En el marco del diálogo que adelanta con empresarios y sindicatos, el gobierno interino de Delcy Rodríguez está preparando una “ley de consensos laborales” que, en la práctica, cambiaría la relación entre patrones y empleados, dejando a un lado la Ley del Trabajo promulgada por el difunto presidente Hugo Chávez.
Aunque es el primero en incumplirla, el oficialismo se ha negado a reformar la Ley del Trabajo básicamente por razones políticas: cuando la firmó, en abril de 2012, Chávez se emocionó hasta las lágrimas al informar ese mismo día que viajaría a Cuba para continuar con el tratamiento del cáncer que terminó costándole la vida en marzo de 2013. La cúpula gobernante evita reconocer los errores y desmontar el “legado del comandante”.
“La ‘ley de consensos laborales’ es una especie de Frankestein, dado que el chavismo no quiere modificar la Ley del Trabajo, pero al menos contribuiría a resolver el tema del ingreso del trabajador, permitiendo aumentar el salario sin tener los efectos perjudiciales de los cálculos insostenibles que implantó Chávez cuando el barril de petróleo estaba en 100 dólares”, resume una fuente empresarial al tanto del proceso.
La Ley del Trabajo de 2012 volvió a implementar la retroactividad de las prestaciones sociales con base en el último salario devengado por el trabajador. “No tienen idea de lo perjudicial que es el desconocimiento que tiene un empleador de no saber cuánto cuesta la liquidación de un trabajador con el régimen de prestaciones sociales retroactivas, cuando tienes un sistema diferencial de cambio que no sabes cuánto es y con una inflación anual que supera el 500%”, señala el empresario.
Al final, terminó ocurriendo aquello que los críticos advertían: la “bonificación” del salario. El salario mínimo en Venezuela está “congelado” desde 2022, cuando el Ejecutivo lo fijó en 130 bolívares, que hoy equivalen a menos de 20 centavos de dólar. Ese monto es el que se utiliza para calcular los pasivos laborales.
El régimen chavista creó la figura del “ingreso mínimo integral”, bono que alcanza los 240 dólares al mes. Sindicatos y gremios denuncian que estos pagos especiales se realizan de forma caótica y discrecional, pues no cubren a todos los posibles beneficiarios, y señalan la destrucción de los contratos colectivos y la seguridad social.
Buenos términos
En la mesa con el gobierno interino y los empresarios también están sentadas las cinco centrales sindicales del país. “Viene un proceso de recuperación progresiva y el arranque de la recuperación salarial y de las incidencias”, anuncia un representante de los trabajadores que participa en el diálogo.
El dirigente sindical reconoce que la presidenta encargada de la República “nos escucha, nos responde y nos informa”. “Realmente con ella el diálogo es fluido, siempre en presencia del gabinete económico y los asesores y técnicos, al tiempo que nos pide propuestas en los distintos temas”, admite.
Los sindicatos esperan que del intercambio con autoridades y patronos surja en el corto plazo “un régimen transitorio de recuperación progresiva (del ingreso de los trabajadores)” para posteriormente, una vez se alcance la “estabilización económica” del país, retomar “nuestras convenciones colectivas de trabajo y dejemos atrás los bonos”.
