“El ministro está apañando la corrupción. Ha sido puro abuso de poder”, así lo denuncian Rodrigo Pacheco, de 70 años, e Ysabel Cristina Barrios, de 63, a través de un video publicado por la ONG Provea en su cuenta oficial en X (antes Twitter).
La pareja lleva 17 años esperando justicia luego de que, en 2007, el Estado venezolano les despojara arbitrariamente de su vivienda y pequeña empresa de producción artesanal en el estado Aragua, sin orden judicial ni indemnización.
Según la denuncia pública, el caso fue evaluado y documentado por un fiscal nacional, dos abogados del Ministerio para la Agricultura y Tierras y el exjefe de seguridad de la misma institución, quienes emitieron un dictamen favorable a la restitución de los bienes.
Sin embargo, el actual ministro Wilmar Castro Soteldo habría revertido esta decisión, dejando en el limbo a las víctimas y sin ejecutar las medidas recomendadas en el expediente.
“Este ministro no ha querido dar la cara para nada. Nos pelotean de un lado a otro. Consultoría jurídica dice no conocer el caso y ni siquiera nos recibe”, declaró Rodrigo Pacheco en el audiovisual difundido por Provea, donde acusa al ministro Castro Soteldo de ser “cómplice del robo” por no ejecutar la decisión previamente tomada por el ministerio.
El caso se remonta a la gestión del exministro Juan Carlos Loyo, actual titular del Ministerio de Pesca y Acuicultura, a quien también responsabilizan por haber iniciado el despojo de sus propiedades sin ninguna base legal o judicial, lo que constituye una violación directa al Artículo 115 de la Constitución venezolana, que protege el derecho a la propiedad privada.
Tanto Rodrigo Pacheco como Ysabel Barrios superan los 60 años de edad, por lo que están amparados por la Ley para la Protección de las Personas Mayores, la cual garantiza su derecho a vivir con dignidad y sin ser sometidos a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Provea exigió al Ministerio Público que comience una investigación inmediata por presunta corrupción y abuso de poder, y que se garantice una reparación integral para la pareja afectada: restitución de sus bienes y garantías de no repetición.
