El chavismo no logra contener el proceso inflacionario a pesar del arsenal de medidas desplegadas. El Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) confirmó que el índice de precios al consumidor aumentó hasta un 7,6% en el mes de mayo, registrando una fuerte aceleración con respecto al 2,5% de abril y al 4,2% de marzo, aunque aún se conserva un rango “relativamente estable”.
Los precios minoristas acumularon un aumento del 84,9% en los primeros cinco meses del año. La indumentaria se disparó un 16,7% mensual, los artículos de equipamiento del hogar subieron un 11,4% y el aumento en alquileres superó el 10%. Los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron hasta un 6,5% con respecto al mes anterior.
La tasa de inflación interanual cayó al 458% con respecto a mayo de 2022, habiéndo registrado un alza del 471% en abril, 501% en marzo y 537% en febrero respectivamente. Sin embargo, esta tendencia hacia la baja se contrasta con el repunte mensual de la variación de precios, que podría ponerle fin al proceso y sumir a Venezuela en un nuevo y violento brote inflacionario.
Para controlar la inflación, el régimen está recurriendo a dos herramientas principales: el atraso del tipo de cambio libre a través de la venta de reservas, y la represión de los aumentos salariales interviniendo los convenios colectivos.
El levantamiento de sanciones le permitió al Gobierno chavista recuperar ligeramente la producción petrolera y revitalizar el saldo exportador. Estas divisas fueron canalizadas por el Banco Central y son usadas para intervenir el mercado cambiario, retrasando a discreción el alza del dólar. El tipo de cambio libre solamente subió un 1,7% en marzo, 1,18% en abril y 3,8% en mayo, anclando la demanda de dinero para aminorar la inflación.
Al mismo tiempo, fueron intervenidos los convenios colectivos negociados, y la dictadura sólo convalidó aumentos “controlados” a través de bonos indexados por el IPC. De acuerdo a las estimaciones del OVF el salario real del sector privado se desplomó un 5% durante el primer trimestre del año, partiendo ya desde mínimos históricos colindantes con la mera subsistencia.
El atraso real de los salarios del sector público también contribuye a detener el desequilibrio de las finanzas públicas, pero el régimen no demostró una mayor intención por mantener la disciplina fiscal y el déficit es casi completamente financiado con emisión monetaria directa. La represión de los salarios y la intervención del tipo de cambio solo constituyen parches temporales si al mismo tiempo no se elimina el déficit fiscal.
La pérdida real de los ingresos trae consigo otro efecto negativo, esta vez sobre el consumo y el nivel de actividad. El OVF confirmó que el PBI de Venezuela se desplomó un 8,3% interanual en el primer trimestre del año, algo que impactó de lleno sobre las finanzas del Estado a través de una fuerte caída del 2% en la recaudación real del IVA con respecto al cuarto trimestre del año pasado.
La producción industrial cayó un 5,3% interanual durante el primer trimestre, y las ventas minoristas se derrumbaron un 13,3% en comparación con el mismo período de 2022. Se espera una nueva caída para el segundo cuarto del año, y de efectivamente concretarse la economía venezolana volvería a ingresar formalmente en la recesión.