de dólar. Pero la deuda venezolana incluye también unos 20.000 millones de dólares en sentencias que ha perdido el Gobierno ante el Ciadi, el tribunal internacional de arbitrajes del Banco Mundial.
Hay, además, un monto desconocido de deudas y facturas comerciales de PDVSA y otras empresas públicas con proveedores y prestadores de servicios, incluyendo petroleras como ENI y Repsol, que hoy se están cobrando con cargamentos de petróleo que ellas mismas extraen de campos que operan en el país. Hay deudas con el Club de París, con acreedores nacionales europeos, con empresas privadas, con Irán, Turquía y Rusia. Poner orden en este desastre de cifras habrá de ser el primer desafío para quien se proponga renegociar, reestructurar y refinanciar la enorme deuda externa venezolana, acaso la más grande del mundo en litigio para nación alguna.
Hoy, el Gobierno interino de Delcy Rodríguez, que lleva en su origen la ilegitimidad tras el fraude electoral de julio de 2024 y, en los hechos, la bendición de Donald Trump, acaba de contratar al banco de inversiones Centerview Partners, de EEUU, para iniciar este engorroso proceso de reestructuración de la deuda. También se desconoce cómo fue el mecanismo para escoger a esta empresa, después de que una licencia del Departamento del Tesoro autorizara al tutelado Gobierno de Delcy a contratar servicios profesionales con miras a lidiar con la deuda externa.
Futuros acuerdos con acreedores habrán de comprometer a generaciones de venezolanos. Al haber reconocido al gobierno de Delcy, Trump ha terminado legitimando al propio Gobierno de Maduro, que tanto aborrecía. De este modo, son los mismos chavistas que endeudaron al país impunemente los que ahora ofrecen resolver la enorme losa de esa deuda a través de una reestructuración y reclaman una enorme reducción de las facturas para pensar en pagarlas.
En un ejercicio de tecnócratas que ahora parecen ocupar más espacio en el Gobierno de Delcy, la Vicepresidencia de Economía acaba de emitir un manifiesto en donde afirma que la reestructuración de la deuda se basa en cuatro principios esenciales. El primero es la sostenibilidad, para reflejar las necesidades reales de Venezuela y llevar un alivio significativo de la deuda. Esto significa que esperan lograr una «quita» o descuento; perdón, una reducción importante, pues, de los montos que debe el país.
El segundo principio, llamado de «exhaustividad», afirma que será un proceso unificado que incluirá todas las deudas de la República y de PDVSA. También afirman que actuarán con «buena fe y transparencia» y que Venezuela asume un compromiso abierto, continuo y proactivo con todos los grupos de acreedores y «respaldado por un proceso formal de intercambio de datos». «Venezuela procederá con urgencia para alcanzar una resolución rápida, consensuada e integral, en el mejor interés del pueblo venezolano», remata. Pero, en estas cosas, no hay soluciones rápidas. Solo para hacer un arqueo y contabilizar el monto de esa deuda, se necesitan largos meses. Después, si vamos a hablar de honestidad y ética, habrá que evaluar cuánto de esa deuda es ilegal o no.
También habrá que negociar con los multilaterales e incluir al FMI en cualquier negociación para que la cosa sea seria y creíble y tenga el respaldo del sistema financiero internacional. Después alguien habrá de decidir a quién se le paga primero y cuánto, y de qué forma: si se refinancian saldos, se emiten nuevos bonos, a qué tasa y quién los adquiere. Además, probablemente habrán de salir fondos buitres, acreedores que se niegan a aceptar condiciones y querrán reclamar el pago total de los bonos que hayan comprado a precios de gallina flaca.
Lo más importante de todo es qué Gobierno representa a Venezuela en este proceso… Algunos calculan que, para endosar esa reestructuración y refinanciamiento, primero será necesario elegir un Gobierno por voto directo, popular y legítimo, y no que el proceso esté a cargo de un Gobierno interino designado por Washington.
Mientras eso se soluciona, las personas comunes en Venezuela siguen sufriendo apagones en medio de un deterioro general de los servicios públicos. Para resolver la crisis energética, la económica y la social, harán falta miles de millones de dólares. Dinero que no tiene el Gobierno chavista y que difícilmente llegará al país en los montos necesarios, a menos que se comience a pagar lo que se debe.
La reciente deportación de Alex Saab a Estados Unidos desató un movimiento interno dentro del chavismo orientado a eliminar referencias públicas que durante años exaltaron su figura como aliado estratégico de Nicolás Maduro. Diversas publicaciones oficiales y mensajes de propaganda comenzaron a desaparecer de redes sociales vinculadas a dirigentes y comunicadores afines al oficialismo.
Uno de los casos más comentados fue el de Delcy Rodríguez, quien habría eliminado mensajes en los que celebraba el regreso de Saab a Venezuela tras el indulto otorgado por Estados Unidos en 2023. En aquella ocasión, la dirigente chavista calificó el hecho como una victoria diplomática y agradeció el trabajo negociador encabezado por Jorge Rodríguez, recoge La Patilla.
El periodista venezolano Luis Carlos Díaz advirtió en redes sociales sobre la eliminación sistemática de publicaciones relacionadas con Saab y sostuvo que el borrado digital busca dificultar la reconstrucción de la memoria política reciente. Según señaló, la desaparición de esos contenidos constituye una forma de censura destinada a minimizar los vínculos del chavismo con el empresario colombiano.
También trascendió que Pedro Karvajalino, identificado durante años con la propaganda oficialista, eliminó mensajes y videos donde defendía públicamente a Saab. Entre ellos figuraban fragmentos de discursos de Jorge Rodríguez durante actos políticos organizados para exigir la liberación del empresario mientras permanecía detenido en Estados Unidos.
En esos discursos, Rodríguez describía a Saab como un “héroe” y denunciaba supuestas persecuciones internacionales contra el chavismo. Incluso llamaba a mantener viva la campaña por su liberación y acusaba a funcionarios de la administración de Donald Trump de actuar contra Venezuela. Ahora, tras la deportación confirmada por el Saime, gran parte de ese material desapareció de plataformas digitales vinculadas al oficialismo.
La caída política de Saab se aceleró después de la captura de Maduro y de la reorganización interna impulsada por Delcy Rodríguez. En enero de 2026, Saab fue apartado del Ministerio de Industrias y Producción Nacional y posteriormente removido de otros espacios de poder dentro del Gobierno venezolano.
Finalmente, el Gobierno venezolano confirmó la deportación de Saab a Estados Unidos alegando razones migratorias y procesos judiciales pendientes en ese país. La medida representó un giro radical respecto a la protección política que el empresario había recibido durante años dentro de la estructura chavista.
Desde el Colegio de Abogados, el dirigente de Vente Venezuela criticó los cortes eléctricos y reiteró su llamado a elecciones como vía para una transformación
El coordinador nacional de organización de Vente Venezuela, Henry Alviárez, aseguró este fin de semana desde el estado Zulia que la líder opositora María Corina Machado regresará próximamente al país para, según dijo, “consolidar el cambio político”.
Durante una rueda de prensa con los medios locales celebrada en el Colegio de Abogados del Zulia, el dirigente cuestionó la efectividad de gestiones regionales aisladas y sostuvo que el objetivo de su organización es alcanzar una transformación política “donde quepan todos”.
“¿De qué ha servido un gobernador opositor? No queremos miseria; vamos por la estabilidad”, expresó. También criticó a dirigentes políticos que ya se promocionan como aspirantes a gobernaciones y alcaldías, a quienes calificó de “ilusos”.
Afirmó que el foco de Vente Venezuela continúa siendo un cambio estructural del sistema político venezolano antes que una disputa por cargos regionales.
En ese sentido, insistió en que la Vente Venezuela mantiene la exigencia de convocar elecciones para que “sea la gente quien decida” y sostuvo que actualmente no existen condiciones democráticas plenas en el país mientras, según afirmó, permanezcan detenidos alrededor de 500 presos políticos.
Alviárez sostuvo además que la lucha impulsada por el movimiento liderado por Machado “no es partidista ni ideológica”, sino un proceso de “trascendencia espiritual” orientado a recuperar la institucionalidad y la confianza en el país.
Señaló que, a su juicio, la salida de Nicolás Maduro no significó un cambio profundo en las estructuras de poder y afirmó que continúan en funciones los responsables del deterioro institucional.
Asimismo, indicó que un eventual proceso de transición democrática no estará basado en retaliaciones políticas. “Queremos que participen. Van a perder, pero tendrán espacios que ejercer; por eso no van a ir presos”, afirmó al referirse a sectores de izquierda.
Durante su intervención, también habló sobre las fallas en los servicios públicos, especialmente los cortes eléctricos prolongados en distintas regiones del país, incluyendo el Zulia. “¿Qué país puede avanzar con siete horas sin luz diarias?”, planteó.
Tras un viaje con mucha pompa, el presidente vuelve a la Casa Blanca anunciando la compra de 200 aviones y 10.000 millones de dólares en productos agroalimentarios, pero sin documentos firmados ni compromisos concretos sobre Irán
Donald Trump regresó a la Casa Blanca el viernes al caer la tarde, de vuelta de un viaje maratoniano a China que dejó más escenografía que certezas. Venía con aire cansado, traje oscuro, camisa blanca abierta sin corbata y gorra blanca con las letras USA. Caminó despacio hacia los reporteros, se detuvo apenas unos segundos y, sin aceptar preguntas ni ofrecer detalles, proclamó: «Ha sido un gran éxito. Un momento histórico». Después siguió hacia la residencia. A las siete de la tarde, la jornada quedó oficialmente cerrada. El presidente volvía a Washington con titulares comerciales, imágenes de triunfo y muy, muy pocas explicaciones. También volvía a la gran crisis que tiene abierta y le consume, la guerra con Irán.
El contraste resumía el viaje. Trump había salido de Pekín con la afirmación de que China comprará 200 aviones Boeing, más de 10.000 millones de dólares (8.600 millones de euros) en productos agrícolas, soja, energía, dispositivos médicos y carne estadounidense. Pero Pekín evitó confirmar buena parte de los detalles. La Casa Blanca con él a la cabeza presentó la visita como una victoria comercial. China, con más cautela y mayor disciplina, la utilizó para otra cosa, mostrar estabilidad, control y rango de superpotencia. Trump necesitaba una foto de éxito y Xi Jinping necesitaba una estampa de igualdad. La obtuvo.
Era el primer viaje de Trump a China en casi una década y Pekín lo organizó como una representación de poder. Hubo ceremonias multitudinarias con jóvenes agitando banderas, bandas militares, recepción en el Gran Palacio del Pueblo, visita al Templo del Cielo, banquete de Estado y un paseo final por los jardines de Zhongnanhai, el complejo reservado a la cúpula del Partido Comunista. Cada gesto estaba calculado. Nada en una visita de este nivel se deja al azar, menos aún en China, donde el protocolo no solo acompaña a la política, sino que la refleja y la explica.
Una imagen difundida por los medios oficiales chinos condensó el mensaje. Trump y Xi aparecían sentados frente a frente, separados por una mesa baja, en una composición que los presentaba de igual a igual. Trump, físicamente más alto, quedaba inclinado hacia delante, con las manos juntas y la mirada baja. Xi aparecía más erguido, más asentado en la silla, con el cuerpo abierto hacia su invitado. Puede ser una cuestión de postura, de asiento o de encuadre. El efecto, en cualquier caso, era evidente: los dos líderes aparecían en el mismo plano. Pares.
Comercialmente, el balance fue más promesa que contrato cerrado. Trump necesitaba volver con cifras grandes y las tuvo. Compra china de aviones de Boeing, el gigante aeronáutico estadounidense. Soja y otros productos agrícolas para contentar a los agricultores norteamericanos. Energía. Dispositivos médicos. Nuevas licencias para vender carne estadounidense en China. Y una posible reapertura parcial para los chips avanzados de Nvidia, una de las empresas centrales en la carrera mundial por la inteligencia artificial.
Pero la letra pequeña quedó pendiente. No hubo un documento detallado de la Casa Blanca explicando todo lo acordado. China no confirmó públicamente buena parte de los compromisos. Varios anuncios quedaron formulados como intención, expectativa o principio de acuerdo a meses vista. Trump dijo que los dos países iban a hacer «mucho comercio». También afirmó que los agricultores estadounidenses estarían «muy contentos». La frase servía para el regreso que él quería triunfal, pero no despejaba la duda principal, qué parte de todo aquello será compra real, en qué plazos, con qué condiciones y a cambio de qué concesiones de Washington.
Trump anunció que habrá «mucho comercio», pero no explicó las compras reales, ni los plazos, ni las concesiones de EE.UU.
El caso Boeing ejemplifica esa ambigüedad. Trump habló de 200 aviones y dejó abierta la posibilidad de pedidos mayores si la primera fase salía bien. La compañía habló después de un compromiso inicial, pero ofreció pocos detalles. En agricultura ocurrió algo parecido. La Casa Blanca anticipó una gran compra china, con más soja y más productos estadounidenses, pero el precedente inmediato pesa. Pekín ya había asumido antes compromisos de compra que luego no cumplió del todo, mientras seguía recurriendo a proveedores más baratos, como Brasil o Argentina.
La parte más sustancial pudo estar menos en los grandes anuncios y más en la gestión de una tregua. Jamieson Greer, representante de Comercio de Estados Unidos, habló de una nueva «Junta de Comercio», una especie de mecanismo bilateral para supervisar el intercambio comercial. También mencionó ciertos niveles arancelarios, la posible extensión del acuerdo sobre tierras raras y la necesidad de evitar una escalada mayor. Las tierras raras son minerales críticos que China domina y que resultan esenciales para la industria tecnológica, energética y militar. Ahí sí hubo una señal de fondo, que la relación sigue siendo dura, vigilada y llena de restricciones, pero ambos países quieren canales para impedir que vuelva al choque frontal.
La parte más sustancial fue la gestión de una tregua a la guerra comercial: posible extensión del acuerdo sobre tierras raras y una hipotética «Junta de Comercio» para debatir los aranceles
La disputa tecnológica quedó igualmente abierta. Trump dijo que se habló de vender a China más chips de Nvidia, incluidos los más avanzados para inteligencia artificial. Pero no hubo una resolución clara. Washington quiere vender más a China sin reforzar sus capacidades militares o tecnológicas más sensibles. Pekín quiere acceso a tecnología estadounidense, pero al mismo tiempo impulsa a sus propias empresas, como Huawei, para reducir su dependencia exterior. Ese equilibrio define ya buena parte de la rivalidad: comercio donde conviene, límites donde empieza la seguridad nacional.
En el fondo, el viaje no resolvió la gran contradicción económica entre Washington y Pekín. Estados Unidos necesita el mercado chino para sus empresas, sus agricultores y sus fabricantes. China necesita estabilidad con Estados Unidos, pero ya no acepta negociar desde una posición de dependencia total. Trump obtuvo cifras para vender una imagen, otro éxito de los suyos. Xi obtuvo algo mayor, el reconocimiento implícito de que cualquier acuerdo con China se debe negociar con respeto ya desde una relación de poder mucho más equilibrada, más de iguales, que hace una década.
Trump obtuvo cifras para vender otro éxito de los suyos. Xi obtuvo algo mayor, el reconocimiento de que cualquier acuerdo con China se debe negociar desde una relación más equilibrada
Y, contra lo que Trump había sugerido al salir de la Casa Blanca, Irán sí estuvo sobre la mesa. El presidente no fue a Pekín solo a vender aviones, soja o chips. Fue también a comprobar si Xi podía ayudar a desbloquear la guerra, presionar a Teherán y facilitar la reapertura del estrecho de Ormuz, que es por donde pasa una parte esencial del comercio mundial de petróleo. Ahí el resultado fue limitado. Trump dijo que él y Xi coincidían en que Irán no puede ni debe tener un arma nuclear y en que el Estrecho debe abrirse. Pero no presentó una concesión concreta china ni un compromiso verificable de presión sobre Teherán.
En el avión de regreso, Trump dijo que no estaba «pidiendo favores», porque pedir favores implica devolverlos. La frase era reveladora. China tiene influencia sobre Irán, entre otras razones porque compra una parte importante de su petróleo, pero no quiere aparecer como ejecutora de la estrategia militar de Washington. Pekín quiere el Estrecho abierto, porque depende del flujo energético, pero su mensaje fue más distante: la guerra no debería haber ocurrido, no debe continuar y cualquier salida debe evitar una escalada. Xi aceptó hablar de Irán, pero no entregó a la Casa Blanca una victoria inmediata.
La línea roja de Taiwán
Taiwán fue el otro gran tema delicado del viaje. Pekín considera a la isla parte de su territorio y no descarta recuperarla por la fuerza. Taiwán, en cambio, funciona como una democracia autónoma, con gobierno propio, ejército propio y una identidad política separada de la China comunista. Para Washington, la cuestión es deliberadamente incómoda: reconoce diplomáticamente a Pekín, no a Taipéi, pero mantiene vínculos militares y políticos con Taiwán y le vende armas para disuadir una invasión china.
Xi puso el asunto sobre la mesa con dureza. Para China, Taiwán no es un problema más entre muchos otros, sino la línea roja central de su relación con Estados Unidos. Pekín lo formuló como el asunto «más importante» entre las dos potencias y advirtió de posibles «choques» o incluso «conflictos» si Washington lo maneja mal. Trump evitó entrar en detalles. Dijo en el avión de regreso que Xi le preguntó si Estados Unidos defendería Taiwán y que él respondió que no habla de eso. Marco Rubio, secretario de Estado, añadió que la política estadounidense no ha cambiado y que sería un «terrible error» que China intentara tomar la isla por la fuerza.
Trump salió de China hablando de éxito. Xi lo despidió con una imagen de contención. La relación entre las dos mayores potencias del mundo quedó algo más estabilizada, pero no menos de adversarios. Hubo gestos, cifras, fotos, promesas, pero poco concreto. No hubo una solución para Irán, ni un acuerdo claro sobre Taiwán, ni un cambio estructural en el pulso comercial. La visita sirvió para bajar la temperatura y no para resolver el conflicto de fondo. Lo claro es que China se quedó ya con la imagen de una gran potencia que ya se sienta frente a Estados Unidos, de tú a tú.
