El Presidente Javier Milei firmó en esta madrugada el Decreto 84/2023, ya publicado en el Boletín Oficial, a partir del cual se oficializa el despido de 7.000 empleados públicos de la esfera del Gobierno nacional.
Se trata de un umbral de contrataciones que habían sido dispuestas por el expresidente Alberto Fernández a lo largo de los últimos 12 meses, cargos meramente políticos que no hacían al funcionamiento eficiente del sector público, sino que más bien obedecían a criterios arbitrarios y de dudosa justificación.
“Las contrataciones de personas que hayan iniciado a prestar servicios a partir del 1 de enero de 2023, en los organismos comprendidos en los incisos a) y c) del artículo 8° de la ley 24.156, no serán renovadas”, establece el decreto.
Esto abarca al empleo público en la Administración Nacional (el principal componente del Gobierno nacional) y los entes descentralizados, entre ellos la ANSES, el PAMI y la AFIP.
La racionalización de la administración pública será un elemento indispensable para llevar a cabo el ajuste fiscal más importante de los últimos 40 años, que hoy constituye el pilar del programa económico del oficialismo.
Paralelamente, el reciente decreto firmado por el Presidente pone en estado de “revisión” a otros 45.000 empleados públicos que fueron contratados antes del 1° de enero de 2023, por un periodo de 90 días que comienza hoy.
Se llevará a cabo un relevamiento completo para determinar si existe una justificación seria para el mantenimiento de los cargos, y en cuyo caso identificar cuales podrán ser recortados para ahorrar gastos innecesarios.
El decreto firmado en el día de la fecha también extiende la prohibición de contratar nuevos empleados en el Estado, abarcando a las diferentes dependencias del sector público a nivel nacional. Este decreto fue establecido por el Gobierno anterior en julio del año pasado, pero en la práctica nunca se logró cumplir de manera rigurosa.
Cuando más grande sea el ajuste sobre la estructura del sector público, menor será la proporción del costo que deberá ser trasladado al sector privado de la economía (por ejemplo vía subsidios económicos e impuestos).
