Vía Typping Business
Un ajuste del precio de la gasolina, o de otros servicios básicos, tiene impactos en los costos de la cadena de suministros, pero si implican mejoras en la provisión, llevarán a más productividad.
América Latina exhibe una marcada dispersión en el precio de la gasolina. Para febrero de 2026, el promedio regional se ubica en torno a 1,20 dólares por litro, con países como Uruguay (2$/litro), México (1,49$/litro) o Barbados (1,88$/litro) por encima de la media internacional. En el extremo inferior se encuentra Venezuela, con un precio de 0,50 $/litro en la modalidad “internacional” y 0,04 $/litro bajo el esquema subsidiado con acceso muy limitado.
Si la dinámica de ajustes iniciada con el plan piloto para gasolina premium en Venezuela, en donde se espera aumentar el combustible a un 1 $/litro, se llegará a masificar y establecerse como el precio oficial del combustible —lo que implicaría un incremento cercano al 100% sobre el precio actual de referencia—, la gasolina nacional seguiría ubicándose entre las más baratas de la región y por debajo del promedio latinoamericano. Esto evidencia que el país opera aún bajo un esquema de precios energéticos —también en el deficiente servicio eléctrico— significativamente distorsionado frente a sus pares regionales. Y esa ‘brecha’ con los precios regionales no tiene un efecto neutro, sino que mantiene incidencias fiscales, para las empresas y para los consumidores.
Si el entorno macro avanza hacia una corrección progresiva de precios relativos —gasolina, electricidad, agua y otros servicios—, el impacto para las empresas y consumidores no será únicamente relativo, será estructural.
1. El fin de las inversiones defensivas
Durante años, las empresas llevaron internamente servicios que normalmente serían públicos: plantas eléctricas propias, tanques y sistemas de bombeo de agua, flotas privadas para asegurar abastecimiento e inventarios de combustible como cobertura operativa ante potencial escasez.
Estas inversiones fueron racionales en un entorno de subsidios y fallas estructurales. Pero si el esquema cambia —seguramente de forma gradual ya sea por ajuste de precios o mejora en provisión— la pregunta estratégica es:
¿Tiene sentido mantener infraestructura paralela si el costo público se normaliza?
La planificación financiera debe evaluar el costo total de mantener estructuras que nacieron como respuesta de emergencia.
2. Aumento del combustible
Un ajuste hacia 1$/litro no sería extraordinario en términos regionales. Pero sí representaría un cambio relevante en la estructura de costos internos. De hecho, impactaría directamente los sectores de logística, transporte de insumos, distribución y los precios finales en todo el sector comercial.
En sectores con márgenes ajustados, variaciones fuertes en servicios básicos pueden comprimir el EBITDA rápidamente si no se anticipan.
Aquí la planificación no puede ser reactiva. Debe incluir escenarios de sensibilidad:
- ¿Qué ocurre con márgenes si el combustible sube entre 100% y 50%?
- ¿Qué parte del costo puede trasladarse a precio final?
- ¿Qué ocurre si vamos hacia un ajuste más significativo en las tarifas eléctricas?
3. Reorganizar el gasto: del subsidio implícito a la eficiencia explícita
El subsidio energético históricamente actuó como un amortiguador oculto. Su corrección obliga a las empresas a competir bajo estructuras más transparentes.
Esto abre dos dinámicas simultáneas:
- Mayor presión sobre eficiencia operativa.
- Mayor disciplina en asignación de capital.
Empresas que antes podían absorber ineficiencias logísticas gracias a gasolina extremadamente barata deberán revisar: rutas, centros de distribución, integración vertical y economías de escala.
La ventaja ya no será simplemente sobrevivir, sino operar con eficiencia estructural.
4. Flujo de caja y capital de trabajo
Un ajuste de precios energéticos puede tensionar el capital de trabajo en el corto plazo, teniendo más necesidad de liquidez para tener inventarios (con aumentos de precios), mayor presión sobre cuentas por cobrar si no se ajustan precios de ventas y una reducción temporal de márgenes.
En un entorno donde también se busca estabilizar el mercado cambiario, la disciplina financiera vuelve a ser determinante.
5. Impacto en el consumo
También es indispensable modelar el posible impacto que un aumento de la gasolina tendría sobre el consumo privado, especialmente en sectores sensibles al transporte y a la movilidad, donde un mayor costo energético se trasladará a precios finales y reducirá la capacidad de gasto de los hogares cuando el poder de compra aún no está recuperado.
Recomendaciones para las empresas
Por todo lo dicho, la planificación financiera debe incorporar proyecciones de flujo de caja bajo distintos escenarios tarifarios -que incidirán en el consumo- y cambiarios -que también están en proceso de ajustes-, revisar contratos y cláusulas de revisiones o aumentos automáticos para proteger márgenes, y evaluar cuidadosamente la estructura de deuda en moneda local versus extranjera.
Más allá de los modelos, este momento exige una reflexión estratégica para los directores de empresas:
- ¿Qué parte de nuestra estructura actual depende de subsidios implícitos?
- ¿Qué activos adquiridos como defensa operativa siguen siendo realmente estratégicos?
- ¿Tenemos modelado con precisión el impacto de ajustes energéticos sobre el flujo de caja y los márgenes?
Conclusiones
La eventual corrección del precio de la gasolina y los servicios públicos no debe analizarse como un shock aislado. Es parte de un proceso más amplio de normalización económica. Si Venezuela sigue avanzando hacia mayor racionalidad en precios energéticos, las empresas deberán migrar del modelo de supervivencia basado en distorsiones hacia uno basado en eficiencia, productividad y planificación rigurosa, considerando igualmente su competitividad en los precios para los consumidores.
En este nuevo ciclo, la ventaja competitiva no estará en quien tenga más capacidad de improvisación, sino en quien haya hecho mejor su tarea financiera antes de que el ajuste ocurra.
No todo aumento de precios es inflación. Un ajuste en gasolina o servicios puede ser una corrección de distorsiones, no un desorden monetario. La diferencia es clave: la inflación erosiona valor; la corrección exige eficiencia.
