Entre 2023 y los primeros cinco meses de 2025, la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) exportó 662 millones de barriles de crudo, lo que generó 42.301 millones de dólares en ingresos, según cifras de la agencia Reuters. Sin embargo, en el mismo período, el salario mínimo legal en Venezuela permanece congelado en apenas 130 bolívares mensuales, equivalentes actualmente a alrededor de un dólar, el más bajo de todo el continente americano.
El desglose de los datos revela que en 2023, PDVSA exportó 252 millones de barriles, por los cuales recibió 16.138 millones de dólares. En 2024, la cifra subió a 282 millones de barriles, con ingresos de 18.389 millones de dólares. Solo en los primeros cinco meses de 2025, la empresa estatal colocó en el mercado internacional 128 millones de barriles, obteniendo 7.778 millones de dólares.
Aunque estos ingresos representan una mejora sostenida en el flujo de divisas hacia las arcas públicas, el Gobierno no ha ajustado el salario mínimo desde marzo de 2022. En la práctica, el ingreso mínimo legal de un trabajador venezolano equivale a menos de 0,05% del valor promedio mensual generado por cada barril exportado por PDVSA.
Esta contradicción entre los ingresos petroleros y el empobrecimiento de la población resalta una vez más la desconexión entre la macroeconomía oficial y la realidad cotidiana. Mientras PDVSA recupera mercados y divisas, millones de venezolanos sobreviven con ingresos simbólicos, sin acceso a una canasta básica y dependiendo de remesas o actividades informales.
El contraste es brutal: un país que exporta miles de millones de dólares en petróleo, pero que mantiene a su población trabajadora con el salario mínimo más bajo del hemisferio occidental.
