Por Carmelo Haddad López
Los inversionistas extranjeros están regresando a Venezuela. Encontrarlos en los hoteles y restaurantes de Caracas ya no es la rareza que solía ser. En los últimos meses, me he reunido con varias delegaciones que exploran oportunidades en el país. La experiencia me recordó a un zafari: todos observan el mismo paisaje, pero cada uno busca una presa diferente.
Algunos están asegurando activos petroleros, otros son fondos de capital de riesgo que respaldan startups, y algunos están adquiriendo participaciones en empresas venezolanas. Pero muchos, quizás la mayoría, son inversionistas en bonos soberanos venezolanos y de PDVSA en situación de impago (o en mora), enfocados principalmente en las perspectivas de una futura reestructuración de la deuda.
Sin embargo, detrás de este renovado interés subyace una llamativa contradicción: las empresas venezolanas luchan por obtener financiamiento en un país donde el crédito bancario representa un estimado del 3% al 4% del PIB, en comparación con casi el 40% en Colombia. Aún más preocupante es que esa cifra se calcula frente a una economía que se ha contraído dramáticamente. El verdadero desafío hoy no es simplemente atraer inversionistas extranjeros; es convertir ese interés en financiamiento para las empresas venezolanas. Entender qué buscan los inversionistas nos dice mucho sobre las perspectivas económicas de Venezuela.
Los fondos de capital de riesgo están invirtiendo en startups venezolanas, apoyando la innovación, el emprendimiento y la creación de empleo. La mayoría de las inversiones siguen siendo relativamente pequeñas, aunque existen excepciones destacadas. La empresa fintech Cashea recaudó 100 millones de dólares en financiamiento de capital y deuda en 2026, mientras que Fina, una plataforma tecnológica que atiende a pequeñas empresas, aseguró 1 millón de dólares de inversionistas internacionales. Su importancia radica más en su potencial para fomentar la innovación y crear valor económico que en el volumen de capital que representan actualmente.
El sector petrolero presenta un panorama diferente. Los inversionistas se apresuran a asegurar derechos contractuales sobre activos antes de una normalización política y económica, a menudo con compromisos iniciales relativamente limitados en comparación con el capital que en última instancia se requerirá. Compañías como Hunt Oil y GeoPark han firmado acuerdos para desarrollar campos petroleros venezolanos, señalando una intención de ir más allá de la especulación y pasar a la producción. Sin embargo, los obstáculos regulatorios y las incertidumbres operativas, junto con las exigencias de cumplimiento internacional y las sanciones, podrían retrasar el financiamiento o la ejecución completa.
Los actores de mayor tamaño enfrentan un cálculo distinto. ExxonMobil, por ejemplo, ha enfatizado la necesidad de protecciones legales duraderas y términos de inversión competitivos antes de comprometer capital sustancial, aun mientras explora un posible regreso. Chevron, que ya opera en Venezuela, ha tomado un enfoque más inmediato, expandiendo su posición y delineando un programa de inversión multianual bajo un modelo disciplinado de gestión de caja. Gran parte de la inversión a corto plazo por parte de operadores consolidados podría ser respaldada por los flujos de caja de las operaciones existentes en lugar de inyecciones de capital completamente nuevas.
Los inversionistas de capital privado (private equity) y los compradores corporativos estratégicos representan otra categoría. Un ejemplo reciente es el Grupo Nutresa de Colombia, que adquirió a la fabricante venezolana de helados Tío Rico en octubre de 2026. La transacción es una señal alentadora de una renovada actividad de fusiones y adquisiciones (M&A) transfronterizas. Si bien adquirir una empresa existente no inyecta necesariamente capital fresco a la economía, los beneficios reales pueden llegar a través de inversiones posteriores, mejoras operativas y la expansión del negocio.
Pero quizás los visitantes más visibles son los tenedores de bonos soberanos de Venezuela y de PDVSA. Muchos de estos inversionistas no le prestaron dinero originalmente a Venezuela. Compraron deuda en mora en los mercados secundarios tras el default del país en 2017, a menudo a precios profundamente descontados. Sus preguntas son comprensibles: ¿Cómo será una reestructuración? ¿Cuánto recuperarán los acreedores? ¿Cuánto tiempo tomará? ¿Qué tanto más pueden subir los precios de los bonos? ¿Y cómo podría el regreso de María Corina Machado redefinir esas expectativas?
No hay nada intrínsecamente malo en esta actividad. Los inversionistas en deuda en mora proporcionan liquidez y asumen riesgos que otros prefieren evitar. Pero cuando un fondo le compra un bono venezolano a otro, el dinero va al vendedor, no a Venezuela. Comprar activos financieros venezolanos no es necesariamente lo mismo que invertir en Venezuela. Esa distinción importa porque el país enfrenta una escasez extraordinaria de financiamiento productivo.
Las empresas venezolanas necesitan financiamiento para inventarios, equipos, capital de trabajo y expansión. Sin embargo, el sistema bancario nacional solo cuenta con una fracción de la capacidad prestable requerida para respaldar una recuperación significativa. Una reestructuración de la deuda soberana podría ayudar a restaurar la confianza y normalizar la relación de Venezuela con los mercados financieros internacionales. También podría permitir a los tenedores locales de bonos monetizar posiciones mantenidas durante mucho tiempo y reorientar algunos de esos recursos hacia inversiones productivas. Pero la reestructuración por sí sola no resolverá el problema del crédito.
En toda América Latina, incluso las empresas de economías relativamente pequeñas han accedido con éxito a los mercados internacionales de capitales. Cementos Progreso de Guatemala recaudó 350 millones de dólares en su primera emisión en los mercados internacionales de capitales en 2013, mientras que Aerodom, el operador aeroportuario dominicano, recaudó 940 millones de dólares en 2024 mediante una combinación de bonos y financiamiento sindicado. Estos son canales de financiamiento que siguen estando prácticamente fuera del alcance de las empresas venezolanas, a pesar del tamaño y potencial de su sector privado. Llegar a esa etapa podría llevarle a Venezuela otros cinco a siete años.
Las empresas de Venezuela no pueden darse el lujo de esperar; necesitan financiamiento hoy. El país necesita un puente financiero entre su sistema bancario severamente limitado y su eventual retorno a los mercados internacionales de capitales.
Los bancos nacionales necesitarán tiempo para reconstruir su capacidad crediticia. Las instituciones multilaterales, como la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), podrían ayudar a movilizar financiamiento y otorgar garantías, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) podría respaldar una estabilización macroeconómica más amplia. Pero no se puede esperar que estas instituciones resuelvan por sí solas las vastas y complejas necesidades financieras y de capital de la economía.
El sector privado —tanto venezolano como internacional— tendrá que liderar el esfuerzo para cerrar la brecha de financiamiento de Venezuela. Eso significa desarrollar mecanismos creativos para conectar el capital internacional con las empresas venezolanas: crédito privado, financiamiento estructurado, garantías internacionales y alianzas entre instituciones financieras locales e inversionistas extranjeros. Estos mecanismos no pretenden sustituir a unas instituciones financieras locales sólidas, al estado de derecho ni al cumplimiento efectivo de los contratos. Deben diseñarse como un puente financiero para comenzar a financiar la economía mientras esas condiciones se reconstruyen.
Las empresas venezolanas también deben mirar hacia adentro. No todas las barreras al crédito son externas; algunas se derivan de prácticas arraigadas desde hace tiempo dentro de la propia comunidad empresarial. Durante décadas, la mayoría de las empresas han mantenido estructuras de propiedad cerradas y han divulgado muy poca información financiera. Dado el entorno político y regulatorio del país, esta cautela a menudo era comprensible. Pero las prácticas que en su momento ayudaron a las empresas a sobrevivir ahora pueden limitar su acceso al capital, frenar su crecimiento y colocarlas en desventaja competitiva frente a sus pares latinoamericanos.
Algunas de las mayores empresas de Venezuela, como Empresas Polar, Digitel y Farmatodo, podrían dar el ejemplo fortaleciendo el gobierno corporativo, adoptando normas internacionales de información financiera (NIIF / IFRS) y construyendo relaciones con inversionistas internacionales. No necesitan salir a bolsa mañana, pero deberían empezar a prepararse hoy. Las empresas que ya cotizan en la bolsa de valores local también deberían elevar sus estándares mediante una divulgación financiera más transparente, una mejor comunicación con los inversionistas y una atención especial a brindar protecciones más sólidas a los derechos de los accionistas minoritarios.
Por supuesto, eso es más fácil decirlo que hacerlo. Durante años, los líderes empresariales venezolanos han estado absorbidos por los desafíos diarios de mantener sus empresas en funcionamiento: hacer frente a los cortes de electricidad, lidiar con cargas tributarias y regulatorias en constante cambio, gestionar la inestabilidad cambiaria y superar innumerables otros obstáculos operativos. Pero a medida que el país mira hacia una posible normalización económica, esa mentalidad también tendrá que evolucionar. Las empresas deben comenzar a mirar más allá de los desafíos inmediatos de operar en Venezuela y empezar a construir las bases financieras e institucionales necesarias para atraer capital a largo plazo. Las primeras empresas venezolanas que accedan con éxito a los mercados internacionales de capitales harán más que financiar su propio crecimiento. Establecerán precedentes y abrirán puertas para las empresas más pequeñas.
Venezuela no necesita simplemente más inversionistas. Necesita más empresas en las que se pueda invertir. El renovado interés internacional en Venezuela es bienvenido. Pero la especulación en activos en mora y la inversión en empresas productivas son actividades fundamentalmente distintas. La recuperación del país no debería medirse por cuántos inversionistas llegan buscando oportunidades, ni por cuánto se aprecian sus bonos o acciones. Debería medirse por si las empresas venezolanas finalmente pueden acceder al capital que necesitan para crecer. Después de todo, el verdadero premio en el zafari financiero de Venezuela no es el próximo repunte de los bonos. Es la reconstrucción de una economía.
Carmelo Haddad López es un experimentado gestor de fondos de inversión y defensor de la revitalización de los mercados de crédito y de capitales en Venezuela.
