Por Emilio Ocampo
Me llegan de Caracas artículos de prensa en los que se repiten los mismos argumentos que vengo combatiendo desde hace años en la Argentina.
Alguien me hizo llegar un artículo que acaba de publicar el economista venezolano Asdrúbal Oliveros sobre la dolarización en Venezuela. Su posición es razonable y equilibrada. Reconoce que, después de más de cuarenta años de inflación, devaluaciones y destrucción del bolívar, la dolarización es una alternativa legítima. También reconoce su principal ventaja: elimina la capacidad del Estado de financiar sus desequilibrios fiscales mediante la emisión monetaria. Sin embargo, termina inclinándose por un régimen de libertad monetaria y bimonetarismo formal como el de Perú en el que el bolívar tendría la oportunidad de recuperar gradualmente la confianza de los venezolanos.
Sus argumentos me resultan familiares. Son prácticamente los mismos que encuentro desde hace años en la Argentina cada vez que se discute la dolarización. Justamente son los dos países en los que la dolarización tiene más sentido. Es notable
Al igual que muchos economistas argentinos, Olivera cae en lo que se denomina la “falacia del Nirvana”: comparar una alternativa real, con todos sus defectos y limitaciones, con una ideal pero inalcanzable. En un artículo a favor de la dolarización en la Argentina, el economista norteamericano John Cochrane ilustró este tipo de razonamiento con un ejemplo bastante gráfico: es como evaluar si un tapizado beige o negro quedaría bien en nuevo Porsche 911 mientras vamos en autobús a una concesionaria a ver si con nuestros magros ahorros podemos comprarnos un Toyota usado.
Oliveros señala, correctamente, en que la dolarización no resuelve todos los problemas de una economía. No garantiza disciplina fiscal. No aumenta automáticamente la productividad. No crea seguridad jurídica ni buenas instituciones. Tampoco convierte mágicamente a Venezuela en Suiza.
Todo esto es cierto. Pero no constituye un argumento contra la dolarización.
En política económica existe un principio elemental asociado a Jan Tinbergen: no es posible alcanzar múltiples objetivos independientes con un solo instrumento. La dolarización tiene un objetivo fundamental: eliminar la inflación generada por la emisión de moneda doméstica para financiar el déficit fiscal. Juzgarla porque no resuelve simultáneamente los problemas fiscales, educacionales, institucionales o de productividad equivale a criticar una reforma monetaria porque no mejora la calidad del transporte público.
Esto no significa que la estabilidad monetaria no genere indirectamente importantes beneficios. Al eliminar el riesgo de devaluación reduce la incertidumbre, alarga los horizontes contractuales, favorece la inversión y la intermediación financiera y puede contribuir a aumentar la productividad. También endurece la restricción presupuestaria del Estado al eliminar una fuente de financiamiento. Deja al desnudo falencias estructurales que la inflación permite esconder o disimular. Además, libera tiempo y recursos que el gobierno emplea para combatir la inflación y que el sector privado emplea para protegerse de los efectos nocivos que genera. Pero no sustituye las demás reformas que Venezuela necesita. La estabilidad duradera es condición necesaria pero no suficiente para que esas reformas den sus frutos.
Hay una cuestión más profunda que muchas veces se pierde en estas discusiones. La moneda de un país refleja la calidad de sus instituciones. Una moneda fiduciaria estable requiere límites creíbles al poder político, disciplina fiscal, respeto por los contratos y una autoridad monetaria capaz de resistir las presiones del Ejecutivo. Pretender tener una moneda de calidad sin las instituciones que la hacen posible es una ingenuidad peligrosa.
Por eso los economistas muchas veces aportan poco y confunden mucho en este debate. Abstraerse de la historia política, cultural e institucional de un país puede ser útil para construir un modelo. Es bastante menos útil y relevante cuando se trata de elegir un régimen monetario. La pregunta relevante no es qué régimen funcionaría mejor con instituciones ideales que no existen sino cuál tiene mayor probabilidad de funcionar con las instituciones que realmente existen, que no sólo son las escritas sino también las no escritas.
El caso de Ecuador, que Oliveros presenta como una advertencia, ilustra el punto. Rafael Correa encontró mecanismos para financiar un Estado fiscalmente irresponsable a pesar de la dolarización. Se endeudó, aumentó impuestos e incluso utilizó el balance del Banco Central. ¿Qué demuestra esto? Que la dolarización no elimina la irresponsabilidad fiscal. Nadie seriamente ha sostenido lo contrario.
La pregunta relevante es otra: ¿qué habría hecho Correa si además hubiera tenido a su disposición una moneda fiduciaria que pudiera emitir libremente? El contrafáctico de Ecuador más probable sin la dolarización es justamente Venezuela.
La dolarización no impide que un mal gobierno haga malas políticas. Simplemente le quita uno de los instrumentos más destructivos para hacerlas.
Zimbabue plantea una advertencia diferente. La dolarización terminó con la hiperinflación, pero años después el gobierno consiguió reconstruir una moneda doméstica. Esto demuestra que ningún régimen monetario es completamente irreversible. Esto es una obviedad, es el mismo camino que recorrieron muchos países después de 1945 cuando se independizaron (Indonesia, Argelia, etc.) Pero también importa el contexto político. En una democracia, desdolarizar significa confiscar los dólares a millones de ciudadanos que constituyen un bloque electoral mayoritario. El costo político puede ser enorme, como lo pudo confirmar Correa. Era el político más popular de Ecuador pero el dólar era más popular que él, incluso con quienes lo votaban. En una democracia frágil como la Zimbabue esta restricción es más débil. Y esto es especialmente relevante para Venezuela, donde desde hace décadas no existe una verdadera democracia.
Los límites legales, por sí solos, tampoco constituyen un mecanismo de compromiso efectivo. Una ley puede ser modificada por otra ley. Una prohibición constitucional puede ser reinterpretada o violada. La dolarización introduce una restricción diferente: para recuperar la capacidad de emitir, un gobierno debe primero recuperar políticamente la moneda. En una democracia, ésa puede ser una barrera considerablemente más difícil de superar.
Perú merece una consideración especial. Oliveros tiene razón en señalarlo como ejemplo de reconstrucción de una moneda nacional. Pero el régimen peruano es mucho más complejo de lo que parece (escribí algo al respecto aquí). El BCRP interviene activamente en el mercado cambiario, acumula reservas, esteriliza, utiliza encajes diferenciados y otros instrumentos macroprudenciales. Y, sobre todo, el sistema requiere una elevada coordinación entre la política fiscal y monetaria para actuar de manera contracícclia frente a shocks reales y financieros.
Eso requiere una disciplina política extraordinaria. Como expliqué recientemente al analizar el caso peruano, copiar sus instituciones sin reproducir las condiciones que explican su funcionamiento es una fantasía. El populismo es esencialmente procíclico. Precisamente por eso el modelo peruano es tan difícil de replicar en países institucionalmente vulnerables que han sufrido populismo endémico como Argentina y Venezuela.
Oliveros reconoce que el régimen peruano es “más exigente institucionalmente porque obliga a construir credibilidad en lugar de importarla”. Pero si Venezuela se caracteriza precisamente por su debilidad institucional, ¿por qué elegir deliberadamente el régimen que requiere instituciones más fuertes? No tiene sentido.
La argumentación termina siendo circular. No necesitamos dolarizar porque podemos reconstruir la credibilidad del bolívar. ¿Cómo? Con disciplina fiscal, un banco central independiente, políticas coherentes y reglas estrictas que serán cumplidas durante varias décadas. Es decir, presupone que Venezuela consigue resolver previamente buena parte del problema que destruyó el bolívar.
No sostengo que una dolarización oficial tenga una probabilidad de éxito del 100%, ni que intentar reproducir el modelo peruano tenga una probabilidad de éxito igual a cero. Ninguna decisión seria de política económica puede plantearse en esos términos. La pregunta es probabilística: dadas la historia y las vulnerabilidades institucionales de Venezuela, ¿qué régimen tiene mayor probabilidad de producir estabilidad monetaria duradera?
A mi juicio la respuesta es clara. Una dolarización oficial bien diseñada tiene una probabilidad de éxito significativamente mayor. La evidencia de Ecuador es contundente.
Agrego aquí un punto que considero muy importante: una dolarización oficial no debe ser concebida como un fin en si mismo sino como el primer paso hacia un régimen de plena libertad monetaria. En el siglo XXI debemos liberarnos del dogma impuesto en el siglo XX que la provisión de moneda debe estar a cargo del Estado. Los ciudadanos deben tener el poder de decidir qué moneda resulta más útil para sus fines. Esto es especialmente cierto en países como Venezuela.
Por último no hay que subestimar el factor tiempo en los procesos de reforma. Cualquier régimen que requiera reconstruir la credibilidad monetaria perdida durante varias décadas es por definición mucho más vulnerable a la reversión. A Perú le ha tomado más de tres décadas estar donde está. Y no ha llegado allí por casualidad, sino por causalidad. Es decir, su éxito es el producto de una conjunción inusual de factores a lo largo del tiempo que sería imposible replicar en Venezuela.
Justamente una de las varias ventajas de la dolarización es que produce resultados muy rápidamente. No es una hipótesis. Es un hecho comprobado. Como Morfeo le advertía a Neo en la película The Matrix, cuando se trata de escapar de la trampa del populismo el tiempo siempre nos juega en contra. El régimen monetario debe contribuir lo más rápidamente posible a que el país recupere una prosperidad inclusiva y duradera. Por definición, un régimen que requiere más tiempo y genera mayor incertidumbre tendrá mayor probabilidad de fracaso. Cada tropiezo o revés antes de que los beneficios de las reformas resulten tangibles a una mayoría de la población le dará argumentos y oxígeno político a la coalición populista para intentar revertirlas.
