La situación económica de Brasil es cada vez más preocupante. El Gobierno socialista de Lula da Silva desequilibró las arcas del Estado federal en su primer año de gestión, y la principal vía de financiamiento es el endeudamiento con el exterior y con el mercado de capitales local.
El déficit financiero del Gobierno brasileño alcanzó el 7,49% del PBI al cierre de diciembre del año pasado, sin contabilizar a los Estados locales y a las municipalidades. Cuando Lula llegó al poder en enero, este mismo déficit oscilaba el 4,32% del PBI, y su composición se explicaba estrictamente por el pago de intereses de deuda.
La situación cambió drásticamente en pocos meses. La herencia fiscal de Jair Bolsonaro quedó casi totalmente obliterada: mientras que en enero de 2023 Brasil registraba un superávit primario de casi el 0,6% del PBI, para el mes de diciembre se alcanzó un déficit del 2,43%. En otras palabras, el Gobierno federal no es capaz de tan siquiera poder financiar sus propios gastos corrientes con recursos genuinos.
Pese a haberse presentado como “conciliador y moderado” en su campaña electoral del año pasado, lo cierto es que Lula está ejerciendo una política fiscal mucho más agresiva e irresponsable en comparación a la que alguna vez aplicó en sus primeros mandatos.
Muy a diferencia de aquellas épocas, ahora el Presidente de Brasil se muestra completamente ajeno al respeto por la disciplina fiscal, ejecutando el déficit más imponente desde el estallido de la pandemia en el año 2020.
Los ingresos fiscales se mantuvieron estables en relación al producto bruto, pero las erogaciones federales se dispararon del 22,8% del PBI a 24,7% entre enero y diciembre de 2023. Este repunte irresponsable de la política fiscal fue el factor que desencadenó el desorden de las finanzas públicas.
El socialismo brasileño propone cerrar al menos una parte de los déficits incurridos en 2023 mediante una amplia reforma impositiva, que entre otras disposiciones contempla aplicar la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) más alta del planeta. Brasil comenzaría a aplicar un gravámen de entre el 25% y el 27%, a partir de la unificación de una serie de impuestos internos.
También se elevarían los impuestos sobre el patrimonio para personas físicas y empresas (fuertemente distorsivos para la economía), y se convalidarían todos los aumentos impositivos del 2023. El Gobierno gravó las apuestas, las ganancias de capital y los combustibles, además de aplicar retenciones transitorias sobre las exportaciones petroleras.
