Vía Derecha Diario
El Gobierno socialista consumió completamente el superávit que había heredado de la gestión de Bolsonaro tras una masiva explosión del gasto público, que no pudo solventar con mayor emisión debido a la independencia del Banco Central.
Poco a poco los cimientos para el crecimiento de la economía brasileña se caen a pedazos a medida de que el Gobierno de Lula da Silva avanza con su agenda socialista. El sector público federal registró un déficit primario equivalente al 1,21% del PBI al término de noviembre del año pasado, y las estimaciones del Fondo Monetario Internacional sugieren que cerraría el 2021 con un rojo de por lo menos el 1,24% del producto respectivamente.
Cuando Lula llegó al poder en enero de 2023, Brasil mantenía un cómodo superávit primario en torno al 0,6% del PBI, pero en solo 12 meses la gestión socialista de la mano del Presidente Lula y Fernando Haddad desde la cartera de Economía, nuevamente los ingresos genuinos ya no son suficientes como para compensar los gastos corrientes (mucho menos el pago de intereses por la deuda pública).
En conjunto con las debidas obligaciones financieras que debe afrontar el Gobierno federal, Brasil llegó a registrar un déficit total del 6,24% del PBI, oficialmente la cifra más alta de los últimos 28 meses y únicamente comparable con la pandemia. Esta relación no incluye al resultado de los Estados locales y las municipalidades, por lo que la responsabilidad del mismo corre a cuenta exclusivamente de las autoridades federales.
Si se considera además al resultado del Banco Central, entonces el déficit financiero federal de Brasil asciende al 6,87% el PBI en conjunto con lo que se conoce como “déficit cuasi-fiscal”, y nuevamente la cifra escala a los valores más extremos desde el estallido de la pandemia.
La presidencia de Jair Bolsonaro apuntaba hacia la disciplina fiscal, mientras que el Gobierno de Lula avanza hacia el despilfarro. Se espera que la situación pueda cambiar solo a partir de los primeros datos correspondientes a 2024, ya que la nueva regla fiscal implementada por el oficialismo (el llamado calabozo fiscal) establece un canal entre los gastos realizables y la recaudación tributaria efectiva.
A partir de este año, Lula adquirió facultades para elevar el gasto público sin ningún tipo de limitación nominal, pero siempre y cuando la recaudación aumente de manera más que proporcional. En otras palabras, si el Gobierno aumenta los impuestos (como prevé hacerlo efectivamente) no habrá ningún límite legal para el gasto federal.
La tasa de inflación aún persiste dentro de los niveles esperados por el Banco Central que dirige Roberto Campos Neto (nombrado anteriormente por Bolsonaro). La Ley de Autonomía firmada por el Gobierno anterior y la permanencia de Campos Neto en su cargo garantizan la estabilidad en Brasil, pese a las medidas disparatadas del socialismo.
Y aunque Lula renegó públicamente de la autonomía del Banco Central, no logró suficiente respaldo parlamentario para revertir esta reforma trascendental que dejó la herencia de Bolsonaro. De esta manera, la dominancia fiscal sobre la política monetaria aún se mantiene a raya.
