Morfema Press

Es lo que es

Armando Esteban Quito

Médicos Unidos de Venezuela (MUV) calificó este jueves como “un intento de criminalizar a las organizaciones de la sociedad civil” las denuncias formuladas por el ministro del Interior del régimen, Diosdado Cabello, que vinculó a esa ONG y otras en el país con una supuesta “estructura terrorista” que tenía planes para sabotear las elecciones del pasado domingo.

EFE

“Las acusaciones lanzadas contra nosotros representan un intento de criminalizar a las organizaciones de la sociedad civil y silenciar las voces que claman por mejoras en el sistema de salud”, expresó la ONG en un comunicado difundido en redes sociales.

En ese sentido, MUV defendió su labor, al subrayar que “ha estado siempre basada en principios humanitarios”.

“Hemos denunciado la falta de insumos, la precariedad en los centros asistenciales y la ausencia de condiciones laborales adecuadas para quienes dedican sus vidas a la medicina”, precisó la ONG, al argumentar que estas acciones “no pueden considerarse un acto delictivo”.

Médicos Unidos de Venezuela se originó en 2014, según se explica su perfil de X, “de la protesta por la falta de insumos médicos y quirúrgicos” en el país, y para pedir “mejoras laborales” en el sector sanitario.

Durante la pandemia del COVID-19, esta ONG llevó un registro de los médicos fallecidos en Venezuela por causa del virus.

Este miércoles, en una conferencia de prensa, Cabello señaló a Médicos Unidos, Provea, Foro Penal y Maracaibo Posible de estar presuntamente ligadas a una “estructura terrorista”.

Según afirmó, hay pruebas recabadas en uno de los tres teléfonos incautados al dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, detenido el pasado viernes y a quien acusó de ser el “jefe de esta red”.

El número dos del chavismo advirtió, sin pruebas, de que un “grupo terrorista”, que relacionó con la oposición mayoritaria del país, buscaba “atacar” las residencias y las embajadas de Colombia, España, Francia y oficinas de la ONU en los días previos a las elecciones del pasado domingo, en las que se escogieron gobernadores, legisladores regionales y diputados nacionales.

Una bebé de un mes murió el martes 28 de mayo en el distrito de Queens, Nueva York, y después fue mordida por el cachorro de la familia mientras se encontraba en la cama junto a su madre y su padrastro. El hecho ocurrió en el interior de un apartamento del complejo de viviendas públicas Queensbridge Houses, según confirmaron las autoridades locales.

Infobae

La llamada al 911 se registró a las 6:40 a.m., después de que la madre de 27 años descubriera que su hija presentaba heridas severas en el rostro, ocasionadas por un perro de seis semanas. El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) informó que la menor fue declarada muerta en el lugar por los servicios de emergencia, tal como reportaron New York Daily News.

El perro, una mezcla de pitbull y pastor alemán, fue retirado del apartamento junto con otro can por el personal de Animal Care Centers of NYC, mientras las autoridades continúan la investigación. Hasta el momento no se han presentado cargos, pero se está evaluando si hubo negligencia en el cuidado de la menor. La Oficina del Médico Forense de la Ciudad de Nueva York está a cargo de la autopsia.

En un primer reporte, la policía indicó que la menor había fallecido debido a las mordeduras, sin embargo, una revisión de los peritos forenses reveló que fue las heridas provocadas por el animal, fueron postmortem.

El incidente tuvo lugar en un edificio de la calle 12, parte del complejo Queensbridge Houses, ubicado en Long Island City, en el distrito de Queens. Se trata de uno de los mayores conjuntos de vivienda pública en Estados Unidos, administrado por la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA).

De acuerdo con LIC Post, la madre y su pareja se encontraban durmiendo junto a la bebé en la misma cama al momento del ataque. El perro estaba suelto dentro del apartamento, sin correa ni jaula. Las autoridades no han especificado cómo ocurrió la muerte ni las mordeduras del cachorro, pero confirmaron que las lesiones fueron extensas en el rostro de la niña.

Vecinos habían advertido sobre el cachorro antes del ataque

Varios residentes del complejo afirmaron que habían advertido a la madre días antes del incidente. Según declaraciones recogidas por New York Daily News, el perro frecuentaba los pasillos del edificio sin correa, y algunos vecinos expresaron su preocupación por el comportamiento del animal.

Una de las vecinas, Shanel Norville, declaró que habló con la madre y le dijo: “Todos los perros muerden. Ese perro necesita estar con correa”. Según su relato, la madre restó importancia a las advertencias. Otra residente afirmó haberle dicho algo similar a la mujer, quien respondió que su perro “no mordía”.

Los mismos vecinos relataron que, al momento del ataque, escucharon los gritos de la madre desde el apartamento, justo cuando llegaron los paramédicos. Según New York Daily News, el edificio quedó conmocionado tras conocerse lo sucedido.

¿Quiénes eran los adultos a cargo de la menor?
La madre de 27 años y su pareja estaban presentes en el apartamento cuando ocurrió el ataque. Hasta ahora, las identidades no han sido divulgadas oficialmente. La madre no tenía antecedentes públicos previos, según indicaron fuentes policiales citadas por Fox News.

La abuela materna declaró a New York Daily News que había ofrecido cuidar a la bebé mientras su hija conseguía una vivienda más adecuada, ya que hasta hace poco la madre vivía en un refugio para personas sin hogar. La abuela explicó que su hija se negó a separarse del bebé, insistiendo en que “podría hacerse cargo”.

Según esa misma fuente, la madre fue adoptada a los dos años y forma parte de una familia de nueve hermanos. La bebé fallecida tenía un hermano mayor, quien permanece al cuidado de la madre.

El NYPD informó que la investigación sigue en curso y que no se descarta la posibilidad de acciones legales si se comprueba negligencia. Según LIC Post, los investigadores están recolectando testimonios, evidencias forenses y registros del historial familiar. La evaluación del entorno también forma parte del análisis.

La Oficina del Médico Forense está realizando la autopsia correspondiente para determinar la causa exacta de muerte. Según el protocolo, esta evaluación incluirá informes sobre el tipo de lesiones y el tiempo estimado entre el ataque y la muerte.

Fuentes policiales citadas por New York Daily News indicaron que el caso es tratado provisionalmente como una muerte accidental, aunque las conclusiones finales dependerán del informe forense y de los resultados de la investigación.

¿Cuál es el destino del cachorro que atacó a la bebé?

El perro involucrado y otro animal presente en el apartamento fueron trasladados por Animal Care Centers of NYC, según lo establecido por los protocolos de control animal en incidentes graves. Las autoridades no han informado si el cachorro será sometido a evaluación veterinaria, mantenido en cuarentena o sacrificado.

Tampoco se ha anunciado si habrá cambios normativos en la política de tenencia de mascotas en viviendas públicas. En el caso de Queensbridge Houses, la presencia de animales está regulada por las disposiciones de NYCHA, que exige que los perros estén debidamente registrados y controlados por sus propietarios.

Un avión de la estatal Conviasa, procedente de México, aterrizó este jueves en el aeropuerto internacional de Maiquetía Simón Bolívar, que sirve a Caracas, con 315 migrantes repatriados, según informó el Ministerio de Interior y Justicia del régimen venezolano.

AFP

A través de Instagram, la cartera de Estado indicó que, del total de migrantes, 146 son menores de edad y 169 adultos.

Igualmente, dijo que el Estado venezolano brinda la “atención necesaria” en cuanto al “protocolo de seguridad y salud” para cada uno de los retornados, “garantizando sus derechos humanos y facilitando su reincorporación a la cotidianidad venezolana”.

El martes, un grupo de 90 migrantes venezolanos deportados de Estados Unidos regresó al país en un vuelo procedente de Honduras, informó el canal de televisión privado Globovisión.

En un avión de Conviasa viajaron 11 mujeres y 79 hombres, indicó la cadena televisiva, que detalló que no había niños ni embarazadas a bordo.

Los migrantes fueron recibidos por la jefa del programa gubernamental de repatriación “Plan Vuelta a la Patria”, Anahí Arizmendi, en el aeropuerto de Maiquetía.

Según cifras oficiales, con estos 315 migrantes ya son 5.203 los venezolanos que han retornado a la nación caribeña, la gran mayoría deportados por la Administración de Donald Trump desde el pasado febrero, tras un acuerdo suscrito en enero por Caracas y Washington, sin relaciones desde 2019.

El miércoles de la semana pasada, otros 90 migrantes deportados por Estados Unidos volvieron al país, comunicó entonces el ministro de Interior, Diosdado Cabello, quien agregó que en ese grupo llegaron siete menores de edad.

En otro orden, este jueves se conoció que, según un memorando de inteligencia del FBI, algunos funcionarios de la dictadura de Nicolás Maduro podrían estar vinculados con el accionar del grupo criminal Tren de Aragua en Estados Unidos. Esta revelación se enmarca en una tensa discusión entre agencias de inteligencia sobre el uso de una ley de tiempos de guerra por parte del presidente Donald Trump.

El documento fue presentado a un juez federal en Texas antes de una audiencia, en medio de múltiples demandas que cuestionan la aplicación de la ley “Alien Enemies Act” para deportar a supuestos miembros de la banda a una prisión en El Salvador.

El memorando del FBI sugiere que la dictadura de Maduro podría estar facilitando la migración a Estados Unidos de miembros del Tren de Aragua para desestabilizar la seguridad pública estadounidense. Aunque el análisis destaca que el chavismo utiliza a miembros de la banda como proxis, muchas agencias de inteligencia, incluyendo la CIA y la NSA, han rechazado estas conclusiones del FBI, presentando una visión opuesta.

La carta del Consejo Nacional de Inteligencia destaca que no considera creíble la información que vincula a líderes venezolanos con la dirección o apoyo a las operaciones de la banda en Estados Unidos. Este desacuerdo en las evaluaciones generó un debate interno y algunos organismos señalan falta de evidencias concretas que sustenten la supuesta colaboración entre el régimen de Maduro y el grupo criminal.

Por su parte, el uso de la “Alien Enemies Act” por parte de Trump para efectuar deportaciones y sin juicio ha sido objeto de múltiples impugnaciones legales. La justicia estadounidense ha detenido estas actividades, citando que la ley no es aplicable al contexto migratorio presente, sino más bien a situaciones de guerra.

El Tribunal Supremo estadounidense falló este viernes a favor de que el Gobierno de Donald Trump pueda retirar la protección legal temporal concedida por la anterior Administración de Joe Biden a 532.000 migrantes procedentes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.

EFE

La máxima corte estadounidense ha concedido la solicitud de emergencia cursada por el Departamento de Seguridad Nacional con un voto de siete magistrados a favor y dos en contra: las liberales Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson.

La Administración Trump estaba tratando de impugnar un fallo de una jueza federal -que queda por ahora sin efecto- del estado de Massachusetts que consideró que el Gobierno no podía anular este «parole humanitario», que permitía a estas 532.000 personas vivir y trabajar de manera provisional en EE.UU., sin analizar el procedimiento caso por caso.

En el escrito de desacuerdo, Brown Jackson considera que «el tribunal literalmente ha hecho una chapuza con su dictamen hoy».

«(El tribunal) no exige prácticamente nada al Gobierno en cuanto a daños irreparables. Y subestima las devastadoras consecuencias de permitir que el Gobierno trastoque precipitadamente la vida y el sustento de casi medio millón de extranjeros mientras sus demandas legales siguen pendientes», escribe la jueza.

Brown Jackson subraya que el más de medio millón de migrantes encara ahora «dos opciones insostenibles». Por un lado, pueden optar por abandonar EE.UU. y enfrentarse a “peligros en sus países de origen”, tal y como advirtió ya la jueza de Massachusetts, o pueden permanecer en el país después de que expire su «parole» «y arriesgarse a una expulsión inminente a manos de agentes del Gobierno, con las graves consecuencias que ello conlleva».

El de hoy es el segundo fallo del Supremo este año en este terreno, después de que hace 10 días autorizara a Trump a retirar el estatus de protección temporal (TPS) a unos 350.000 migrantes venezolanos.

El republicano retornó a la Casa Blanca con la promesa de endurecer enormemente la política migratoria del país, lo que, según él, incluye la expulsión de millones de inmigrantes.

El llamado «parole humanitario» fue ampliado en enero de 2023 por el expresidente Biden (2021-2025) para facilitar la inmigración legal de ciudadanos de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, entre las nacionalidades con mayor representación entonces en las llegadas irregulares a la frontera sur con México.

Cuba tendrá apagones durante toda la jornada de este viernes que llegarán a afectar el 44 % del país durante el horario de mayor consumo de energía en la tarde-noche, según las previsiones de la empresa estatal Unión Eléctrica (UNE).

EFE

Las averías en las centrales térmicas con años acumulados de explotación, la falta de combustible y de divisas para importarlo son las principales causas de la grave crisis energética por la que atraviesa la isla caribeña, según el régimen de ese país.

Las interrupciones eléctricas alcanzan las 20 horas diarias en amplias regiones del país y en La Habana son de entre cuatro o cinco horas. En los últimos siete meses se han registrado cuatro apagones nacionales, de los que el país ha tardado días en recuperarse.

El régimen cubano reconoció la víspera que el promedio de cortes eléctricos en mayo fue de 18 horas al día.

La UNE, perteneciente al Ministerio de Energía y Minas, prevé para el horario pico en la tarde-noche una capacidad máxima de generación eléctrica de 2.030 megavatios (MW) para una demanda de 3.500 MW.

Esto supone un déficit (la diferencia entre oferta y demanda) de 1.470 MW y una afectación (lo que se desconecta realmente para evitar apagones desordenados) de 1.540 MW. Es frecuente que los valores reales superen el pronóstico oficial.

Actualmente, siete de las 20 unidades de producción termoeléctrica (distribuidas en siete centrales) están fuera de servicio por averías o mantenimientos. Además, 47 centrales de generación distribuida (motores) se encuentran fuera de servicio por falta de combustible (diesel y fueloil) o aceite.

Expertos independientes señalan que la crisis energética responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado cubano desde el triunfo de la revolución en 1959. El Gobierno cubano destaca por su parte el impacto de las sanciones estadounidenses a este sector.

Diversos cálculos independientes estiman que se necesitaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar la red eléctrica.

Los frecuentes apagones lastran la economía cubana, que se contrajo un 1,9 % en 2023 y no creció el año pasado, según estimaciones del propio Gobierno. Según esas cifras, el PIB de la isla sigue por debajo de los niveles de 2019 y no lo superará este 2025, para el que el Ejecutivo prevé un avance del 1 %.

Los cortes han estado vinculados en los últimos años a las principales protestas que se han registrado en el país, como las de julio de 2021, las del agosto de 2022 en La Habana y Nuevitas o las de Santiago de Cuba y otras localidades en marzo de 2024.

Las protestas menores registradas en los últimos días, en Pinar del Río (oeste) o Bayamo (este), entre otros, están ligadas principalmente a los apagones y la escasez de básicos (alimentos, medicinas, combustible), fruto de la crisis generalizada que sufre el país.

Las detenciones y desapariciones forzadas no han cesado en Venezuela, pero luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que Nicolás Maduro se proclamó ganador sin mostrar pruebas, la represión se disparó sin precedentes.

El Tiempo

Las organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación, especialmente por las pocas acciones que hay para llamar la atención sobre las violaciones de derechos humanos en el país vecino.

Para Pía Alvira, directora del Departamento de América Latina de Civil Rights Defender, los Estados solo podrán fortalecer sus democracias si contribuyen con la de sus vecinos y en el caso de Venezuela, denunciando las arbitrariedades, de lo contrario, “el debilitamiento” democrático continuará extendido en América Latina.

¿Cómo evalúan la situación de Venezuela, teniendo como último precedente la desaparición forzada del abogado Eduardo Torres, integrante de la ONG venezolana Provea?

Desde Civil Rights Defender estamos supremamente preocupados por la situación de derechos humanos en Venezuela. Llevamos muchos años trabajando con organizaciones defensoras que nos dan la lectura de lo que está pasando y de cómo ha venido dándose el declive de la situación en el país. Realmente lo que podemos ver es que el Gobierno está desarrollando una estrategia de persecución sistemática contra la sociedad civil independiente con miras a acabar con la oposición, pero también con todo tipo de crítica o con todo tipo de movimiento social que no esté alineado con sus propósitos.

¿Cuáles serían las acciones que se pueden tomar en medio de este cerco, teniendo también en cuenta que se parece cada día más al caso Nicaragua y a Cuba?

Las medidas, sobre todo por parte de la sociedad civil venezolana, es seguir resistiendo a pesar del cierre del espacio cívico, es el poder continuar registrando las violaciones de derechos humanos y buscando formas creativas para poder seguir desarrollando esta labor de la manera más segura posible, porque el cerco, como el caso de Eduardo Torres, las detenciones, las amenazas, las desapariciones forzosas, son el pan de cada día.

Hay cifras, por ejemplo, que dicen que en este momento hay 66 personas desaparecidas. Solo para darte algunas cifras que le den color a esta situación.

El Gobierno está desarrollando una estrategia de persecución sistemática contra la sociedad civil independiente con miras a acabar con la oposición

¿Qué pasa con el caso de Eduardo Torres?

Lo que nosotros sabemos es lo que también está público en la página de Provea, que es la organización a la que él hace parte. Miembros de la organización, junto con su esposa, han estado buscándolo en diferentes centros penitenciarios, también fueron al Tribunal de Justicia, han estado buscando en los diferentes lugares donde podrían darle respuesta sobre la ubicación de Eduardo y no han tenido respuesta. La única comunicación que se tiene fue hace unos días que el Fiscal General de la nación confirmó.

Según lo que menciona, estas acciones tienen la intención de la eliminación de la disidencia. Al desaparecer, ¿a qué se enfrenta el país?

La desaparición de la sociedad civil en Venezuela o en cualquier país en el mundo es un daño directo hacia la democracia de ese país. La sociedad civil organizada es ese grupo de personas que están buscando siempre generar el fortalecimiento de la democracia y la construcción con propuestas de escenarios que sean de respeto para los derechos humanos de todas las personas que viven en ese país.

Entonces, en un escenario como el venezolano, donde el declive de la democracia es cada vez más evidente, la desaparición o el cierre de ese espacio para que la gente pueda proponer construcción de democracia, para que pueda proponer el avance de los derechos humanos o en estos casos tan extremos presentar las denuncias y hablar abiertamente sobre las diferentes violaciones que se están dando, lo que hace es que simplemente las violaciones sean cada vez mayores y además no tengan un mecanismo de registro, de memoria histórica.

Lea la entrevista completa siguiendo este enlace a El Tiempo

En una jornada que debía ser de celebración y amor, el Día de las Madres en Nicaragua se tiñó de sangre y luto. El 30 de mayo de 2018, miles de ciudadanos salieron a las calles de Managua, Estelí, Masaya y otras ciudades del país en una marcha pacífica, exigiendo justicia, democracia y el fin de la represión del gobierno de Daniel Ortega.

MFM

Lo que comenzó como un clamor popular terminó en una tragedia que marcó un antes y un después en la crisis sociopolítica que sacude al país desde abril de ese año.

El contexto: un país en ebullición

Las protestas en Nicaragua iniciaron en abril de 2018, desencadenadas por una controvertida reforma al sistema de seguridad social que incrementaba las cotizaciones y reducía las pensiones. La respuesta gubernamental fue una represión feroz, con el uso de fuerzas policiales y grupos paramilitares para sofocar las manifestaciones. Para mayo, las demandas ciudadanas habían evolucionado: no solo se pedía la derogación de la reforma, sino la renuncia de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, acusados de autoritarismo y corrupción.

La marcha del Día de las Madres fue convocada por las Madres de Abril, un colectivo de mujeres que habían perdido a sus hijos en las protestas previas. Con flores, pancartas y retratos de las víctimas, los manifestantes buscaban honrar a los caídos y exigir justicia. La marcha en Managua, una de las más grandes hasta entonces, reunió a estudiantes, campesinos, amas de casa y organizaciones civiles, todos unidos bajo un mismo grito: «¡Ni un paso atrás!».

El horror desatado

Alrededor de las 4:00 p.m., la marcha en Managua transcurría pacíficamente cerca de la Universidad Centroamericana (UCA). De pronto, disparos resonaron en el aire. Según testigos presenciales, francotiradores apostados en edificios y grupos armados progubernamentales abrieron fuego contra la multitud desarmada. En otras ciudades, como Estelí y Masaya, se reportaron ataques similares.

«El sonido de las balas era ensordecedor. La gente corría, gritaba, algunos caían al suelo. Vi a un joven herido, sangrando, mientras otros lo arrastraban para salvarlo», relató María, una estudiante de 22 años que participó en la marcha.

El saldo fue devastador: al menos 19 personas perdieron la vida y más de 100 resultaron heridas, según datos de organismos de derechos humanos como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH). Entre las víctimas había estudiantes, trabajadores y hasta un menor de edad. Las imágenes de cuerpos en las calles y madres llorando junto a los retratos de sus hijos se convirtieron en un símbolo de la brutalidad del régimen.

Voces desde el terreno

Doña Carmen, una madre que perdió a su hijo de 19 años en la masacre, compartió su dolor: «Mi hijo solo quería un país libre. Marchó con orgullo, con esperanza. Ahora solo me queda su foto y un vacío que nadie llenará». Como ella, cientos de familias se unieron al luto colectivo, mientras la indignación crecía.

Organizaciones internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), condenaron los hechos y señalaron que la respuesta del gobierno violó los derechos fundamentales a la vida, la libertad de expresión y la protesta pacífica. La CIDH, que visitó Nicaragua días antes, había advertido sobre el uso desproporcionado de la fuerza y la presencia de grupos armados al margen de la ley.

La respuesta del gobierno

El gobierno de Ortega calificó a los manifestantes como «delincuentes» y «golpistas» financiados por intereses extranjeros, una narrativa que ha mantenido desde el inicio de las protestas. Rosario Murillo, en un discurso televisado, expresó condolencias genéricas, pero no asumió responsabilidad por las muertes. En cambio, acusó a los opositores de generar caos y violencia.

Por su parte, la Policía Nacional afirmó que los enfrentamientos fueron provocados por «grupos vandálicos». Sin embargo, informes independientes, como los de Amnistía Internacional, confirmaron que las fuerzas estatales y paramilitares fueron responsables de la mayoría de las víctimas, utilizando armas de fuego de alto calibre contra civiles desarmados.

Un punto de inflexión

La Masacre del Día de las Madres intensificó la crisis en Nicaragua. Las protestas continuaron, pero también la represión. La comunidad internacional incrementó la presión, con sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea contra funcionarios del gobierno. Sin embargo, Ortega se mantuvo en el poder, consolidando su control mediante la persecución de opositores, el cierre de medios independientes y la criminalización de las protestas.

Para muchos nicaragüenses, el 30 de mayo de 2018 no solo fue un día de luto, sino un recordatorio de la lucha por la libertad. «No podemos olvidar. Cada madre que llora, cada joven que cayó, nos obliga a seguir exigiendo justicia», afirmó Juan, un activista exiliado en Costa Rica tras las protestas.

Un clamor que no se apaga

Siete años después, la Masacre del Día de las Madres sigue siendo una herida abierta en Nicaragua. Las familias de las víctimas, junto a organizaciones de derechos humanos, continúan exigiendo investigaciones independientes y el fin de la impunidad. Mientras tanto, el gobierno de Ortega mantiene su postura de negación, y miles de nicaragüenses han huido del país en busca de seguridad.

Este 30 de mayo, en el exilio o en la clandestinidad, muchos nicaragüenses recuerdan a los caídos con velas, flores y un mensaje claro: «¡Vivan los estudiantes! ¡Justicia para los mártires!». La lucha por un país libre sigue viva, aunque el costo ha sido inmenso.

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) venezolanas están en alerta debido a recientes declaraciones de Diosdado Cabello, ministro del Interior, Justicia y Paz de Venezuela, quien las acusó de estar involucradas en supuestas tramas terroristas para desestabilizar el país. En una conferencia de prensa el 28 de mayo de 2025, Cabello señaló específicamente a ONG como Provea, Foro Penal, Maracaibo Posible y Médicos Unidos de Venezuela, afirmando que forman parte de una estructura de la «extrema derecha» que financia actos violentos, basándose en supuestas evidencias encontradas en el teléfono del opositor detenido Juan Pablo Guanipa.

MFM

Estas acusaciones han generado una fuerte reacción. Provea rechazó los señalamientos, calificándolos como un intento de criminalizar su labor de 36 años en defensa de los derechos humanos, y afirmó que no se desviará de su misión pese a las amenazas. Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Wola expresaron preocupación, denunciando un recrudecimiento de la persecución contra la sociedad civil venezolana y exigiendo la liberación de defensores de derechos humanos detenidos arbitrariamente, como Eduardo Torres y otros.

Este no es el primer episodio de hostigamiento. Cabello ha amenazado a ONG previamente, como en 2020, cuando acusó a grupos como Provea de desestabilización, y propuso leyes para controlar su financiamiento, alegando que reciben fondos extranjeros para conspirar. La Misión de la ONU para la Determinación de los Hechos en Venezuela también ha señalado a Cabello como una figura clave en el aparato represor del Estado, destacando que sus declaraciones públicas suelen preceder procesos penales arbitrarios contra opositores y activistas.

Las ONG temen que estas acusaciones escalen la represión, en un contexto donde el régimen de Nicolás Maduro enfrenta cuestionamientos por el fraude electoral de julio de 2024 y ha intensificado la persecución de opositores y defensores de derechos humanos. La comunidad internacional ha sido instada a proteger a estas organizaciones y frenar las violaciones de derechos en Venezuela.

Un hombre de 100 años fue asesinado la noche de este miércoles dentro de una vivienda de la urbanización Campos Las Palmas, en Anaco, zona centro del estado Anzoátegui.

El Oriental de Monagas

La víctima fue identificada como Enio Olivero, y su cuerpo fue encontrado tendido en la cocina de su casa.

Vecinos dieron parte a funcionarios policiales, quienes se encargaron de trasladarlo al hospital Angulo Rivas de la misma ciudad. Donde se confirmó que no presentaba signos vitales.

El examen preliminar reveló que Olivero tenía una herida punzo penetrante en la región occipital, así como signos de violencia en varias partes del cuerpo.

Según fuentes extraoficiales, la causa de su muerte habría sido una herida provocada con un destornillador. Las autoridades detuvieron a su hijastro, quien fue aprehendido por efectivos de la policía municipal y el Cicpc Anaco por su presunta responsabilidad en el crimen.

Los mismos vecinos denunciaron que el detenido tenía problemas con el alcohol y que solía agredir al anciano, quien en varias ocasiones había sido auxiliado por la comunidad.

Claudia Macero es periodista y dirigente opositora venezolana. En los últimos años se desempeñó como coordinadora de comunicación de Vente Venezuela (VV), el partido liderado por María Corina Machado. Como ocurrió con decenas de funcionarios opositores, su involucramiento en la campaña para las elecciones del año pasado la llevaron a estar en el radar del régimen de Nicolás Maduro. Como consecuencia de esa persecución, Macero, junto a Magalli Meda, Omar González, Pedro Urruchurtu y Humberto Villalobos, ingresaron el 20 de marzo de 2024 en la embajada de Argentina en busca de refugio.

Por: Lucas Goyret – Infobae

El pasado martes 6 de mayo el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, anunció que, tras 412 días asilados en la embajada en los que sufrieron todo tipo de amenazas y asedios por parte de la dictadura chavista, los opositores habían sido rescatados y sacados del país en el marco de lo que se conoció como “Operación Guacamaya”. Una operación que dejó en evidencia la vulnerabilidad en la estructura interna del régimen. Sin embargo, con el correr de los días se supo que Macero había salido de la casa diplomática argentina días antes. Es decir, la inteligencia de la dictadura había sido burlada en dos oportunidades en cuestión de días.

Desde Estados Unidos, donde se encuentra actualmente, Macero habló con Infobae sobre las condiciones extremas que vivieron durante más de un año de constante asedio por parte de la dictadura, la indiferencia de la diplomacia internacional ante su caso, la Operación Guacamaya, y el compromiso que mantiene junto a sus compañeros por la libertad de Venezuela.

Si bien tuvo la oportunidad de ser la primera en salir de la embajada, reconoció: “No fui libre hasta que lo fueron mis compañeros”. Aunque aclaró: “Aún así no terminamos de ser libres”. En ese sentido, afirmó que la lucha por la libertad del país “es una causa de vida que nos compromete por el resto de nuestros días”.

La operación que les permitió escapar fue, según sus palabras, “de una complejidad que difícilmente se repetirá”. Si bien no reveló detalles por seguridad de quienes colaboraron, reconoció que incluso entre ellos hubo restricciones de información. Macero no descartó nuevas operaciones similares a Guacamaya. “Toda persona bajo asedio tiene derecho a ser libre. Ojalá las próximas operaciones sean para retornar, no para huir”.

La integrante del equipo de María Corina Machado se refirió también a la falta de respaldo diplomático efectivo por parte de algunos gobiernos latinoamericanos. “Les quedó grande nuestro caso”, sentenció, en relación con países como México, Colombia y Brasil, que, según ella, evitaron confrontar a Maduro para que se respetaran los salvoconductos firmados. En contraste, agradeció los esfuerzos del gobierno argentino, especialmente del entonces encargado de negocios, Gabriel Volpi, y la posterior custodia de la embajada por parte de Brasil. Asimismo, valoró el respaldo que transmitió el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, con quien se reunieron el pasado viernes: “Tiene claro que el régimen de Maduro no es solo un problema venezolano, sino una amenaza regional”.

Sobre el futuro del país, afirmó: “Hoy todas las condiciones están dadas para un proceso de transición. Hay liderazgo interno, voluntad popular y un régimen que ha perdido toda legitimidad”.

—Pasaron casi tres semanas de la Operación Guacamaya, ¿cómo se encuentran hoy teniendo en cuenta además el impacto internacional que tuvo este caso?

—Yo prometí siempre arrancar todas mis entrevistas hablando de mis dos compañeros presos, Gabriel “Gabito” González, casi un año preso en el Helicoide, y Julio Balsa, cuatro meses preso, periodista como yo. Quiero siempre resaltar sus nombres como los de mis otros compañeros, pero sobre todo ellos, porque son de mi causa más cercana.

Hoy todavía estamos procesando muchas cosas, aunque yo salí antes y no he dado detalles sobre eso. Pero la verdad es que yo no había sido libre hasta que ellos salieron también. De hecho ese fue uno de los primeros mensajes que me dio uno de ellos cuando me enteré. Me dijo: ‘Claudia, ahora tú también eres libre’. Y aún así no terminamos de ser libres. Creo que es una causa de vida que nos compromete por el resto de nuestros días, por nuestros compañeros y también por los venezolanos, porque la gente espera mucho de nosotros, pero también nosotros esperamos mucho de la gente y de lo que puede pasar en Venezuela. Pero si esto sirve para llamar la atención sobre lo que pasa en Venezuela y sobre lo que viene, lo asumimos y lo hacemos con todo el compromiso y la responsabilidad del mundo. Algunos se están reencontrando con sus familias; habían pasado mucho tiempo sin verse. Y otros un poco reajustando sus vidas, tratando de entender dónde somos útiles y sabiendo, o teniendo ese sentimiento, de que nosotros no nos vemos sino en Venezuela. Obviamente cada uno está procesando su estatus y cómo va a poder hacer para estar en otro país, porque para los venezolanos no es sencillo ese tema migratorio, pero la verdad es que más allá de un asilo, de un proceso o un estatus, es la necesidad de hacer todo en el corto plazo para que pronto podamos volver.

—Estuvieron más de un año asilados en la embajada, y a medida que el asedio crecía, los esfuerzos diplomáticos no surtían efecto. ¿En algún momento pensaste que se podía llevar a cabo una operación de este tipo, tan compleja y secreta?

—Nosotros desde el inicio agotamos todas las vías posibles. De hecho, nosotros llegamos y muy poquito tiempo después -entramos el 20 de marzo- nos ofrecieron unos salvoconductos. Los firmamos, se compraron los pasajes porque íbamos a volar a Argentina, y no avanzó precisamente porque Diosdado Cabello dio una orden de que nadie se movía de ahí. Desde ese momento insistimos por diversas vías. Primero porque obviamente la vía diplomática nos arropaba, pero violaron todos los convenios, como el Convenio de Caracas, y todos los acuerdos diplomáticos. Lo que fue pasando es que ese asedio, esa amenaza, fue creciendo. Desde el primer momento había persecución a la familia, temas para las visitas familiares, una cosa que cualquier persona o cualquier preso incluso en una cárcel tiene derecho, que es una visita familiar, una llamada. Luego el tema del agua y la luz; los últimos cinco meses fueron sin agua, sin entrada de agua de la calle. Se robaron los fusibles… Además de nosotros estar rodeados de la embajada de Rusia y atrás Norcorea y al frente la policía de Maduro, allanaron una casa que quedaba en la otra esquina para vigilar desde ahí con hombres armados. Entonces obviamente llegó un punto donde ya dejamos de creer en la vía diplomática. Entendimos que, o había una salida en Venezuela, un cambio, que es lo que nosotros buscamos todavía y para lo cual trabajamos en esas elecciones que ganamos desde la embajada, o que había que escapar, salir de ahí. Lo que quedaba era que entraran en algún momento, o que le dispararan a alguien o que, en definitiva, pasara lo peor, que alguien falleciera ahí dentro por una enfermedad. Omar, uno de mis compañeros, es una persona de 70 años, y en algún momento hasta ni siquiera le dejaron meter sus medicinas. Entonces, ¿qué quedaba? Bueno, salir de ahí como fuera. Aunque no hemos dado detalles de la operación, y yo ni siquiera sé los detalles de la operación, porque hasta a mí ha habido restricciones de información. Lo que sé, es que fue una cosa que yo dudo que se pueda repetir. Primero por lo complicado, por el asedio. Era una sede que estaba más vigilada que muchísimos otros lugares de seguridad en Venezuela y aún así se logró. Creo que ninguno de nosotros lo tenía como probable, pero no dejamos nunca de insistir en la posibilidad y tiene una enorme valentía, lo digo en primera persona, atreverse. No sé si teníamos confianza o total expectativa positiva sobre eso, pero nos atrevimos y y salió bien, afortunadamente.

—¿Existía el temor de que las fuerzas del régimen invadieran la embajada para llevarlos detenidos?

—Absolutamente. En uno de los asedios, yo recuerdo que llegaron las patrullas y todavía no se había ido el representante de Argentina. Maduro había obligado a que salieran todos. Él todavía estaba ahí. Eso fue muy poquito después del 28 de julio, si no me equivoco. Él seguía ahí y yo me acuerdo que todos empezamos a hacer como bolsitos, por si entraban, porque son capaces de entrar. Hay gente que te va a decir, ‘no, no van a pisar una embajada, a lo mejor no van a entrar o no van a irrespetar el territorio argentino’. Pero lo hicieron mil veces de muchas formas: cuando tú cortas la luz, quitas los fusibles, estás violando una sede diplomática que además no es tu territorio internacionalmente. Entonces, por supuesto que sí, y no pasó una vez, pasaron si no me equivoco tres veces, de amenazas.

—En la conferencia vos revelaste que te fuiste antes. Diosdado Cabello dijo que mostró una foto del momento en que vos saliste, y que habían detenido a alguien por esa operación. Entiendo que no pueden revelar detalles de la Operación, ¿pero qué podés contar al respecto?

—Es muy doloroso cuando en el proceso mucha gente paga por ayudar. Yo todo esto lo he hablado con con gente cercana a las personas que estuvieron involucradas, y yo respeto mucho su decisión porque entiendo que es un asunto familiar y de vida. Yo no he dado detalles porque mucha otra gente corre riesgos. Yo lo que sí sé es que ellos se enteraron mucho después. No se lo imaginaron. También hicimos un trabajo en equipo; primero en mi caso, de mucha discreción. Imagínate ser parte de eso y tener que tener cuidado cuando envías una nota de voz, no salir a la calle o tener algunas limitaciones sobre todo de contacto. Había gente de mi familia que ni sabía, que se enteró muchísimo tiempo después, precisamente porque entendíamos el riesgo de esto. Lo que yo sí te puedo decir es que ellos siempre mienten, y así como como ese señor ha sacado un montón de cosas, yo también he visto que han dicho muchas mentiras sobre mucha gente. Y cuando tú entiendes eso, eso te permite vivir con mucha más tranquilidad porque, primero, tú sabes que no hiciste nada malo, y segundo, obviamente hay mucha gente que hizo lo que tenía que hacer; y tercero, es una demostración de vulnerabilidad. Porque el hecho de que tú tengas una sede como esa tan custodiada, y te pasa no una, sino dos veces, demuestra que obviamente hay fallas en tu sistema de seguridad. Yo no voy a decir detalles de eso, pero la verdad es que son vulnerables; creo que ese es el mayor miedo que deben tener, y cómo muchas personas también son capaces de ayudar en ese contexto porque entienden que no está bien lo que está pasando en Venezuela.

—¿Incluso personas del chavismo?

—No podría decirte. Yo estoy segura que muchas de las personas que son parte del chavismo no están de acuerdo con lo que está pasando en Venezuela. Porque tienen una familia que padece lo mismo que mi familia; porque tienen una situación de pobreza extrema. En Venezuela no es mentira cuando uno habla de un 80% de pobreza. Lo que es el salario mínimo, lo que come la gente, no hay estado de derecho; ni siquiera para un extranjero que entra a Venezuela. Mira lo que está pasando con las amenazas o los comunicados que están saliendo de países como Ecuador o de Estados Unidos, de no viajar a Venezuela. Eso a uno le da dolor. Pero es verdad que es un riesgo. Para ti que eres extranjero entrar a Venezuela es un riesgo. Lamentablemente se ha convertido en una ruleta rusa donde tú sabes cuándo entras, pero no sabes cuándo sales. Es muy lamentable.

 —Ayer anunciaron que en otra operación secreta sacaron de Venezuela a la pareja y al hijo del gendarme argentino Nahuel Gallo. ¿Sabes algo al respecto? ¿Pensas que en el futuro podemos ver operaciones similares a esta, o a la Guacamaya que permitió la liberación de ustedes?

—Vi la noticia, me alegra mucho que estén seguros. Pero no tengo detalles de ese caso. Yo no descarto que haya otras operaciones. En mi caso, cada vez que tengo que dar una entrevista lo hago con mucha responsabilidad porque hay muchas personas que están en riesgo. No solo familias, sino gente que probablemente ayudó, y ellos son los verdaderos héroes. Gente que puso sus recursos, su casa, su carro, su espacio, su tiempo, su familia… Por eso es que no hemos dado detalles. Y cuando decimos que es una operación que está en marcha, no empezó conmigo, que me fui antes, ni terminó con mis compañeros, que salieron después. Es una cosa que sigue operando y que sigue andando porque todavía hay muchas personas que están en riesgo. Creo que el rol de cualquier persona que esté bajo asedio o persecución es ser libre porque de nada nos sirve tener a una persona más en el Helicoide o presas en muchas de las casas de torturas. Además hay que decirlo, hoy no tenemos idea del paradero de muchos venezolanos. Nuestra compañera Catalina Ramos ya tiene más de 24 horas secuestrada y no sabemos dónde está. Juan Pablo Guanipa, uno de los líderes que quedaba dentro de Venezuela, tampoco sabemos dónde está.

—¿Siguen sin tener información sobre él?

—No tenemos nada de información. Se pidió una prueba de vida, porque aunque el fiscal del régimen dijo que se iban a respetar todos sus derechos, no es verdad. Siempre cuando agarran a una persona así, pasan días, a veces semanas. Muchos de nuestros compañeros, por ejemplo, Perquis Rocha, que es abogado de María Corina y de nuestro partido, tiene más de nueve meses y su esposa no tiene idea, no lo ha visto. Lo que recibe es la ropa sucia de su esposo; sabe que está vivo porque recibe la ropa sucia que tiene que lavar. Entonces yo no descarto que haya otras operaciones; aún así, ojalá que todas las operaciones guacamayas que haya sean para el retorno y no para la salida, porque ninguno de nosotros quiere estar fuera de Venezuela.

—El otro día en la conferencia que dieron en Washington hicieron mucho hincapié en el tema de la diplomacia, y de la falta de compromisos de ciertos países, sobre todo los que tienen más llegada al régimen como Colombia, México y Brasil, a la hora de intentar que se respetaran los salvoconductos. ¿Cuál es tu consideración al respecto?

—No tengo ni siquiera un calificativo, les quedó grande. Empezó desde nuestro ingreso a la embajada. Las llamadas las hizo Pedro [Urruchurtu]. Yo estaba con él en la oficina cuando nos enteramos que nos había nombrado en esa rueda de prensa, y que habían detenido a nuestro compañero Henry Alveares. Ahí empezó el desmadre de la comunidad internacional con nuestro caso porque muchos dijeron que no. No te puedo narrar cuántas llamadas tuvo que hacer Pedro, y la última que hizo desde el baño de la oficina fue a Gabriel Volpi, el encargado de negocios de Argentina, y éste le dijo, ‘dame 15 minutos’, y Pedro le dijo, ‘tienes 10’, porque realmente teníamos muy poquito tiempo. Y él se encargó de todo. Pero hubo muchos no. Luego, estando dentro, la cantidad de cartas y solicitudes que nosotros hicimos, no solamente al cuerpo diplomático acreditado en Venezuela, sino a la Iglesia, a la Cruz Roja, que entró hace muy poco, y a otros actores internacionales. La respuesta era: ‘estamos en eso, estamos trabajando’, pero nadie se acercó a la embajada por lo menos a constatar algo. Nadie se atrevió a hacer algo más en términos de relación con Maduro para ver qué podía pasar. Nosotros estamos agradecidos con Argentina, luego con Brasil que asumió la custodia de la embajada porque tener esa bandera ahí nos dio un respaldo y una seguridad. Pero la verdad es que es muy lamentable. Pedro lo describe perfectamente, es la diplomacia del silencio. Hoy no parece haber un mecanismo para atender casos como el nuestro. Ojalá que el nuestro sea nada más que un antecedente para que funcione en adelante, porque ahora la gente lo va a pensar dos veces. Si tú estás corriendo peligro y piensas que esa es una solución, ya sabes más o menos a lo que te vas a enfrentar.

—Más allá de que ustedes quedaron bajo la custodia de Brasil luego de que Maduro rompiera relaciones con Argentina. ¿Mantuvieron contactos directos con el gobierno de Milei?

—Si, absolutamente. Ellos obviamente no pudieron hacer mucho más después de que Maduro botó al cuerpo diplomático, a la delegación diplomática de Argentina, pero sí, la comunicación era permanente. Primero con su canciller; obviamente Milei también tuvo comunicación directa con María Corina, y nosotros también con los responsables de Argentina. Con nosotros fueron unas personas extremadamente hospitalarias, estuvieron muy atentos con nosotros siempre. Somos conscientes de todos los esfuerzos que se hicieron, se ofreció de todo, hasta aviones si era necesario para movernos a nosotros, pero era una decisión política. Eso no pasaba únicamente por Argentina. Hace poco nos encontramos con el embajador de Argentina en Estados Unidos, y le transmitimos también nuestro agradecimiento, en primer lugar a Gabriel Volpi, pero sobre todo también al gobierno de Javier Milei por todo lo que hicieron y todo lo que dijeron: esa claridad y esa nitidez es lo que yo creo que es fundamental en momentos como este.

—¿A qué atribuyes esta falta de cooperación de la comunidad internacional, teniendo en cuenta además que casi ninguno de esos países reconoció a Maduro como presidente legítimo después del 28 de julio?

—Yo paso a creer que muchas veces hay un tema de ingenuidad y también un tema ideológico. Les queda muy difícil reconocer a un gobierno que es totalmente ilegítimo.

Primero porque lo demostramos el 28 de julio; no solamente en nuestro caso, que trabajamos desde la embajada, sino hubo todo un país entero recogiendo esas actas, y luego demostrando casi 24-48 horas después que estaban esas actas digitalizadas, algo que nunca hizo el régimen de Maduro, que fue mostrar que realmente ganó supuestamente porque no tenían cómo demostrarlo, porque sus actas, las del CNE, las teníamos nosotros. Entonces creo que a esos países les queda muy difícil terminar de reconocer a un régimen como ese en términos de legitimidad y de poder, pero tampoco han terminado de dar el paso. Hay un tema ideológico, no sé si económico, pero en definitiva creo que la propia comunidad internacional ha ido orientándose y entendiendo que lo que hay en Venezuela es un sistema criminal que es muy difícil de reconocer, que es inocultable todo lo que está pasando, y nosotros somos un ejemplo de eso. Aquí esto se va a decantar a un proceso en el cual estás con la gente buena que, obviamente, es la mayoría en el caso de Venezuela, o defiendes a un criminal que no tiene ningún tipo de respaldo popular y que además afuera también se está quedando solo. Maduro hoy es un paria político en muchos espacios; no puede prácticamente ir a casi ninguna parte del resto de la región, salvo a lugares como Rusia o Cuba. Pero, ¿a dónde más? Nadie se quiere hacer una foto con Maduro, porque es tóxico.

—Ustedes el viernes pasado se reunieron con Marco Rubio. ¿Cómo fue esa reunión y con qué sensaciones se fueron respecto al compromiso del gobierno de Estados Unidos con la causa venezolana?

—A mí me generó mucha tranquilidad escucharlo porque hay absoluta claridad sobre lo que está pasando en Venezuela. Además, que una persona de ese cargo y esa responsabilidad, nos atienda por una hora en un contexto donde están pasando tantas cosas, quiere decir que Venezuela está en la agenda de discusión de Estados Unidos. Creo que el hecho de ser latino y entender lo que está pasando en la región nos da también una ventaja sobre la aproximación sobre Venezuela. Tiene clarísimo que lo que hay en Venezuela es un régimen que no solamente es un peligro para los venezolanos, sino para Estados Unidos también y para América Latina. Hay una enorme deuda para nosotros que es lograr que los migrantes puedan volver, ni siquiera es un tema nada más de asilos o de TPS. Y el secretario Marco Rubio ha sido claro en ese sentido. Explicó obviamente que lo que se está haciendo ahora tiene como objetivo sacar a los criminales de Estados Unidos. Estamos hablando del tema del Tren de Aragua y toda esta ola de personas que obviamente no están en Estados Unidos para hacer el bien, sino para cometer delitos. Pero la enorme mayoría de los venezolanos es gente buena, gente que vino a trabajar; gente que tiene años incluso, que tiene sus hipotecas, que tiene sus familias, que le está echando pichón, como decimos nosotros para salir adelante. A esa gente es a la que creo que, obviamente, hay que defender y hay que tener la consideración. Entiendo que eso se está trabajando. También hay muchos intereses, y ahí atajo lo de Chevron. Lo que pasó el martes también fue claro y eso también nos lo dijo el secretario Rubio. Esa licencia venció, pero no es solamente el caso de Chevron. Es un caso de las licencias petroleras. No es posible que muchas de las operaciones económicas que tienen que ver con extracción de petróleo, ese dinero sea utilizado para reprimir y para perjudicar a los venezolanos a través de las armas o a través de todo el aparato represivo que tiene Maduro. Entonces, se cerró una puerta muy importante que apenas es el 30% del financiamiento de Maduro. Queda toda una trama muy amplia que hay que atajar y ver de dónde viene, porque obviamente ese es uno de los pilares que le queda a Maduro. ¿Cuál es el otro pilar, además del financiamiento? El aparato represivo. Esas dos patas son las que hoy sostienen a Maduro y entiendo que eso está clarísimo en la administración Trump, y es lo que nosotros percibimos de ese encuentro con Marco Rubio, además de la urgencia que hay con respecto a los venezolanos y así también se lo transmitimos. Solamente con la salida de Maduro muchos de los venezolanos van a regresar a su país y va a mejorar el tema de la ola migratoria que está afectando a muchos países.

—Para cerrar, en el último año el régimen de Maduro sufrió la derrota del 28J, la reciente Operación Guacamaya, y la histórica abstención del pasado domingo en las elecciones regionales. ¿Cómo está el chavismo, y cómo queda de cara al futuro?

—Vacío. Creo que si algo le quedaba de sostén, la gente le terminó de dar un solo golpe el domingo. Para nosotros son cuatro cuatro golpes muy duros que les hemos dado. El tema de las primarias, donde María Corina arrasó. Luego vino el 28 de julio, que además ni siquiera tuvimos a la candidata principal, sino a otro señor que es Edmundo González, mi reconocimiento también a él como presidente electo, y ganamos con más del 80% de los votos, con toda la desventaja que hubo en la campaña. No te quiero hablar de persecución, negocios cerrados, sin propaganda, sin publicidad. Luego vino la tercera que es la Operación Guacamaya, y el cuarto este domingo, que al final la gente le dijo ‘no’. La gente no salió de su casa a votar, son maneras también de protestar. El chavismo se adjudicó de los 280 y pico curules, por lo menos 252. Además, obligó -y el martes lo vimos en cadena nacional- a estos opositores, que ya no son opositores, y eso es otra victoria, que es que terminaste de entender quién es quién… Tuvieron que ir al CNE a darles la mano, y a ser humillados por los propios periodistas del chavismo y por otra gente, dándole la mano al tipo que te había robado el 28 de julio. La gente lo ve, no hace falta explicarlo. Nosotros no tuvimos que mover un dedo. ¿Qué le dijimos nosotros a la gente? Haz lo que te dice tu conciencia, que es ‘no’, no vayas. Lo que sé, es que hoy todas las condiciones están dadas para que este proceso y los venezolanos puedan hacer valer la libertad que tanto merecemos. No hay legitimidad; hay una enorme desobediencia de la gente; hay un liderazgo firme que sigue en Venezuela, porque no somos solo nosotros que seguimos haciendo el trabajo, María Corina sigue en Venezuela como muchos otros; y tenemos creo que a una comunidad internacional alineada, falta todavía, pero alineada en lo que es la calificación de ese régimen y lo que hay que hacer para que definitivamente los venezolanos podamos contar esto.

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