Las dictaduras presidencialistas y monarquías que irrespetan derechos humanos reciben aún cuantiosas inversiones, sobre todo en materia petrolera, advierten expertos.
Por: La Voz de América
¿La comisión de delitos de lesa humanidad en medio de un “plan diseñado” por las máximas autoridades de Venezuela es suficiente para repeler las inversiones extranjeras? Pues, la respuesta de expertos a la duda es una moneda al aire.
Una misión de las Naciones Unidas concluyó que agentes militares y de inteligencia cometieron en Venezuela “violaciones de derechos humanos y delitos, constitutivos de crímenes de lesa humanidad”, incluyendo actos de tortura, para reprimir a la oposición política orquestada por el presidente Nicolás Maduro y otras autoridades “de alto nivel”.
Venezuela está lejos de ser un país estable ante los ojos de la Misión para la determinación de hechos designada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Según sus más recientes conclusiones, se trata de una nación suramericana que “ha soportado, durante una década, una espiral de crisis humanitaria, social, económica y de derechos humanos, acompañada por un colapso de las instituciones del Estado”.
El documento es “demoledor”, según líderes políticos y voceros de organizaciones defensoras de los derechos humanos, pero sus conclusiones podrían no influir como se supondría en los centros de inversión multilaterales o de determinadas naciones.
“No creo que tenga un peso específico importante en el contexto de los inversionistas”, afirma el economista y profesor universitario Hermes Pérez, especialista en macroeconomía y la industria petrolera, un rubro clave para las finanzas de un país como Venezuela.
En el mundo financiero contemporáneo, las violaciones de derechos humanos “no necesariamente impiden inversiones”, lamenta en conversación con la Voz de América.
Precisa que hoy día prevalecen “inversiones cuantiosas” en países donde existen dictaduras presidencialistas, como Guinea Ecuatorial, o también monarquías en las que el cuidado de los derechos humanos no está acorde a las normas internacionales, como Arabia Saudita.
Pérez, exjefe de la mesa de cambio del Banco Central de Venezuela, subraya que el principal objetivo de todos los inversionistas privados internacionales es “el retorno de la inversión” y admite que, en esas negociaciones, en ocasiones no predomina la sensibilidad sobre asuntos domésticos del país receptor, como los valores democráticos y los derechos.
El especialista pone su lupa sobre los países integrantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), de la que Venezuela es miembro fundador. “Si uno los revisa uno a uno, serían contadas las excepciones donde hay democracias plenas y se respeta a letra seguida los derechos humanos. Sin embargo, atraen inversiones”, indica.
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