Por Guillermo Bello Vicentini
No soy agente inmobiliario ni abogado. He sido promotor, constructor y vendedor de mis propios desarrollos habitacionales. Por eso, al oír presentar con optimismo la nueva ley de arrendamientos, me dio curiosidad leer y estudiar tan extraña conducta del régimen. Muy difícil dejar a un lado 27 años de delincuencia y destrucción de la vivienda en propiedad privada; sus leyes, decretos y actitud déspota, abusiva y humillante así lo demuestran.
Existen tres conductas que evidencian su profundo desprecio por la vivienda privada y su libertad: 1- La eliminación del derecho de propiedad a las familias más pobres del país. 2- La Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos. 3- Las expoliaciones a promotores y constructores de viviendas de interés social para extinguir los nuevos proyectos. Con la primera crearon esclavitud moderna. Con la segunda acabaron con los alquileres y arruinaron a familias que vivían de una renta. Con la tercera acabaron con la construcción de nuevas viviendas por la quiebra de las empresas.
Leí la ley completa y difiero del optimismo. El diablo socialista, controlador y empobrecedor, aparece de nuevo… pero escondido. Presenta una mayor claridad y seguridad para iniciar, pero oscuridad e inseguridad para finalizar. Mucho riesgo… nada nuevo, ni limpio, ni expedito. Es turbio, casi siniestro, todo lo referente a divisas, cuentas personales en el exterior y la tasa del BCV como referencia obligada. En especial ante una disputa donde se puede acudir a los arbitrajes establecidos, pero los únicos con facultad para ejecutar un desalojo siguen siendo los tribunales de municipio o un tribunal arbitral constituido según las normas existentes.Lo mismo de siempre; en abril de 2020 escribí «Arrendamientos Inmobiliarios y el Decreto 4.169″*: el cual finaliza «podrá evaluar con los arrendatarios y arrendadores, debidamente organizados»... el mismo régimen que hoy ofrece garantías fue el que suspendió los cánones y prohibió los desalojos de un plumazo.
En la ley dos puntos casi divertidos de lo tenebroso: el primero «Las empresas de seguros, públicas y privadas, deberán diseñar y colocar a disposición de los usuarios y usuarias pólizas de seguro accesibles»… ¿alguien recuerda la fecha del cobro de una póliza de cánones de arrendamiento? El segundo: «El Estado podrá crear centros de mediación, conciliación, arbitraje y demás medios alternativos, como Jueces de Paz». – Alto riesgo jurídico y potencialmente lesivo de derechos –
Esta ley la veo como otra «trampa jaula» del régimen; cosas naturales de contratación las presentan como avance hacia la libertad, pero la realidad de fondo es que van a incrementar su participación en el control habitacional privado.
Medio millón de viviendas quedaron atrapadas bajo la regulación de 2011: unas 250.000 arrendadas y registradas en SUNAVI, y otras tantas desocupadas y cerradas por seguridad. La confianza no se decreta: se demuestra derogando esa ley, garantizando el desalojo expedito y devolviendo la libertad de contratación. Nada de eso presenta esta ley bodrio; pensada, redactada y aprobada por funcionarios y asambleístas sin ningún tipo de conocimiento inmobiliario y en los estertores de su vida política. ¿Qué razón puede existir para que modifiquen su conducta maquiavélica histórica? Algunos propietarios, como «venados encandilados», firmarán arrendamientos supuestamente protegidos… y verán la triste realidad ante las primeras disputas.
Mi instinto de supervivencia me indica que la paciencia es de sabios. La espera no es larga: un nuevo gobierno y una nueva asamblea están en pleno proceso. LA NUEVA LEY DE ARRENDAMIENTO ES UN POTE DE HUMO.
