El pasado 11 de junio, la Unión Europea anunció la inclusión de Venezuela entre las jurisdicciones con alto riesgo en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Aunque la medida no conlleva sanciones directas, sí tiene efectos inmediatos en la operativa financiera internacional del país, afectando tanto al régimen de Nicolás Maduro como al sector privado. Pero más allá de las consecuencias, la pregunta clave es: ¿quién es responsable de esta clasificación?
No es una sorpresa, es el resultado
La decisión de Bruselas no es un acto arbitrario ni un simple gesto diplomático. Es el resultado de una evaluación técnica rigurosa, basada en los criterios del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que examina la eficacia de las políticas contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la cooperación internacional.
En el caso de Venezuela, el veredicto fue claro: el país no cumple con los estándares mínimos y muestra un patrón de inacción, encubrimiento y permisividad estructural ante flujos financieros de origen ilícito.
¿Por qué se responsabiliza al régimen?
Porque el lavado de dinero no ocurre en el vacío: requiere una red institucional débil, capturada o complaciente, y eso es precisamente lo que existe hoy en Venezuela.
- El Ejecutivo y su opacidad sistémica
- Bajo el mando de Nicolás Maduro, el Estado ha promovido una economía paralela sustentada en el contrabando, la minería ilegal, el narcotráfico y la corrupción.
- Empresas estatales como PDVSA han sido señaladas en múltiples jurisdicciones por operar con estructuras financieras opacas.
- Instituciones supervisoras inoperantes
- La SUDEBAN, encargada de supervisar el sistema financiero, carece de independencia y no investiga operaciones sospechosas vinculadas al poder.
- La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) no cumple un rol activo en la identificación de flujos ilícitos ni coopera efectivamente con sus pares internacionales.
- El Banco Central de Venezuela (BCV)
- Lejos de ser un garante de la integridad financiera, ha sido instrumentalizado para legalizar operaciones opacas, incluso mediante la emisión de bonos o el uso de criptomonedas sin trazabilidad clara.
- La justicia como cómplice
- No existen investigaciones serias ni condenas ejemplares por lavado de dinero. Las estructuras judiciales han sido utilizadas para proteger a los aliados del régimen y perseguir a adversarios políticos.
Impacto directo: más aislamiento financiero
La decisión de la UE obliga a los bancos europeos a aplicar diligencia reforzada en cualquier operación con Venezuela. Eso significa más obstáculos para transferencias, inversiones, importaciones y alianzas comerciales. Las entidades bancarias evitan el riesgo reputacional y operativo que conlleva trabajar con países incluidos en esta lista.
Para el régimen, esto implica más dificultades para triangular fondos, abrir cuentas en el extranjero o comercializar petróleo. Para los actores privados, incluso aquellos transparentes, se traducirá en costos mayores, rechazos de operaciones y aislamiento financiero injusto.
No es culpa del sector privado
Cabe destacar que el empresariado venezolano —particularmente el independiente— no es responsable de esta situación. Es víctima colateral de un sistema diseñado para privilegiar al capital político y castigar al que intenta sobrevivir con integridad.
El verdadero responsable es el Estado venezolano y su red de instituciones colapsadas, incapaces de garantizar un entorno financiero sano y creíble ante la comunidad internacional.
¿Hay salida?
Sí, pero no sin una transformación institucional profunda. La reinstitucionalización de Venezuela pasa por:
- Restaurar la independencia de los entes supervisores.
- Alinear el marco legal con los estándares del GAFI.
- Sancionar ejemplarmente a los responsables del lavado público y privado.
- Cooperar de buena fe con organismos multilaterales.
Solo así podrá Venezuela salir de las listas negras y volver a insertarse con normalidad en el sistema financiero internacional.
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