La semana pasada el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, explicó en un “análisis cuantitativo humilde” que la Revolución Bolivariana tiene muy poco tiempo en el poder: “25 años representan cuatro por ciento de 526 años de existencia de este espacio geográfico, administrativo, político”.
Por: Gustavo Salmerón – Gerentésis
Tras la muerte de Hugo Chávez, Nicolás Maduro ha permanecido en la presidencia. En 2013 obtuvo una cerrada victoria y en 2018 se reeligió en unas elecciones cuestionadas por la Unión Europea, la mayoría de los gobiernos de América Latina y Estados Unidos, que además aplicó sanciones.
Este año los venezolanos acudirán a las urnas y aumenta la probabilidad de que Maduro permanezca en el poder con otra elección señalada como poco creíble. María Corina Machado, la principal líder de la oposición, fue inhabilitada y Washington, que flexibilizó las sanciones al petróleo, amenaza con reactivarlas.
¿Qué implicaría para la economía venezolana la continuidad de Maduro a través de unas elecciones cuestionadas por falta de garantías democráticas? Todo apunta a persistencia de la inestabilidad y a un crecimiento con techo muy bajo.
Desde el fondo
Maduro afirmó que en el cuarto de siglo que la Revolución Bolivariana tiene en el poder “hemos hecho mucho más que todo el resto del tiempo del colonialismo expoliador, del neocolonialismo de los apellidos, de las oligarquías”.
Durante el mayor boom petrolero de la historia Hugo Chávez expropió cientos de empresas e intentó maniatar al mercado con controles de todo tipo, al tiempo que la deuda se multiplicó y el déficit de las cuentas públicas escaló hasta niveles alarmantes.
Al tomar el poder Maduro redobló la apuesta por los controles y financió el déficit con emisión de dinero. Al caer el precio del petróleo, el único ladrillo que sostenía aquel tambaleante edificio, la economía se desplomó y explotó la hiperinflación.
La economía se redujo a la cuarta parte y entonces, ante las sanciones de Estados Unidos y la magnitud del colapso, en 2021 Maduro permitió la dolarización de facto, recortó el gasto público y dejó de aplicar el control de cambio y el control de precios, dando pie a una estabilización en el fondo.
Tras el rebote estadístico de 2022 el año pasado la economía comenzó a retroceder nuevamente. El Banco Central oculta las cifras pero el Observatorio Venezolano de Finanzas indica que hubo una contracción de 1,2% y si bien el país salió de la hiperinflación los precios aumentaron 189%.
El repliegue ocurre en un entorno de baja demanda por el paupérrimo ingreso de las familias, falta de financiamiento, fallas de electricidad y combustible, excesiva carga tributaria y escasez de capital humano.
Piezas faltantes
La posibilidad de romper este ciclo e iniciar una recuperación alta y sostenida se alejaría en caso de que Maduro continúe en el poder a través de una elección cuestionada.
Gustavo García, quien se desempeñó como economista del Banco Interamericano de Desarrollo y apoya la candidatura de María Corina Machado, explica que en este escenario el país no tendría la inversión, el capital humano y el incremento de la productividad para sostener una recuperación vigorosa.
“Necesitas invertir en maquinaria, equipos, capital humano que actualmente está limitado y aumentos de la productividad a través de gerencia, Innovación y tecnología para lo cual es fundamental la inversión extranjera”, dice Gustavo García.
Desde su punto de vista “tendrías que tener una perspectiva de cambio en lo económico y en lo político para que el capital humano que se ha ido del país regrese. La inversión extranjera está demandando a Venezuela por las expropiaciones que sufrió y el acceso a innovación y tecnología sería muy reducido”.
Gustavo García considera que para que la economía funcione se requieren ingredientes que no están presentes en la concepción del Estado que tiene el chavismo, como poder judicial independiente, reglas claras y fuerte protección a los derechos de propiedad.
A esto se añadiría que en un nuevo sexenio de Maduro a través de una elección no reconocida el país seguiría sin acceso al financiamiento de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
Además sería muy poco probable una reestructuración de la pesada deuda externa que la administración de Maduro no paga desde 2017 y que solo por bonos de Pdvsa y la República, suma 90 mil millones de dólares.
“Tienes que reestructurar la deuda externa para abrir espacio y endeudarte con los multilaterales a fin de invertir donde no lo va a hacer el sector privado de manera masiva: educación, salud, electricidad”, dice Gustavo García.
Agrega que “para reestructurar la deuda los acreedores van a exigir un programa con el Fondo Monetario Internacional para que se haga una auditoría de las estadísticas y determinar la sostenibilidad fiscal y de balanza de pagos”.
“Como eso no va a suceder en caso de la continuidad de Maduro, lo más probable es que venga una serie de demandas de los acreedores donde la de Citgo es solo la primera. Pueden venir demandas de embargo por activos de Pdvsa y el Banco Central en el exterior”, dice Gustavo García.
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