Por morfema.press
La Corte de Distrito de Washington D.C. confirmó la indemnización por USD 8.700 millones que Venezuela debe pagar a ConocoPhillips por la expropiación de sus activos en el país, una decisión que tomó el juez luego de que el país no ejerciera su defensa en este caso.
«Después de que los peticionarios efectuaron la notificación, Venezuela no compareció. Venezuela todavía
no ha comparecido ni se ha opuesto de otro modo a la Moción. Por las siguientes razones, el tribunal concede la moción y dicta sentencia a favor de los peticionarios», señaló el juez Carl J. Nichols en un documento publicado el pasado viernes.
Este es otro de los múltiples litigios que enfrenta Venezuela y cuya defensa ha recaído en el gobierno interino de Juan Guaidó, a través de la Procuraduría Especial, debido a que es el mandatario reconocido en las cortes estadounidenses.
A los $8.700 millones de la demanda se deben sumar más de $168 millones en intereses que seguirán aumentando hasta que se concrete el pago.
Conoco le ganó a Venezuela el arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) iniciado en 2007 tras la expropiación, durante el gobierno de Hugo Chávez, de su participación en los proyectos petroleros de Petrozuata, Hamaca y Golfo de Paria. La decisión a favor de la petrolera se dictó en 2019 y Venezuela todavía intenta revocarla en esa instancia, no obstante la empresa recibió el aval para intentar el reconocimiento en Estados Unidos.
Tan pronto como se conoció la decisión inicial del CIADI, la petrolera introdujo la solicitud para ejecutar el laudo (11 de marzo de 2019). «Venezuela estaba obligada a presentar respuesta antes del 10 de marzo de 2020. Pero no lo hizo, ni ha entrado en comparecencia o hecho cualquier presentación en este caso», señaló la corte.
En paralelo ConocoPhillps es una de las partes interesadas en la venta de las acciones de Citgo para el cobro de esta indemnización, un proceso judicial que ya está en marcha y que no se ha concretado debido a la protección que goza la empresa venezolana de parte del Departamento del Tesoro.
¿Por qué Venezuela no se presentó?
De acuerdo con el ex procurador especial, José Ignacio Hernández, «la Oficina del Procurador Especial advirtió que la República no podía contratar abogados en el caso de Conoco, pues la Asamblea Nacional no había aprobado la previsión presupuestaria. La Oficina advirtió que la Comisión Delegada comprometía su responsabilidad».
La decisión del juez Nichols «implica que el laudo quedó confirmado y que, por lo tanto, Conoco podrá iniciar acciones para su ejecución», explicó Hernández en Twitter, donde aclaró que no se trata de un embargo a los activos del país.
«Las fallas de gobernanza en el seno de la Asamblea Nacional han afectado la calidad de la defensa judicial de Venezuela en el extranjero. El caso de Conoco así lo ratifica», afirmó el abogado y docente.
El procurador especial Enrique Sánchez, señaló a finales de julio que el país debe más de $18 millones a firmas de abogados en el extranjero, que hay en juego unos $40.000 millones en demandas y que de ellas la de Conoco es la más grande.
Consideraciones estratégicas
ConocoPhillips ganó una orden largamente esperada de un tribunal federal de EE. UU. que convirtió su laudo arbitral de USD 8500 millones contra el estado venezolano en una sentencia ejecutoria. El premio ha ido acumulando interés y ahora tiene un valor aproximado de 10.000 millones de dólares.
El arbitraje subyacente sigue en disputa, ya que Venezuela solicitó la anulación del laudo, pero los términos de ese caso permiten a ConocoPhillips ejecutar el laudo a pesar de que sigue en proceso.
ConocoPhillips es una de las empresas que participan en una venta supervisada por un tribunal de acciones de PDV Holding en Delaware para satisfacer sentencias contra PDVSA. La compañía no puede buscar la satisfacción inmediata de la sentencia de USD 10 mil millones en ese procedimiento, ya que primero debe probar que PDVSA cumplió con ciertas condiciones para ser considerada un alter ego de la república en momentos específicos.
ConocoPhillips, la mayor petrolera con sede en Texas, ganó una sentencia judicial de EE. UU. que reconoce el mayor laudo arbitral contra la República Bolivariana de Venezuela, según muestra un documento judicial.
El tribunal federal del Distrito de Columbia ordenó el 19 de agosto que Venezuela pague a la empresa USD 8.510 millones en daños más costos e intereses. La porción de interés incluye USD 8.370 millones al 5,5 %, capitalizados anualmente desde el 7 de mayo de 2019, mientras que porciones más pequeñas de la adjudicación han devengado un interés simple al 3 % o LIBOR a 12 meses. El total ahora es de USD 10 mil millones, según los cálculos de REDD.
Esa suma ahora acumulará intereses a la tasa de juicio federal, según la orden judicial. La tasa federal es actualmente del 3,28% anual, después de haber subido desde el 0,41% a principios de año, según un sitio web del sistema judicial de EE. UU.
Los antecedentes:
ConocoPhillips alguna vez controló algunos de los campos petroleros más productivos y modernos de Venezuela, en virtud de los contratos que recibió en el período de liberalización de la «apertura petrolera» de la década de 1990 en el país. En 2006, el entonces presidente Hugo Chávez modificó la ley de hidrocarburos para exigir que la estatal PDVSA tenga una participación mayoritaria en todas las empresas productoras de petróleo y ofreció solo el valor contable en compensación por la participación reducida. ConocoPhillips inmediatamente comenzó a retirar personal del país y en 2007 solicitó un arbitraje. Ganó el caso en 2019, recibiendo el premio más grande que el CIADI haya otorgado contra Venezuela.
El soberano ganó una “rectificación” que redujo el laudo en cientos de millones de dólares ese mismo año, como se informó, y luego presentó una solicitud de anulación del laudo.
La anulación es el único recurso en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial, ya que no admite apelaciones. El procedimiento de anulación está en curso, pero se ha retrasado por la falta de pago de honorarios por parte de Venezuela, la renuncia de un árbitro y, más recientemente, por la recusación de un árbitro, según muestran los registros del CIADI.
El CIADI a menudo suspende la ejecución de los laudos durante la anulación, pero ConocoPhillips levantó la suspensión prometiendo mantener las colecciones del dinero separadas y devolverlas a Venezuela si se anula el laudo.
“Habría algunas dificultades indebidas para Venezuela por la ejecución de esta sentencia si finalmente se anula el laudo”, escribió el juez Carl Nichols en una opinión que acompaña a la orden. “Pero la Corte no tiene motivos para pensar que la anulación es particularmente probable. Y cualquier dificultad potencial se reduce porque los peticionarios han garantizado devolver las sumas cobradas antes de la anulación. Cualquier dificultad para Venezuela también tendría que equilibrarse con la dificultad de los peticionarios de esperar aún más para comenzar a cobrar. Quince años es tiempo suficiente»
Venezuela recibió documentos del caso en 2020 y no compareció ante el tribunal para pelear el caso de ConocoPhillips, escribió Nichols.
Peleas de alter ego en Delaware
Varios acreedores judiciales de Venezuela han registrado sus sentencias en el estado de Delaware con la esperanza de recibir dinero de una subasta planificada supervisada por un tribunal de acciones de la sociedad de cartera estadounidense de PDVSA, PDV Holding, como se informó. ConocoPhillips es una de las partes que organiza esa subasta, ya que tiene un juicio separado contra PDVSA por más de USD 1 mil millones, también derivado de la nacionalización de 2006 de sus activos venezolanos.
Si bien el tribunal ha permitido que un maestro especial redacte las reglas de la subasta, la venta real requerirá una licencia en virtud de las sanciones de EE. UU. a Venezuela, como se informó.
PDVSA envió cartas al tribunal federal de Delaware el 8 de agosto oponiéndose a las órdenes de embargo de tres acreedores judiciales: Rusoro Mining, que posee un laudo del CIADI valorado en USD 1.580 millones en 2021; ACL1 Investments, que está demandando por una colección de bonos en mora; y Northrop Grumman Ship Systems (anteriormente Huntington Ingalls), que ganó un laudo arbitral contra el soberano por contratos de defensa no pagados que datan de la década de 1990.
Ellos, junto con una unidad de Owen-Illinois Glass, han pedido al juez Leonard Stark que dictamine que PDVSA es un alter ego del soberano, haciendo que sus activos sean objeto de incautación para satisfacer las deudas de la república.
En sus cartas, PDVSA dijo que las empresas tendrían que demostrar que el estatus de alter ego existía cuando las empresas presentaron solicitudes de órdenes judiciales de embargo, y que las empresas no deberían poder obtener órdenes judiciales hasta que el regulador de sanciones de EE. UU., la Oficina de El Control de Activos Extranjeros, u OFAC, proporciona licencias.
El nuevo juicio de USD 10 mil millones es contra el soberano, en lugar de PDVSA, por lo que ConocoPhillips también tendría que probar una relación de alter ego para agregar este juicio a los que podrían ser satisfechos por la subasta de PDV Holding.
Mientras los abogados de esos casos siguen presionando a Stark para que actúe, otro acreedor registró una adjudicación de 166,1 millones de dólares en Delaware el 16 de agosto. La unidad de Siemens, Dresser-Rand, registró la sentencia que ganó en un juicio el año pasado. Debido a que esa sentencia es contra la propia PDVSA, la empresa no necesita esperar ninguna declaración de alter ego y puede comenzar de inmediato a perseguir los activos de PDVSA, como las acciones de PDV Holding.
Casos de tenedores de bonos individuales
En un caso separado en Nueva York, una familia que reclamaba USD 67,6 millones por bonos soberanos en mora e intereses presentó un juicio sumario contra la república el 18 de agosto, según muestran los documentos judiciales. Rudi Lovati y Alessandro Lucibello Piani dijeron en documentos judiciales que poseen USD 76,5 millones en bonos al 9 % con vencimiento en 2023 y USD 49,8 millones en bonos al 9,25 % con vencimiento en 2027.
La OFAC rechazó una solicitud de otro tenedor de bonos que busca incautar propiedades en Florida supuestamente compradas con dinero robado de Venezuela. Casa Express, un tenedor de bonos individual, presentó una demanda en virtud de las leyes de «fideicomiso constructivo» de Florida para apoderarse de propiedades propiedad de empresas ficticias controladas por Raúl Gorrín. Gorrín es un multimillonario venezolano sancionado por EE.UU. por supuestamente lavar dinero extraído ilegalmente del soberano.
“Parece que está tratando de satisfacer una sentencia” contra el soberano “al buscar activos que pertenecen a otra persona, Gorrín”, escribió la subdirectora adjunta de licencias de la OFAC, Mary Patricia Rasmussen, en una carta del 18 de julio a Casa Express que se hizo pública en un expediente judicial el 15 de agosto. “La OFAC no está en condiciones de autorizar una transacción de este tipo, ya que los activos que desea perseguir parecen pertenecer a una persona que no sea [el gobierno de Venezuela]. Por lo tanto, su solicitud es denegada”.
Con información de Economía Hoy y REED LATAM intelligence
