El anunciado acuerdo energético entre la Oficina de Capital Estratégico (OSC, por sus siglas en inglés) del Departamento de Defensa de Estados Unidos y la petrolera North American Blue Energy Partners (Nabep) presenta tres vulnerabilidades jurídicas concurrentes que comprometen su viabilidad en dos jurisdicciones de manera simultánea.
Así lo indica el reciente informe de la firma de consultoría Oikos Research, el cual señala que, en Washington, la dependencia del Pentágono actuó sin base estatutaria al asumir participación accionaria; mientras que en Caracas, el otorgamiento de una concesión por un siglo desborda el marco constitucional y legal vigente.
El portal El Pitazo en su reseña del tema refiere que, de acuerdo con el documento titulado Análisis del Acuerdo OSC-Nabep, del pasado 12 de octubre, la operación contempla la creación de una empresa conjunta (joint venture) en la que la OSC asumiría el 35 % de las acciones de Nabep, una compañía energética con sede en la jurisdicción offshore de Barbados y dirigida por el empresario venezolano Alejandro Betancourt.
La inversión estimada asciende a 100.000 millones de dólares aportados por operadoras privadas contratadas, mientras que el Departamento de Estado obtendría un derecho preferente de compra sobre más del 20 % de la producción petrolera a precio de costo. Sin embargo, Oikos Research advierte que la opacidad del proceso y la falta de contraloría sitúan la probabilidad de una impugnación política en niveles sumamente elevados.
