Por Antonio María Delgado en El Nuevo Herald
Esperando solo por el visto bueno del senado de Estados Unidos, una propuesta llamada la Ley Bolívar propinaría un duro golpe a la reactivación de las operaciones de petróleo de Venezuela, incluyendo las encabezadas por Chevron que reabrieron el mercado estadounidense al crudo venezolano, dijeron asistentes legislativos vinculados con la iniciativa.
El proyecto de ley, aprobado la semana pasada unánimemente por la Cámara de Representantes, tiene previsto ser aprobado fácilmente en la cámara alta, donde cuenta con un amplio respaldo bipartidista.
De nombre Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo de Venezuela, la iniciativa prohibiría al gobierno estadounidense contratar a personas o empresas que tengan lazos comerciales con el régimen de Nicolás Maduro.
En el Senado, el proyecto de ley fue presentado por los senadores de la Florida Rick Scott y Marco Rubio, conjuntamente con su colega de Carolina del Norte Thom Tillis, mientras que en la Cámara de Representantes la iniciativa fue introducida por los congresistas Mike Waltz, Debbie Wasserman Schultz y María Elvira Salazar.
Entre las compañías que pudiesen ser impactadas por el proyecto de ley se encuentra la estadounidense Chevron, dijo uno de los asistentes del Senado a el Nuevo Herald.
“Las operaciones de Chevron entran perfectamente en las definiciones que aparecen en una de las cláusulas de la ley, y la única manera en que la compañía pudiera no verse afectada es si la nueva administración de Donald Trump le otorga a la compañía una nueva exención como ocurrió con la administración de Biden, pero nosotros no creemos que eso vaya a ocurrir con la vendiera administración de Trump”, dijo uno de los asistentes que habló bajo condición de anonimato.
Hasta el momento, Chevron es la única empresa estadounidense a la que Estados Unidos le permite vender petróleo venezolano, pero estas licencias constituyen una importante fuente de ingresos para el régimen socialista de Caracas en medio de sus problemas de liquidez.
La producción de la empresa estadounidense, que proviene de tres proyectos conjuntos con la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, asciende actualmente a unos 200,000 barriles por día y el régimen proyecta que alcance los 250,000 barriles por día el próximo año.
Con la ayuda de Chevron y de un puñado de otras empresas internacionales también autorizadas por Estados Unidos, la producción de Venezuela ha crecido a más de 950,000 barriles por día, una mejora sustancial con respecto al punto más bajo de 400,000 alcanzado en 2020, pero muy por debajo de los 3.2 millones que Venezuela producía antes de que el difunto presidente Hugo Chávez lanzara su revolución socialista en el 2000.
La iniciativa también afectaría a empresas estadounidenses que aún cuando no participan directamente en las operaciones de producción de crudo ofrecen servicios a las petroleras que se encuentran en Venezuela. Según los arquitectos del proyecto de ley, varias de ellas también suministran servicios al gobierno de Estados Unidos, y estos contratos pudieran ser suspendidos por la nueva ley si las compañías continúan operando en Venezuela.
Aun cuando las sanciones presentadas contra la industria petrolera venezolana en el 2019 prohibían la realización de operaciones con PDVSA, esa resolución dejó cierto espacio libre para que compañías dedicadas a la construcción o a la reparación de equipos pudieran seguir operando en el país sudamericano.
Lo que haría la nueva ley es terminar de cerrar esos espacios, dijeron las fuentes del Congreso.
Las expectativas de que el proyecto de ley sea aprobado próximamente ha propiciado una oleada de críticas por parte de las máximas figuras del régimen de Caracas, incluyendo al propio Maduro, quien expresó repudio por el nombre de la iniciativa.
“Ahora quieren plagar de sanciones a Venezuela en nombre de la libertad con el nombre de Bolívar”, dijo Maduro la semana pasada en declaraciones transmitidas por la televisión estatal. “Repudio totalmente el intento criminal de poner el nombre de Bolívar a una ley de guerra contra Venezuela”.
Por su parte, la máxima dirigente de la oposición venezolana, María Corina Machado, celebró los esfuerzos del Congreso estadounidense por castigar al régimen en medio de repetidas acusaciones de violaciones a los derechos humanos y más reciente por el fraude electoral cometido en los comicios del 28 de julio.
“La ley Bolívar envía un mensaje claro al régimen: La represión y las actividades criminales tienen consecuencias, y nadie podrá normalizarlas”, afirmó Machado a través de su cuenta de X.
Para Estados Unidos y un creciente número de países, las elecciones presidenciales de julio fueron ganadas por el diplomático venezolano Edmundo González con un amplio margen de votos, descartando el anuncio oficial emitido por el régimen de que Maduro ganó los comicios.
En Caracas, la elección del ex presidente Trump para un nuevo período presidencial ha estado generando preocupación dentro del régimen socialista.
Aunque Maduro afirmó públicamente que la elección de Trump puede servir como un “nuevo comienzo” para mejorar la problemática relación entre Washington y Caracas, fuentes en Venezuela admiten que muchos dentro del régimen temen que el país pronto será golpeado con sanciones aún más duras que las implementadas durante la primera administración Trump.
Estas incluyeron poner a docenas de funcionarios de alto rango del régimen en la lista negra del Departamento del Tesoro por ofensas que van desde el tráfico de droga y participación en operaciones de corrupción y lavado de dinero hasta el desmantelando el sistema democrático y violaciones a los derechos humano
