MP | Lo que la Administración estadounidense ha presentado como la gran panacea energética y el despliegue del capital estratégico en la transición venezolana ha terminado revelándose, tras el filtro del análisis legal y financiero, como una operación inflada de vicios de origen. El reciente informe del centro de análisis Oikos Research desnudó las severas inconsistencias del acuerdo entre la Oficina de Capital Estratégico (OSC) del Departamento de Defensa de EE. UU. y North American Blue Energy Partners (NABEP), una firma registrada en Barbados y pilotada por el polémico empresario Alejandro Betancourt.
El esquema, que promete una inyección de 100.000 millones de dólares mediante operadoras privadas y un derecho preferente de compra de más del 20% de la producción a precio de costo para el Departamento de Estado, tambalea sobre un terreno jurídico minado en ambas orillas del Atlántico.
Las tres grietas de la operación
1- El factor Betancourt y la opacidad institucional: El perfil del socio principal —investigado en España y Suiza por lavado de dinero en el marco del caso Atlantic por $4.850 millones y calificado por senadores estadounidenses como un «oligarca enriquecido bajo el chavista-madurismo»— le añade una carga pesada de riesgo reputacional. A esto se suma el señalamiento de Transparencia Venezuela sobre la ausencia total de licitaciones abiertas, contraloría independiente o divulgación de los beneficiarios finales de NABEP.
2- Sin base legal en Washington (Exceso de atribuciones de la OSC): Bajo el estatuto de su creación (10 U.S.C. §149), la Oficina de Capital Estratégico solo posee mandato para otorgar préstamos, garantías crediticias y asistencia técnica. Carece rotundamente de autoridad para adquirir participaciones accionarias o ejecutar penny warrants en empresas privadas. El propio Pentágono y el Congressional Research Service han reiterado que el Congreso estadounidense ha rechazado sistemáticamente ampliar sus facultades al ámbito del capital accionario, excluyendo además al sector petrolero de sus competencias.
3- La colisión temporal (100 años vs. 25 años): Mientras Washington anunció triunfante una concesión a un siglo vista, la Ley de Hidrocarburos venezolana reformada en enero de 2026 fija un techo estricto de 25 años prórrogables por 15 adicionales. La propia presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se vio obligada a acotar el plazo a 25 años para contener el impacto. Como advierte el investigador Luis Zambrano Sequín (IIES-UCAB), un modelo de concesión a 100 años contraviene el ordenamiento vigente y requeriría una reforma constitucional para no ser nulo de toda nulidad.
Apuesta al silencio antes de noviembre
El informe concluye que la administración Trump está apostando a una carrera contra el tiempo: mantener el acuerdo bajo opacidad con la esperanza de hacerlo irreversible antes de que la presión política se vuelva insostenible. Sin embargo, la vía política se perfila como una bomba de tiempo. De recuperar el Partido Demócrata la Cámara de Representantes en noviembre de 2026, las citaciones (subpoenas) e investigaciones formales congelarían operativamente el acuerdo. A su vez, competidores de la talla de Chevron conservan la ventana para impugnar por competencia desleal bajo la Ley Federal de Adquisiciones de EE. UU.
Lo que se pretendía vender como el negocio del siglo parece encaminado a convertirse en el próximo escándalo de litigio internacional.
Acerca de Oikos Research
Oikos Research es un think tank e instituto de análisis económico de origen venezolano.
Su equipo directivo y de investigación está conformado por destacados economistas y académicos vinculados a universidades e instituciones de Venezuela (como la Universidad Católica Andrés Bello – UCAB). Se especializa en el análisis macroeconómico, la industria petrolera y energética venezolana, el diseño de políticas públicas y la evaluación del impacto geopolítico y legal sobre el país.
Vea a continuación el informe íntegro
