Por Maria Zuppello en Diálogo Américas
La influencia de China en Guyana ha crecido exponencialmente en los últimos años, aprovechando el auge petrolero del país. Pekín está invirtiendo principalmente en las industrias que el petróleo ha generado, desde infraestructura hasta construcción de hoteles e incluso suministro de energía.
Empresas estatales chinas o con fuertes vínculos con el gobierno de Pekín, como Chongqing Bosai Minerals Group, China Railway Road, China Harbour Engineering Corporation (CHEC) y Beijing Construction Group, están inundando el país con diversas operaciones.
Esta expansión ha tenido un alto costo para la población local. “Preocupa la falta de transparencia en la ejecución de los proyectos. Los actores involucrados, desde empresas locales hasta comunidades de trabajadores, a menudo se sienten excluidos y sin voz”, declaró a Diálogo Jared Ward, profesor asociado de la Universidad Global de Arizona, cuyo trabajo se centra en la política exterior china.
En octubre de 2024, comerciantes de Agricola Village, una localidad en la región de Demerara-Mahaica donde se encuentra la capital Georgetown, protestaron contra el aumento de la inversión china en supermercados y cadenas comerciales, por temor a una competencia desleal. “¿Qué va a pasar con personas como nosotros, que llevamos años en este negocio? Ellos venderán a menor precio”, dijo un comerciante local al sitio de noticias guyanés Kaieteur News.
La situación es aún más crítica en Lethem, en la frontera con el estado brasileño de Roraima, en plena Amazonía. Según Kaieteur News, las inversiones chinas ahora controlan las principales tiendas de la zona y han comenzado a respaldar la construcción de nuevos edificios. Comerciantes locales las acusan de defraudar a las autoridades fiscales.
La región es estratégica porque es la puerta de entrada de Guyana a Brasil y forma parte del llamado Proyecto de Integración Sudamericana, una serie de grandes inversiones en infraestructura promovidas por el gobierno brasileño para agilizar el ingreso y salida de mercancías. Entre estos proyectos se encuentra una carretera asfaltada que conecta Boa Vista (capital de Roraima) con Lethem, y que busca enlazar Brasil con el futuro puerto de aguas profundas en la región de Berbice, Guyana, cuyo estudio de factibilidad fue realizado por empresas chinas como China State Construction and Engineering (CSCE) y China Dalian.
Según Nicolás Devia-Valbuena, experto del Programa para América Latina del Instituto de la Paz de Estados Unidos (USIP), este tipo de inversiones representa riesgos de seguridad. “Estamos hablando de infraestructuras de posible doble uso, con fines civiles, pero que podrían ser utilizadas por el ejército chino para proyectar poder en la región”, dijo Devia-Valbuena a Diálogo.
También hay evidencia del interés de Pekín en la región con la participación en octubre de 2024 de empresas chinas, como China Road and Bridge Corporation, China Railway Construction Caribbean Company Limited y China Railway First Group Company Limited, en la licitación para construir un nuevo puente sobre el río Berbice.
Inversiones chinas en infraestructura
Según el Jewish Policy Center, un centro de pensamiento con sede en Washington, la expansión de CHEC del aeropuerto internacional Cheddi Jagan también generó preocupaciones de seguridad. “Con una pista de más de 10.000 pies, es capaz de albergar aviones militares chinos”, advirtió el centro.
CHEC también se ha convertido en un actor dominante en el sector hotelero guyanés, como lo demuestra la expansión de 100 millones de dólares del antiguo Hotel Pegasus en Georgetown.
Además, avanza la construcción del nuevo puente sobre el río Demerara. El proyecto, valorado en 260 millones de dólares, fue adjudicado a una unión de empresas formada por China Railway Construction Corporation (CRCC), China Railway Construction Company y China Railway Construction Bridge Engineering Bureau Group. La empresa CRCC, controvertida, fue sancionada y excluida por el Banco Mundial en 2019 por fraude y corrupción. En 2022, otro conglomerado chino, China Railway First Group, obtuvo un contrato de 184 millones de dólares para ampliar el sistema ferroviario y vial de la costa este.
Varios proyectos chinos en Guyana han resultado ser de baja calidad y poco fiables. En 2021, la represa de Matthews Ridge, construida en el noroeste del país por Guyana Manganese Inc (GMI) —una subsidiaria del grupo chino Bosai Minerals— colapsó e inundó comunidades cercanas. Según las autoridades guyanesas, la causa fue el uso de materiales deficientes y malas prácticas de construcción.
“El historial de los proyectos de construcción chinos en Guyana genera preocupación sobre su calidad y fiabilidad. Estos problemas datan desde 1976 con la fábrica de ladrillos Bel-Lu, la primera incursión china en el país, y persisten en proyectos actuales. Infraestructura mal construida y cronogramas incumplidos obstaculizan las necesidades urgentes de desarrollo de Guyana”, afirmó Ward.
Incluso el proyecto de 150 millones de dólares para modernizar el aeropuerto Cheddi Jagan tardó 10 años. La mala calidad fue atribuida a un contrato impuesto por CHEC, que según una investigación del Caribbean Investigative Journalism Network (CIJN) era “desequilibrado”.
Según el informe de CIJN, “el acuerdo establecía que China Harbour Engineering Corporation (CHEC) recibiría el pago total del contrato y estaría exenta de pagar impuestos, aranceles, regalías y tasas impuestas por el gobierno central o local o por autoridades estatutarias.” Además, CHEC estipuló que el 60% de la mano de obra no técnica debía ser china y que solo ciudadanos chinos podían ser contratados para tareas especializadas.
Riesgos ambientales
Pekín lleva años intentando posicionarse en Guyana, prometiendo empleos para la población local. Tal fue el caso de la empresa maderera Bai Shan Lin, que en 2007 anunció una inversión de 100 millones de dólares en instalaciones de procesamiento de madera, prometiendo equipos, empleos y respeto por el medio ambiente.
“El caso de Bai Shan Lin es un ejemplo emblemático de los problemas de China en Guyana. La empresa ha sido acusada de talar ilegalmente en áreas protegidas y de incumplir sus compromisos”, señaló Ward.
Guyana Manganese Inc (GMI), filial del Bosai Minerals Group, es una de las varias empresas chinas que operan en el área de Matthews Ridge extrayendo manganeso. Además de las numerosas denuncias por su alto impacto ambiental, también ha sido acusada de condiciones de trabajo inhumanas para los empleados locales.
“Los riesgos asociados a las inversiones chinas en infraestructura están ampliamente documentados, no solo en Guyana, sino en todo el mundo. Estos proyectos suelen generar antagonismo en las comunidades locales, que se sienten explotadas o excluidas de los beneficios potenciales de obras construidas en sus tierras”, afirmó Devia-Valbuena.
Un ejemplo es el proyecto de la planta hidroeléctrica de Amaila Falls (2021), en el centro-oeste de Guyana, a cargo de China Railway Group Limited. Según denunció el activista indígena guyanés Michael McGarrell, “la planta amenaza con inundar grandes extensiones de tierra, aniquilar la biodiversidad de la región y diezmar a los pueblos indígenas que viven de la caza y la pesca”, declaró en un documental del medio Vice. En mayo de 2022, China Railway se retiró del proyecto, alegando que no podía financiar los 700 millones de dólares necesarios y solicitando al gobierno guyanés que asumiera el costo.
Sin embargo, el proyecto Amaila Falls también encendió alarmas sobre la expansión china en el sector energético. “El posible monopolio chino de los servicios públicos de Guyana coloca al país en una posición de dependencia no solo energética, sino también política, ya que las necesidades locales podrían verse subordinadas a los intereses geopolíticos chinos”, advirtió Devia-Valbuena.
Espionaje chino
En 2023, la firma de ciberseguridad ESET, a través de la Operación Jacana, descubrió un sofisticado ataque de hackers chinos a una agencia del gobierno guyanés mediante correos de phishing selectivo. El engaño busca que las víctimas revelen información sensible, como credenciales de acceso.
Pekín ha tenido acceso a las redes de Guyana desde hace años. En 2012, el grupo estatal chino Datang compró el 20% de la empresa de telecomunicaciones Guyana Telephone and Telegraph Company (GT&T). Un mes después, Datang contrató a Huawei para modernizar la red inalámbrica del país.
“En Guyana, Huawei ya ha participado en proyectos clave, como la instalación de cables de comunicación submarina y el suministro de redes inalámbricas para empleados gubernamentales. Estas actividades plantean la posibilidad de acceso no autorizado a datos sensibles del gobierno y a información biométrica individual”, dijo Ward.
Huawei también está presente en Guyana con el proyecto Safe Cities, que monitorea los principales centros urbanos con el objetivo declarado de combatir el crimen. En 2023, la empresa también firmó un memorando de entendimiento para construir un centro de investigación en inteligencia artificial que, según Huawei, “servirá a toda la región”.
“Ante este escenario, será necesario construir una serie de instituciones independientes dedicadas a la protección de los datos ciudadanos, así como establecer barreras de control a las acciones de los cuerpos de seguridad, algo para lo cual Estados Unidos y sus aliados están particularmente dispuestos a colaborar”, concluyó Devia-Valbuena.
La farmacéutica china Sinopharm también ha invertido 37,2 millones de dólares en seis hospitales que están siendo construidos por empresas como China CAMC Engineering Co., Ltd.. El riesgo es que Pekín obtenga acceso a los datos de salud de los ciudadanos guyaneses y se garantice un control privilegiado sobre el sector médico y farmacéutico del país.
Sumado al resto de las inversiones chinas, esto asegura que Pekín pueda infiltrarse en varios frentes, lo que, dado el posicionamiento estratégico de Guyana, pone en riesgo a toda la región del Caribe.
