Venezuela cierra el año 2025 en medio de un deterioro económico acelerado, marcado por una fuerte devaluación del bolívar, una inflación descontrolada y una creciente escasez de divisas. Así lo advierte el economista y exdiputado José Guerra, quien asegura que el país se encuentra en una fase de “pre-hiperinflación”, producto de una política cambiaria y monetaria deliberada aplicada por el Banco Central de Venezuela (BCV).
Durante una entrevista de balance de fin de año, Guerra explicó que el tipo de cambio oficial pasó de alrededor de 52 bolívares por dólar a más de 285 en apenas doce meses, mientras que el dólar paralelo escaló hasta niveles cercanos a los 500 bolívares. Esto representa una devaluación acumulada superior al 470 %, con un ritmo diario cercano al 1,1 %, una cifra que —de mantenerse— podría llevar el tipo de cambio a incrementos de más de 3.000 % en el próximo año.
“Esto no es un accidente ni un fenómeno espontáneo del mercado. Es una política de Estado claramente devaluacionista”, afirmó el economista, quien señaló que el BCV primero aplicó un esquema de mini-devaluaciones (crawling peg) y luego pasó a una verdadera mega-devaluación.
Emisión sin respaldo y empobrecimiento deliberado
Guerra sostiene que la raíz del problema está en la creación masiva de bolívares sin respaldo en divisas, lo que técnicamente se conoce como financiamiento monetario del déficit. Según explicó, el BCV emite bolívares mediante mecanismos financieros internos, especialmente a través de PDVSA, sin que exista una contrapartida real en dólares.
“Hay muchos bolívares persiguiendo pocos dólares. Eso es economía básica”, explicó. La consecuencia inmediata es una presión constante sobre el tipo de cambio paralelo, que se convierte en el verdadero referente de precios para comerciantes e industriales que no tienen acceso a las divisas oficiales.
A juicio de Guerra, esta política busca reducir el peso real de las obligaciones del Estado: “El bolívar es una deuda del gobierno. Al desvalorizarlo, el gobierno termina debiendo menos, pero a costa de empobrecer a toda la población”.
Inflación al borde del colapso
Aunque el BCV dejó de publicar cifras oficiales de inflación desde que esta volvió a niveles de dos dígitos mensuales, estimaciones privadas coinciden en que la inflación anual de 2025 se ubicará entre 580 % y 600 %. Solo en diciembre, el alza de precios podría cerrar por encima del 20 %, una cifra que Guerra considera extremadamente peligrosa.
“Una inflación mensual de 20 % es jugar con candela. No hay salario que aguante eso”, advirtió. La pérdida del poder adquisitivo provoca una caída del consumo, una contracción de la actividad económica y el riesgo de repetir episodios de caos similares a los vividos en 2017, especialmente si el gobierno decide reinstaurar controles de precios.
Petróleo, sanciones y menos dólares
Para Guerra, el petróleo sigue siendo —y seguirá siendo— la principal fuente de divisas del país. Rechaza la idea de que el narcotráfico o el oro ilegal puedan sustituir esos ingresos: “No hay toneladas de drogas que equivalgan a un tanquero de petróleo”.
Sin embargo, las sanciones internacionales han distorsionado profundamente el negocio petrolero. Actualmente, una parte significativa del crudo venezolano se exporta a Asia, principalmente a China, con fuertes descuentos y elevados costos logísticos y de seguros. Como resultado, un barril que podría venderse en más de 50 dólares termina colocándose cerca de los 30 dólares.
Además, los decomisos de buques vinculados a la llamada “flota fantasma” están afectando el flujo de caja de PDVSA, reduciendo la capacidad del gobierno para intervenir en el mercado cambiario. Esto también amenaza con recortes en la producción petrolera, lo que implicaría una recesión económica en 2026, según la mayoría de los analistas.
Gasolina, refinerías y colas
La escasez de divisas también impacta la importación de diluyentes necesarios para procesar el crudo pesado de la Faja del Orinoco. Esto agrava la ya precaria situación del sistema refinador venezolano, severamente afectado por años de falta de mantenimiento.
“El resultado es visible: colas de gasolina, escasez de combustibles y un sistema refinador prácticamente colapsado”, explicó Guerra, recordando que refinerías clave como Amuay, Cardón, El Palito y Puerto La Cruz operan muy por debajo de su capacidad.
Empleo, salarios y bonificaciones
En materia laboral, el economista destacó que la tasa de desempleo oficial dice poco en el contexto venezolano. El verdadero problema es el salario. En el sector privado, los ingresos promedian entre 250 y 300 dólares mensuales, apenas un 30 % de la canasta alimentaria. En el sector público, el salario mínimo permanece congelado desde hace más de tres años, reducido a centavos de dólar.
El gobierno ha sustituido el salario por un sistema de bonos discrecionales, lo que Guerra califica como “un experimento mundial sin precedentes” que castiga especialmente a los jubilados y pensionados, cuyas prestaciones se calculan sobre un salario mínimo prácticamente inexistente.
Paradójicamente, mientras la economía real se deteriora, los bonos de la deuda venezolana han registrado fuertes alzas en los mercados internacionales. Para Guerra, esto refleja una expectativa de cambio político más que una mejora de la capacidad de pago del país.
“No hay forma de pagar esa deuda en las condiciones actuales. Venezuela tendrá que reestructurarla”, afirmó. Cualquier transición, explicó, deberá ser constitucional, inclusiva y estable, para generar confianza y permitir el levantamiento de sanciones, el regreso de inversiones y la recuperación sostenida de la producción petrolera.
Un cierre de año crítico
Guerra concluye que Venezuela enfrenta un cierre de año “muy complicado” y un 2026 potencialmente catastrófico si no se corrige el rumbo económico. Sin aumento real de la producción petrolera, sin acceso pleno a los mercados y sin un cambio en la política monetaria, el país corre el riesgo de caer nuevamente en una hiperinflación abierta, con consecuencias sociales y económicas devastadoras.
