Durante la Expo AgroAlba 2025, el ministro venezolano Juan Carlos Loyo presentó tres ejes temáticos para enfrentar los retos de la Agenda 2030 dentro del ALBA-TCP: tierras raras, inteligencia artificial y soberanía alimentaria, según reseñó El Universal
A primera vista, la propuesta luce ambiciosa. Pero un análisis riguroso revela un contraste abismal entre el discurso oficialista y la realidad económica, productiva y tecnológica de Venezuela.
En primer lugar, hablar de tierras raras y microchips desde un país cuyo aparato minero está controlado por mafias militares, estructuras criminales y actores extractivos sin regulación ambiental ni industrial, es sencillamente cínico. Venezuela no cuenta con una estrategia nacional de desarrollo tecnológico ni con infraestructura para participar con seriedad en cadenas de valor globales ligadas a minerales estratégicos.
En segundo lugar, la alusión a la Inteligencia Artificial como campo de apropiación tecnológica suena hueca en un país donde las universidades están desfinanciadas, los centros de investigación han sido abandonados, y la conectividad digital es una de las peores del continente. Sin un ecosistema de innovación, educación y libertad científica, el llamado a “apropiarse del conocimiento” es más bien una consigna vacía.
En tercer lugar, la insistencia en la seguridad y soberanía alimentaria contrasta con el derrumbe de la producción agroalimentaria nacional bajo el chavismo. La idea de compartir tierras agrícolas y marítimas entre países del ALBA no solo es impracticable, sino que se plantea desde un Estado que ha fracasado en garantizar alimentos a su propia población. ¿Con qué autoridad moral o técnica Venezuela ofrece liderar un modelo de sostenibilidad alimentaria cuando sigue dependiendo de importaciones, remesas y cajas CLAP?
La propuesta de «acuicultura solidaria» y el “aprovechamiento compartido de espacios productivos” refleja más un anhelo propagandístico que una política viable. No hay evidencia de coordinación binacional ni capacidades institucionales para sostener tales iniciativas. Mucho menos un entorno de inversión y confianza que invite a cooperar productivamente.
Mientras el Gobierno venezolano intenta proyectar una imagen de vanguardia agroecológica y tecnológica, la realidad es otra: su modelo rentista, autoritario y extractivista ha destruido las bases de la soberanía productiva. En vez de aportar soluciones, Venezuela —en su versión bolivariana— representa un caso de advertencia para los países del ALBA.
Más que un aporte sustantivo a la Agenda 2030, las declaraciones del ministro Loyo evidencian el intento del régimen por mantenerse políticamente vigente en espacios multilaterales, maquillando el desastre interno con discursos sobre integración, ecología y tecnología. Palabras que, sin acciones concretas ni reformas estructurales, no alimentan a nadie.
