La dimensión social de la crisis venezolana es crítica y se confirma como una crisis humanitaria sostenida en 2025. La preocupación regional por la situación es generalizada, con 74% de los latinoamericanos observando el rumbo del país con alarma, según una encuesta de AtlasIntel.
Los factores principales de esta alarma son la pobreza y el hambre, que preocupan a 64% de los encuestados a nivel regional. A esto se suma la migración masiva, que ya supera los ocho millones de venezolanos desplazados.
La inestabilidad política, impulsada por la ilegitimidad del gobierno, compromete cualquier recuperación económica genuina. La sensación de desesperanza, ya generalizada, crecerá a medida que el régimen se atrinchere.
La peligrosa dualidad económica
El panorama económico presenta una dualidad peligrosa que afecta directamente el poder adquisitivo del ciudadano. Por un lado, fuentes oficiales destacan cifras de crecimiento en sectores estratégicos.
Se reporta un crecimiento en la producción petrolera de +14,99% y en la minería del +11,23%. Esta narrativa gubernamental busca proyectar una imagen de continuidad institucional y desarrollo.
Por otro lado, las proyecciones económicas independientes auguran un deterioro social significativo y persistente. El IIES de la UCAB proyecta que la inflación en 2025 cerrará en 220%.
Proyecciones de hiperinflación para 2026
El Fondo Monetario Internacional (FMI) es aún más alarmante, previendo que la inflación repunte drásticamente hasta 682% en 2026. Esta elevada inflación coexistirá con una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) de 2% en 2025.
Esta marcada diferencia indica una recuperación hiper-centralizada y asimétrica. Los ingresos generados por el petróleo y la minería benefician primariamente a la élite.
Estos ingresos le permiten al régimen cubrir sus costos operativos y de seguridad. Sin embargo, no se traducen en una mejora sustancial en la economía real del ciudadano común.
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