El Gobierno de Panamá anunció el inicio del proceso para adquirir el 41% de las acciones de Petroterminal de Panamá, S.A. (PTP) que aún permanecen en manos privadas, una operación que convertirá al Estado en propietario del 100% de una de las infraestructuras energéticas y logísticas más importantes del país.
Actualmente, la República de Panamá posee el 59% de la compañía, mientras que el 41% restante pertenece a NIC Holding Corp., empresa con sede en Melville, Nueva York, que desarrolló el proyecto y ha administrado la operación desde su creación.
La compra se realizará mediante el ejercicio de un derecho de adquisición previsto en la Cláusula Décima del Contrato de Asociación aprobado por la Ley 30 de 1977 y posteriormente reformado por la Ley 14 de 1981. El Ejecutivo subrayó que la operación no constituye una expropiación, sino la aplicación de una opción de compra contemplada desde la constitución de la sociedad y aceptada por ambas partes.
El Gobierno no reveló el valor estimado de la transacción, el cronograma para su ejecución ni las condiciones específicas de pago. Indicó que el precio será determinado mediante la fórmula establecida en el contrato original, utilizando los estados financieros auditados de Petroterminal, con el propósito de garantizar una valoración objetiva y transparente.
Según informó la administración del presidente José Raúl Mulino, la adquisición será financiada con los ingresos y flujos de caja generados por la propia Petroterminal, por lo que no requerirá recursos del Tesoro Nacional ni implicará un incremento de la deuda pública o una reducción del presupuesto destinado a programas sociales e inversiones estatales.
No obstante, el Ejecutivo tampoco precisó durante cuánto tiempo estarán comprometidos esos flujos de ingresos ni qué proporción será destinada al pago de las acciones frente a las necesidades operativas y de inversión de la empresa.
Infraestructura estratégica
Petroterminal opera el Oleoducto Transístmico de Panamá, una tubería de 131 kilómetros que conecta el terminal atlántico de Chiriquí Grande, en la provincia de Bocas del Toro, con el terminal pacífico de Charco Azul, en Chiriquí.
La infraestructura permite transportar petróleo entre el mar Caribe y el océano Pacífico sin que los buques deban cruzar las esclusas del Canal de Panamá, lo que ha convertido a la empresa en una plataforma logística utilizada por productores y comercializadores de hidrocarburos que abastecen mercados de Asia y la costa occidental del continente americano.
La compañía dispone de una capacidad de almacenamiento cercana a los 14,6 millones de barriles y moviliza millones de barriles de petróleo cada mes mediante un sistema utilizado anualmente por cientos de buques tanque.
Desafío de la administración estatal
Uno de los principales interrogantes tras la adquisición es el modelo de administración que adoptará el Estado una vez concluida la compra. El Ministerio de Economía y Finanzas señaló que informará posteriormente las siguientes etapas del proceso, respetando la confidencialidad de la información financiera y contractual.
Hasta ahora, la gestión operativa y el conocimiento técnico han permanecido bajo responsabilidad de NIC Holding Corp., pese a que el Estado posee la mayoría accionaria. El Gobierno tampoco ha precisado si la operación será asumida directamente por una entidad pública, mediante un operador especializado o si continuará siendo administrada por la empresa estadounidense bajo algún esquema contractual.
La definición será clave para garantizar la continuidad operativa, la seguridad industrial, el mantenimiento de la infraestructura y la competitividad internacional de una instalación considerada estratégica para el sistema logístico panameño.
Un activo con casi cinco décadas de historia
Los orígenes de Petroterminal se remontan a 1977, cuando los empresarios Harold y Raymond Bernstein propusieron al Gobierno panameño desarrollar instalaciones para el almacenamiento y manejo de petróleo en la bahía de Charco Azul.
Las primeras operaciones comenzaron en abril de 1979 y posteriormente se construyó el oleoducto transístmico para facilitar el transporte del petróleo procedente de Alaska hacia la costa este de Estados Unidos, ya que los grandes buques petroleros de la época no podían atravesar el Canal de Panamá debido a sus dimensiones.
Con el paso de los años, la infraestructura fue adaptándose a las nuevas rutas comerciales internacionales y actualmente puede transportar hidrocarburos en ambos sentidos entre el Caribe y el Pacífico.
Gobierno destaca beneficios
El Ejecutivo sostiene que la propiedad total de Petroterminal permitirá que todos los dividendos y beneficios económicos permanezcan en manos del Estado panameño y puedan destinarse a nuevas inversiones en los sectores energético, marítimo y logístico.
Asimismo, aseguró que se mantendrán los puestos de trabajo, los contratos con proveedores y la continuidad de los servicios a los clientes internacionales, bajo un modelo de gestión basado en estándares de eficiencia, seguridad, transparencia y gobernanza corporativa.
«Lo hacemos con estricto apego a la ley, a la responsabilidad financiera que exige la administración de los activos públicos y en armonía con los trabajadores, proveedores y accionistas», afirmó el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.
El éxito de la operación dependerá ahora del precio definitivo de adquisición, de las condiciones de financiamiento y de la capacidad de la empresa para mantener su rentabilidad, modernizar su infraestructura y conservar su posición como uno de los principales corredores energéticos de América.
Infobae
