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Venezuela podría pronto vivir un repunte de crecimiento y actividad económica, impulsado por el petróleo, la minería y la inversión privada. Aunque la salida de Maduro por fuerzas estadounidenses en enero dejó a Delcy Rodríguez en su lugar, ese vacío abrió opciones que parecían inalcanzables hace años: prisioneros liberados, exiliados considerando regresar a casa y embajadas reabriendo en Caracas. El resultado dependerá de si las instituciones se fortalecen lo suficiente para que el crecimiento se traduzca en una democracia con reglas y rendición de cuentas. Así lo detalla el analista internacional Moisés Naím en un artículo publicado en Foreign Affairs
La clave: El crecimiento podría provenir de petróleo, minería y capital de la diáspora, pero sin fortalecimiento institucional podría alimentar la desigualdad y la desconfianza. La relación con Washington y su prioridad en el petróleo, no en la democracia, crea una paradoja: el impulso económico podría al mismo tiempo amenazar la calidad de la transición.
¿Por qué está sonando?: El artículo advierte que, si las ganancias del crecimiento no se distribuyen de forma amplia o si las instituciones siguen débiles, el progreso económico podría erosionar la confianza en el nuevo régimen y alimentar la inestabilidad política. Sin una recuperación institucional que limite el poder ejecutivo, la creciente riqueza podría concentrarse en una élite y prolongar la sombra de prácticas crónicas como cronyismo y corrupción. Además, las dinámicas de la diáspora y la apertura de mercados podrían tanto acelerar la reconstrucción como intensificar tensiones sobre quién controla los ingresos y las reformas.
Las citas destacadas:
- «La única forma de garantizar que una recuperación económica sirva a todos los venezolanos es asegurar también una recuperación política, en la que las instituciones vuelvan a restringir el poder ejecutivo y en la que la voluntad del pueblo se exprese finalmente en elecciones que sean verdaderamente libres y justas.» – Moisés Naím, para Foreign Affairs.
- «Las elecciones no generan la democracia a menos que la democracia, por frágil y defectuosa que sea, ya exista.» – Moisés Naím
En perspectiva:
- El crecimiento económico por sí solo no garantiza democracia; debe ir acompañado de instituciones que limiten el poder y garanticen elecciones libres y justas.
- La prioridad de EE. UU. en recursos energéticos puede influir en la estabilidad política, creando una tensión entre éxito económico y consolidación institucional.
- La diáspora venezolana podría ser motor clave de retorno de capital y talento, con efectos profundos en la economía y en la política.
- La conducción de la transición electoral dependerá de evitar atajos y de asegurar reglas creíbles y supervisión independiente.
Las cifras de esta historia:
- Producción de petróleo cayó de más de 3 millones de barriles por día en 1998 a alrededor de 900.000 bpd en 2024 (con caídas históricas en años intermedios).
- El explosivo de Amuay en 2012 dejó 48 muertos, más de 150 heridos y más de 1.600 viviendas dañadas; la refinería opera hoy a una fracción de su capacidad original.
- Entre 2017 y 2019, sanciones estadounidenses afectaron el acceso de Petróleos de Venezuela a mercados y financiamiento internacionales.
- Se estima que restablecer la producción podría requerir más de 100.000 millones de dólares en inversión durante una década, junto con la restauración del estado de derecho.
- La venta planificada de 650–1.000 kilogramos de oro (aprox. una tonelada) por Minerven representaría cerca del 10% de la producción oficial de oro de 2025.
- Se estima que casi 8 millones de venezolanos han emigrado desde 2014; remesas anuales de 4–5 mil millones de dólares.
- Un sondeo de Meganálisis (febrero de 2026) sitúa a María Corina Machado con 82.4% frente a Delcy Rodríguez con 4.8% en una contienda directa.
- Venezuela ocupa el último lugar (de 143 países) en el índice World Justice Project Rule of Law.
Lo que viene: El siguiente paso lógico será avanzar hacia una transición electoral creíble mediante reformas institucionales y supervisión internacional para garantizar elecciones libres y justas.
