Vía Insight Crime
La nacionalización de la industria de la chatarra en Venezuela en 2021 abrió la puerta a una guerra promovida por el Estado, donde funcionarios públicos, empresas privadas, militares y grupos criminales negocian ilegalmente la valiosa materia prima.
Dos casos en abril pusieron de relieve este problema. En primer lugar, altos funcionarios del fabricante estatal de tubería de acero Enatub fueron acusados del robo de cerca de 6.500 tubos para venderlos ilegalmente, según una nota del medio venezolano La Tabla. Las ventas presuntamente se iniciaron en diciembre de 2020 con aprobación del presidente de la rama industrial de la matriz de Enatub, Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Poco después en el mismo mes, las autoridades decomisaron 10 toneladas de tubos de hierro presuntamente sustraídos de PDSVA y vendidos ilegalmente a Protocol Capital, empresa con licencia oficial para adquirir y manejar chatarra. Varios empleados fueron detenidos por tráfico y venta ilegal de materiales estratégicos.
Las fuerzas de seguridad también han querido aprovechar la oportunidad. En noviembre de 2022, cinco policías fueron detenidos por el robo de materiales de tubería a Pequiven, petroquímica estatal en el estado de Carabobo, para venderlo como chatarra. Y en marzo de 2022, otros cinco soldados fueron detenidos en el estado de Sucre, al este del país, por hacer parte de una banda que robaba vehículos y chatarra de la empresa pública de electricidad, Corpoelec.
También es posible que la principal megabanda del país, el Tren de Aragua, esté lucrándose de la actividad. El grupo ha estado acopiando materiales de hierro, acero y cobre en el estado de Aragua para contrabandear con ellos en la frontera entre Venezuela y Colombia para venderlos como contrabando, según dos agentes de policía de Aragua, que hablaron con InSight Crime. Estos añadieron que se pagaba al personal de seguridad en los puntos de inspección para que dejaran pasar los cargamentos.
El gobierno sancionó una nueva ley en 2021, que creaba un monopolio sobre la venta de chatarra por medio de la Corporación Ecosocialista Ezequiel Zamora (Corpoez), empresa adscrita al Ministerio de Industrias y Producción Nacional. A Corpoez se le facultó para otorgar licencias a empresas privadas, para negociar chatarra. Oficialmente, la ley buscaba evitar el contrabando, y las autoridades se apresuraron a perseguir a las redes criminales que robaban chatarra y a las empresas privadas que comerciaban con ella sin autorización.
Análisis de InSight Crime
La chatarra ha sido una economía susceptible históricamente al contrabando en Venezuela, pues cada año pasan toneladas de hierro y acero como contrabando hacia Colombia. Pero la ley de 2021 parece haber dado control del negocio a la administración del presidente Nicolás Maduro.
Funcionarios de gobierno y ejecutivos de empresas estatales con acceso a acereras e instalaciones de hidrocarburos han participado en la remoción de partes de metal, a las que luego se otorga documentación legal sin los requisitos para ello y se vende a empresas con licencia de Corpoez. El caso de abril 2023 seguía ese patrón, pues se dice que funcionarios de PDVSA vendían chatarra ilegal a Protocol Capital, empresa con licencia de Corpoez.
Esto le da gran valor a esas licencias. Las empresas que quisieran adquirir una licencia para comercializar chatarra deben pagar una cuota de US$20.000 a los funcionarios del gobierno encargados del proceso, como declaró a InSight Crime un comisionado del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Venezuela, bajo la condición del anonimato.
Pero no es suficiente estar dispuesto a pagar ese dinero. Para garantizar que se aprueben sus solicitudes, los empresarios deben tener conexiones por lo alto, según múltiples fuentes que participan en el sector de la chatarra en el estado petrolero de Anzoátegui, al noreste del país.
Los dueños de varias empresas negociantes de chatarra también declararon a InSight Crime que altos oficiales del ejército les han cobrado para firmar salvoconductos que permitan el transporte de chatarra sin correr el riesgo de ser decomisada.
«Si [tiene un salvoconducto] firmado por un oficial de la guardia, nada podrá detener el camión hasta llegar a Anzoátegui», comentó el dueño de una empresa transportadora en el estado de Monagas, otro centro de la industria petroquímica.
