Así lo expresó el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, destacando que el Sector Público Nacional logró un primer semestre completo con superávit fiscal, equivalente al 0,4% del Producto Bruto Interno (PBI).
Durante junio, el Sector Público Nacional (SPN) alcanzó un superávit financiero de $238.189 millones, impulsado por un superávit primario de $488.569 millones y unos intereses de la deuda pública netos de pagos intra-sector público que totalizaron $250.380 millones.
Este resultado marca el sexto mes consecutivo de superávit financiero, siendo la primera vez desde 2008 que se logra esta consecutividad. En el acumulado del año, el superávit luego de intereses representa aproximadamente el 0,4% del Producto Interno Bruto (PIB), con un superávit primario que equivale a cerca del 1,1% del PIB.
Estos datos refuerzan el compromiso de la administración de Javier Milei con el «déficit cero», incluso en un mes históricamente marcado por mayores gastos debido a los pagos del Sueldo Anual Complementario (SAC), es decir, los aguinaldos.
Ante esta increíble noticia, el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, se expresó en su cuenta de X. «Junio cerró con superávit financiero de $238.189 millones de pesos. Sexto mes consecutivo», afirmó.
Los ingresos totales del SPN en el mes alcanzaron los $8.182.494 millones, reflejando un incremento interanual del 216,6%. En cuanto a la recaudación tributaria, esta mostró un crecimiento del 226,7% interanual, destacándose por la variación del Impuesto PAIS y los ingresos provenientes de los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (+236,2% interanual).
Entre los tributos vinculados a la actividad económica interna, sobresalen la recaudación del Impuesto a las Ganancias (+213,0% interanual), el IVA neto de reintegros (+196,9% interanual) y los Débitos y Créditos (+277,5% interanual).
Durante el mes de junio, los gastos principales del Sector Público Nacional alcanzaron los $7.693.925 millones, con un aumento interanual del 140,7%. En cuanto a las prestaciones de la Seguridad Social, estas ascendieron a $4.202.723 millones, reflejando un incremento del 207,5% respecto al año anterior.
Este aumento se debe a la aplicación de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria impulsada por el Gobierno de Milei, establecida por la Ley N° 27.609 y el DNU 274/24, que indexó los aumentos de las jubilaciones según el porcentaje de inflación, además de otorgar una compensación adicional del 12,5% para todos los jubilados bajo este régimen, junto con el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC). Sumado a un refuerzo de ingresos previsionales de hasta $70.000 (más de $332.897 millones), el gasto previsional nacional aumentó un 231,9% interanual.
Por otro lado, las remuneraciones alcanzaron los $1.038.443 millones, mostrando un incremento del 201,7% interanual debido a los ajustes salariales acordados.
Las transferencias corrientes alcanzaron los $1.723.135 millones, con un aumento del 76,2% interanual. Las transferencias al sector privado aumentaron en $1.602.745 millones (+103,7% i.a.).
Entre estas destacan las asignaciones sociales, las prestaciones del PAMI, el impacto de la movilidad por la Ley N° 27.609 en las asignaciones familiares (donde la Asignación Universal para Protección Social se incrementó un 100% en enero mediante Decreto 117/2023), los programas de Política Alimentaria (con un aumento del 138% en la Tarjeta Alimentar entre enero y junio, según las resoluciones mencionadas), y el Plan 1.000 días (incrementado en un 500% mediante Resolución 1.062/2024).
En cuanto a las transferencias corrientes al sector público en junio, estas alcanzaron los $120.316 millones, representando una disminución de $69.223 millones (-36,5% i.a.). Es importante señalar que la reducción en la asistencia financiera a universidades por -$74.293 millones (-81,8% i.a.) se debió al adelantamiento en el pago de salarios docentes y no docentes realizado a finales de mayo.
Por último, los subsidios económicos disminuyeron en -$17.940 millones (-4,2% i.a.). Los subsidios energéticos cayeron en -$103.281 millones (-30,2% i.a.), mientras que los destinados al transporte aumentaron en +$73.337 millones (+89,9% i.a.), reflejando un cambio en la política gubernamental en este ámbito.
